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Política

Brasil: el neoliberalismo necesita la militarización

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Jair Bolsonaro

En el Estado liberal clásico, las Fuerzas Armadas tenían la función de garantizar la soberanía nacional, proteger sus fronteras y liderar posibles guerras contra otros países. La representación política estaba reservada para los partidos.

Pero, con el tiempo, las FF.AA. se han convertido en un agente político de reserva para las clases dominantes. El caso del golpe de estado en Brasil, en 1964 se volvió típico, en el marco de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, asumida por la FF.AA., a través de la Escuela Superior de Guerra, desde su fundación a fines de la década de 1940.

A medida que el campo popular ascendía, a lo largo de la década de 1950 y principios de la década de 1960, la capacidad de la derecha de actuar a través de sus partidos tradicionales se debilitó –especialmente después del fracaso del gobierno de JânioQuadros–, se pidió a las FF.AA. que intervinieran, rompieran con el proceso democrático y establecieran una dictadura militar que duraría más de dos décadas.

Después de que se agotara este régimen, el proceso de transición democrática en Brasil no representó una derrota política abierta para las FF.AA. en nuestro país, al contrario de lo que sucedió en Argentina, Uruguay y Chile.

Las FF.AA. han tenido que retirarse de la militarización del Estado con el que habían desempeñado un papel destacado en la historia política brasileña. Pero nunca asimilaron la democratización del país, la han tolerado. impotentes para evitarlo, y, sobre todo, nunca han hecho autocritica de todo lo que habían hecho durante la dictadura.

No fue casualidad que la Comisión de la Verdad representara un duro golpe para la imagen de la institución. En la transición democrática, las FF.AA. había logrado imponer su amnistía, que incluía el delito de tortura.

Brasil: el neoliberalismo necesita la militarización

El carácter negociado de la transición, reflejado en la derrota de la campaña por elecciones directas para presidente de Brasil y en el papel central del Colegio Electoral, produjo la fusión entre lo viejo y lo nuevo, con la elección de Tancredo-Sarney, conservando la amnistía impuesta por la FFAA.

La Comisión de la Verdad se volvió inaceptable para las FF.AA., porque se abrió ampliamente a toda la sociedad la represión sistemática puesta en práctica por la dictadura, incluida la tortura como un método reiterado de acción por parte de los militares.

Los testigos de sus víctimas revelaron a la sociedad, con nombres y rostros, las monstruosidades cometidas por las FFAA. Varios oficiales de alto rango revelaron su incomodidad, nunca pudieron contrarrestar las denuncias incuestionables. Las persecuciones políticas y legales que lanzó la derecha para tratar de desalojar al PT del gobierno, después de haber agotado los intentos de hacerlo democráticamente, con las repetidas derrotas electorales de los tucanes, fueron acompañadas por declaraciones con el tono de amenazas por parte de oficiales de las FF.AA..

En vísperas del juicio de hábeas corpus para la libertad de Lula da Silva por parte del Supremo Tribunal Federal, el jefe del Ejército hizo una declaración amenazante, que tuvo un efecto en la decisión negativa del Poder Judicial. Más tarde justificaría esa declaración, alegando que, sin ella, “el proceso se habría salido de control”. Se refería, por supuesto, a la libertad de Lula y su papel en el control del proceso político hasta los límites que consideren convenientes.

El gobierno de Temer, establecido por el golpe de estado de 2016, retomó de inmediato el modelo neoliberal, gobernando con los partidos tradicionales de la derecha. El gobierno de Bolsonaro tenía la intención de presentar una imagen de independencia de estos partidos. Inicialmente, su gobierno estaba respaldado por tres ejes: la política económica ultraliberal (que garantiza, hasta hoy, el apoyo de los grandes empresarios), la del estado policial de Moro (que tenía la intención de transformar Lava Jato en una política estatal, un proyecto debilitado hoy) y miembros de las FF.AA. Estos eran indispensables porque, a diferencia de Temer, Bolsonaro no tenía un partido sólido, que se ha desmantelado con el tiempo.

Luego, los militares asumieron una gran cantidad de cargos gubernamentales, incluso en el Palacio do Planalto. Asumieron con los rasgos de una corporación, pero no cualquier corporación, sino una que concentra el uso de la fuerza militar, y que representa los valores del orden y la jerarquía. Su discurso siempre ha seguido garantizando la lucha contra la “subversión”, identificada en los movimientos sociales y los partidos de izquierda.

Brasil: el neoliberalismo necesita la militarización

El personal militar perteneciente a unas FF.AA. desmoralizadas por la democratización del país, el éxito de los gobiernos de izquierda y las revelaciones de la Comisión de la Verdad, se ha unido cada vez más a un gobierno elegido por la judicialización de la política y la manipulación del proceso electoral. Sin ideología o un proyecto político, aparte del control del proceso político en manos de la oligarquía, no dudaron en unirse al gobierno, individualmente.

A medida que el presidente se debilitaba, debido a su incapacidad innata para agregar, priorizar y gobernar, surgió la opción del derecho de sustituir al presidente por el vicepresidente, Bolsonaro decidió dar una demostración de fortaleza, que él es el jefe del gobierno, y despidió a varios militares. Los que quedaron fueron debilitados.

Pero a medida que el gobierno perdió el apoyo de muchos de sus promotores y el apoyo popular, a medida que el desgaste de las acciones del presidente y sus hijos, involucrados en la corrupción y otros crímenes, se intensificó, el mandatario decidió reanudar el proceso de militarización del gobierno.

El modelo neoliberal ha perdido capacidad hegemónica, es incapaz de obtener bases de apoyo social que le den estabilidad, como lo demuestra el desgaste acelerado del gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Gobierna de acuerdo a los intereses del capital financiero; es una política que promueve la especulación financiera, sin favorecer ni la producción ni la creación de empleo. Es una política que reproduce sistemáticamente la exclusión social y que, por lo tanto, requiere represión, políticas de dominación, ya que no tiene capacidad de persuasión y conquista estable de las bases de apoyo popular.

Las FF.AA. son una garantía de resistencia contra el retorno del PT al gobierno, contra el protagonismo de los movimientos sociales. Representan una reserva de cuadros para un gobierno que no tiene partido y como reserva para la represión. Pero el Ejército no está hecho para gobernar, en el sentido de convencer, dialogar, vivir con diferencias, discutir ideas. Están hechos para mandar (como las escuelas militares deben entrenar a los jóvenes para la guerra, a diferencia de otras escuelas, que sirven para formar a los jóvenes para la libertad, la democracia, la convivencia con la diversidad, el aprendizaje con el conocimiento). Tendrán dificultades para dialogar con el Congreso, enfrentar críticas, vivir con movilizaciones populares.

Pueden representar una mayor dosis de pragmatismo en el gobierno, reemplazando o silenciando a los ministros habladores, incompetentes y mediocres, buscando una mayor efectividad, tal vez incluso de los ministerios de Economía, Educación y Relaciones Exteriores. Pero tendrán que vivir con el comportamiento intransigente del presidente y las acciones de las milicias de sus hijos. Tienen una dura prueba política. Quizás sea la última carta de ese gobierno. Que necesita militarización, pero que pierde aún más capacidad política de dirección. Nadie puede extraer agua de la piedra y, al sentarse en las bayonetas, también corre el riesgo de ser víctima de ellas.

 

EMIR SADER
Página 12

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Política

Vizcarra cada vez más solo

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Vizcarra cada vez más solo

Nuevas revelaciones complican al entorno del presidente de la República, Martín Vizcarra. Un informe del diario El Comercio dio cuenta de los contratos de la empresa familiar, del esposo y de los hermanos de la asistente presidencial, Karem Roca Luque, los cuales ascienden a S/159.618,10 y fueron firmados durante la gestión de Vizcarra como presidente regional de Moquegua.

De acuerdo a la información, Roca Luque y su padre Máximo Alejandro Roca Vargas, fundaron en el 2002 la empresa de vigilancia Los Héroes del Cenepa Servicios Múltiples, con la cual realizó contratos por S/ 46 mil con el Gobierno Regional de Moquegua entre 2013 y 2014, y a pesar de desempeñarse como asistente de Vizcarra en dicho gobierno regional entre 2011 y 2014.

Pero no fue la única que contrató con el Gobierno Regional de Moquegua: también lo hicieron su cónyuge Edgar Iván Zapata Yactayo, por S/19.800, y su hermano Danny Alejandro Roca Luque por S/10.598,10. Todos bajo la gestión de Vizcarra.

PRESIDENTE SERÍA CO RESPONSABLE

Al respecto, el abogado Guillermo Olivera Díaz consideró que el presidente es co responsable con sus subalternos por los presuntos actos ilícitos que estos hayan realizado. “En materia penal si usted es el autor material, yo puedo ser su instigador y sería tan responsable como el autor del presunto delito. También está la figura de autoría mediata, porque el presidente con su silencio cómplice presunta­mente podría haber permiti­do la comisión de un delito, que en este caso podría ser el de tráfico de influencias”, señaló.

“La injerencia de su perso­nal compromete al presidente de la República. De carambo­la lo que habrían hecho sus asistentes lo responsabiliza penalmente. Pero además existen otro tipo de con­ductas delictivas durante el tratamiento de la pandemia, porque hay elementos de con­vicción que demostrarían que el presidente está inmerso en la comisión de delitos de lesa humanidad, en tanto miles de cadáveres de supuesto Covid-19 han sido incinerados sin siquiera notificar de la muer­te a los familiares. Por tanto, los delitos que se le imputan en torno a sus secretarias son mínimos en relación a estos otros delitos que tendrán que investigarse igual que el caso del aeropuerto de Chinchero”, apuntó.

DENUNCIAS CON AGENDA

Por su parte, el analista político Miguel Jugo manifes­tó que “tiene que haber una investigación profunda para determinar si hubo favoreci­miento o no a estas personas”. Sin embargo, advirtió que las acusaciones aparecen en un marco en el que el Ejecutivo viene siendo presionado por los poderes económicos “para lograr diferentes situaciones”, como la aprobación de miles de millones de soles en Reac­tiva Perú o el fin del confina­miento. “En ese escenario se producen estas denuncias que obviamente se tienen que in­vestigar para llegar a la verdad sobre si hay o no una situación de corrupción”, comentó.

Jugo advirtió que el presidente Vizcarra parece haberse quedado solo pues además de las presiones de grupos de poder económico ahora suma el descrédito en las clases populares por las políticas adoptadas durante la pandemia, favorables al gran empresariado. “Lamentable­mente, Vizcarra decidió no utilizar un elemento que has­ta economistas liberales y no liberales sugirieron, como es el bono universal. Eso hubiera permitido orden en las calles y la posibilidad para la gente de mantenerse más tiempo en los domicilios, pero por criterio absurdo nunca lo otorgó”, cuestionó.

En analista recordó que, por el contrario, el Ejecutivo no tuvo problemas en dispo­ner S/ 60 mil millones para Reactiva Perú: “Ahora estamos en una situación realmente complicada con la pandemia y la presión de estos grupos de poder frente al presidente, al que han acusado de chavis­ta y comunista. Obviamente ninguna de estas acusaciones son reales, sino son hechas con el propósito de arrinconarlo aún más y de que acceda a presiones que finalmente ha aceptado”.

Indicó también que todo esto contribuye al alejamiento del presidente de los sectores populares y propicia una “si­tuación de debilidad” en su contra. “No es que quieran sacarlo, porque quedan 9 me­ses para las elecciones, pero sí tenerlo como posibilidad política bastante lejana. Es un proceso de demolición política de el y de cualquier posible sucesor, porque ellos claramente prefieren candi­datos como Keiko Fujimori”, refirió.

EMPIEZA GUERRA ELECTORAL

Jugo remarcó que a pan­demia ha desnudado las fallas del modelo económico, cuyos defensores “obviamente nunca van a aceptar su responsabilidad”. “Que las clínicas cobren lo que les da la gana, igual que las farmacias, es producto del sistema y la Constitución que tenemos. Eso es lo que no quieren modificar, entonces cargan sobre el personaje político más importante que es el presidente, para mostrarle a cualquier persona con quién no hay que meterse porque si no lo van a destruir”, apuntó.

“Los actores políticos no pierden tiempo y empiezan a postular sus lógicas, para ellos con la Constitución ni con el modelo nadie se mete, cualquier cosa puede cambiar menos el modelo, y si quieres cambiarlo te sacan acusaciones como estas cuando en otros gobiernos se han visto millones de dólares robados al Estado. Obviamente acá el temor es que el presidente termine siendo una figura que vaya a determinar quién gana las elecciones del 2021”, indicó.

 

ANTE EL CONGRESO
Fiscal Ávalos presenta denuncia constitucional contra investigados por Cuellos Blancos

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, pre­sentó ante el Congreso de la República, una denuncia constitucional contra cua­tro investigados por el caso de la presunta organización criminal Los Cuellos Blan­cos del Puerto.

Se trata del fiscal supre­mo, Tomás Aladino Gálvez Villegas; el exjuez supremo, César José Hinostroza Paria­chi; y los exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe.

Los delitos imputados son organización crimi­nal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, cohecho acti­vo específico y patrocinio ilegal.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Política

Crean comisión para atender a afectados por metales pesados

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Crean comisión para atender a afectados por metales pesados

A través de la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM, el Gobierno dispuso la creación de la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La comisión será la encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, incluyendo estrategias de prevención, remediación, mitigación y control de la exposición a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.

Además, el ente estará conformado por representantes de diversos sectores del Estado, como los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Salud, Vivienda, Agricultura, Trabajo, Cultura, Mujer y Producción, así como a 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados. La comisión se instalará a los 15 días de emitida esta resolución suprema y tendrá una vigencia de 6 meses.

La creación de esta comisión es un logro de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana, que viene luchando desde hace más de 2 años para que las autoridades se comprometan en brindar la atención integral a esta población vulnerable.

Esta plataforma es integrada por representantes y organizaciones de diversas regiones del país que han denunciado la afectación a la salud ambiental y humana por parte de empresas mineras, petroleras y de industrias. (DHSF)

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Política

Aprueba elección de magistrados del TC en concurso de méritos

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Aprueba elección de magistrados del TC en concurso de méritos

El pleno virtual del Con­greso aprobó el proyecto de ley que establece la elección de los magistrados del Tribu­nal Constitucional (TC) a tra­vés de un concurso público de méritos y con la votación de los dos tercios de la repre­sentación nacional.

El dictamen fue aproba­do por 112 votos a favor y 14 en contra luego de casi tres horas de debate. Todas las bancadas votaron a favor de este nuevo mecanismo de elección, con excepción de la bancada Fuerza Popular.

La ley aprobada seña­la que la elección de los magistrados del máximo organismo constitucional se realizará mediante una convocatoria pública donde se destaque el nivel de ex­celencia de los candidatos. Se excluyó del dictamen el criterio de paridad en la elección.

En ese sentido, se modi­fican los artículos 8 y 11 de la Ley Orgánica del Tribu­nal Constitucional, estable­ciendo la conformación de una comisión especial del Congreso que estará confor­mada por un integrante por bancada.

Asimismo, este grupo de trabajo publicará en el Diario Oficial El Peruano, en el portal del Congreso de la República y en un diario de circulación nacional, la convocatoria y los requisitos para este concurso.

De igual modo, esta comi­sión se encargará de resolver las tachas y posteriormente se pasará a la entrevista per­sonal, para luego de concluir la selección pública convocar al pleno para que se efectúe la elección. En el caso del orden de reemplazo del magistrado, este se hará de acuerdo a la antigüedad.

Durante su participación en el debate, el titular de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, anuncio que todas las sesiones de la comisión especial de selec­ción de magistrados serán públicas.

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