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Bolivia. Licencia para matar indígenas y masistas y… salir impune

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Bolivia. Licencia para matar indígenas y masistas y… salir impune

Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal de Bolivia Jeanine Añez le dio inmunidad a las fuerzas armadas, una licencia para matar (sobre todo indígenas) y salir impunes: el decreto aprobado por la autoproclamada deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “el restablecimiento del orden interno”.

Mientras, el enviado del secretario general de Naciones Unidas, Jean Arnault, con gran experiencia en el proceso de paz colombiano, se reunió con la autoproclamada Áñez y dijo que también lo hará con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.

Para aquello que ven los acontecimientos por televisión puede llamar la atención el decorado pintoresco del estilo gym de la autoproclamada, el tamaño del Nuevo Testamento que exhibe, pero eso esconde decisiones a gran velocidad, tomadas en otro lugar y que ella legaliza con su firma. La meta: imponer el terror y los asesinatos para segurar la dilación electoral.

La cuestión electoral también fue abordada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). En rueda de prensa anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el martes 19 para tratar la convocatoria a nuevas elecciones, en las que los golpistas no están interesados.

Para llamar a elecciones es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo, aunque vale especular que el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución, mientras persigue y saca del camino a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.

El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, y con el decreto de impunidad avanzará en ese plan, de la mano de las fuerzas armadas, la policía, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática estadounidense.

La estrategia del MAS, con Evo en México, parece tener como prioridad la de salvar vidas mientras se articula la reacción y se preserva la organización en el territorio. Otra prioridad es imponer el imaginario colectivo de que éste es un gobierno provisional.

Áñez puso la velocidad exigida por sus mandantes de Washington: rompió relaciones con Venezuela y Cuba, retiró a Bolivia del acuerdo del ALBA con Venezuela, Cuba y Nicaragua y se desligó de Unasur. Y desconociendo el gran fracaso neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, reconectó la economía interna a las exportaciones, lo que podría desencadenar una ola de subas en azúcar, soja, aceite y pollo.

El sector político de la auproclamada, la derecha golpista tradicional del dictador Hugo Banzer, es muy minoritario: obtuvo el 4,4 por ciento de los votos el 20 de octubre. Pero cuenta con el apoyo y la dirección del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hacedor, junto a Washington, del golpe de Estado.

Bolivia. Licencia para matar indígenas y masistas y… salir impune

MASACRE

Nueve cocaleros fueron muertos y 115 heridos en la brutal represión que empezó el viernes en Cochabamba, y desde el inicio de las protestas las víctimas fatales suman 23 y los heridos más de 700. “Muchos de los que hemos confirmado tienen tiros en la nuca”, denunció Nelson Cox, representante de la Defensoría del Pueblo. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, añadió. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax.

La presencia de la Fuerzas Armada en las carreteras y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto. Enseguida comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se establecieron en las inmediaciones de la Plaza Murillo, sede de gobierno y el poder legislativo y Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.

Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Áñez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera la dictadura puso en marcha tres elementos centrales: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.

Desde su exilio en México, el derrocado presidente Evo Morales señaló que el decreto es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo y condenó la matanza de “hermanos indígenas a manos de las fuerzas militares y policiales de la dictadura” encabezada por Jeanine Áñez, mientras desde Montevideo, el expresidente José Pepe Mujica exigía a la autoproclamada que parara la sangrienta represión al pueblo boliviano.

Estas muertes se suman a las ya producidas en otras regiones en resistencia en el país, como Yapacaní y Montero en Santa Cruz, la ciudad de El Alto y las laderas de la ciudad de La Paz. En paralelo con esta situación se ha dado el alineamiento con el Golpe Cívico Policial de las principales redes de medios de comunicación del país y el acallamiento de los medios de comunicación alternativos comunitarios y/o populares.

Esta situación pretende provocar la invisibilización del levantamiento popular en el país, junto a la manipulación y tergiversación de los hechos. La ministra de Comunicación de facto, Roxana Lizárraga, amenazó con expulsar y procesar a «periodistas o pseudoperiodistas» extranjeros y bolivianos «que estén haciendo sedición», aunque los sediciosos fueron quienes atentaron contra el gobierno constitucional de Evo Morales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave el decreto e indicó que éste desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Sólo el viernes hubo 122 lesionados tras la intervención militar y policial contra los cocaleros, señaló la CIDH.

La represión se produjo luego de que cientos de campesinos intentaron traspasar un cordón dispuesto en el puente Huayllani, en la región de Sacaba, a lo que los militares respondieron disparando gases lacrimógenos y balas. El ministro de Gobierno de la dictadura, Arturo Murillo, quiso crear el imaginario colectivo de que los disparos salieron de entre los manifestantes, alegando que policías y militares no tenían órdenes de disparar.

La presidenta del Senado, Eva Copa, del partido Movimiento al Socialismo señaló que “estamos pasando momentos difíciles, pedimos a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones. No podemos vivir de luto”.

Recién el viernes, la Alta Comisionada de la Organización para Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra manifestantes de las fuerzas de seguridad: Mientras las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por personal policial o militar, apuntó.

Bachelet condenó estas muertes y advirtió que implican un peligro extremo, puesto que lejos de apaciguar la violencia es posible que la empeoren y pidió a las autoridades que se abstengan de emplear a las fuerzas militares en operaciones de orden público.

“Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos”, añadió.

Asimismo, expresó preocupación no sólo por los muertos y cientos de heridos, sino porque se han registrado numerosas detenciones: más de 600 desde el 21 de octubre, muchas de ellas durante los últimos días y pidió a las autoridades revelar el número de personas arrestadas, heridas y fallecidas durante las movilizaciones e insistió en la necesidad de investigar con celeridad, imparcialidad y transparencia los hechos para que haya rendición de cuentas de los responsables.

El Parlamento debatirá el martes 19 una convocatoria para elecciones generales, anunciaron la presidenta del Senado, Eva Copa, y su par de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, mientras un enviado de la ONU inició una mediación entre el gobierno de facto y las fuerzas leales al depuesto presidente Evo Morales, que continuaron con el bloqueó de las principales autopistas, el corte de oleoductos y realizando protestas en las calles de La Paz, El Alto y en regiones cocaleras.

Mientras, un vuelo con un primer contingente de 226 médicos cubanos partió rumbo a su país, informó una fuente de Interpol. Cuba decidió retirar el viernes una brigada médica de 725 profesionales y demandó la liberación inmediata de seis especialistas detenidos.

La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.

KALIMAN, AHORA MILLONARIO

El general golpista Williams Kaliman que le exigió la renuncia al presidente Evo Morales, se fue a vivir a Estados Unidos, tras haber cobrado un millón de dólares de Bruce Williamson, encargado de negocios de la Embajada estadounidense, que organizó el golpe, señaló en La Paz, Tv Mundus.

Williamson, dice la información no confirmada, dio un millón de dólares a cada jefe militar y quinientos mil a cada jerarca policial, tras contactarlos y coordinado sus acciones en la provincia argentina de Jujuy al amparo de su gobernador Gerardo Morales, aliado del presidente Mauricio Macri.

Kaliman fue inmediatamente reemplazado por la autoproclamada Janine Áñez y de esa manera junto a los otros Jefes militares se marcharon a Estados Unidos a resguardo de cualquier investigación inmediata de la comunidad local e internacional.

 

SULLKATA M. QUILLA
REBELIÓN.ORG

Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Especial

La policía cubana, vista por un periodista norteamericano

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La policía cubana, vista por un periodista norteamericano

Un grupo de policías mus­culosos que llevan pistolas y bastones semiautomáticos se mueven lentamente entre la multitud al final de un con­cierto de salsa al aire libre. Mis amigos y yo tenemos una botella de ron, y creo que los policías lo confiscarán y tal vez hasta nos arresten.

En cambio, la policía nos pide que bebamos, y rápida­mente cumplimos. Confiscan la botella de vidrio para que no se pueda romper y usar como arma.

Este incidente tuvo lugar en La Habana hace algunos años, y dice mucho sobre lo que constituye una buena vi­gilancia policial. Los policías estaban interesados en preve­nir el crimen, no en agravar­lo.

Contrariamente a la ima­gen de comunistas brutales y represivos, la policía en Cuba ofrece un ejemplo instructivo para los activistas en los Es­tados Unidos. La policía vive en las ciudades que patru­llan. Generalmente tratan a los ciudadanos con respeto. Como documenté en mi libro Dateline Havana, las golpizas policiales a criminales son ra­ras y los asesinatos policiales son inexistentes. Cuba tiene una de las tasas de crimina­lidad más bajas de América Latina.

Las continuas protestas por las vidas de los negros en los Estados Unidos han forzado un debate nacional sin precedentes sobre el pa­pel de la policía. ¿Deben los departamentos de policía ser financiados y ese dinero ser desviado para ayudar a las comunidades pobres? ¿Debe­ría la policía ser abolida por completo?

Cuba ha luchado con pro­blemas policiales desde la re­volución de 1959. El gobierno, aunque ciertamente tiene su cuota de fallas, ha creado un sistema de interacción entre la comunidad y la policía que reduce el crimen sin depen­der de la fuerza bruta.

La lucha contra el crimen en Cuba comienza con una red de seguridad social, que brinda a cada cubano educación gratuita, atención médica gratuita y eventos culturales subsidiados. Cuba no sufre los azotes de la falta de vivienda y la adicción a las dro­gas instigada por los carteles, a pe­sar de los intentos regulares de los traficantes de contrabandear dro­gas a Cuba desde Florida.

La economía socialista signifi­ca que Cuba no tiene extremos de riqueza y pobreza. He visitado las casas de funcionarios gubernamen­tales de alto rango que viven en ve­cindarios de ingresos medios. Me he encontrado con agentes de policía que vivían en un modesto complejo de apartamentos en el mismo ve­cindario que patrullaban.

Cuba usa la presión de la comu­nidad para desalentar el crimen. Los Comités para la Defensa de la Revolución (CDR) se crearon origi­nalmente a principios de la década de 1960 para erradicar a los contra­rrevolucionarios respaldados por Estados Unidos. Hoy en día, los CDR promueven la salud pública y ac­túan como grupos de vigilancia del vecindario.

Humberto Carillo Ramírez, un líder nacional de CDR entonces, me dijo en un documental de radio que los residentes locales a menudo sa­ben quiénes son los delincuentes.

“Si una familia no envía a sus hijos a la escuela o si un joven no está trabajando y se está metiendo en problemas…nos reunimos con ellos “, dice. “Vivimos en [su] blo­que… Explicamos por qué es malo para el país y también explicamos las graves consecuencias legales para ellos”.

Cuando los residentes son con­denados por delitos, los miembros de CDR los visitan en la cárcel. “Queremos…reincorporarlos a la so­ciedad después de que salgan “, dice Carillo.

A principios de la década de 1990. Cuba enfrentó una crisis eco­nómica masiva provocada por el co­lapso de la Unión Soviética e inten­sificada por los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al gobierno. Los cubanos enfrentaron una gra­ve escasez de gasolina, alimentos y electricidad. A partir de 1996, la na­ción experimentó un fuerte aumen­to en los robos de viviendas y asaltos callejeros; incluso hubo un intento de robo de un vehículo blindado.

Según los estándares de Estados Unidos, el crimen en Cuba seguía siendo ligero, pero era más de lo que los cubanos estaban dispues­tos a aceptar. En 1999, el gobierno aprobó una ley que duplicó algunas penas de prisión. Los jueces tam­bién permitieron que menos prisioneros salieran en libertad condicional. La policía estaba estacionada en cada esquina de las zonas turísticas. La represión resultó en una caída del 20 por ciento en la delincuencia, me dijo el juez de la Corte Suprema Jorge Bodes Torres en una entre­vista en ese momento.

Él atribuye el éxito a las medidas de “ley y orden” y a la organización comunitaria. “La mayoría de las personas están involucradas en la lucha contra el crimen”, dice. “Ese es el factor más importante”.

Los disidentes políticos cu­banos están totalmente en des­acuerdo. Afirman que la policía golpea y encarcela rutinariamen­te a los opositores del gobierno. Sin embargo, como he documen­tado, muchos de estos disidentes son financiados por Washington y regularmente difunden noti­cias falsas, por lo que sus recla­mos de brutalidad sistemática carecen de credibilidad.

Algunos cubanos tienen quejas legítimas. Entrevisté a docenas de jóvenes afrocubanos que fueron detenidos e interro­gados por la policía porque son negros.

Pablo Michel, un joven afro­cubano, me cuenta que fue detenido por la policía varias veces en las zonas turísticas de La Habana. En una ocasión, llevó a dos turistas blancas al aeropuerto de La Habana. La po­licía se detuvo e interrogó a Mi­chel, sospechando que estaba dirigiendo un servicio de taxi ilegal. Él dice que los cubanos blancos que llevan extranjeros al aeropuerto “no tienen los mismos problemas”.

Michel y otros entrevistados dicen que la policía no realiza búsquedas violentas y que no golpean ni disparan a los sospe­chosos. Sin embargo, muchos policías estereotipados cubanos de piel oscura como ladrones y buscavidas, dice.

A fines del año pasado, el gobierno cubano anunció una importante campaña contra el racismo. Los funcionarios pla­nean identificar áreas específi­cas de discriminación, iniciar un debate público y educar al público.

“Este es un verdadero paso adelante, después de haber lu­chado durante tantos años”, dijo a Reuters Deyni Terri, fundado­ra de la Alianza de Unidad Racial en La Habana, en noviembre pa­sado. “Es un buen comienzo.”

Obviamente, las institu­ciones desarrolladas en Cuba no pueden transferirse sim­plemente al por mayor a los Estados Unidos. Pero podemos aprender del concepto de parti­cipación de la comunidad, dice Max Rameau, un organizador del grupo de base Pan-African Community Action con sede en Washington, DC, que ha es­tudiado las prácticas policiales cubanas.

“Necesitamos diferentes en­tidades de la comunidad para diferentes tareas que son res­ponsables de la seguridad y el bienestar del vecindario”, me dice en una entrevista telefó­nica. Por ejemplo, los grupos comunitarios estadounidenses pueden resolver problemas de salud mental y disputas familia­res sin involucrar a la policía.

Pero Rameau no apoya des­hacerse de la policía por com­pleto.

Si un supremacista blanco ataca a una iglesia negra, como sucedió en Carolina del Sur en 2015, dice: “Queremos asegu­rarnos de que nuestro equi­po de seguridad comunitaria pueda responder. En cualquier sociedad con diferentes clases, tendrás policía. Pero debería­mos tener control sobre ellos”.

El debate de los Estados Unidos sobre la actuación policial se ha desplazado cla­ramente hacia la izquierda. Después del asesinato po­licial de Michael Brown en 2014 en Ferguson, Missouri, los políticos pidieron a la policía que usara cámaras corporales. Hoy, después del asesinato de George Floyd, el Ayuntamiento de Minneapo­lis ha votado para desmante­lar la fuerza policial, aunque todavía está dando detalles.

Los grupos contra la bru­talidad policial han desarro­llado una variedad de planes para descentralizar los de­partamentos de policía en fuerzas comunitarias, gober­nadas por juntas civiles.

Por primera vez en la historia reciente, personas de todos los orígenes en los Estados Unidos están dis­cutiendo seriamente cómo cambiar fundamentalmente las fuerzas policiales. Las ex­periencias de Cuba deberían ser parte de esa discusión.

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Especial

Estudiantes peruanos ganan hackatón del MIT para enfrentar al Covid-19

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Estudiantes peruanos ganan hackatón del MIT para enfrentar al Covid-19

Un chatbot para faci­litar el reporte remoto de casos de coronavirus es uno de los proyectos ganadores del “MIT Co­vid-19 Challenge: Latin America vs Covid-19”, una hackatón virtual de 48 horas desarrollada para buscar soluciones de impacto relevante en Latinoamérica.

Esta aplicación que usa inteligencia artifi­cial fue creada por un grupo de estudiantes de las universidades de Harvard, Stanford y Brown, entre los que se encuentran cuatro peruanos.

Una integrante del equipo es Valerie Agui­lar Dellisanti, quien jun­to con sus compañeros, se propuso crear un sistema para realizar chequeos y controles de forma remota para la detección de la en­fermedad.

ASÍ FUNCIONA

“Imaginemos que una persona tiene sín­tomas de coronavirus, entonces envía un men­saje a nuestro chatbot que verifica sus datos de identidad y a través de los SMS le realiza un triaje, y con esa informa­ción detallada se hace un diagnóstico. Poste­riormente, dependiendo del resultado, se hace un seguimiento o se lo re­dirige a la central 113”, explica Valerie, orgullo­sa de que su proyecto haya resultado uno de los elegidos.

Su equipo estuvo con­formado por Marcelo Peña, Valeria Wu y Ro­drigo Chanamé de Perú; Jorge Armenta, Santiago Hernández y José Lavarie­ga de México, todos ellos estudiantes universitarios de las principales univer­sidades de EE. UU.

La hackatón, organiza­da por el Instituto Tecno­lógico de Massachusetts (MIT), se realizó del 19 al 21 de junio y convocó a 1 500 jóvenes emprende­dores de todo el mundo, quienes en equipos multi­disciplinarios colaboraron para desarrollar solucio­nes innovadoras frente a la crisis de Covid-19.

Valerie Aguilar Dellisanti, integrante del equipo que creó el chatbot, cursa el primer año en la Universidad de Brown.

Valerie Aguilar Dellisanti, integrante del equipo que creó el chatbot, cursa el primer año en la Universidad de Brown.

COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO

Como se recordará Valerie, egresada de los colegios Saco Oliveros y Alexander Von Hum­boldt, sorprendió el año pasado a la comunidad educativa al ganar be­cas en 10 universidades top del mundo: Yale, Duke, Amherst Colle­ge, Singapur y Brown, entre otras.

Ella ahora busca co­ordinar la integración de los datos del bot con la base de datos del Es­tado para implementar este servicio que será de gran ayuda para nues­tro sistema de preven­ción y diagnóstico del coronavirus.

“Por ahora necesita­mos contactos con el Estado, con la Reniec y los ejecutivos del Mi­nisterio de Salud y de la Línea 113 para incorpo­rar los datos al sistema y realizar las pruebas lo más antes posible para colaborar en la lucha contra esta pandemia.”, puntualiza.

Actualmente, Va­lerie Aguilar cursa el primer año en la Uni­versidad de Brown y seguirá dos carreras: Ingeniería de Sistemas y Economía y Relacio­nes Internacionales y Públicas.

En tanto emplea toda su energía, conoci­miento y liderazgo para contribuir a frenar esta pandemia mundial en el país.

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Especial

Vencimos al coronavirus porque estábamos preparados

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Vencimos al coronavirus porque estábamos preparados

Hace unos días, un equipo de 85 médicos procedentes de Cuba llegó a nuestro país como parte de un acuerdo solidario entre el estado peruano y el gobierno de dicho país para brindar apoyo en la lucha contra la pandemia del Covid19 que se desarrolla inten­samente a lo largo de nuestro territorio nacional.

Para conocer los detalles de esta misión médica conversa­mos con Sergio González, emba­jador de Cuba en el Perú, quien nos comentó que este grupo de profesionales de la salud estará destacado en Ayacucho (16), Mo­quegua (16), Arequipa (26) y An­cash (27). “En esta última región comenzarán a trabajar en Chim­bote, donde al parecer existe un preocupante crecimiento de la epidemia”, expresó.

—¿Cómo han sido las nego­ciaciones con el estado perua­no para concretar la ayuda?

— Intensas y fructíferas. Las partes han debido evaluar innu­merables detalles técnicos pro­pios de la actividad médica a la que se enfrentarán los colabora­dores de la Isla, pero sobre todo los relativos a las condiciones de trabajo y condiciones prácticas de existencia, que se han acorda­do en estricto apego a las normas laborales, migratorias y hasta sa­nitarias de ambos países. Todo esto debió hacerse en las circuns­tancias que impone el modo pausa mundial, la limitación de movimientos dentro del Perú, el cierre de aeropuertos que impli­ca el cese de las operaciones de las aerolíneas y otras. Pero pre­valeció el ánimo de concretar la iniciativa, que fue ampliamente consensuada entre las autori­dades de gobierno y las goberna­ciones regionales, el ministerio de Salud, el de Relaciones Exteriores y el Colegio Médico, así como los mi­nisterios homólogos cubanos y las respectivas embajadas. En el tramo final, el ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú desempe­ñaron un decisivo rol para asegurar el traslado.

—¿Aparte de Perú a que otros países de la región están llegan­do para brindar el apoyo solida­rio?

— Para enfrentar la Covid-19 han viajado alrededor de 2,500 co­laboradores en 32 brigadas cuba­nas del contingente Henry Reeve a 25 países. En algunos casos se han sumado a otros profesionales que ya estaban trabajando en virtud de acuerdos bilaterales previos.

En la región, están en Antigua y Barbudas, Barbados, Belice, Do­minica, Granada, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Suri­name, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago y Venezuela.

En África están en Angola, Togo, Cabo Verde y Sudáfrica. En Europa, están en Italia y Andorra. Tam­bién están en el Medio Oriente, en Kuwait y Qatar.

Es por este aporte que se ha le­vantado una campaña internacio­nal a favor de la concesión del Pre­mio Nobel al contingente para la cooperación Henry Reeve, al que ya la OMS le otorgó el premio Dr. Lee Jong Wook.

— Este aporte cubano for­ma parte de la larga historia de solidaridad hacia nuestro país ¿qué significado tiene 50 años después del apoyo a Perú tras el terremoto de 1970?

— Extraordinario simbolismo. Un día como ayer, 06 de junio, hace 50 años Fidel se tendió en una camilla de un banco de sangre del barrio Vedado e hizo una donación, con la que convocó a los 8 millones 500 mil cubanos de entonces a dar su aporte voluntario. 150 mil bolsas de sangre y plasma se recogieron y, posteriormente, 37 constructores levantaron 6 hospitales, tres de ellos en la región. Hace unos meses pude visitar 2 que todavía funcionan y ahora van a alojar probablemente a una nueva hornada de médicos cu­banos. La mayor parte de ellos, no había nacido hace 50 años.

Es decir, la historia tiene esos ciclos, esas sorpresas. Para comple­tar, por estos mismos días en que conmemoramos medio siglo de la epopeya de solidaridad que siguió al terremoto, un grupo de la Aso­ciación Peruana de Graduados en Cuba hizo una donación de cajas de equipos de protección personal (EPP) a los colaboradores que han venido a sumarse a la lucha contra la Covid 19. Fueron una representación de los alre­dedor de 2,000 galenos graduados en Cuba por las becas otorgadas en dife­rentes momentos por el gobierno revo­lucionario.

—¿Qué le responden a las voces que hablan -otra vez- de una injeren­cia política cada vez que Cuba envía a sus médicos?

— Apenas le prestamos atención. Significa que cabalgamos, para recor­dar al Quijote. Pero no dejamos de re­flexionar.

La derecha recalcitrante y nuestros detractores tienen un dilema irracional e insoluble. ¡Que se pongan de acuerdo! O los acusan de ser “esclavos” o de ser “espías”, pero ambas condiciones, com­prenderás, son incompatibles. No exis­te la magia que pueda convertir a un esclavo en espía o agente político.

Es parte de la narrativa del eje Washington-Miami, que después en­cuentra en el Nuevo Herald y el grupo El Comercio una siempre servicial caja de resonancia. Parecía superada en la última etapa de la administración Oba­ma, quien llegó a suprimir el llamado Programa Parole para Profesionales Médicos Cubanos (que instaba a los médicos a desertar de sus misiones) y previamente había dicho (22 de marzo de 2016):

“Hemos desempeñado roles muy diferentes en el mundo. Pero nadie debería negar el servicio que miles de médicos cubanos han prestado a los po­bres y los que sufren. El año pasado, tra­bajadores de la salud estadounidenses –y militares de EEUU– trabajaron codo a codo con los cubanos para salvar vi­das y acabar con el Ébola en África Occi­dental. Creo que deberíamos continuar teniendo esa clase de cooperación en otros países”.

Pero cambió la administración y dentro de la nueva se entronizó la ma­fia mayamera, con Marco Rubio a la cabeza y su furibundo odio anticubano. El inefable John Bolton, asesor para la seguridad nacional, resumió en un ca­pricho la nueva doctrina: acabar con el mito de la medicina cubana y su coope­ración.

Aquí cabe la especulación. Tendrían nuestros detractores la misma desfa­chatez y mezquindad de actuar contra la hipotética administración de Hillary Clinton, de haber mantenido la actitud de Obama? Se opondrían a la “línea de Washington” si una administración diferente se decidiera por una actitud ci­vilizada de cooperación como insinuaba Obama?.

Pompeo – de quien todavía espera­mos una condena contra el ataque te­rrorista contra la embajada de Cuba en Washington, que su gobierno debería proteger— no pierde ocasión para de­nostar la colaboración cubana un día sí y otro también. Con él, el subsecretario Kozak y su encargada de negocios en La Habana, articulan un belicoso equipo de choque.

Después, un par de gobiernos obse­cuentes de la región y parte de la prensa derechista hacen el resto. Cuando, en medio de la epidemia, las muertes en EEUU alcanzaban los 6 dígitos, el gobier­no de Trump decidió dedicar 3 millones de dólares de los que aportan los contri­buyentes norteamericanos a perseguir y denunciar supuestas violaciones de los derechos de nuestros colaboradores. No los dedicó a comprar los tan nece­sarios ventiladores mecánicos ni al de­sarrollo de la vacuna contra la covid, sino a “acabar con el mito de la medi­cina cubana”. Nadie más en el Mundo, aparte de esos 4 gatos, está preocupado por los supuestos inconvenientes de la colaboración médica cubana.

Eso es lo que te diría, Francisco, para evitar hablar del irrespeto y la afrenta que significa para 164 países que sean considerados como “esclavistas” o ton­tos manipulables por haber recibido la colaboración de más de 400,000 profe­sionales de la salud de Cuba en 56 años, ni más concretamente de las 66 naciones en que hoy se desempeñan 29,000.

Y por si acaso, ratificamos que no queremos el copyright de los esquemas de colaboración. Si alguna gran potencia quiere emularnos, bienvenida sea. Ojalá tuviéramos a los médicos norteameri­canos o de otros países desplegados en todo el mundo resolviendo los abruma­dores problemas de salud y superando las carencias que la Covid 19 ha puesto de manifiesto.

No andamos por el Mundo torciendo brazos, ni utilizamos la solidaridad – porque no sería tal— ni la colaboración como moneda de cambio. La evidencia la puedes encontrar en que hemos man­tenido los acuerdos de colaboración en países que cambiaron de gobierno y sig­no político, incluso como resultado de golpes de estado. Allí donde las nuevas autoridades respetaron los acuerdos y manifestaron su interés por la actividad, nuestros colaboradores prosiguieron en­tregando sus esfuerzos con toda legitimi­dad y dignidad para beneficio de la salud de los pueblos que los acogieron.

A Cuba nunca le faltará voluntad de cooperación con el Perú, afirma el embajador Sergio González.

A
Cuba nunca le faltará voluntad de cooperación con el Perú, afirma el embajador Sergio González.

—¿Cómo está Cuba afrontando este tema de la pandemia?

Creo que no es pretencioso decir que estábamos preparados para la pandemia desde hace muchos años. Es decir, no tu­vimos que prepararnos para “este” fenó­meno en particular porque hemos desa­rrollado un sólido sistema de salud con capacidades suficientes para enfrentar cualquier contingencia y además con­tribuir a la lucha mundial contra otros flagelos.

La clave para el éxito de esa lucha han sido las políticas públicas, a partir de una firme voluntad del estado y la consideración de la salud como derecho humano inalienable, no una mercancía.

No se gradúan 95 mil médicos en una década. No se consigue una densi­dad de médicos de 9 por cada 1,000 habi­tantes (la mayor del mundo) de la noche a la mañana, ni se consiguen 5,2 camas hospitalarias por cada 1,000 personas en cuestión de semanas.

La epidemia la hemos enfrentado con un doble anillo de contención. El primero, con medidas sociales de prevención, apoyadas en ese potencial de recursos humanos calificados. Esto ha permitido que, sin llegar a la inmovilización general obligatoria, se hayan podido detectar los focos de contagio (unos 45 eventos), aislarlos y desactivarlos. La decisión ha sido aislar no solo a los contagiados activos, sino también a los asintomáticos y los sospechosos, en instituciones del Estado.

En el segundo anillo están las acciones clínicas y los protocolos de enfrentamiento a la epidemia una vez que se detecta un sospechoso. Para él se utilizan tratamientos preventivos. Luego, para los que desarrollan síntomas, se utiliza una variedad de acciones que incluyen el suministro de alrededor de 20 fármacos, la mayoría fabricados en Cuba. Se cuentan entre ellos el interferón alfa 2B ®, el itolizumab y un péptido novedoso creado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana que lleva su nombre, el CIGB-258.

— ¿Vendrá otro grupo de profesionales o solo estos 85 que han llegado a Perú?

— Todo dependerá de cómo evolucione la pandemia en el Perú y en otras partes del mundo, que también han reclamado la colaboración cubana. Por nuestra parte, estaremos atentos a los requerimientos peruanos y haremos las evaluaciones pertinentes en cada momento. Voluntad de ayudar no nos faltará.

 

Y APLICAN FÁRMACOS CON ÉXITO

Científicos cubanos tras vacuna contra Covid-19

—¿Qué aportes científi­cos están brindando en esta lucha de encontrar una va­cuna?

— El interferón cubano se utilizó con gran éxito en Chi­na; mientras que el CIGB-258 ha sido efectivo en el 78% de los casos críticos y el 92,3% de los graves tratados en Cuba, mientras que a nivel mundial la sobrevivencia de los casos críticos que se logra es 30% sin el uso del mismo.

Aquí entra a jugar la otra conquista de la Revolución: su emblemática biotecnología y su industria farmacéutica, el desarrollo del potencial cientí­fico de la Isla.

La aplicación de estas con­ductas nos permitió superar a fines de abril el pico de la epidemia. Para que tengas una idea, La Habana ha sido el epi­centro y allí, en esos días de mayor cantidad de casos acti­vos, sólo se ocupó el 30% de las camas hospitalarias y el 8% de las camas de cuidados intensi­vos.

Hoy tenemos 248 casos activos y 3 críticos o graves, una situación favorable que nos permite considerar que la epidemia está bajo con­trol. Hemos acumulado 190 contagiados por cada millón de habitantes y lamentado la muerte de 7 personas por cada millón. Cuba ocupa el lugar 93 por el número de contagiados absolutos en el universo de más de 200 paí­ses.

El CIGB es uno de más de 100 centros de investigación que desarrolla un candidato vacunal contra la Covid-19. Pero las investigaciones avan­zan en ambos sentidos: en la búsqueda de la vacuna y en el desarrollo de tratamientos para la curación.

 

 

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