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Política

Bolivia: es el racismo contra Evo

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Conflicto social enfrentamientos en Bolivia

Más allá de lo que haya hecho y no haya hecho el gobierno de Evo Morales la causa del desconocimiento de su autoridad como presidente y, a la larga, su alejamiento de este cargo, tiene como causa fundamental el racismo.

Los rostros de los manifestantes en las calles de algunas ciudades de Bolivia y aquí en Lima contra Evo Morales eran y son de blancos y blanquiñosos, y sus exclamaciones más frecuentes entre ellos son: basta de indios en la presidencia, a la m… con ese indio.

El revoltijo que una parte de la burguesía y la pequeña burguesía blancas han organizado en Bolivia para recuperar el control de este país se ha basado en su fobia virreinal e hispánica contra los indios para terminar con la presencia de uno de ellos en la presidencia de la República.

Se explica, entonces, por qué una cara de la campaña contra Evo Morales en Bolivia se haya dirigido a tratar de convencer a ciertos intelectuales de la pequeña burguesía de que aquél no luchaba por los ideales de los indios y, en particular, de la comunidad aimara, una táctica propia del golpismo blanco para erosionarle el piso a Evo y a su partido entre los aimaras y los quechas.

Algo similar sucedió en el Perú con ciertos movimientos estudiantiles pretendidamente izquierdistas que se enfrentaron al gobierno de Velasco pretextando que no era tan izquierdista como ellos. La verdad fue que estos grupos respondían al plan de la oligarquía para crear con ellos un frente de ataque a ese gobierno progresista y dejar sin efecto la reforma agraria, los nuevos derechos sociales y la intervención del Estado en la economía.

Hasta antes de la conquista hispánica, la población de los territorios que luego conformaron América Latina era totalmente india. Los conquistadores y la administración real de España y Portugal la estigmatizaron como una casta inferior, le negaron toda posibilidad de educación y la explotaron hasta el aniquilamiento. Correlativamente, su exclusión de la política fue absoluta. Y este modelo de discriminación fue heredado y continuado por las minorías feudales blancas que dominaron la república luego de la independencia.

Ha sido, por lo tanto, algo excepcional, que la comunidad india sólo haya tenido dos exponentes que llegaron a la presidencia de la República: Benito Juárez en México y Evo Morales en Bolivia, dos prohombres que honran a sus pueblos y a la hermandad mayor de América Latina.

Conflicto social enfrentamientos en Bolivia

¿Qué hizo de bueno Benito Juárez para que los mexicanos lo quieran tanto?

Quienes no lo sepan que se den el trabajo de revisar las páginas de la historia de este país.

¿Qué ha hecho de bueno Evo Morales?

Nada menos que dar los primeros pasos para sacar a Bolivia del subdesarrollo económico con un 4% de crecimiento anual del PBI y tratar de llevarla a la modernidad, defender los recursos naturales como un bien preciado de la nación, elevar la calidad de vida de la población, reducir el nivel de pobreza extrema del 60% al 35%. No afectó al capitalismo, pero lo reguló con una moderada intervención del Estado. Su gobierno no persiguió políticamente a nadie y llegó al poder por elecciones.

Ni él ni sus colaboradores incurrieron en hechos de corrupción. Su intención de permanecer en el poder no apeló al golpismo, sino a la decisión de los electores. La misión de la OEA en Bolivia no ha podido decir cuántos fueron los planillones pretendidamente fraudulentos que dijo conocer ni cuál fue el porcentaje de los votos nulos.

Sí, claro, dirían sus rabiosos opositores que vivieron bien durante su gobierno, que nada les faltó. Su única objeción: es un indio y basta.

Y, a ese indio, posiblemente, sus rabiosos opositores no se hubieran contentado con arrojarlo del palacio Quemado (el palacio de gobierno en la plaza Murillo). Por su agresividad y cólera es posible suponer que no habrían parado hasta hacerlo colgar de un poste en esta plaza, como hizo la poblada, agitada por la oligarquía o la rosca, cuando en julio de 1946 irrumpió en el palacio de gobierno desguarnecido, sacó a rastras al presidente Gualberto Villaroel, un militar progresista, y a tres de sus colaboradores inmediatos, los acuchillaron y luego los colgaron en los faroles de esta plaza.

Se comprende entonces por qué Evo tuvo que salir de La Paz y asilarse en México. El gobierno del Perú no ha dado una explicación de su rechazo a permitir que el avión mexicano circulase por el territorio nacional para sacarlo de La Paz, complicidad de taimado racismo, evidentemente, que el silencio diplomático ha amplificado.

Carlos Meza Gisbert, un blanco con una pizca de mestizo, su contendor en las recientes elecciones presidenciales y uno de los presuntos promotores de este golpe de Estado, pertenece al Movimiento Nacionalista Revolucionario. Fue vicepresidente de la República con Gonzalo Sánchez de Losada, elegido en 2003, y cuando este renunció luego de haber hecho matar a unos sesenta y cinco manifestantes y herir a unos cuatrocientos, asumió la presidencia de la que también tuvo que renunciar en junio de 2005 por la disconformidad popular y su inepcia para adoptar decisiones de importancia para el pueblo boliviano. Fue el Movimiento hacia el Socialismo el que lo forzó a dejar el poder, lo que denuncia el revanchismo de este político con el alma reencarnada del corregidor Areche con una pizca de la mente del curaca Pumacahua.

Y allí lejos, en la planicie de Santa Cruz, otro político blanco, burgués y rico, en cuyo corazoncito titila un oscuro fulgor independentista, pedía también la cabeza de Evo, exaltado por sus pares de su misma condición que podrían comprar y vender indios si tuvieran un poco más de poder.

Bolivia tiene actualmente unos once millones de habitantes, de los cuales alrededor del 60% es de raza india; los mestizos, en su mayor parte de caracteres raciales o culturales indios, llegan a un 30%. Los blancos y blancoides son sólo un 10%.

Estimulado el sentimiento y el orgullo de la indianidad por la acción y el ejemplo de Evo Morales es posible que el próximo devenir de la política en este país retorne a este cauce.

 

JORGE RENDÓN VÁSQUEZ

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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