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Política

Blindados contra opiniones

Para analista Miguel Jugo, decisión del Jurado Electoral Especial Lima Centro de investigar a ministros Zeballos y Montenegro termina haciéndole un favor a disueltos excongresistas.

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Congresistas de Fuerza Popular fujimoristas

Ante la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, de investigar a los ministros Vicente Zeballos y Gloria Montenegro por presuntamente haber vulnerado a la neutralidad en el marco de las elecciones parlamentarias, el expresidente de la Comisión de Alto Nivel, Fernando Tuesta Soldevilla, cuestionó la iniciativa y la calificó de “absurda y exagerada”.

Tuesta advirtió que la medida adoptada buscaría que “los políticos no hablen de política” y que el aludido principio de neutralidad se basó en otros criterios.

“Se busca limitar a que los políticos no hagan política, el presidente y los parlamentarios son políticos. (…) No decir nada es una limitación exagerada y absurda. En otros países donde el presidente no puede postular, apoya a su candidato”, mencionó en una entrevista concedida a Radio Nacional.

El especialista en temas electorales recordó que el principio de neutralidad se estableció para que los funcionarios no realicen campañas por candidatos del partido político al que pertenecen, y para que no se utilicen recursos públicos para este objetivo. Además, Tuesta indicó que se vulneraría esta norma “cuando un ministro o funcionario influya a la población que apoyen a tal o cual candidato”.

Tuesta Soldevilla también destacó que el el presidente de la República, Martín Vizcarra, fue el impulsor de las reforma política y de la no reelección de los congresistas, una iniciativa que los ministros apoyaron. En ese sentido, consideró que las posiciones públicas que estos han adoptado son “totalmente coherentes”.

El periodista Augusto Álvarez Rodrich también se pronunció en contra de la decisión del JEE Lima Centro, por considerar que se estaría recortando el derecho a emitir opinión. “Al gobierno le convendría gobernar mejor, pero lo que no se puede recortar es el derecho de una autoridad política como un ministro a emitir su opinión. Es obvio que los comentarios de los ministros Zeballos y Montenegro no pretenden interferir en la elección en marcha para inducir el voto, además de ser la no reelección parlamentaria una posición ya conocida del gobierno”, manifestó.

Jurado Nacional de Elecciones

JURADO MILITANTE

La investigación a los ministros fue anunciada por Luis Carrasco, presidente del JEE Lima Centro. Según Carrasco, existe “una presunta conducta que incidiría en una vulneración del principio de neutralidad” por parte de los representantes del Ejecutivo.

Sin embargo, cabe preguntarse si las filiaciones políticas finalmente inciden en la neutralidad que deben mantener los miembros del JEE, pues Carrasco fue militante del Partido Popular Cristiano (PPC) entre los años 2005 y 2009.

Carrasco también fue cuestionado en el 2017, cuando postuló para magistrado de la Corte Suprema. Según la jurista Cruz Silva del Carpio, de Justicia Viva, Carrasco postuló a pesar de no cumplir con la mínima trayectoria requerida por la norma.

“En la lista de candidatos aptos, se encuentran hasta cuatro candidatos que no cumplen con los requisitos formales. Uno de ellos Luis Alberto Carrasco Alarcón, y es una de las cosas más preocupantes, no cumple con los 10 años de trayectoria como juez superior para aspirar al cargo de supremo. Ese es un tema absolutamente objetivo porque no solo está en la Ley de la Carrera Judicial, sino que también está en la Constitución”, manifestó la letrada por esos días.

ELECCIONES PODRÍAN DESVIRTUARSE

Por su parte, el analista Miguel Jugo consideró que no se puede interpretar las opiniones de Zeballos y Montenegro como una vulneración a la neutralidad. “Los ministros en su momento han expresado una opinión general en la línea del cierre del Congreso. Esto sucedió porque había un sector mayoritario obstruccionista, y ellos han dicho que ese sector obstruccionista no debería regresar. Eso no se puede interpretar como una inducción. En todo caso, una vez conocidas las postulaciones de los candidatos, las autoridades del Ejecutivo no deben pronunciarse sobre uno u otro, pero estos cuestionamientos a los ministros lo que hacen ahora es más bien un favor a todos los excongresistas que quieren alzar vuelo criticando al gobierno”, afirmó.

Respecto al pasado militante de Carrasco Alarcón, advirtió que “los miembros de los jurados no deben estar afiliados y deben mantener una conducta totalmente imparcial. Si van a actuar como parte de una formación política van a desvirtuar las elecciones, y eso sí sería bastante grave”.

 

José Alfredo Madueño

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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