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Política

Avalancha de reclamos a empresas eléctricas

Debido a cobros excesivos, cientos de usuarios se volcaron a las oficinas de Luz del Sur para protestar por facturaciones que no corresponden con el consumo. Falta de capacidad de atención genera colas interminables que además promueven la propagación del Covid-19.

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Avalancha de reclamos a empresas eléctricas

Recibos por miles de soles a usuarios re­sidenciales, consumos fantasma en casas des­habitadas, líneas telefó­nicas que nunca respon­den y una atención al cliente desbordada por el número de quejas han sido las imágenes que las empresas distribui­doras de electricidad han mostrado esta semana en el Perú.

Tanto en las oficinas de Luz del Sur como de Enel, durante los últimos días se ha observado a cientos de usuario pug­nando por ingresar a fin de poder presentar sus reclamos. De acuerdo al testimonio de diversas personas, la falta de ca­pacidad de las empresas para una adecuada aten­ción al cliente ha genera­do casos de usuarios que se han visto obligados a acudir hasta tres días se­guidos con la esperanza de ser atendidos.

Los motivos de las quejas de los usuarios se centran principalmente en los cobros que literal­mente se multiplican en 3, 5 o más veces respec­to al consumo prome­dio histórico. Así, una usuaria señaló que su facturación pasó de S/302 a S/ 1,553 en el mes de junio.

También se han visto afectados los propieta­rios de establecimientos comerciales que se vieron obligados a cerrar durante el Estado de Emergencia, y sin embargo hoy encuen­tran deudas por consumos eléctricos no realizados. “Mensualmente lo han facturado haciendo cuenta que estaba funcionado la cabina y ahora sale como 2,650 soles. Yo no sé de dónde pagar, ellos debe­rían cobrar como corre el medidor. Es como 650 so­les, algo así, pero no como dice acá. Esto es muy abu­sivo ya, yo no puedo pagar esto”, refirió el propietario de un negocio de cabinas de Internet.

Otros usuarios se que­jaron por la falta de res­puesta de las empresas en los distintos canales de atención, ya sea median­te correo electrónico o vía telefónica. También hubie­ron protestas por la falta de celeridad en la atención presencial, cuestionando que las filas para pagar fluían con mayor rapidez que las filas para presentar quejas.

RESPONSABILIZAN AL EJECUTIVO

Mediante redes socia­les, Luz del Sur y Enel co­municaron que debido al Estado de Emergencia las empresas no pudie­ron leer los medidores y “cumpliendo las normas del gobierno”, se vieron obligadas a facturar uti­lizando el promedio de los 6 meses previos al Estado de Emergencia.

Sin embargo, hubieron usuarios que acusaron co­bros claramente superio­res al promedio aludido en la norma del gobierno. En otros casos, denuncian cobros excesivos en junio a pesar de que los usua­rios no dejaron de pagar regularmente en abril y mayo.

Hay que recordar que en días pasados el ex con­gresista Yonhy Lescano también responsabilizó al Ejecutivo por el Decre­to de Urgencia Nro.- 035-2020 que disponía que los cobros se hagan en base a un promedio del consumo.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

“Lamentablemente eso ha originado cobros indebidos tanto de inmue­bles familiares como de empresas, quienes no es­taban realizando el mismo consumo sea porque no funcionaba el negocio o porque las personas cui­daban el consumo, porque muchos de ellos perdieron el trabajo. Entonces, no se ha estado cobrando en base a la lectura de los medidores si no a promedios dispuestos de manera indebida por un Decreto de Urgencia. Esto es una irregularidad, porque la empresa triplicaba o cua­druplicaba el consumo con la justificación que por la cuarentena se utiliza­ba más la electricidad”, indicó.

Para Lescano, las em­presas violaron los dere­chos de los ciudadanos y la Constitución, ya que “los contratos no pueden ser modificados y obligar a pagar promedios”.

Por lo pronto, el Or­ganismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), anunció mediante un comunicado la refactu­ración a nivel nacional de todos aquellos recibos que no estén sustentados en lecturas tomadas en los medidores, a partir del 30 de junio.

El ente regulador precisó que la labor de supervisión sobre la factu­ración y liquidaciones de consumos es continua y se procederá a imponer las sanciones correspondien­tes ante vulneraciones a la normativa aplicable. “Asimismo, en los casos en los que la lectura del medidor confirme que el consumo real ha sido menor al facturado, la empresa deberá devolver lo pagado en exceso en una sola oportunidad, o proceder a refacturar en caso que no se hubiera pagado”, indica el docu­mento.

Osinergmin también conminó a las empresas a fin de que adopten las medidas necesarias para agilizar la atención a los usuarios de manera efi­ciente, y así evitar las peligrosas aglomeracio­nes que se han observa­do durante la semana en los distintos centros de atención.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

Política

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Política

Llamó ‘asesinos’ a integrantes de mesa directiva del Congreso

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Cecilia García

La parlamentaria de Podemos Perú, Cecilia García, reconoció que fue ella la calificó de “asesinos” a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso que lidera Mirtha Vásquez.

El comentario se produjo el 21 de enero, cuando varios de sus colegas pedían, poco antes de que se inicie la sesión virtual del pleno, la censura de la Mesa Directiva.

“Esta mesa está decepcionando”, manifestó un congresista, quien aún no ha sido identificado, a lo que García Rodríguez respondió. “Horrible y terriblemente. Debe ser censurada inmediatamente por asesinos y cómplices del (…)”, se le escucha decir.

La legisladora de Podemos Perú confesó que fue ella la que promovió la censura el jueves último. “Decirle a la señora Rocío (Silva Santisteban) que soy yo la persona que pide censura, que cree en la censura, que va a promover la censura”, sostuvo.

Por su parte, Rocío Silva Santisteban, consideró que Cecilia García debía retractarse de su comentario.

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Política

Empresa china pretende destruir ríos de la Amazonía

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Ríos del Amazonas selva

Las autoridades del gobierno siguen impulsando proyectos que afectan la vida de los pueblos indígenas devastados por las explotaciones mineras, forestales e hídricas que modifican el medio ambiente, sin importarles el costo social que eso implica.

Es el caso del proyecto de la Hidrovía Amazónica, financiado por capitales chinos, un proyecto que amenaza a la vida de las poblaciones indígenas, ribereñas y de los caseríos del Ucayali.

Así lo considera la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), organización del pueblo indígena shipibo-conibo, que presentó una demanda de amparo contra ProInversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace),

El proyecto concesionado el 2017 no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, que permita conocer las consecuencias que podría generar el proyecto, que busca crear un canal de navegación en los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas que permita la navegación de embarcaciones de mayor calado para facilitar el transporte de mercancías.

DESTRUCCIÓN

Todo el proyecto implicaría la destrucción de las orillas de los ríos y el dragado para la remoción de rocas y otros materiales a fin de que las aguas tengan suficiente profundidad para permitir el pase de navíos comerciales.

El objetivo es crear un canal de 56 metros de ancho en ríos cuyas riberas son habitadas por 424 comunidades nativas.

El informe de avance N° 4 del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto identificó 33 zonas críticas para el dragado de los ríos, lo cual triplica el volumen de dragado establecido en el contrato, señaló la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El documento propuso alternativas para que no se supere el volumen límite de dragado inicial que se encuentra en el contrato, pues pondría en riesgo a la reserva nacional de Pacaya y Samiria..

“Esta acción judicial propone suspender el proyecto y ordenar la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que considere los estándares internacionales que protegen a los pueblos indígenas”, sostiene la Feconau.

El objetivo de la demanda de amparo es que se reconozca la violación del derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida; que se declare la suspensión del proyecto Hidrovía hasta que se tenga certeza científica de que este proyecto no afectará a los ríos; que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 702-2015MTC/16 de setiembre de 2015 que aprueba los términos de referencia del EIA del proyecto.

DATO 1

La acción de amparo busca que el nuevo EIA del proyecto Hidrovía cumpla con los estándares internacionales de cumplimiento obligatorio en materia de EIA de proyectos extractivos en territorios de pueblos indígenas, reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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