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Avalancha de reclamos a empresas eléctricas

Debido a cobros excesivos, cientos de usuarios se volcaron a las oficinas de Luz del Sur para protestar por facturaciones que no corresponden con el consumo. Falta de capacidad de atención genera colas interminables que además promueven la propagación del Covid-19.

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Avalancha de reclamos a empresas eléctricas

Recibos por miles de soles a usuarios re­sidenciales, consumos fantasma en casas des­habitadas, líneas telefó­nicas que nunca respon­den y una atención al cliente desbordada por el número de quejas han sido las imágenes que las empresas distribui­doras de electricidad han mostrado esta semana en el Perú.

Tanto en las oficinas de Luz del Sur como de Enel, durante los últimos días se ha observado a cientos de usuario pug­nando por ingresar a fin de poder presentar sus reclamos. De acuerdo al testimonio de diversas personas, la falta de ca­pacidad de las empresas para una adecuada aten­ción al cliente ha genera­do casos de usuarios que se han visto obligados a acudir hasta tres días se­guidos con la esperanza de ser atendidos.

Los motivos de las quejas de los usuarios se centran principalmente en los cobros que literal­mente se multiplican en 3, 5 o más veces respec­to al consumo prome­dio histórico. Así, una usuaria señaló que su facturación pasó de S/302 a S/ 1,553 en el mes de junio.

También se han visto afectados los propieta­rios de establecimientos comerciales que se vieron obligados a cerrar durante el Estado de Emergencia, y sin embargo hoy encuen­tran deudas por consumos eléctricos no realizados. “Mensualmente lo han facturado haciendo cuenta que estaba funcionado la cabina y ahora sale como 2,650 soles. Yo no sé de dónde pagar, ellos debe­rían cobrar como corre el medidor. Es como 650 so­les, algo así, pero no como dice acá. Esto es muy abu­sivo ya, yo no puedo pagar esto”, refirió el propietario de un negocio de cabinas de Internet.

Otros usuarios se que­jaron por la falta de res­puesta de las empresas en los distintos canales de atención, ya sea median­te correo electrónico o vía telefónica. También hubie­ron protestas por la falta de celeridad en la atención presencial, cuestionando que las filas para pagar fluían con mayor rapidez que las filas para presentar quejas.

RESPONSABILIZAN AL EJECUTIVO

Mediante redes socia­les, Luz del Sur y Enel co­municaron que debido al Estado de Emergencia las empresas no pudie­ron leer los medidores y “cumpliendo las normas del gobierno”, se vieron obligadas a facturar uti­lizando el promedio de los 6 meses previos al Estado de Emergencia.

Sin embargo, hubieron usuarios que acusaron co­bros claramente superio­res al promedio aludido en la norma del gobierno. En otros casos, denuncian cobros excesivos en junio a pesar de que los usua­rios no dejaron de pagar regularmente en abril y mayo.

Hay que recordar que en días pasados el ex con­gresista Yonhy Lescano también responsabilizó al Ejecutivo por el Decre­to de Urgencia Nro.- 035-2020 que disponía que los cobros se hagan en base a un promedio del consumo.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

“Lamentablemente eso ha originado cobros indebidos tanto de inmue­bles familiares como de empresas, quienes no es­taban realizando el mismo consumo sea porque no funcionaba el negocio o porque las personas cui­daban el consumo, porque muchos de ellos perdieron el trabajo. Entonces, no se ha estado cobrando en base a la lectura de los medidores si no a promedios dispuestos de manera indebida por un Decreto de Urgencia. Esto es una irregularidad, porque la empresa triplicaba o cua­druplicaba el consumo con la justificación que por la cuarentena se utiliza­ba más la electricidad”, indicó.

Para Lescano, las em­presas violaron los dere­chos de los ciudadanos y la Constitución, ya que “los contratos no pueden ser modificados y obligar a pagar promedios”.

Por lo pronto, el Or­ganismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), anunció mediante un comunicado la refactu­ración a nivel nacional de todos aquellos recibos que no estén sustentados en lecturas tomadas en los medidores, a partir del 30 de junio.

El ente regulador precisó que la labor de supervisión sobre la factu­ración y liquidaciones de consumos es continua y se procederá a imponer las sanciones correspondien­tes ante vulneraciones a la normativa aplicable. “Asimismo, en los casos en los que la lectura del medidor confirme que el consumo real ha sido menor al facturado, la empresa deberá devolver lo pagado en exceso en una sola oportunidad, o proceder a refacturar en caso que no se hubiera pagado”, indica el docu­mento.

Osinergmin también conminó a las empresas a fin de que adopten las medidas necesarias para agilizar la atención a los usuarios de manera efi­ciente, y así evitar las peligrosas aglomeracio­nes que se han observa­do durante la semana en los distintos centros de atención.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Produce actualiza Reglamento para Asignación del Código del Fabricante

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Produce actualiza Reglamento para Asignación del Código del Fabricante

Desde el domingo 2 de agosto, entró en vigencia el nuevo Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de Transporte, comprendidos en el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC.

A través del D.S. Nº 014-2020, del Ministerio de la Producción (Produce), se establece las disposiciones vinculadas a la fabricación y ensamblaje de vehículos terrestres, así como el procedimiento para la asignación del código WMI. De esta forma, se busca que dichas actividades se realicen en condiciones de seguridad, con el propósito de preservar la salud del personal responsable de la fabricación de estos vehículos y la ciudadanía en general.

REGLAMENTO

Entre los lineamientos pu­blicados en el nuevo reglamento destacan las condiciones míni­mas con las que debe contar una planta para la fabricación y/o ensamblaje de los vehículos señalados en la norma, así como el proceso de producción y las características que debe poseer el personal a cargo de estas ac­tividades.

De igual forma, se especifica la vigencia de las autorizacio­nes otorgadas, y el proceso de renovación de dichos permisos. Asimismo, se establece que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) será la entidad encargada de la acreditación de aquellas personas jurídicas que pretendan desarrollar actividades de inspección en las plantas que fabriquen y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre.

Al mismo tiempo, Inacal tendrá bajo su competencia la emisión de certificados de inspección a plantas que pretendan obtener la autorización para realizar las labores mencionadas. Es preciso señalar que, aquellas solicitudes tramitadas antes de la entrada en vigencia de la presente norma, se rigen por las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 023-2016-Produce, hasta su conclusión.

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Política

El tiro por la culata

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El tiro por la culata

Ante la denuncia del saliente primer ministro, Pedro Cateriano, respecto a que el voto de confianza denegado por el Congreso de la República estuvo ligado a la permanencia del ministro de Educación, el presidente del Legislativo, Manuel Merino de Lama, ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó “cualquier insinuación de chantaje o de negociación del voto de confianza”.

Merino indicó que “de manera democrática, con la experiencia parlamentaria, dirigiendo al parlamento”, se comunicó con Pedro Cateriano con quien se reunió en su oficina en el Congreso, “sin nada bajo la mesa”. “Lo llamé telefónicamente y nos reunimos aquí en el Congreso, para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete (…) y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo”, señaló.

“También hubo una conversación referida a la ministra de Economía y al ministro de Educación, y en cada uno de ellos podemos explicar, porque no es un tema nuevo. Había dos interpelaciones que estaban en camino y que no dependían del presidente del Congreso, sino de todas las bancadas parla­mentarias”, explicó.

Y agregó el hecho de tratar el problema referido a la cartera de Educación, “se sustentaba lógicamen­te en los licenciamientos dados por el señor minis­tro, en ese entonces jefe de la Sunedu”.

CONFESIÓN DE PARTE

A criterio del aboga­do penalista Guillermo Olivera Díaz, al dar esas declaraciones lo que ha hecho el presidente del congreso es “confesar sus delitos”. “Merino ha aceptado que sí llamó por teléfono a Cateriano, que la llamada fue antes del 3 de agosto cuando negaron la confianza, y que lo llamó para tratar sobre el ministro de Edu­cación, el juvenil ministro de Trabajo y la ministra de Economía. Por tanto, Merino ha aceptado los hechos. Solo ha negado que esto sea chantaje, y es verdad porque no hay con­tenido económico, pero sí hay delito de coacción, entre otros”, afirmó.

Para Olivera Díaz, Merino excedió sus fun­ciones como presidente del Congreso al llamar a Cateriano para advertir sobre objeciones al minis­tro de Educación, Martín Benavides, por cuestiones que nada tienen que ver con su gestión ministerial. Además, consideró que advertir sobre la falta de consenso para otorgarle la confianza constituye en sí una amenaza con el fin de lograr remover a los ministros incómodos.

“En forma antelada le está amenazando con no otorgarle el beneficio del consenso de 130 par­lamentarios. Esto repre­senta un claro delito de coacción porque lo está amenazando con que no habrá consenso si no cumple o resuelve las ob­jeciones a los ministros. Con esto está confesan­do que sí hubo delito de coacción, que es forzar a alguien bajo amenaza, en este caso de falta de con­senso, a hacer lo que la ley no obliga”, apuntó.

EXTORSIÓN Y COHECHO

Además, agregó que también se configura el de­lito de extorsión, al hacer uso de un medio coercitivo amenazante para obtener una ventaja. “Y como no se cumplió el objetivo de la extorsión, consuman el hecho con la falta de consenso anticipada por Merino, que sin ser adivino ni brujo adelantó el voto que finalmente se dio. Lo que significa que el presi­dente del Congreso era un emisario de otros grupos de intereses particulares”, manifestó.

Olivera Díaz añadió que también en la misma acción se habría configu­rado el delito de cohecho activo genérico, y habría además un ejercicio abu­sivo de la autoridad del presidente del Congreso. “Porque él no tiene por función llamar fuera de sesión, por teléfono y de noche a un premier para decirle que no habrá con­senso. Acá hay un concur­so de hechos punibles por los que la Fiscalía de la Nación debe abrir investigación preliminar de oficio y con urgencia basándose en la denun­cia que hizo Cateriano y en la aceptación de los hechos que ha realizado Merino en conferencia de prensa”, sostuvo.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

A criterio del juris­ta, el Ministerio Públi­co ni siquiera requiere de una investigación prolija en tanto la de­nuncia de Cateriano y la presunta aceptación de Merino son versiones públicas. Por ello, consi­deró que la Fiscalía debe plantear una denuncia constitucional contra el presidente del Con­greso, para que se abra una investigación en la Subcomisión de Acusa­ciones Constitucionales y se le suspenda el fuero parlamentario. Incluso, advirtió que en un es­cenario posterior la Fiscalía podría requerir la prisión preventiva y en un concurso real de delitos las penas por los delitos imputados sumarían más de 35 años de pena privativa de la libertad.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

 

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Lo dicho por Cateriano del voto de confianza se tiene que investigar

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Lo dicho por Cateriano del voto de confianza se tiene que investigar

Lo expresado por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, respecto al contexto en que el Congreso de la República denegó el voto de confianza se tendrá que investigar, sostuvo la exministra Flor Pablo Medina.

Fue al comentar la declaración que hizo el expremier ante el Pleno del martes, previo a la votación: “se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba ser difícil que se me extienda el voto de confianza”.

“[¿Qué le parece la negación del voto de confianza?] Bueno, creo que queda claro, y no solo por este hecho final lamentable de negarle la confianza, sino en los antecedentes. Recordemos la semana pasada un Congreso presentando proyectos de ley para crear una instancia superior a la Sunedu, presentando proyectos para que el Gobierno en esta época de emergencia financie a las universidades con licencia denegada. Esto ya venía”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideelera­dio.

“Lo que ha dicho el ex­premier Pedro Cateriano que al final le pedían la cabeza del ministro para po­der dar el voto de confianza, creo que eso, en realidad, denota una mediocridad y de actos que realmente ya lindan con lo penal, que ha­brá y se tendrá que hacerse la investigar respectiva y actuar, porque creo que no estamos en tiempos para ser tolerantes ante este tipo de situaciones que salen a la luz”, refirió.

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