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Política

Avalancha de ataques al Equipo Lava Jato

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José Domingo Pérez Gómez - Rafael Vela Barba

Desde el vinculado a Cuellos Blancos, Tomás Gálvez, hasta el magistrado constitucional Sardón, imputan una serie de faltas a Pérez y Vela. En medio del ruido, se pretende atribuir responsabilidad por arbitraje de Odebrecht ante el CIADI.

En las últimas horas se han acumulado una serie de acusaciones contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, coincidentemente desde sectores vinculados al fujimorismo y a las redes de corrupción como los Cuellos Blancos del Puerto.

El fiscal supremo Tomás Gálvez solicitó ayer nuevamente a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, que evalúe el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, acusándolos de ser “operadores de Odebrecht”.

Según Gálvez, Vela y Pérez habrían cometido los delitos de encubrimiento, peculado y falsedad ideológica por haber favorecido a Odebrecht al indicar que no tenían investigaciones ni procesos abiertos, lo cual permitió a la constructora recibir los US$132 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José Luis Sardón, presentó un escrito a la fiscal María Isabel Sokolich Alva, señalando que Vela y Pérez habrían intentado generar “una burda y falsa idea de conflicto de intereses” en el marco de la investigación contra Keiko Fujimori, en relación con su cuñado, el falso aportante Javier Bisso.

El magistrado también cuestionó que Pérez lo habría presentado “como un mecenas del fujimorismo”, generando con ello indignación pública y “ataques” a su persona. Además, refirió que Pérez, “aupado en una opinión pública confundida, solo buscó deslegitimar mi voto en la sentencia constitucional”, en alusión al hábeas corpus que permitió la liberación de Keiko Fujimori.

De otro lado, tras la demanda presentada por Odebrecht ante el CIADI, el virtual congresista fujimorista Ricardo Vásquez Kunze aprovechó para cargarle la responsabilidad a los fiscales del Equipo Lava Jato. “Gracias a Pérez y Vela y su dichoso acuerdo de ‘colaboración’, Odebrecht recibió 524 millones. ¡Y como premio Odebrecht demanda al Perú ante CIADI por Gasoducto! Ahora Vela se victimiza diciendo que ‘evaluará impacto en el acuerdo’. ¡Lo mínimo es que renuncie!”, escribió en Twitter.

MANOTAZOS DE AHOGADO

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, consideró que la denuncia presentada por Gálvez “obedece a un plan que tienen los fiscales supremos investigados por el caso de los Cuellos Blancos del Puerto”. “Son manotazos de ahogados para intentar romper el trabajo del Equipo Lava Jato, que a mi punto de vista es impecable ya que están descubriendo, investigando y llevando a juicio a personas vinculadas con organizaciones criminales y lavado de activos”, afirmó.

A criterio de Quispe, el fiscal Gálvez tiene plena consciencia de que su situación podría complicarse a partir de la entrada en vigor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de las inminente evaluación de su permanencia en el cargo. “Sabe que se le viene la noche pues en los próximos meses o días él será separado del Ministerio Público por el grupo de trabajo que dirige la doctora Inés Tello, y expectorado de la Fiscalía”, agregó.

Respecto a la queja presentada por el magistrado constitucional José Luis Sardón, Quispe señaló que este hecho no hace más que confirmar que “todavía las personas vinculadas a la organización Fuerza Popular están realizando actos desesperados por traerse abajo a los fiscales que los están investigando”. En ese sentido, calificó la queja de Sardón como un acto de obstrucción al trabajo del Equipo Especial Lava Jato, y que terminaría por validar la tesis fiscal.

“Básicamente, lo que no quieren que el caso de Keiko Fujimori llegue a su etapa de juicio oral. A eso apuntan, y presentar denuncias contra Pérez y Vela no hace más que sustentar y potenciar la tesis de la Fiscalía”, comentó.

“MECENAS DEL FUJIMORISMO”

En cuanto a lo argumentado por Sardón, respecto a que el fiscal Pérez lo habría presentado como un “mecenas del fujimorismo”, Quispe indicó que el magistrado constitucional presenta graves conflictos de intereses porque a través de su ONG Reflexión Democrática “capacitó a candidatos de partidos políticos allegados a los ideales y fundamentos del fujimorismo”.

A partir de ello, el jurista consideró que Sardón debió inhibirse de pronunciarse en el caso de Keiko Fujimori, por estar vinculado a una organización política, la cual según la tesis fiscal tendría una organización criminal paralela. “Me parece que el señor Sardón juega sus últimos recursos para no ser investigado por el Congreso”, comentó el letrado.

POSIBLE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

“El Congreso tendrá ahora una doble función, pues no solo deberá investigar a los funcionarios públicos vinculados a Fuerza Popular como el señor Chávarry, sino también a quienes siendo parte del TC, como Sardón y Blume, se apartaron del criterio jurisprudencial del TC. El TC tiene un criterio en el que cuando se resuelve un hábeas corpus, ellos deben resolver sobre la base de vulneraciones a derechos constitucionales, pero resolvieron como una última instancia judicial al rebatir los fundamentos del Poder Judicial”, expresó.

Quispe remarcó que, de acuerdo a la jurisprudencia del TC, se debe declarar fundado el hábeas corpus cuando existe vulneración al debido proceso, “pero de ningún modo pueden rebatir los fundamentos por los cuales 13 magistrados del Poder Judicial señalaron que Keiko Fujimori debía permanecer en prisión preventiva”.

En consecuencia, indicó que corresponderá evaluar al próximo Congreso si decide que se investigue preliminarmente a los magistrados que dieron su voto a favor de la libertad de Keiko Fujimori, pues la habrían sustraído de una investigación. “Eso tiene que ser investigado por la Fiscal de la Nación y de haberse cometido un delito los magistrados deberán ser sometidos a la justicia común cuando se les levante la inmunidad de la que hoy gozan”, apuntó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

IGNORA QUE EL ABORTO ES LEGAL EN PAÍSES CON MEJOR CALIDAD DE VIDA

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Barbarán insiste en “educación sexual sin ideología”

Luego de que esta semana se realizara una masiva manifestación a favor del aborto legal en el Perú, la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, cuestionó que quienes buscan despenaliar el aborto recurran como ejemplo “a las menores víctimas de violencia sexual”.

Según indicó, “un país seguro no es donde se pueda abortar sino donde apliquen sanciones drásticas a los malditos violadores”. “Familias que protejan a los menores y educación sexual sin ideología“, escribió en su cuenta de Twitter.

Contrario a lo que señala la congresista sobre la legislación en lo que ella llama “un país seguro”, cabe recordar que en países que habitualmente ocupan los primeros lugares en los ránkings por calidad de vida y bienestar social, como Australia, Canadá, Islandia, Suiza, y otros como Alemania, Francia y España, el aborto sí es legal.

Mientras que la legislación que permite el aborto solo para preservar la salud de la madre se da, además del Perú, en países como el Congo, Ghana, Malasia, Namibia y Pakistán, entre otros.

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Política

Casi la mitad de candidatos no presentó la Declaración Jurada de Intereses

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De acuerdo a un informe emitido por la Contraloría General de la República, cerca del 50 % de candidatos a las Elecciones Municipales y Regionales 2022 no cumplió con presentar su Declaración Jurada de Intereses (DJI), documento de carácter preventivo que busca identificar posibles conflictos de intereses en la toma de decisiones de autoridades elegidas por sufragio.

El informe precisa que el 47 % de un total de 76 546 candidatos habilitados no presentó dicho documento hasta finalizado el plazo legal para hacerlo, que fue el pasado 2 de septiembre.

“A pocos días de las elecciones, habiendo incluso excedido el plazo de presentación, un 47 %, aproximadamente unos 35 mil candidatos, decidió no cumplir la ley, obstaculizando la transparencia y el acceso a la información que merecen los electores”, informó el contralor general, Nelson Shack.

La Contraloría precisó que, para el cumplimiento de dicha disposición legal, facilitó todos los medios necesarios para que los candidatos cumplan oportunamente con dicha obligación legal y así informar sus vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros a través del registro y presentación de su DJI. Sin embargo, una gran cantidad optó por no hacerlo.

“Contar con esa información permite advertir, oportunamente, los conflictos de intereses, porque se trata de autoridades que gestionarán, solo en materia de inversiones, más de 23 mil millones de soles al año. Evidentemente, al ser recursos de todos los peruanos y peruanas, su uso debe estar completamente desligado de cualquier interés privado o personal del próximo alcalde, gobernador o de sus allegados”, enfatizó el contralor Shack.

Asimismo, se informó que las regiones con mayor incumplimiento en la presentación de las DJI en estas elecciones son Apurímac (75 %), Madre de Dios (71 %), Ayacucho (68 %), Pasco (60 %), Ucayali (57 %) Puno (56 %), Cusco (55 %), Huancavelica (53 %) y Amazonas (53 %).

En el caso de los candidatos al sillón municipal de Lima Metropolitana, el 100 % de ellos cumplió con presentar su DJI. Mientras que, de los postulantes a regidores de dicha municipalidad, solo el 58 % (142) presentó ese documento ante la Contraloría.

A nivel de candidaturas a las alcaldías distritales, los más altos niveles de incumplimiento se registran en los distritos de Ancón (63 %), Santa Rosa (50 %) y Villa El Salvador (45 %).

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Política

PERO NO SE PRONUNCIA POR CUESTIONAMIENTOS A FISCAL DE LA NACIÓN

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que el 4 de octubre próximo tomará juramento y entregará credenciales como juez supremo a Roberto Rolando Burneo Bermejo, sexto magistrado elegido a través de la Convocatoria 003-2021-SN-JNJ.

Cabe recordar que Burneo Bermejo logró 92.82 puntos con puntaje adicional por discapacidad, logrando ascender al sexto puesto del cuadro de méritos del concurso público de jueces supremos, con lo que se completan las vacantes de la Corte Suprema.

El acto protocolar se realizará tras concluir el juez el programa de alto nivel de formación a cargo de la Academia Nacional de la Magistratura, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

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