Germán Alarco
Profesor de la Universidad del Pacífico

Es el título del Programa de Gobierno que Gustavo Petro, ahora presidente electo de Colombia, presentó en campaña. En primer lugar, nuestra enhorabuena por esta victoria que se suma a la de Gabriel Boric en Chile. Por otra parte, su revisión es importante por tratarse de una propuesta progresista, permite extraer enseñanzas para nuestro país e identificar los elementos que pueden impactarnos por la vecindad. Se debe anotar que poco se ha comentado aquí sobre sus proposiciones concretas por la desafortunada mirada al ombligo que tenemos muchos de los peruanos.

El programa de gobierno incluye tanto un documento formal como una presentación de las propuestas principales para las ocho grandes divisiones territoriales de Colombia. El escrito principal tiene una introducción donde se sintetizan las principales ideas. De ahí se tienen tres grandes secciones: la primera donde se relieva el rol de las mujeres en el cambio. En segundo lugar, sobre economía, donde se postula el paso de una economía extractivista a otra productiva y la tercera sección sobre aspectos sociales donde se presentan tres capítulos relativos a una sociedad igualitaria garante de derechos; democratizar el Estado, libertades fundamentales y agenda internacional; y dejemos la guerra para entrar definitivamente en la paz.

Declaraciones principales

Según el programa Colombia será Potencia Mundial de la Vida mediante un Pacto Histórico que de manera urgente concrete un nuevo contrato social para el buen vivir y el vivir sabroso con todas las diversidades de la nación para entrar por fin en una era de paz cuyo rostro sea una democracia multicolor, expresión de los mandatos ciudadanos, que haga realidad la igualdad, una economía productiva que genere riqueza basada en el trabajo y la protección de la casa común.

Este programa para el cambio, construido desde los territorios y las voces de sus gentes, está concebido como el inicio de una transición, que en lo inmediato hará posible la vida digna, la superación de la violencia y la justicia social y climática, al tiempo que se consolidan las condiciones permanentes para una paz grande que le permita a toda la sociedad colombiana una segunda oportunidad sobre la tierra.

Metodología

El documento señala que el programa ha sido construido recogiendo las preocupaciones y las propuestas del pueblo colombiano. En un gran esfuerzo de movilización programática se aseguró el diálogo con millones de colombianos reunidos en más de 64 plazas públicas, en territorios campesinos, afrodescendientes, negros, palenqueros, raizales e indígenas en todo el territorio nacional.

Asimismo, incluyó a las mujeres, estudiantes, empresarios, académicos, trabajadores en general y de la economía popular, académicos e investigadores en universidades, pequeñas y medianas empresas, en las calles, en las sedes de las organizaciones sociales en fin en todo el territorio nacional en toda su diversidad. Igualmente se recibieron miles de propuestas en la página web y se recogió aportes de una treintena de talleres departamentales, de las discusiones con redes de expertos a nivel local, nacional e internacional.

Rol de las mujeres

El cambio que proponen es con las Mujeres que, aunque protagonistas de la vida, del cuidado y la economía, han sido excluidas. El Pacto Histórico es por la igualdad de las mujeres en el poder, la economía incluida la propiedad de la tierra y el reconocimiento del trabajo de cuidado y por la garantía de todos sus derechos incluido el de una vida libre de violencias. Se creará el Sistema Nacional del Cuidado para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado principalmente de las mujeres y el Ministerio de la Igualdad para avanzar hacia una sociedad sin brechas entre hombres y mujeres.

Asimismo, el pacto es la construcción de una democracia multicolor con los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos mayores, el campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y rrom; las diversidades de género y orientación sexual, las víctimas, los trabajadores, productores, empresarios y actores de la economía popular.

Seguridad humana

Se trabajará por una seguridad humana que se mida en vidas y felicidad, por lo que garantizará con urgencia, sin intermediaciones perversas, con mayor participación de la sociedad, y expandiendo la capacidad de lo público el derecho a la alimentación, al cuidado y la educación inicial en el amor, el juego y el arte a la primera infancia y la niñez; el derecho a que los jóvenes puedan culminar el bachillerato como parte de una educación superior universal, gratuita y de calidad a toda la juventud.

Asimismo, se asistirá a una gran movilización artística, cultural y deportiva que alimente la sensibilidad, la creación y la vida sana. Se hará realidad el derecho fundamental a la salud sin ningún tipo de barreras y a la pensión vitalicia y universal; las familias gozarán del mínimo vital de agua, energía, internet, servicios públicos y a una vivienda para la vida. Esto será posible porque se avanzará hacia una justicia tributaria con impuestos progresivos y equitativos.

Economía productiva

En el documento se señala que Colombia transitará a una economía productiva en la que la tierra, la ciudad, la conectividad, el crédito y el saber no sean privilegios sino derechos con los cuales millones puedan vivir, producir y trabajar con libertad en el campo y la ciudad, en la agricultura, las industrias, el arte, la cultura y la ciencia. Lo anterior, de tal manera de asegurar la vida digna y la recuperación y protección de la soberanía alimentaria, el agua, el bosque, en general de la megadiversidad de la que pende la vida en el planeta.

Para ello la economía se moverá con energía proveniente del sol, el agua y el viento. Se ordenará el territorio alrededor del agua; se transitará a transportes férreos y multimodales. Se detendrá la destrucción de la Amazonía, el Chocó Biogeográfico, el Macizo Colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta, en fin, de todos los territorios donde se fragua la magia de la vida dejando de lado progresivamente la dependencia del petróleo, el carbón y todo tipo de explotaciones mineras y economías ilegales, así como de los modelos de producción agropecuaria que destruyen la naturaleza y reproducen la pobreza. Esto es posible si el pacto es con toda la sociedad, sí se elimina el régimen de la corrupción y se democratiza el Estado garantizando el equilibrio de poderes, respetando las libertades fundamentales, incluido el derecho a la protesta y la libertad de expresión, así como la igualdad y la libertad religiosa y de culto.

Por otra parte, se cumplirá el Acuerdo Final de Paz; se avanzará en el diálogo con el ELN y se someterá a la justicia a los grupos multicrimen. Se pasará de la guerra fracasada contra las drogas a un proceso integral de sustitución de economías y tierras a favor de una economía productiva que dignifique a las poblaciones rurales y proteja la naturaleza. Colombia será líder internacional en la lucha contra el cambio climático, en la promoción de la paz, en la protección de los derechos y la dignidad de millones de colombianos en el exterior y de todos los migrantes en el territorio nacional. Se respetará la autonomía de los pueblos y se hará de las fronteras espacios de diálogo e integración.

Cambio climático

En el programa se señala que el cambio climático profundiza las desigualdades, compromete la seguridad y soberanía alimentaria, agrava las condiciones de salud pública, exacerba los conflictos ambientales que aceleran la deforestación y el deterioro de enormes áreas del país como la Amazonia, agota el agua, amenaza la biodiversidad y amplifica la ocurrencia y las consecuencias de los desastres. Ante la destrucción de la economía y la política de la muerte, se avanzará en el restablecimiento del equilibrio reproductivo entre la sociedad y el ambiente con justicia social.

Frente a las políticas de la muerte, se establecerá una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza, donde prime la defensa de la vida por encima de los intereses del capital económico. Se hará del agua el eje ordenador del territorio y se le dará toda la importancia ambiental que merecen a los océanos, arrecifes, manglares, nevados, páramos, bosques, ríos y humedales y toda la riqueza ecosistémica. Se sentarán las bases para una transición energética, fortaleciendo la economía circular; se impulsará el bienestar y la protección animal y se hará del Gobierno un instrumento para hacer del país una potencia mundial de la Vida con soberanía hídrica y energética.

Modelo extractivista

El programa propone el desescalamiento gradual del modelo extractivista. Se emprenderá un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón. Se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Se respetará las decisiones democráticas de las consultas populares.

La extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles se destinará al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético. Se avanzará en una transición progresiva de la matriz de movilidad terrestre y la industria, dependientes del diésel, hacia modos férreos y sistemas de producción con mayor eficiencia energética basados en energías limpias. Todo lo cual se beneficiará de incentivos tributarios, disponibilidad de asistencia técnica para el mantenimiento y soporte de suministro de energía eléctrica e hidrógeno verde. Se acentuarán los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la minería en curso.

Pacto Industria

A pesar del énfasis en el sector agrícola también se proponen acciones respecto de la industria. El Estado ejercerá sus funciones de liderazgo para impulsar un proceso de industrialización democrático y responsable, que sea capaz de generar capacidades para el aumento de productividad, el empleo, los ingresos y los encadenamientos productivos necesarios para una transición social y ecológica que estimule la producción de y para la vida.

Se establecerá una política de aranceles inteligentes que estimule la vida, la generación de valor agregado, la competitividad y la industria nacional. Se eliminarán gradualmente los aranceles en insumos, bienes y servicios que cumplan estas condiciones y se aumentarán donde afecten ese valor agregado, como mecanismo de defensa comercial de los sectores productivos vulnerables a la competencia desleal con importaciones subsidiadas.

El medidor de eficacia de los aranceles será la generación de empleo en el país. Esto estará acompañado, según el documento, de una inversión robusta en ciencia, tecnología e investigación, así como en el sistema educativo, para el impulso de la innovación y la capacitación de la fuerza laboral, y el aumento de la productividad con base en las necesidades del proceso de industrialización nacional.

Colofón

El programa propuesto por Gustavo Petro es interesante y contiene muchos elementos relevantes para el Perú. Mira alto y lejos, pero le faltan precisiones sobre los múltiples procesos de transición. Para nosotros, en lo económico, incide en exceso en una perspectiva post extractivista radical. Esa mirada no creemos sea compartida por toda la sociedad y posiblemente va a ser una fuente de conflictos con los sectores urbanos y en particular los medios y altos. Se debe avanzar en la transición ecológica con la prudencia del caso. Hay que pensar y trabajar en los buenos convivires para todos.

El viceministro de Electricidad, José Dávila, informó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), invierte este año la suma de 215 millones de soles para expandir la electrificación en la región Arequipa “de los cuales 40 millones corresponden al proyecto de una línea de transmisión de 138,000 voltios de Camaná a Ocaña y línea de transmisión en Camaná, además de 2.3 millones para la atención de la localidad del distrito de Cháparra, provincia de Caravelí en Arequipa”.

Asimismo, señaló que se cuenta con ocho proyectos más que beneficiarán a las localidades de Cayarani, San Juan de Tacurani, Chuquibamba, La Joya, Yanahuara, Yuta, Cerro Colorado, Yura, Uchumayo, Mollendo, Islay, Mariscal Cáceres, Ocoña, Atico, entre otras.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) dispuso la realización de la “Campaña Nacional Trabajo Seguro” a nivel nacional para que el trabajo decente sea la regla y no la excepción.

Se establece que la Campaña Nacional de Trabajo Seguro tiene por objeto promover e incentivar la cultura de cumplimiento del ordenamiento normativo y técnico sobre la seguridad y salud en el trabajo, así como la realización de acciones de fiscalización en aras de salvaguardar el bienestar e integridad de los trabajadores en el ámbito nacional.

Se determina que la citada campaña se efectúa durante el 2022, debiendo los órganos competentes de la Sunafil emitir un informe de resultados respecto de las intervenciones, con motivo de la realización de la campaña en mención.