Tras impactar contra la pista debido a un desnivel, un camión cisterna que transportaba GLP sufrió la fuga de GLP y segundos después se produjo un incendio dejando como lamentable saldo tres muertos, decenas de heridos y al menos 20 viviendas afectadas.

La última víctima fue identificada como una mujer de 18 años, quien pereció a raíz de graves quemaduras. El director del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, Carlos León, indicó que se trataba de una persona que tenía el 95% del cuerpo quemado y que “lamentablemente por la lesión su estado era demasiado inestable y no pudo responder al tratamiento”.

El galeno invocó a la solidaridad de la población y pidió que en los próximos días más personas se acerquen al hospital de Villa El Salvador para que donen sangre y plaquetas, pues son recursos que se necesitarán para el tratamiento que los heridos.

En la nómina de las personas afectadas por el desastre se observa que 39 de ellas son atendidas en hospitales del Minsa y ocho en nosocomios de Essalud. En tanto, 17 de los afectados son menores de edad.

Para el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el siniestro podría haberse generado a partir de una presunta negligencia de quienes autorizaron a la unidad de transporte. “Lo que se puede ver en las imágenes es que hay situaciones que, según los técnicos, llevan a pensar que el camión no tenía las condiciones para transportar el material. Ya había tenido un siniestro previo”, afirmó.

Diario Uno considera necesario precisar que el candidato por Solidaridad Nacional, Juan José Muñico, no fue condenado por el asesinato del excombatiente del Cenepa Ezequiel Huamaní, cometido en 1998.

Hay que indicar que la acusación en contra de Muñico fue desestimada, lo que equivale a que el acusado fue absuelto, por lo que no cabe afirmar que cometió el crimen ni que es un asesino.

Dentro de la línea de objetividad y rigor periodístico que rigen este diario, y al margen de consideraciones políticas y de futuras investigaciones del caso, hacemos la presente aclaración pública y rectificación por nuestro titular de ayer, que omitió involuntariamente las conclusiones del proceso judicial derivado del hecho denunciado.

El semanario Hildebrandt en sus trece consignó las declaraciones del director de Comunicaciones de la Junta Nacional de Justicia, Abel Santibañez Collado quien afirmó que el órgano de justicia se abocará primero a resolver los procesos disciplinarios pendientes tras la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura, en 2018. Con esto, los casos emblemáticos de corrupción en el sistema de justicia, que precisamente propiciaron la disolución del CNM, serán evaluados después de los 126 casos disciplinarios en mención.

Las afirmaciones del funcionario de la JNJ motivaron la respuesta del exdefensor del Pueblo, Walter Albán, quien señaló que si la JNJ no prioriza la tarea de evaluar los casos emblemáticos como el del fiscal superior Pedro Chávarry y el del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, “todo el esfuerzo invertido en la renovación del CNM habrá servido de poco”.

Albán también recordó que la ratificación de Chávarry y Lecaros por el CNM tuvieron ribetes de escándalo. “El CNM cambió su reglamento en el 2018 para que los dos puedan acceder a la ‘ratificación automática’ y de esa manera queden exceptuados de pasar por la entrevista personal”, comentó. Incluso, manifestó que Chávarry habría logrado alterar sus notas obtenidas, y que su ratificación fue aprobada en una sesión que duró apenas un minuto y medio.

El referido semanario también recogió las opiniones del abogado Luis Purizaga, para quien las evaluaciones urgentes de la JNJ debe contemplar en primer lugar a los protagonistas de los casos de corrupción más sonados en los últimos años. “La Junta tendría que evaluar cuántos de los jueces y fiscales supremos están implicados en informes fiscales sobre los Cuellos Blancos y comenzar a revisar si su conducta durante estos últimos años ha sido la más idónea para ejercer el cargo”, afirmó.

MENSAJE DE DEBILIDAD

Por su parte, el analista Miguel Jugo consideró que “si lo que va a hacer la JNJ es detenerse a investigar a un juez de paz o a un secretario de juzgado, la verdad es que el mensaje que va a dar ante la población será bastante débil”. “Claramente se entiende que si la cabeza es corrupta obviamente los funcionarios que le siguen entienden que la corrupción es su método de trabajo”, señaló.

Para Jugo, si la JNJ decide atacar a la cabeza de la corrupción, “definitivamente es un mensaje claro y explícito de que no se va a tener ningún temor frente a la corrupción, ya sea grande o chica”.

Además, indicó que los casos de Chávarry y Lecaros tendrían que ser prioritarios a partir de la importancia de los cargos que ejercen. “Lo fundamental del mensaje que debe dar la JNJ es que irán a luchar para devolverle al Poder Judicial y al Ministerio Público la confianza de la gente, pero si van a comenzar a sancionar a funcionarios menores el mensaje será que nuevamente a quien tiene poder no le pasa nada y quien no lo tiene sufre los embates de la ley”, apuntó.

El analista recordó que incluso en el caso Chávarryhay una resolución del Colegio de Abogados de Lima que dispuso la suspensión de su colegiatura. “Las fórmulas e instrumentos los tienen, ni siquiera tienen que hacer una investigación mayor; sería muy lamentable que no se avoquen a esos casos emblemáticos y que nos traten de ir tonteando”, agregó.

En consecuencia, consideró que el presidente de la JNJ, Aldo Vásquez, debería pronunciarse respecto a las exigencias urgentes de la sociedad civil por una efectiva reforma de justicia.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO