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Política

Así benefició gobierno de AG a las constructoras brasileñas

Según el informe en minoría del legislador Humberto Morales, que tanto preocupa a García y sus congresistas.

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Alan García Pérez - Odebrecht

El 30 de octubre de 2018, el congresista Humberto Morales, quien fue vicepresidente de la Comisión Lava Jato, que preside la fujimorista Rosa Bartra, entregó un informe en minoría, que ha causado revuelo y la incomodidad de apristas y fujimoristas.

En este documento –en minoría- se recomienda investigar a Keiko Fujimori y Alan García por presuntas coimas y decretos de urgencia emitidos entre los años 2006 y 2011, algo que no contiene el informe Bartra.

En las conclusiones del informe del congresista Morales, se puede leer lo siguiente respecto a Fuerza Popular y al APRA:

Se advierten indicios de la comisión del delito de organización criminal. “Estas dos organizaciones criminales funcionaron de manera concertada y coordinada dentro de ellas y entre sí. La concertación y coordinación dentro de cada organización criminal se produjo antes y durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011, con la captación de fondos ilícitos de parte de empresas brasileñas y una vez asumido el poder”.

“La concertación y coordinación entre ambas organizaciones criminales se produjo una vez que accedieron al poder, en el caso del partido aprista a nivel de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y en el caso de Fuerza Popular a nivel del Poder Legislativo. La concertación y coordinación de ambas organizaciones criminales fue fundamental para materializar beneficios en favor de empresas brasileñas, así se tiene que pese a ser dos organizaciones con independencia, ambas operaron con un mismo fin”.

Al referirse al APRA menciona: En el caso de la primera “organización criminal”, una vez asumido el poder a través del expresidente Alan García, sus exministros y viceministros, recibían visitas de empresarios brasileños -de quienes habrían recibido dinero durante la campaña presidencial- y “como consecuencia de estas visitas emitían decretos de urgencia y decretos supremos de forma irregular con la finalidad de favorecer a estas empresas en la ejecución de obras sobrevaluadas”.

Visita de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a Palacio de Gobierno

¿CÓMO LO HICIERON?

Según el informe, durante el gobierno de Alan García Pérez se emitieron 383 decretos de urgencia. De ellos, se precisa, 26 beneficiaron a la empresa.

Ante esto hay que explicar que los decretos de urgencia “son normas con rango y fuerza de ley por las que se dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera, salvo materia tributaria. Se expiden cuando así lo requiere el interés nacional. Se fundamentan en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevisibles”.

En las conclusiones se halla responsabilidad política de Alan García y ministros por infracciones constitucionales (2006 al 2011), por haber creado un “marco de legalidad irregular” a través de decretos de urgencia y decretos supremos “que permitieron que empresas brasileñas ejecuten obras sobrevaluadas”.

Los 26 decretos se refieren a contratos de concesión en el Ministerio de Transportes, otras medidas económicas para garantizar la continuación del tramo 2 del corredor vial interoceánico IIRSA SUR, también sobre el Metro de Lima, el proyecto Olmos, friaje y heladas, entre otros. Los otros, más de 200, corresponden a otras obras como el Estadio Nacional, Código de Consumo, y otros que también merecen ser investigados, aunque no guardarían estricta relación con Odebrecht.

El informe pone bajo la lupa la relación de las visitas con la elaboración de los decretos de urgencia. Por ejemplo, detalla el informe, el 23 de enero de 2009 Jorge Barata se reúne con Alan García en Palacio de Gobierno. Menos de un mes después, se extiende el Decreto Supremo 008-2009-MTC, donde se autoriza a PROVÍAS Nacional a realizar preparación de gestión, administración y ejecución del Tren eléctrico.

Luego vendría el Decreto de Urgencia 032-2009 (27 de febrero de 2009), que permitió encargar al MTC la ejecución del Tren Eléctrico. Asimismo, el DU 034-2009 (09 de marzo de 2009), donde se da la autorización de endeudamiento con la CAF (350 millones de dólares americanos) y el Decreto de Urgencia 063-2009 (07 de junio de 2009), donde la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico – AATE se transfiere o fusiona al MTC.

 

AMANDA MEZA
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Política

PNP compró 35 mil mascarillas inservibles

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PNP compró 35 mil mascarillas inservibles

Otro escándalo en la policía. Según publicó el diario La República, un informe del Área Física Forense de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público determinó que 35 mil mascarillas con válvula tipo N95 compradas por el director de la Aviación Policial, general PNP Alfredo Vildoso Rojas, no cuentan con las especificaciones técnicas necesarias para la protección del personal policial.

De acuerdo a la publicación, el 11 y 30 de abril el general Vildoso suscribió contratos con la proveedora Ka’Linson Perú por el suministro de implementos de bioseguridad y útiles de aseo, limpieza y tocador, por más de S/ 2.3 millones, y en ambas ocasiones se incluyó la mascarilla o respirador con válvula, cuyo diseño supuestamente correspondía a la norma internacional conocida como NIOSH 95 (Instituto Nacional para la Seguridad Ocupacional, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, lo que distribuyó el general Vildoso fueron mascarillas marca Life-2095-1 con el etiquetado Classified N95, desprovista de la certificación NIOSH 95.

El fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Callao, Francisco Alarcón Solís, encargado de la investigación de las compras sospechosas en la Dirección de Aviación Policial, requirió a la Oficina de Peritajes si las mascarillas compradas por el general Vildoso concordaban con el requerimiento técnico.

Los peritos Ruth Atalaya Chávez y Yosselyn Ccasani Guillén concluyeron que las mascarillas o respiradores adquiridos a la compañía Ka’Linson, además de no cumplir con las exigencias del usuario, representaban un peligro para la integridad de los agentes policiales. Chávez y Ccasani fueron precisos al señalar que la certificación NIOSH “es un requisito indispensable para su uso en la prevención de contagio de agentes virales como el caso del Covid-19”.

Los peritos comprobaron que las mascarillas compradas por el general Alfredo Vildoso ni siquiera contaban con el sello del NIOSH, una comprobación de que no son aptas tanto para evitar el contagio como para no diseminar el nuevo coronavirus.

“No presenta el logotipo NIOSH al lado de la clasificación N95. No presenta lote del producto. No presenta el código de aprobación por la NIOSH: TC84A-5350”, señala el informe.

En el informe elevado al fiscal Francisco Alarcón, los peritos ratifican que las mascarillas vendidas por la empresa Ka’Linson no son los que pidió la Dirección de la Aviación Policial, sin embargo, el general Alfredo Vildoso las aceptó, desprendiéndose que pudo haber existido un entendimiento entre el proveedor y el usuario.

“(Las mascarillas) no cumplen con los requisitos técnicos indispensables nacionales e internacionales respecto a respiradores de tipo N95, por lo que no es idóneo para su uso por no garantizar con eficacia la prevención y control para disminuir el riesgo a la salud de las personas”, señalan los peritos.

El jueves, el fiscal anticorrupción Francisco Alarcón, como consecuencia del resultado del peritaje, intervino las instalaciones de la Dirección de la Aviación Policial para incautar evidencia material y documental debido a la fuerte sospecha de que existió colusión entre el general Vildoso y la empresa proveedora

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Política

En 7 días se tendrá medidas para deshacinamiento de penales

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En 7 días se tendrá medidas para deshacinamiento de penales

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó que el Poder Ejecutivo establecerá, en un plazo de siete días, las medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por el riesgo de contagio de covid-19.

Refirió que ese es el periodo que el Gobierno había planteado en el proyecto de ley que remitió al Parlamento con el fin de que le delegue facultades para legislar en materia penal y procesal penal.

“En ese plazo (siete días) se dará el marco regulador para atender una situación de excepcionalidad” , señaló el jefe del Gabinete a la Red de Comunicación Regional-RCR.

Explicó que el objetivo es regular la situación jurídica tanto de los sentenciados como de los procesados en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El titular de la PCM, así como el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, acudieron ayer al Parlamento para sustentar la solicitud de facultades para legislar en materia penitenciaria, la cual fue aprobada en la madrugada del sábado y exonerada de segunda votación.

La iniciativa precisa que el Gobierno legislará por el término de siete días calendario, contados a partir de la vigencia de la norma.

Por otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial confirmó su presentación del próximo jueves ante el pleno de la representación nacional.

Zeballos Salinas indicó que como exparlamentario reconoce que el Congreso tiene como función esencial el control político, por lo cual asistirá al Parlamento cuantas veces sea llamado para explicar y dar cuentas de las acciones del Gobierno.

“Somos democráticos y entendemos la dimensión de los roles del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo”, expresó.

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Política

Deshacinamiento pondrá énfasis en procesados por delitos menos lesivos

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Deshacinamiento pondrá énfasis en procesados por delitos menos lesivos

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) elevará al Consejo de Ministros medidas para reducir el hacinamiento de los 68 establecimientos penitenciarios del país, con énfasis en los internos en condición de procesados por delitos menos lesivos, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Estas propuestas se debatirán y aprobarán en el marco de la delegación de facultades que el pleno del Congreso aprobó la madrugada del sábado para que el Ejecutivo legisle en materia penal, procesal penal y penitenciaria, frente al riesgo de contagio del covid-19 en penales y centros juveniles.

La delegación de facultades es por el término de siete días calendario, contados a partir de la vigencia de la presente ley, periodo en el que el Ejecutivo deberá establecer las medidas.

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, saludó la decisión del Parlamento, y adelantó que las medidas tendrán como base el proyecto de ley que sobre esta materia remitió la semana pasada el Ejecutivo al Congreso.

Asimismo, indicó que se evaluarán los principales aportes de los dos proyectos presentados por el Poder Judicial para su incorporación en las propuestas, así como las sugerencias formuladas por los congresistas en la Comisión de Justicia.

Castañeda sustentó el viernes ante el pleno el pedido de delegación de facultades. Durante su disertación, dijo que las medidas que elabore su portafolio permitirán beneficiar a las personas privadas de libertad que se encuentran  en calidad de procesados, pero que han cometido delitos leves que no significan un peligro para la seguridad ciudadana.

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