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Política

¿Arde América Latina?

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Marcha protesta en Chile

Claro que arde nuestra región del mundo y es muy importante señalar por qué. Pero no son vándalos los que la hacen arder, como nos quiere vender la derecha continental a través de su monopolio mediático. Tampoco son los pueblos, hartos de explotación, que se levantan a pedir justicia, paz y soberanía nacional. Son las fuerzas del abuso y el saqueo las que hacen arder la región, las que mandan a reprimir brutalmente y prefieren el incendio a la paz para defender sus intereses.

No ha sido fácil visibilizar el problema de manera continental como está sucediendo hoy en América Latina. Tuvieron que pasar una década de movimientos sociales antineoliberales a fines del siglo XX, 18 años de gobiernos de izquierda, entre 1998 y 2016, así como las idas y vueltas de los últimos casi cuatro años para que las cosas estén claras también en las calles.

El problema es el modelo económico neoliberal que promueve el Consenso de Washington, que no es otra cosa que el ajuste permanente de la economía para pasar los recursos públicos y sociales, los recursos de todos, pero especialmente de los más pobres, a los bolsillos de los ricos para que cada vez sean más ricos. “La epidemia de las grandes fortunas” como dicen los laboristas británicos, que es la mayor y más mortífera enfermedad de nuestro tiempo.

Este modelo es el que ha pretendido poner los derechos sociales en el mercado, buscando convertirlos en mercancías, como ha sido el caso con la educación, la salud, el trabajo y las pensiones. El resultado, treinta o cuarenta años después, ha sido nefasto para la región. Entre el 70 y el 90% de los latinoamericanos, dependiendo de cada país, ha quedado excluido del sistema y sumido en un esquema de desigualdad imposible de superar de acuerdo a las reglas establecidas. De allí las movilizaciones, que deben enfrentar no sólo la injusticia y la represión, sino también la criminalización de la protesta y el bloqueo político para conseguir sus objetivos.

Esta visibilización, que se expresa en las calles, es un punto de quiebre en la historia contemporánea porque rompe con varias décadas de hegemonía neoliberal en América Latina.

Un punto clave en este proceso es el curso de la lucha democrática en la región. Cuarenta años atrás, en la época de las transiciones a la democracia, nos vendieron también la idea de que la democracia se restringía a los derechos civiles y políticos, y a votar cada cierto tiempo por nuestros representantes.

Sin embargo, al confluir las transiciones con los ajustes económicos dictados por el FMI y el Banco Mundial, estas democracias se mostraron como lo que eran: democracias de élites, donde estas se turnaban cada cierto tiempo en el poder para gozar de los privilegios del mismo pero seguir con el programa de abuso y saqueo neoliberales.

Frente a estas democracias de élite que avalan los privilegios de los más ricos, surgieron en las últimas décadas democracias que gobernaron implementando reformas a favor de las mayorías con singular éxito en movilizar a sus pueblos, repartir la riqueza y enfrentar a los poderes imperiales extranjeros, especialmente al gran imperio del norte.

Desde el inicio, sin embargo, fueron difamados y cercados por sus opositores, quienes no han reparado en recurrir al golpe de Estado, duro o blando, para derrocarlos y establecer una persecución judicial contra sus líderes que recurre a la condena “por convicción” y no “por evidencia” por parte de jueces venales como sucede con Lula y Rafael Correa. Empero, con sus éxitos y fracasos, le han dejado claro a nuestra América que hay otra posibilidad democrática que no tiene por qué contar con la venia de los Estados Unidos.

Esta América Latina movilizada no solo ha detectado el modelo económico neoliberal como el problema, sino también sino también la democracia precaria y restringida en la que hemos vivido en las últimas décadas y la existencia de una alternativa que ha vivido ya en varias experiencias de gobierno pero que persiste, sobre todo, en la lucha de nuestros pueblos.

Los cambios constitucionales que se desarrollaron en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, no aparecen entonces arbitrarios, a la luz de lo que vive Chile, el supuesto “Oasis de América” de años pasados donde gritan la necesidad de cambiar las reglas para superar la desigualdad. Justamente, ese mismo espíritu refundacional que se grita en las calles de nuestro vecino del sur en estos momentos, marca la pauta del futuro inmediato de la democracia en la región.

Vemos así que el tren de la emancipación latinoamericana marcha en el continente. La velocidad y los ritmos no son los mismos, ni tampoco la capacidad de reconocer avances y retrocesos, aciertos y errores, pero avanzamos.

Todo esto es una gran lección para países como el Perú, con una hegemonía neoliberal férreamente establecida desde 1990, pero con grietas de tamaño mayor en los últimos años, que nos deben llevar a lanzar decididamente un proceso constituyente que nos permita alcanzar a nuestros hermanos de la Patria Grande, para construir juntos una gran democracia latinoamericana.

 

NICOLÁS LYNCH
OTRAMIRADA.PE

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Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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