Política
Archivan denuncia contra parlamentarios que cobraron gastos de instalación
COMISIÓN DE ÉTICA
La Comisión de Ética del Congreso de la República decidió ayer aprobar el informe que recomendaba el archivo de la denuncia presentada en contra de los 23 parlamentarios de Lima y Callao que cobraron los gastos de instalación a pesar de que residen en la misma ciudad en la que está ubicado el Palacio Legislativo.
De acuerdo al informe de calificación aprobado, no existe una prohibición sobre los gastos de instalación, por lo que se hace entrega a todos los parlamentarios sin distinguir si son de Lima y Callao o de otras regiones.
La votación que arribó en esta decisión fue la siguiente: Tania Rodas Malca (Alianza para el Progreso), Luz Cayguaray Gambini (Frepap), Miguel Vivanco Reyes (Fuerza Popular), se expresaron a favor; mientras que Mirtha Vásquez (Frente Amplio), María Bartolo Romero (Unión por el Perú) y Zenaida Solís Gutiérrez (Partido Morado), en contra.
A raíz de que la votación se representó en un empate, el titular de esta comisión, César Gonzáles (Somos Perú) usó su voto dirimente y definió el archivo.
Además de los mencionados, Felipe Castillo (Podemos Perú) y Walter Rivera (Acción Popular) también son integrantes de este grupo de trabajo. Sin embargo, ambos son parte de los parlamentarios que cobraron los 15.600 de los gastos de instalación, por lo que decidieron abstenerse.
El pasado 18 de junio, se conoció la lista de 23 parlamentarios por Lima y Callao que cobraron este bono. Incluso hubo algunos que habían prometido en su campaña electoral que no recibirían el dinero.
Ellos son: Marcos Pichilingue, Martha Chávez, Carlos Mesía y Valeria Valer, de Fuerza Popular; Luis Felipe Castillo, María Cabrera, Cecilia García y Orestes Sánchez, de Podemos Perú.
Asimismo, Acción Popular también figura en la nómina a través Paul García, Mónica Saavedra y Walter Rivera. Por Alianza para el Progreso están Omar Chehade y Carmen Omonte. La última mencionada, a inicios de marzo, sostuvo que “los congresistas elegidos por Lima no deberían” recibir los gastos de instalación y que se “debería reformar ese tema en el Reglamento del Parlamento”.
La lista continúa con Rocío Silva Santisteban y Enrique Fernández Chacón, de Frente Amplio; Alcides Rayme, Wilmer Cayllahua, María Teresa Céspedes, Richard Rubio, María Retamozo e Isaías Pineda, de Frepap.
La nómina la cierran José Vega, de Unión por el Perú, y la legisladora no agrupada Arlette Contreras, quien inició sus funciones en el Parlamento como integrante de la bancada de Frente Amplio.
Política
Demanda investigar a los que quieren vacar a Mesa Directiva

La congresista Rocío Silva Santisteban solicitó al Oficial Mayor del Congreso, Yon Pérez Paredes, que se investigue e identifique a los congresistas que pidieron censurar a la Mesa Directiva al inicio de la sesión del pleno del Congreso.
La legisladora solicitó la “relación de los micros abiertos durante la sesión entre las 11:00 a.m y 11:15 a.m” y una copia de la transcripción del pleno de esos quince minutos.
“Antes de que se llame a la lista, un grupo de congresistas que estaban conectados a la plataforma de Microsoft Teams sostuvieron de manera amenazante el siguiente diálogo: ‘Hay que censurar a la Mesa Directiva del Congreso’, ‘censura, censura’ y una voz de mujer dijo ‘hay que censurarlos porque son unos asesinos’.
Política
Niegan que se ordenara compra de pasteles

La Secretaría General del Despacho Presidencial rechazó categóricamente que la presente gestión haya solicitado contrataciones y adquisiciones indebidas, como compra de pasteles.
En un comunicado, precisó que el 17 de noviembre del 2020, antes de que asumiera el cargo el presidente Francisco Sagasti, la oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial solicitó la adquisición de artículos de pastelería.
Ello, a favor de los trabajadores, hijos del personal comprendidos, entre 0 y 12 años, del Despacho Presidencial, y de los practicantes y miembros de las FF.AA. y PNP destacados en Palacio de Gobierno.
Política
Educar y sancionar a los infractores

En tanto, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, consideró que si bien las medidas restrictivas pueden contribuir a bajar los indicadores de la pandemia, en este momento no son lo más importante. “Creo que se debe reforzar la comunicación y educación de la población, repartir los materiales de protección como mascarillas y máscaras faciales, y que la gente que incumple las normas sea sancionada con horas de trabajo comunitario. Necesitamos aprender a respetar las normas con sanciones que de verdad generen conciencia. Y todos los que andan de fiesta o incumplen las normas realicen trabajo comunitario en los hospitales y centros de Salud”, señaló.
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