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Política

Apra copó la Sunarp que sirvió a Orellana

Para apropiarse de inmuebles y traficar terrenos, advierten exprocurador Julio Arbizu y exfuncionaria de Sunarp investigada.

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Apra copó la Sunarp que sirvió a Orellana

El copamiento aprista de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), ejercido en la última gestión de Alan García, ha sido una de las causas del fortalecimiento de las mafias dedicadas al tráfico de tierras y apropiación ilícita de inmuebles, como ha sido el caso de la organización de Rodolfo Orellana.

Así lo afirmó a este diario el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, al indicar que no se trata de hechos nuevos, ya que –anotó- dijo haber denunciado la participación del extitular de la Sunarp del segundo régimen aprista, Alvaro Delgado Scheelje “en una serie de hechos delictivos, y se le siguió un proceso que todavía sigue su curso”.

“No tengo ninguna duda de que funcionarios (apristas) en Registros Públicos han favorecido situaciones de corrupción como, por ejemplo, la de esta presunta organización criminal de Orellana; por lo que hay un enorme trabajo por hacer todavía en esa entidad”, subrayó.

Arbizu advirtió que hay una estrategia sistemática del Apra de infiltrar a sus funcionarios en distintos espacios públicos. “La nueva gestión en la Sunarp ha estado tratando de luchar contra esa mafia que está enquistada en Registros Públicos, pero hay mucha resistencia”, admitió.

COPAMIENTO
Precisamente, la exregistradora de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), María Zaplana, denunció que este organismo fue sometido a una sistemática política de copamiento aprista, durante la última gestión del expresidente Alan García.

“Estábamos en un enfrentamiento terrible, como dirigentes sindicales, contra la gestión aprista que dirigía, en ese momento, María Delia Cambursano. Había copamiento aprista, de pronto el área de la gerencia se llenó de escritorios”, subrayó en entrevista televisiva.

Señaló que como resultado de las denuncias de corrupción en ese organismo a cargo del entonces superintendente del régimen aprista, Alvaro Delgado Scheelje, fue despedida arbitrariamente, en septiembre del 2008, junto a otros dirigentes gremiales.

Aseguró que los trabajadores de ese organismo le refirieron que “te has metido con un pez gordo”, que “Álvaro Delgado trabaja para los Orellana y las cosas se manejan con apelaciones”, remarcó.

Tanto la exregistradora María Zaplana como la servidora de la Sunarp Adriana Delgado, han sido sindicadas por la Procuraduría de ser parte de la red de Orellana. Ambas negaron tajantemente dicha imputación y manifestaron haber trabajado en el año 2009, para un programa radial financiado por Orellana, que les ha traído problemas, pero sostienen que se limitaban a la recepción de consultas del público y se retiraron al enterarse de las andanzas de dicha organización criminal.

JULIA PRÍNCIPE
◘ La comisión parlamentaria que investiga el caso Orellana, recibirá hoy a la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, quien informará sobre los avances de las investigaciones que su despacho realiza en torno a la presunta organización criminal que encabeza dicho personaje.

Javier Soto
Redacción 

Política

La justicia peruana, adormecida por el coronavirus

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La justicia peruana, adormecida por el coronavirus

Desde que la pandemia del coronavirus se convir­tió en el principal enemigo contra la salud pública del Perú, otros temas impor­tantes para el desarrollo del país perdieron su sen­tido de urgencia y fueron postergados debido a la pa­ralización de actividades y a la lógica prioridad de emprender una lucha con­tra un virus mortal que ya cobró miles de víctimas.

Entre ellos, la refor­ma de justicia y los casos emblemáticos en la lucha anticorrupción destacan por su importancia y su urgencia de ser resueltos. Sin embargo, a pesar de que el presidente de la Junta Nacional de Justi­cia (JNJ), Aldo Vásquez, afirmara a inicios de mayo que la entidad no paralizó sus actividades durante la pandemia, todavía no se conocen los resultados so­bre los procesos pendien­tes heredados del extinto Consejo Nacional de la Ma­gistratura (CNM) ni sobre los procesos sancionadores iniciados en febrero con­tra los magistrados Pedro Chávarry y Tomás Aladino Gálvez, acusados de perte­necer a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, “llama la atención que la JNJ no informe sobre estos proce­dimientos, que no indique a qué magistrados se va a sancionar y quiénes segui­rán como jueces y fiscales y por tanto administrando justicia en el país”.

CONSECUENCIAS DE LA INACCIÓN

Quispe advirtió que la JNJ tendría que actuar con mayor transparencia, dada la importancia de sus funciones. Como ejemplo de las consecuencias de la aparente inacción del órga­no de justicia, refirió que la Corte Superior de Justicia de Amazonas continúa presidi­da por el magistrado Gon­zalo Zabarburu Saavedra, a pesar de que su ratificación fue hecha por el cuestiona­do CNM. “Amazonas se está convirtiendo en lo que era la Corte Superior de Justicia del Callao. Tiene a un presidente ratificado por el CNM, tiene a un presidente de la Junta Nacional de Fiscales, el señor Hilbert Zapana Mayta, y al fiscal superior José Novoa Vásquez, denunciados ambos ante la JNJ. De acuerdo a las pruebas contra estos señores ya se debió haber resuelto su destitución, y sin embargo siguen administrando justi­cia”, añadió.

Además, indicó que lo mismo sucede con un caso emblemático como el del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que sigue esperan­do resolución a un proceso sancionador iniciado en febrero. “¿Dónde están los resultados? La ciudadanía espera que la JNJ cumpla con su función. Mientras la JNJ no resuelva, sobre los magistrados cuestionados solo podrán pesar sancio­nes de máximo 30 días o suspensión de funciones por dos meses. Esto provo­ca que magistrados sean sancionados pero luego retornen a sus cargos y con­tinúen en sus funciones. Y luego las sentencias que estos emitan se convierten en cosa juzgada, a pesar de que puedan representar actos contrarios a la ley”, cuestionó.

A criterio del jurista, otro ejemplo de mala ad­ministración de justicia se produjo cuando el presi­dente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, firmó una resolución instando a los jueces a que cambiaran la prisión preventiva por otras medidas distintas. “Los más beneficiados fueron los casos de co­rrupción de funcionarios, porque el presidente del Poder Judicial no excluyó los delitos graves como corrupción. Y los jueces ahora han cambiado una norma que es gravísima, a partir de los casos de variación de detención por arresto domiciliario por enfermedad, en el Perú ya no se necesita el peritaje de medicina legal, sino solo los peritajes de parte. ¿Y quiénes pueden tener acceso a un médico de parte? Solo los procesa­dos con recursos económi­cos. Todo esto se produce a partir de la resolución de Lecaros”, denunció

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Política

Se eleva a 3,983 los fallecidos y a 135,905 los casos positivos

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Se eleva a 3,983 los fallecidos y a 135,905 los casos positivos

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que el número de casos positi­vos de coronavirus asciende hasta el momento a 135,905 en tanto que la cifra de fa­llecidos se elevó a 3,983.

Hasta el martes la ci­fra de contagios ascendía a 129,751 y de fallecidos a 3,788, lo que quiere de­cir que hasta el miércoles se procesaron 6,154 casos nuevos y fallecieron 195 personas.

A la fecha, informa el Minsa, se tienen 8,267 pa­cientes hospitalizados con Covid-19, de los cuales, 926 se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación me­cánica.

Del total de casos positi­vos, a la fecha 56,169 perso­nas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. Lima sigue siendo la región con el mayor número de in­fectados por covid-19 a la fecha con 84,994 casos.

Las siguientes regiones también presentan pacientes con Covid-19: Callao (9,495), Lambayeque (6,732), Piura (6,039), Loreto (3,816), La Li­bertad (3,523), Ucayali (3,238), Áncash (3,196), Arequipa (2,787), Ica (2,476), Junín (1,578), Tumbes (1,115), San Martín (1,037), Cusco (899), Huánuco (741), Cajamarca (645), Ayacucho (622), Ama­zonas (533), Moquegua (423), Pasco (416), Madre de Dios (388), Huancavelica (379), Tacna (360), Puno (322) y Apurímac (151).

 

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Política

Rechaza admisión a trámite de habeas corpus para Abimael Guzmán

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Rechaza admisión a trámite de habeas corpus para Abimael Guzmán

El Ministerio de Justi­cia y Derechos Humanos (MinjusDH) rechazó que el Poder Judicial haya admitido a trámite el habeas corpus presentado por el abogado de Abimael Guzmán Reinoso. El recurso busca la libertad del condenado terrorista ante la pandemia del Covid-19.

Ante ello, el ministro de Justicia, Fernando Castañe­da Portocarrero, afirmó que el Poder Ejecutivo rechaza categóricamente todo tipo de terror, en sus distintas variables.

“Lo hemos rechazado y rechazaremos siempre porque de por medio está la vida y seguridad de todos los peruanos”, resaltó.

“En el MinjusDH somos conscientes de las secuelas del terrorismo, tenemos pro­gramas de reparación en el Viceministerio de Derechos Humanos y sabemos del dolor de todas las familias. Nos ponemos en su lugar y estamos de su lado para que personas que han cometido tanto daño en nuestro país no se libren de las condenas que el sistema judicial ha impuesto”, enfatizó.

Durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Castañeda aclaró que la deman­da de hábeas corpus admitida por la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justi­cia de Lima (CSJLI) no implica darle la razón al peticionante. Explicó que el Poder Judicial no le ha dado la razón a Abimael Guzmán y que lo único que ha hecho es admitir a trámite algo meramente formal.

Refirió también que ahora corresponde al procurador res­pectivo contestar la demanda. “Sin duda alguna habrá una defensa firme por parte de los procuradores especializa­dos en materia antiterrorista para defender los intereses de la sociedad en su conjunto”,

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