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Política

Alberto Fujimori recibiría condena por otros 25 años más de cárcel

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Deudos víctimas familiares de masacre de Pativilca

Por la masacre de Pativilca, cometida en enero de 1992, el dictador y otros presuntos responsables del crimen de lesa humanidad serán llevados a juicio oral en las próximas semanas.

El abogado de los familiares de las víctimas del caso Pativilca y abogado de Aprodeh, Cristian Huaylinos, señaló que días antes de conocerse la resolución de la Corte Suprema que dispuso la nulidad del derecho de gracia a favor de Alberto Fujimori, la Sala Penal Nacional programó una audiencia para el 24 de enero, en la cual además de discutir unas excepciones presentadas por los procesados del caso Pativilca también se podría definir el inicio del juicio oral. “Esperamos que no hayan mayores dilaciones y se inicie el proceso luego de dos años de espera”, señaló.

La matanza de Pativilca fue cometida el 29 de enero de 1992, cuando el grupo Colina secuestró y asesinó a seis personas: John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Pedro Agüero y Pedro Arias Velásquez. En este caso, Alberto Fujimori es procesado como presunto autor mediato de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir.

Huaylinos remarcó que “las seis personas asesinadas eran campesinos de la comunidad Caraqueño, víctimas circunstanciales que nada tuvieron que ver actividades subversivas”, y que las imputaciones a Alberto Fujimori en este caso están basadas en que por su condición de “líder del aparato organizado de poder y ser jefe supremo de FF.AA.” tuvo pleno conocimiento de todas las acciones realizadas por el grupo Colina.

“Él incluso daba luz verde a varios operativos, incluyendo el de Barrios Altos en el ‘91. Fujimori tenía conocimiento del operativo enPativilca, ha tenido una participación mediata como jefe supremo de las FF.AA.”, agregó.

25 AÑOS DE CÁRCEL

El jurista señaló que por el caso Pativilca, al ser un delito de lesa humanidad cometido por el aparato organizado del Estado contra la población civil, la pena que podría recaer contra Alberto Fujimori sería de 25 años de pena privativa de la libertad.

En cuanto a los tiempos que demandaría el proceso judicial, Huaylinos indicó que debido a la alta carga procesal que tiene el colegiado responsable de resolver el caso, sumado a la complejidad del mismo, el plazo hasta su resolución podría extenderse considerablemente. Sin embargo, expresó sus expectativas de que este plazo no sea mayor a tres años.

Finalmente, remarcó que el caso Pativilca se trata básicamente de una reivindicación de las víctimas y los familiares, que tras 29 años siguen esperando por justicia. “Estamos hablando de un delito cometido en los ‘90, ya estamos iniciando la segunda década del siglo 21 y recién se va a iniciar el juicio oral. Después de tantos años y trabas, este es un ejercicio de memoria para reivindicar a las víctimas y demostrar que son inocentes de toda imputación delictiva, y para demostrar que el actuar del Estado en aquel entonces ha tenido consecuencias nefastas para la población civil”, sentenció.

DERECHO DE GRACIA IRREGULAR

Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, destacó días atrás la decisión de la Corte Suprema al dar cuenta “de algo que se ha venido consolidando en la justicia peruana y es que no hay poderes omnímodos, aún cuando este sea el presidente de la República”, en referencia a la anulación de la gracia presidencial otorgada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori. “Sobre esa base, la Corte Suprema analiza la constitucionalidad y convencionalidad del indulto”, añadió.

Acerca del derecho de gracia otorgado a Fujimori, Rivera recordó que “la comisión de gracias del Ministerio de Justicia, sin que nadie se lo pida, consideró – tras el indulto concedido por Kuczynski – que también correspondía otorgar el derecho de gracia, el cual corresponde a las personas que están procesadas”, lo que calificó de arbitrario.

Además, Rivera advirtió que inclusive se cometió una irregularidad porque en ese momento no se indicó cuáles eran los procesos por los cuales se le otorgaba el derecho de gracia. “Es bastante abierto y arbitrario, pero sobre ese derecho de gracia, absolutamente genérico, se pretendió librarlo del caso Pativilca”, indicó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Millonarios al margen de la ley

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

Mediante documentos del servidor My Web Day, miembros del Equipo Especial Lava Jato corroboraron que la constructora brasileña Odebrecht realizó 11 desembolsos hasta completar la suma de US$ 2’999.898, destinados a financiar la campaña de Ollanta Humala para las elecciones presidenciales del 2011.

Para realizar la operación, Odebrecht utilizó la offshore Kleinfeld, desde donde se derivó el dinero a la empresa Construmaq, de Gonzalo Monteverde, en el Credicorp Bank de Panamá.

De acuerdo a la información recogida por El Comercio, el codinome “Italo Italiano Eleicao Perú” correspondería al financiamiento de la campaña 2011 de Ollanta Humala y el Partido Nacionalista. Además, habría sido el propio Marcelo Odebrecht quien autorizó las transferencias a quien sería presidente de la República entre 2011 y 2016.

Al respecto, hay que recordar que en 2017 Marcelo Odebrecht declaró ante el fiscal Germán Juárez que el primer contacto que tuvo con Humala y Heredia fue en Brasil, en 2011, poco después de ser electo presidente.

“(Humala y Heredia) visitaron a Lula, agradecieron el apoyo, visitaron a la presidenta Dilma (Rousseff) y, en ese momento, hubo la oportunidad en mi casa, tuvimos una cena… En esa cena, ellos en realidad agradecieron también el apoyo que les habíamos dado”, señaló el exCEO de Odebrecht.

En aquella oportunidad, Marcelo Odebrecht refirió que delegó a Jorge Barata la tarea de entregar el dinero, notando que este se sintió incómodo pues compartía con el empresariado una mala percepción sobre Humala. “Él (Barata) creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori. Y le dije: mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más”, recordó.

OAS TAMBIÉN “APORTÓ”

Pero Odebrecht no fue la única compañía brasileña que aportó a la campaña presidencial de Ollanta Humala. Según un colaborador eficaz, en los primeros meses de 2009, Leo Pinheiro, presidente de OAS, buscó un acercamiento con Ollanta Humala a través de Valfredo de Assís, exgerente general de la constructora en Perú. El primer contacto se dio en una cena en Miraflores, en la que De Assís deslizó la sugerente frase de que “en Brasil, los partidos de izquierda solo llegaron al gobierno cuando entendieron que el empresariado no era su enemigo”.

Según el colaborador, esa misma noche, al concluir la cena, Nadine Heredia pidió ayuda económica para financiar la campaña al 2011, acordando ambas partes un aporte mensual de US$ 10 mil, los que serían canalizados mediante un contrato ficticio entre OAS y Rocío Calderón, íntima amiga de Heredia. El aporte se habría extendido durante 18 meses, sumando en total US$ 180 mil.

CLUB DE MILLONARIOS

El panorama para Ollanta Humala y Nadine Heredia, si ya es complicado por la presunta recepción de aportes no declarados por la campaña electoral 2011, se torna todavía más oscuro a partir del testimonio de un colaborador eficaz que, según se reveló la semana pasada, las empresas constructoras que integraban el “Club de la Construcción” pagaban el 3% por cada obra pública obtenida, del cual el 2% habría ido directamente a manos del expresidente Ollanta Humala.

A partir de estos testimonios, el Ministerio Público estima que el dinero ilegal recibido por Humala habría oscilado entre US$ 16 y US$ 18 millones, siempre en efectivo y dentro de maletines para ser entregados en Palacio de Gobierno e incluso en su domicilio. Según el relato del colaborador, en una oportunidad el expresidente habría recibido el maletín con dinero y lo habría entregado a su esposa Nadine Heredia.

El colaborador también consignó que el expresidente se refería a su esposa como su “mejor primer ministro”. Precisamente, a Heredia se le ha cuestionado el poder político que ostentó sin ejercer cargo formal de funcionaria pública, al punto que también está investigada en el caso Gasoducto por presuntamente haber participado de las negociaciones para la adjudicación de obras.

DESBALANCE PATRIMONIAL

De otro lado, la Fiscalía reveló la semana pasada que la exprimera dama Nadine Heredia, presenta un desbalance patrimonial que asciende a S/1′231.195. Durante la audiencia de control de acusación, el fiscal del Equipo Lava Jato, Germán Juárez indicó que entre el 14 de noviembre del 2005 y el 9 de diciembre del 2016 los ingresos de Heredia ascendieron a S/1’439.865 mientras que sus gastos llegaron a S/2’671.060. Por ello, se acreditaría un desbalance patrimonial y a criterio del Ministerio Público dicho incremento de patrimonio no tendría un origen lícito.

Cabe recordar que el Ministerio Público ha solicitado 26 años y seis meses de prisión para Nadine Heredia y 20 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por el delito de lavado de activos y por liderar una organización criminal. Según la Fiscalía, en las campañas del 2006 y 2011 el Partido Nacionalista habría sido instrumentalizado por la pareja Humala-Heredia para lavar dinero.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Vicente Zeballos invoca a realizar obras de prevención planificadas

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, invocó a las autoridades del país, en todos sus niveles, a realizar obras de prevención planificadas y ordenadas frente al riesgo de los desastres naturales.

Señaló que en una época de cambio climático es sumamente importante contar con un plan integral de drenaje fluvial, tras recordar que a la fecha son escasas las ciudades peruanas que lo tienen.

“Esperamos que los alcaldes no tomen la emergencia como una cuestión secundaria sino de prioritaria atención. Cuando revisamos presupuestos, le asignan el presupuesto más modesto o insignificante, pero cuando se declara la emergencia o viene un nivel de afectación grave, recién se reacciona”, indicó en TV Perú.

“Esto tiene que tomarse con mucha seriedad y responsabilidad “, puntualizó el jefe del Gabinete Ministerial.

Zeballos declaró tras sostener una reunión con las autoridades de la región Moquegua, cita que calificó de positiva al permitir que las autoridades locales transmitan sus necesidades, carencias y diagnóstico de afectación al cual están sujetos por las lluvias.

Sostuvo que es pertinente para el Ejecutivo salir a las provincias, pues según información meteorológica las lluvias persistirán hasta el próximo jueves y se hace necesario actuar con predictibilidad y de manera articulada.

Recordó que en diciembre 15 regiones fueron declaradas en emergencia por la presencia de lluvias, cifra que fue ampliada en enero pasado.

La medida, explicó, implica flexibilidad administrativa y agilidad en gastos, pero estos deben ser transparentes, por lo cual sugirió el acompañamiento de la Contraloría y la Fiscalía de Prevención del Delito.

A manera de ejemplo, mencionó que en Moquegua se han invertido más de 300 millones de soles en distintos proyectos de prevención que no han permitido solidez en infraestructura.

“Hacemos la invocación para que se haga inversiones técnicamente sustentables”, añadió Zeballos.

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Política

Educación inclusiva es vital para forjar ciudadanía

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Derrama Magisterial

La educación inclusiva es una herramienta importante para forjar ciudadanía, un tema que está contemplado en el currículo nacional, pero en el que necesitamos avanzar más. Así lo resaltó el Ministro de Educación, Martín Benavides, durante su participación en la ceremonia de clausura del X Congreso Internacional de Educación Encinas 2020 – Educación inclusiva y diversa para un Perú moderno.

“La inclusión educativa y el respeto a la diversidad son temas que han estado muy desvinculados. Por ello es importante que sean tratados en este tipo de eventos”, manifestó el ministro ante los cientos de docentes que congregó el congreso organizado por Derrama Magisterial.

Señaló también que en su gestión se dará énfasis a mejorar los métodos de aprendizaje, a través de un enfoque integrado, que facilite la medición de la calidad en todos los niveles de educación.

Entre las principales conclusiones del Congreso Encinas, desarrollado del 19 al 21 de febrero, se destacó la necesidad de brindar autonomía a las regiones para descentralizar la gestión educativa. Una de las propuestas postuladas fue la flexibilización curricular para las escuelas que estén en capacidad de hacerlo. Ello con la finalidad de facilitar la extensión de prácticas de innovación pedagógica, de acuerdo con el contexto social de los alumnos.

Según señaló el presidente de la Derrama Magisterial, Luis Espinoza Tarazona, “las regiones deben ser más escuchadas dada la gran diversidad cultural y geográfica que albergan, y porque presentan bajos índices socioeconómicos que dificultan el rendimiento escolar”.

Señaló también que el currículo nacional presenta una gran cantidad de competencias, que es necesario simplificar a través de un proceso de integración de áreas pedagógicas, reducción significativa del número de competencias y cambios metodológicos para lograr más y mejores aprendizajes en los estudiantes.

De igual manera, se mostraron las experiencias pedagógicas innovadoras e inclusivas de cuatro ganadores del Premio de Educación Horacio 2019, como una forma de valorar el trabajo de los maestros en las escuelas.

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