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Política

Al descubierto lobbista que quiere tumbarse Ley Mora

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Al descubierto lobbista que quiere tumbarse Ley Mora

Cuando está a punto de debatirse en el pleno del Congreso el dictamen de la nueva Ley Universitaria, la página web especializada en temas universitarios corresponsales.pe, puso al descubierto un lobby que estaría presionando para que la propuesta no sea aprobada.

Dicha publicación virtual indica que el lobbista es Carlos Polo Samaniego, a quien define como ultraconservador, enemigo de la unión civil y gestor de intereses que carece de la autorización de dedicarse a ese oficio.

Informa que Polo Samaniego se presentó ante varias universidades católicas como el hombre que puede redimirlas del calvario llamado “Nueva Ley Universitaria” y como el lobbista que podría lograr que el dictamen no se apruebe. Esa posibilidad les pareció interesante a algunos de esos centros académicos, que lo contactaron.

Según la Ley Nº 28024, ser lobista en el Perú es legal, pero hay que cumplir algunos requisitos. Lo irregular de esta situación es que pese a que la ley lo ordena, Polo no está inscrito como lobista o “gestor de intereses”, según informó la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), responsable del registro nacional de lobistas.

En diálogo con corresponsales.pe, Polo admite que está incumpliendo la ley.

—Polo: Existe una ley que permite el lobby.

—Corresponsales.pe: Sí, pero usted no figura en los registros públicos como lobbista.

—Polo: La gente que está a cargo del padrón no tiene ni la más mínima idea de esa ley.

El “padrón” que señala Polo es el registro nacional de gestores de intereses de la Sunarp, en el que no aparece.

SE OFRECE
Para saber en qué consisten los servicios de Polo, el reportero de corresponsales.pe se hizo pasar como representante de una universidad evangélica.

—Polo: ¿Esta universidad es católica o evangélica?

—Corresponsales.pe: Es evangélica.

—Polo: Me recontra interesa hablar con usted porque justo este es el momento en que se van a decidir las cosas (…) Las universidades católicas ya se han unido a un bloque, yo te recomendaría que puedas buscar alguna otra universidad evangélica. Las universidades ya constituidas están absolutamente alarmadas porque esta ley les va a quitar el control de la universidad. Lo que puedo hacer es analizar tus objetivos con un grupo de abogados y sobre eso te hago una propuesta, que es lo mismo que he hecho con las universidades católicas con las que estoy trabajando desde diciembre. Logramos que no salga la legislatura pasada. (Polo sugiere que influyó para que el dictamen de la Ley Universitaria no sea debatido en el pleno del Congreso al cierre de la última legislatura).

—Corresponsales.pe: Entiendo, doctor (…)

—Polo: (…) Hacemos un contrato, establecemos un monto y, digamos, esto lo he conversado con algunos otros clientes, no de las universidades, pero con algunos otros clientes por otros asuntos del Congreso, que cobro una cantidad por hacer mi trabajo, y puedo cobrar un bono de éxito. O sea, si se logra parcialmente uno de tus objetivos, se cobra una cantidad menor, o lo que sea. También se estila eso.

Al descubierto lobbista que quiere tumbarse Ley Mora

Carlos Polo Samaniego.

LOS DOCUMENTOS
Una fuente, que pidió no ser identificada, entregó un documento de cuatro páginas que, supuestamente, detalla los servicios de Polo y su tarifa: S/.114 mil entre febrero y julio de 2014 por universidad.

El documento no está firmado. Sin embargo, corresponsales.pe conversó con algunas autoridades que afirmaron conocer o haber oído hablar de Polo como alguien que estaba colaborando, y que se los había presentado un representante de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa.

Corresponsales.pe intentó comunicarse con el rector de esa universidad, Germán Chávez, pero éste evitó pronunciarse sobre el tema; sin embargo, el rector Hugo Calienes, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo (vinculada al Opus Dei) admitió su relación con Polo.

“Estamos usando las armas legales que hagan falta. Las universidades estamos reunidas en un grupo como universidades. Ya el equipo que está trabajando ha tenido contacto con el señor Polo, con congresistas, con mucha gente que está cerca al Congreso para explicarles de manera personal cuál es nuestra postura”, declaró. (El audio está en la web: corresponsales.pe).

En una segunda conversación, el rector Calienes confirmó su relación con Polo.

—Corresponsales.pe: ¿Queríamos saber si recibió la propuesta del señor Carlos Polo, un documento de 4 hojas?

—Rector Calienes: Bueno sí, sí.

—Corresponsales.pe: ¿Y le hicieron alguna observación a este documento o no llegaron a contratar los servicios?

—Rector Calienes: Es una asesoría que él está haciendo a varias universidades. Lo ha propuesto la Universidad San Pablo y las demás universidades, no sé cuántas, hemos aceptado.

—Corresponsales.pe: ¿Esta propuesta es universidad por universidad o están yendo en bloque?

—Rector Calienes: Son varias universidades católicas las que han aceptado la propuesta de la Universidad San Pablo de contar con el apoyo del señor Polo.

—Corresponsales.pe: O sea, ¿tal y como está el documento lo aceptaron?

—Rector Calienes: Tal como está, más que darle el sí al señor Polo estábamos dando el sí a la Universidad San Pablo que estaba viendo ese tema.

—Corresponsales.pe: ¿La Universidad San Pablo presentó al señor Polo?

—Rector Calienes: Sí, fueron ellos.

RECTORES
Arman marcha contra ley
El presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez, anunció en conferencia de prensa, acompañado de 50 rectores, que el próximo 14 de mayo realizarán una movilización hacia el Parlamento contra el dictamen de la nueva Ley Universitaria “porque ésta viola la Constitución y la autonomía universitaria”.

Tema legal
Consultado al respecto, el Vicerrector Administrativo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Gian Battista Fausto Bolis, aseguró haber tenido contacto con el lobista Polo “porque el doctor Polo, es un colaborador de la Universidad San Pablo de Arequipa. Estamos trabajando en conjunto todas las universidades católicas de Arequipa, con ellos están viendo más el tema legal”.

El rector de la Universidad La Salle, doctor Iván Montes, dijo que “Polo está colaborando, pero no tengo el gusto de conocerlo”.

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Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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