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Política

Ahora hay que buscar a los responsables de la matanza

Sobre baguazo, señalan que fallo que absuelve a los indígenas no significa impunidad y se debe encontrar a quienes apretaron el gatillo y a los responsables de la operación de la Curva del Diablo.

Publicado

el

Henry Cotos Campeán
Diario UNO

Tras el fallo de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua que absolvió a más de 50 nativos y mestizos por los sucesos de Bagua, lo que corresponde es identificar a los verdaderos responsables del asesinato de los policías, sostuvo la hermana María del Carmen Gómez.

Ella fue parte de la comisión investigadora creada por el gobierno tras los sucesos del 5 de junio de 2009 que dejaron un saldo de 33 muertos, y quien sacó un informe en minoría que decía lo que dice ahora el Poder Judicial, que no se le puede echar la culpa a los nativos.

Sostuvo que por un lado es bueno que no se culpe a inocentes, pero queda la sensación de impunidad y recordó que en el informe “que elaboramos con Jesús Manacés, analizamos las responsabilidades, y ahí se puede ver que el operativo realizado en la Curva del Diablo es la raíz de las responsabilidades”.

NI POLICÍAS NI INDÍGENAS
“Nuestros hermanos policías e indígenas no son los responsables, los culpables son los que crearon un operativo pésimamente diseñado. Claro que sí hay responsabilidades que es necesario considerar”, manifestó.

La religiosa, que actualmente vive en Bolivia, dijo que no se puede permitir que la muerte de las 33 personas y la desaparición del mayor Felipe Bazán queden en la impunidad.

“No estamos contentos con la impunidad ante la muerte de 33 ciudadanos. Hay que seguir buscando a responsables. Estamos reclamando que está pendiente la responsabilidad de quienes han producido estas condiciones que dieron lugar a estos hechos tan lamentables”, añadió.

“Me solidarizo mucho con los deudos de las víctimas, de los policías y de los indígenas y mestizos fallecidos, y con tantos discapacitados que viven como víctimas de este suceso”, acotó.

María del Carmen Gómez.

María del Carmen Gómez.

LOS RESPONSABLES
Desde el gobierno del último presidente aprista Alan García se dijo de manera reiterada y bastante infundada que los nativos fueron los responsables de la matanza. Hicieron una campaña muy fuerte para culpar a los nativos y pretendieron que pase al olvido que la responsabilidad política es de quienes dieron la orden para ese operativo.

Al respecto los deudos de las víctimas pidieron al Ministerio Público que incluya en las investigaciones a Alan García y a la ministra del Interior de entonces Mercedes Cabanillas a quienes sindican como autores de este operativo que terminó en la matanza.

Para María del Carmen Gómez la sentencia deja en claro la inocencia de los procesados. “Soy parte de las instituciones de derechos humanos que nos hemos dado la mano para estar en todo momento al lado de nuestros hermanos y tengan el acceso a la justicia. Después de un largo juicio, hay una sentencia histórica que hace justicia”, declaró en Ideeleradio.

“Me parece que es un fallo que ayuda a nuestro país a acercarnos a los pueblos indígenas”, aseveró.

INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, quien tuvo a su cargo la defensa de los nativos manifestó que la investgación debe proseguir hasta dar con los verdaderos responsables de la matanza.

“Esto no debe estancarse acá. Se ha absuelto a inocentes, pero la investigación por más que sea después de siete años debe proseguir para identificar y procesar y sancionar a los responsables de la muerte de los policías que no debe quedar impune. Ninguna muerte del 5 de junio del 2009 debe quedar impune”, subrayó.

Quispe consideró que no hay elementos para que el fallo del caso Bagua sea modificado por la Corte Suprema, pero igual se debe estar alerta.

FALLO SÓLIDO
Dijo que la resolución que absuelve a los más de 50 nativos procesados por los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009 “está bien fundamentada, es garantista en todos sus derechos, no solo de los derechos reconocidos a nivel nacional por la Constitución y el Poder Judicial que busca una pluriculturalidad, sino que se ha reconocido los convenios internacionales”.

“Básicamente recoge el Convenio 169 de la OIT, las 100 reglas mínimas de Brasilia, se ha reconocido las disposiciones contenidas en la Corte IDH, y eso es importante para esta sentencia”, puntualizó.

¿QUIÉN APRETÓ EL GATILLO?
El también abogado de IDL, Carlos Rivera, dijo que la decisión judicial fue correcta pero queda un sinsabor pues en la Curva del Diablo y la Estación 6 de Petroperú sucedieron crímenes graves.

“No podemos pasar por alto la muerte de los policías y ojalá el tribunal reflexione. Aquí hay una responsabilidad de la justicia que debe señalar quiénes son los responsables de estas muertes y de la desaparición del mayor Bazán”, comentó.

Añadió que “se debe identificar a quienes apretaron los gatillos para acabar con la vida de los policías”.

Recordó que en el proceso los policías sobrevivientes en el juicio oral, manifestaron que las personas que disparaban contra ellos y sus compañeros estaban encapuchadas y con el rostro pintado, con un polo negro y/o un trapo en la cabeza y no reconocieron ni identificaron a los 53 acusados como los co-partícipes de los homicidios.

MINISTROS
Sobre el fallo del caso baguazo los ministros del Interior Carlos Basombrío y la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello tuvieron opiniones diferentes. El titular del Interior lamentó que siga impune la muerte de 12 policías, sin llegar a cuestionar la sentencia.

“Me parece una ofensa a la memoria de los policías caídos, masacrados en Bagua. Nunca en la historia del Perú, ni siquiera Sendero Luminoso, se realizó una matanza de policías tan grande, sangrienta y atroz, como la que ocurrió en Bagua”, señaló.

En tanto, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, consideró justa la decisión de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua. “Lo que no significa que no hubo personas asesinadas. Si no puedes determinar al autor material, no puedes meter a la cárcel a cualquiera. Hay que buscar al autor material. Hay que pensar que esto nos deja un mensaje de atención”, explicó.

Añadió que la sentencia judicial que absuelve a 52 indígenas no significa impunidad. “No se trata de que se esté cuestionando o avalando Fuente Ovejuna o el asesinato de una persona, este no es el caso del asesinato del mayor Bazán, sino de la Curva del Diablo, y en este caso, no se puede acreditar la responsabilidad de estas 52 personas después de siete años”, comentó.

ADEMÁS
El 5 de enero del 2009, un enfrentamiento que pretendía desbloquear la carretera Fernando Belaunde Terry, en Bagua, Amazonas, tomada por pobladores indígenas durante más de 50 días, dejó 12 policías, 10 civiles muertos y un policía desaparecido. Los pobladores demandaban la derogación de dos decretos legislativos que consideraban, atentaban contra sus derechos territoriales.

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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