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Política

Adelanto es mal menor

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martin Vizcarra, ejerciendo su derecho de iniciativa legislativa, propuso al Congreso un paquete legislativo denominado ampulosamente “Reforma Política”, compuesto de algunas enmiendas constitucionales y varias modificaciones a leyes de carácter electoral y partidario. El presidente del Consejo de Ministros hizo cuestión de confianza sobre 6 de las proposiciones y el Congreso le dio el voto de confianza, pero soterradamente desde el Ejecutivo dejaron entrever que en caso no cumpliera el Parlamento con aprobar la esencia de los 6 proyectos, procederían a disolver al Congreso.

Cuando el presidente del Gabinete Ministerial sustentó ante el Pleno Congresal la cuestión de confianza, al igual que en la documentación en que la oficializaba, lo hizo amparándose en el artículo 133 de la Constitución el cual tiene como consecuencia, si se deniega la cuestión de confianza, la renuncia del Gabinete Ministerial, la obligación del Primer Mandatario de la República de aceptarla y nombrar a un nuevo Gabinete.

Consecuentemente no podía legalmente el presidente de la República disolver al Parlamento para que se llamara a nuevas elecciones parlamentarias que completaran el mandato de los integrantes del Congreso disuelto y, porque además las reformas constitucionales no pueden ser observadas por el Ejecutivo según mandato expreso de la Constitución.

La disolución del Congreso podría, y en condicional, ser dispuesta por el presidente Vizcarra en otros casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, pero de ningún modo en el 133 que es al que se había acogido e invocado.

Como bien sabemos en el mensaje a la Nación y desde el Congreso el pasado 28 de julio, muchos esperaban que el presidente dijera que pese a habérsele dado la cuestión de confianza, solo nominal, pero no en los hechos, al no haberse aprobado la “esencia” de la reforma política propuesta, disolvía al Congreso.

Parecería que esta vez sí se hizo asesorar por mentes con formación jurídica y no disolvió al Congreso, pero esta omisión quizás motivada en el hecho de que todos los reflectores del mundo estaban puestos en el Perú por los Juegos Panamericanos y una dura acción oficial nos hubiera puesto, como país, en una grave situación internacional que prefirió evitar. Los mencionados juegos salvaron la vida al actual Congreso.

La omisión de haber disuelto el Congreso, como se había sugerido, podía haber sido interpretada como debilidad del Ejecutivo dándole un triunfo, inmerecido, por cierto, al actual Congreso, por lo que pudiera ser factible que el presidente Vizcarra buscase alguna otra fórmula menos aparatosa, en que tuviera nuevamente puestos los ojos de la ciudadanía en su persona.

La fórmula que encontró fue proponer al Parlamento que redujera el período para el que fue elegido, en un año e, igualmente redujese el período presidencial también en un año, con elecciones generales anticipadas, que diesen como resultado que el actual Congreso, presidente y vicepresidenta de la República, concluyeran sus mandatos al 28 de julio de 2020 y no del 2021 como estaba establecido.

Lógicamente hubiera gustado al autor de esta columna, que el presidente Vizcarra hubiera cogido la rama de olivo que le extendió el nuevo presidente del Congreso, Pedro Olaechea y, se hubiere iniciado un diálogo democrático y serio entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, con una agenda común para el Parlamento que tuviera como meta el desarrollo del país y como consecuencia de ello la reducción de la pobreza y la elevación de los niveles de vida de nuestros compatriotas.

Si bien es verdad que el presidente de la República no escogió este camino que era el adecuado, tampoco escogió el durísimo e inconstitucional de cerrar el Congreso, eligiendo una salida menos grave a la crisis, al decir en la práctica “nos vamos todos”.

La salida en cuestión indiscutiblemente es menos mala que el cierre inmotivado e inmediato del Congreso, pero también menos buena que el diálogo democrático en busca de soluciones que eviten poner en vilo al país, en que se requiere extirpar la arrogancia principalmente del Ejecutivo, quien considera que únicamente sus propuestas harán más llevadero el curso político de nuestro querido Perú.

La propuesta de reducción del período parlamentario y presidencial no es algo jalado de los pelos ni tampoco inédito en nuestra patria. Recordemos que ya se hizo en el año 2,000 al ser vacado Alberto Fujimori de la Presidencia y sustituido en su lugar por Valentín Paniagua, elegido previamente presidente del Congreso.

En aquel entonces se incorporó por Ley de la República, y como reforma constitucional, Disposiciones Transitorias Especiales en que al Parlamento elegido en el 2,000 se le redujo su período a tan solo un año y el presidente con vicepresidentes terminarían sus funciones el 28 de julio del 2001.

También se aprobaron normas legislativas para hacer posibles las elecciones anticipadas, todo ello inmerso en la Ley de Reforma Constitucional 27635 publicada el 05 de noviembre del año 2000 en que tuvo participación el autor de esta columna, en aquel entonces congresista de la República.

Como vemos no es un asunto descabellado y tiene precedente, pero insistiendo, mejor es el diálogo democrático, sereno y fructífero, evitando hacer uso, quizás abusivo, de la propuesta de adelanto de elecciones, que no debería ser manoseada por ser una última posibilidad de solución del conflicto institucional, pero que, al fin y al cabo, la propuesta de adelanto de elecciones tendrá que definirla el Congreso.

El presidente de la República propone, pues tiene el privilegio de la iniciativa legislativa, pero es el Congreso quien la aprueba, modifica o desestima, por eso no se perturben ni crean congresistas y políticos, que contestando con otras propuestas más duras como la declaración de vacancia presidencial o invitación a renuncia, con ello se vayan a resolver los problemas del Perú.

Los agravamos, debemos buscar llevar la fiesta en paz y llegar a nuestro bicentenario como República, dándonos la mano fraterna como señal que podemos hacer bien las cosas, en lugar de propiciar el mayor desánimo en el país, el que incluso espanta posibilidades de inversión, que ya bastante maltrechas están por la desidia gubernamental.

Recuerden todos: ¡el Perú está primero!

 

ANTERO FLORES-ARAOZ

Política

Organizaciones indígenas de Loreto dan ultimátum al Gobierno

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Organizaciones indígenas de Loreto dan ultimátum al Gobierno

Esta acción que consiste en tomar control absoluto de los lotes petroleros de Loreto, es parte de una medida de lucha tras 100 días de espera sin resultados concretos en la atención a la población indígena en la región.

“En los centros de salud dónde se encuentras las comu­nidades indígenas ni siquiera hay medicamentos y no cuen­tan con infraestructura bási­ca para ser atendidos” dice el comunicado oficial de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

A los problemas de logís­tica antes mencionados, se suman la falta de oxígeno, lo­gística fluvial y terrestre para que la atención sea inmediata y efectiva, del mismo modo, una preocupación colectiva es que las atenciones de los PIAS no se han programado acorde a la realidad de del problema.

Trascendió que la or­ganización indígena regional demandó que hay un intento de “invisibilizar magnitud del impacto del Covid-19 en las co­munidades de muestra región, es decir, nuestros cálculos so­brepasan los 10 mil contagiados al interior de las comunidades, mientras que los números de DIRESA y MINSA informan que son sólo 3 mil. NO es así” de­nunció el presidente de ORPIO, Jorge Pérez Rubio.

Finalmente, a raíz de toda esta situación y como una acción desesperada tras las continuas muertes de pobladores indíge­nas, las comunidades han decido dar un ultimátum al gobierno de 72 horas para dar respuesta a la atención de la emergencia indígena, de lo contrario, estarán efectuando el control territorial absoluto en los lotes 95, Estación 5, Lote 192, Lote 8, así como im­pedir cualquier tipo de activi­dad petrolera en la Amazonía de nuestra región.

Es injusto e inhumano vivir en las peores condiciones, a pesar de haber dado tanta riqueza a las arcas del Estado.

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Política

Zeballos reconoce esfuerzo de docentes durante pandemia

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Zeballos reconoce esfuerzo de docentes durante pandemia

El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos Salinas, reconoció el “denodado esfuerzo” que realizan los maestros para fortalecer el sistema educativo nacional que nos permita contar con un país mejor de cara al bicentenario de la independencia.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el responsable del sector Educación, Martín Benavides, visitaron la I.E. Santa Cruz en Tambopata, Madre de Dios, para conocer la estrate gia televisiva regional ‘Mi casa, mi escuela’.

Los funcionarios conversaron con los docentes que forman parte de la producción de esta iniciativa departamental, que complementa a la estrategia nacional Aprendo en Casa.
Los profesores efectuaron, además, una demostración de las clases virtuales que se imparten a miles de estudiantes de la región Madre de Dios.

“Desde el Gobierno, les hacemos llegar nuestro reconocimiento por su denodado esfuerzo por fortalecer nuestro sistema educativo, permitiéndonos contar con mejores niños y jóvenes, que nos garantiza un país diferente y mejor de cara al Bicentenario”, sostuvo Zeballos.

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Política

Chancay: denuncian presiones para aprobar el megapuerto

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Chancay: denuncian presiones para aprobar el megapuerto

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) convocó para el pasado 27 y 28 de junio, en plena emergencia nacional, a una Audiencia Pública No Presencial para la aprobación de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”.

Frente a ello, las organizaciones locales agrupadas en la Coordinadora en defensa de los Intereses de Chancay expresaron su rechazo a esta audiencia virtual, señalando que con ello el SENACE “reduce los mecanismos de participación (talleres informativos), acelera el “proceso participativo” de la Audiencia Pública (recortando plazos) y restringe la participación de la ciudadanía”.

“La empresa y las autoridades nacionales, regionales y locales, bajo el pretexto de promover la reactivación económica, tratan de imponer por todos los medios la construcción del Megapuerto en nuestro distrito, recurriendo al atropello y prepotencia, como sucedió en la Audiencia Pública del año 2013 para aprobar el primer Estudio de Impacto Ambiental de TPCH, evento donde no permitieron ingresar a los pobladores directamente afectados por el proyecto. Ahora la Audiencia Pública será sin la presencia de la población afectada”, señala la Coordinadora en un comunicado.

El megaproyecto portuario está a cargo de la empresa china Cosco Shipping Ports.

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