Organizaciones sociales, políticas e individuos han lamentado este lunes en Ar­gentina el fallecimiento de una de las integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Conde.

La madre Conde fue víc­tima de la dictadura militar de Argentina entre 1976 y 1983, tras sufrir el secues­tro y desaparición de su hijo Juan Carlos García Conde, el 22 de julio de 1977.

García Conde fue aborda­do por hombres fuertemente armados que llevaban cascos militares con insignias de la Policía Militar (PM), quienes ingresaron en su domicilio en horas de la madrugada llevándolo como “parte de una investigación”. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce la ubicación de los restos físicos de Conde.

El joven García Conde fue estudiante en la facultad de Medicina en la Universi­dad de Buenos Aires (UBA), y trabajador de la antigua Municipalidad de Buenos Aires.

El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti, lamentó en su cuenta de Twitter la desaparición fí­sica de la Madre Conde, tras ser una luchadora social de Argentina.

“Recibimos la triste noticia de la partida de Carmen Conde, madre de Juan Carlos García Conde, detenido y desaparecido en julio de 1977. La vamos a homenajear luchando por más Memoria, Verdad y Justicia. Abrazo a la fami­lia, amigos y compañeros”, comentó Corti.

Organizaciones adscritas a la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtieron este sobre un posible aumento de la desigualdad social y el hambre debido al impacto económico ocasionado por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, cinco instituciones pertenecientes a la ONU publicaron un informe sobre “la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, en el que revelan el aumento paulatino de personas afectadas por el hambre a nivel global.

FINALES DE 2020

De igual forma, el documento refiere al desafío para acabar con el hambre y señala que tras el brote de la Covid-19 existe probabilidad de incremento de deterioro de la seguridad alimentaria en los grupos poblacionales de escasos recursos económicos.

Según la investigación de la ONU entre 83.000.000 y 132 millones de personas estarían en riesgo de pasar hambre a finales del año 2020, por una posible recesión económica.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la problemática sanitaria coloca en “riesgo” la posibilidad de cumplir con los objetivos del proyecto “Hambre Cero” del programa de desarrollo sostenible del organismo.

“El hambre sigue creciendo y la pandemia está empeorando las cosas, muchas personas podrían caer en el hambre este año. Si la tendencia actual sigue adelante no vamos a lograr la meta de ‘hambre cero’ para 2030″ expresó Guterres.

Entre las instituciones anexas a la ONU que desarrollaron el informe sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo se encuentran la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), el Programa Mundial de Alimentos (WFP), el Fondo para la Infancia de la ONU (Unicef), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ALGO MÁS

La hambruna afectó el año pasado a unos 690 millones de personas, es decir 8,9% de la población mundial, según la FAO. El problema se agravará por la pandemia de Covid-19, de acuerdo al informe de la ONU.

El partido Fuerza Alterna­tiva Revolucionaria del Común (FARC) denunció en Colombia el asesinato del excombatiente y firmante de la paz, José Antonio Rivera, de 53 años de edad.

Rivera recibió cuatro dis­paros de parte de desconoci­dos mientras trabajaba en un taller de mecánica, sito en el barrio Los Lagos ubicado en el área rural del municipio de Pi­talito, departamento del Huila (sur). De acuerdo con la Policía, los sicarios huyeron a bordo de una motocicleta.

Con este crimen ya suman 218 los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revoluciona­rias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que han sido ultimados desde el año 2016, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz en La Habana.

Al morir, Rivera adelantaba su proceso de reincorporación a través de la Agencia para la Rein­corporación y la Normalización, e integraba la Cooperativa Mul­tiactiva Agropecuaria por la Paz (Cooagropaz). Desde mediados de 2017 estaba acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y llevaba adelante un proyecto productivo en eba­nistería.

“Nuevamente fue asesina­da una persona en proceso de reincorporación y seguimos a la espera que el Gobierno nacional se pronuncie y le dé las garan­tías necesarias a la gente, pero esta responsabilidad no puede quedar únicamente en los entes locales”, manifestó el asesor de paz del Huila, Diego Tello.

En reiteradas ocasiones, integrantes de Cooagropaz han denunciado el riesgo que corren debido a las actividades que realizan en las zonas donde tienen presencia.

TRASLADO

Excombatientes de las FARC-EP e integrantes de la comuni­dad de Santa Lucía, ubicada en el municipio antioqueño de Ituan­go, en el norte de Colombia, de­berán abandonar la localidad para proteger sus vidas.

Desde el próximo 15 de julio unas 94 personas, incluyendo 14 niños, comenzarán a trasladarse hacia el municipio de Mutatá, en el propio departamento de Antioquia, localizado al noroeste de Colombia.