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Política

Abraham García Chávarri fue chivo expiatorio de la Comisión Especial

El secretario técnico fue para los observadores el gran sacrificado, porque la Comisión Especial debió renunciar en grupo por haber fracasado rotundamente en la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“La renuncia del secretario técnico creo que no ha sido voluntaria, sino que se la han pedido con la finalidad de que ya no se hable más del escándalo, es como tener a un culpable de la Comisión Especial”, dijo el jurista JJQuispe de IDL.

“Porque los que han debido renunciar, por decoro y decencia, eran todos los miembros. Lo que ha pasado en esta convocatoria pone en tela de juicio la calidad de miembros de la Comisión Especial”, puntualizó.

“En realidad nada va a cambiar este primer fracaso inicial, nada va a cambiar si no se cambia algunos temas del reglamento para elegir a los elementos del a JNJ”, reconoció.

“Esta ha sido una maniobra burda del fujimorismo que no aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo y que le hizo una serie de modificaciones. Uno es referente a las evaluaciones y el órgano técnico de apoyo que debe tener esta Comisión Especial para elegir a los miembros de la JNJ”, observó.

PAPELÓN

“De este modo no hubieran hecho el papelón que hicieron con la elección del señor Pedro Patrón Bedoya, que cuestiona la manera en que se llevó el proceso de elección con el examen escrito”, criticó.

“Hay que cambiar la ley orgánica porque sino se van a repetir los errores cometidos. Creo que desde el Artículo 28 en delante de la Ley Orgánica deben modificarse”, remarcó.

“Allí se establece que si no se pasa el examen escrito no se avanza hacia las demás etapas. El presidente y Defensor del Pueblo miente al decir vamos a cambiar la reglas, si ya están dadas”, cuestionó.

“Si tenemos en cuenta que los integrantes, que son abogados, magistrados, salvo el contralor Shack, no hayan podido en su sistema personal, esto llama la atención. El presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, pudieron hacerlo, que no hayan advertido los antecedentes penales de Pedro Patrón Bedoya es grave”, remarcó.

MINTIERON

Tanto el Defensor del Pueblo como el presidente del Poder Judicial, al decir que no pudieron verificar los antecedentes penales de Patrón Bedoya, mintieron a todo el país.

“Estuvieron a punto de nombrar a quien iba a estar encargado de nombrar, ratificar y destituir a los magistrados. Parecía que se hicieron de la vista gorda para que un casi aprista confeso sea elegido”, especificó.

“El Congreso les amplió el plazo hasta diciembre. Si seguimos con este mismo sistema no tendremos a una JNJ eficiente. Van a tener que revisar los nombramientos y corregir al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, señaló.

“Por ejemplo, como calificarían al señor José Neira Flores, magistrado de la Corte Suprema, que enseña en la universidad San Martín de Porres. Como van a ser con el señor Lecaros que fue ratificado por el CNM”, dijo.

JNJ IGUAL A LA CNM

“Actualmente, el CNM de Guido Aguila ratificó como juez superior, a pesar de que tenía dos sentencias de haber rebajado la pena a 5 años al violador de una menor y de rebajarle la pena a un señor que había sido condenado por TID a seis años”, dijo.

“Se trata del juez de Amazonas, Gonzalo Zabarburú. Este señor ha sido ratificado el año 2016 por el CNM de Guido Aguila. Este señor no debería estar administrando justicia, más aún si acosa a una juez civil de Luya, y que se jacta de tener contactos necesarios en la Corte Suprema y la OCMA”, denunció.

“Creo que el señor Lecaros tiene que entrar a tallar para evitar eso. Se tiene que elegir a gente proba, si no tendremos otra JNJ similar a la CNM”, concluyó el abogado JJQuispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Mejor es reirse

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Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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