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Economía

93 % de hogares beneficiarios cobraron Bono Yanapay 600

Subsidio monetario se podrá cobrar hasta el 30 de septiembre, reportó el Midis.

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93 % de hogares beneficiarios cobraron Bono Yanapay 600

El Poder Ejecutivo amplió hasta el 30 de setiembre del 2021 el plazo para que los integrantes de los hogares beneficiarios del Bono 600 puedan efectuar el cobro de dicho subsidio monetario, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Esta ayuda se otorga para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria en hogares de los territorios que fueron clasificados en nivel extremo de alerta por la pandemia del covid-19, explicó.

Mediante el decreto de urgencia (DU) 080-2021, publicado el 24 de agosto en el diario El Peruano, no solo se autorizó la entrega del nuevo apoyo económico Yanapay Perú, sino que también se extendió la vigencia para el cobro del Bono 600, señaló.

A la fecha, alrededor de 93% de los hogares beneficiarios, en alto grado de vulnerabilidad, ya cobraron dicho subsidio monetario equivalente a 600 soles, a través de diferentes modalidades de pago (depósito en cuenta, billetera digital, ‘carritos pagadores’ y pago en ventanilla), reportó.

Para confirmar el acceso de un hogar al Bono 600, y conocer qué persona es la responsable del cobro, debe ingresar a bono600.gob.pe o comunicarse con la línea gratuita 101, indicó.

Tras verificar quién es el perceptor, se podrá cobrar el subsidio en las ventanillas del Banco de la Nación (BN) hasta el 30 de setiembre, recalcó.

 

DATO

La titular del Midis, Dina Boluarte, refirió que los ciudadanos podrán ingresar al portal web yanapay.gob.pe para verificar si son beneficiarios de este apoyo económico. Asimismo, explicó que se ha puesto a disposición la línea gratuita 101, a través de la cual podrán solicitar información sobre este subsidio.

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Economía

S/11 millones para reactivar a los artesanos

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S/11 millones para reactivar a los artesanos

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, informó que el Gobierno aprobó un decreto de urgencia que crea un fondo de 11 millones de soles para apoyar la reactivación económica de los artesanos del país.

“Estamos hablando de fomento concursable, de planes de negocio, donde un artesano, persona natural con negocio o una organización, es decir con personería jurídica, podría adjudicarse un apoyo directo de 5,000 soles”, explicó.

Asimismo, anunció que el Gobierno prepara una serie de medidas para impulsar la reactivación del sector turismo.

“Particularmente en el sector turismo, se está trabajando en estos momentos un Decreto de Urgencia vinculado a un programa que permite la reactivación del empleo en el ámbito del turismo, pensando en los guías de turismo, personas naturales con negocio, asociaciones, microempresas”, dijo.

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Economía

Ejecutivo evalúa reformas tributarias

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Pedro Francke - Pedro Castillo

El jefe de Estado Pedro Castillo y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, dialogaron en la víspera con el objetivo de evaluar una serie de medidas orientadas a implementar las reformas tributarias conducentes a la generación de mayores ingresos a las arcas fiscales.

Estos mayores ingresos se destinarán a los ejes más prioritarios de gestión del Gobierno como es el sistema de salud, fortalecimiento de la educación, más acceso al agua potable, y el principal objetivo reducir la evasión, elusión de impuestos.

La reunión de trabajo, realizada en la sede de Palacio de Gobierno, permitió también abordar diferentes temas del ámbito económico que afectan a la población. En ese contexto, los temas de agenda se enfocaron principalmente sobre la inversión privada, evolución y comportamiento del precio del dólar, y economía familia.

Del mismo modo, y en el marco de la reactivación económica, acciones de promoción de las inversiones, el incremento de la inversión pública, masificación del gas natural y apoyo económico a sectores vulnerables.

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Economía

Investigan Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi por “posible conflicto de interés”

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Indecopi

El presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez solicitó al Órgano de Control Institucional (OCI) de esta entidad, un procedimiento de evaluación y fiscalización de las Declaraciones Juradas de Intereses de los vocales y comisionados de todos los órganos resolutivos designados en gestiones anteriores.

“Especialmente durante la gestión del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y del premier Fernando Zavala, pues podrían estar incursos en posibles conflictos de intereses”, señaló Indecopi.

Esto tras darse a conocer la Resolución 0134-2021/SDC-Indecopi, Expediente 205-201-CCD de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) –órgano resolutivo del Indecopi que cuenta con autonomía frente a la Presidencia Ejecutiva y su ámbito administrativo–, que concluyó que la empresa Bimbo no infringió el principio de legalidad al no estar obligada a consignar la advertencia publicitaria u octógono sobre grasas trans en su producto “pan blanco sin bordes”.

Como ya es de conocimiento público, la SDC, amparándose en las normas de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América (FDA), resolvió que el mencionado producto pueda presentarse al mercado con un contenido de “0 g.” de grasas trans.

Uno de los aspectos que ha generado críticas es que la SDC está integrada, entre otros miembros, por Silvia Hooker, también gerenta de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industria (SNI), quien votó a favor de levantar la multa al considerar que la Ley peruana y el Manual de Advertencias Publicitarias “no precisan parámetros para las grasas trans” y que en su lugar aplicó lineamientos de la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos”.

“Si bien las Salas son autónomas de acuerdo con la Ley, lo que me impide modificar o anular cualquier decisión emitida por los órganos resolutivos, eso no me imposibilita tener mi propio criterio sin tener que pronunciarme sobre el fondo de la controversia”, indicó el ejecutivo.

El presidente del Indecopi también señaló que, aunque la resolución en cuestión se expidió cuando ni siquiera se había culminado con su proceso de transferencia, exactamente a cinco días de haber asumido funciones, eso no ha impedido que al enterarse de esta decisión haya requerido información respecto a dicha decisión.

Como resultado de ello, se encontró que ya existía una denuncia por conflicto de intereses que viene siendo materia de evaluación por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Asimismo, he dispuesto, a propósito de la denuncia consignada en el Diario La República, que también se remita esta nueva denuncia a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de la PCM, para que proceda en el marco de sus competencias a determinar las posibles responsabilidades administrativas que hubiere”, agregó.

Al respecto, el presidente de la entidad también mencionó que, al parecer, los Consejos Directivos del Indecopi que lo precedieron desde el 2017 habrían propuesto designar a través de resoluciones supremas, a servidores públicos por períodos de 5 años, quienes serían los encargados de expedir este tipo de resoluciones “en las que se podría evidenciar que estarían siendo juez y parte, lo cual no permitiré en mi gestión”.

La Contraloría

Por otro lado, respecto a la facultad que tiene la Contraloría General de la República de fiscalización y sanción de la Declaración Jurada de Intereses de Autoridades, Funcionarios y Servidores Públicos, el ejecutivo indicó que pedirá a la Contraloría General de la República y al Órgano de Control Institucional del Indecopi, que inicien un procedimiento de evaluación y fiscalización de todas las designaciones realizadas durante los gobiernos anteriores, a fin de determinar si existen vocales o comisionados que podrían incurrir en conflictos de interés por mantener nexos con empresas u organizaciones que tendrían particular interés en las decisiones que se adoptan en los órganos resolutivos del Indecopi.

 

DATO

El presidente del Indecopi consideró que la Contraloría tiene todas las facultades para investigar estas posibles incompatibilidades que violarían los artículos 1 y 6 de la Ley 27815 y demás concordantes, con posibles implicancias penales. “Es de competencia de la Contraloría General de la República determinar las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales en caso corresponda”, indicó.

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