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Política

30 muertos y todo sigue igual

A un mes de la tragedia de Villa El Salvador, poco o nada parece haber cambiado en aras de prevenir que no se repita un hecho similar. Neoliberalismo, informalidad e indiferencia son un combo fatal para los peruanos.

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Explosión de camión cisterna de gas licuado de petróleo tragedia

Indiferencia ante el dolor. A un mes del siniestro de un camión cisterna que transportaba Gas Licuado de Petróleo (GLP) mientras cruzaba la intersección de las avenidas Villa del Mar con Pastor Sevilla, en el distrito de Villa El Salvador, sigue sin reconocerse responsabilidades mayores por el trágico incidente que hasta la fecha ya ha cobrado la vida de 30 víctimas.

Más allá de la remoción del directorio de Osinergmin, y del inicio de una investigación penal por parte del Ministerio Público, no solo no se ha advertido una voluntad política desde el Ejecutivo -considerando las facultades que tiene para legislar hasta hoy – sino que incluso la empresa dueña del camión siniestrado ha venido operando en la clandestinidad.

El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, señaló semanas atrás en este diario que el origen del problema es el modelo neoliberal impuesto por décadas en nuestro país. “El capitalismo secreta informalidad, y es el punto de partida y de llegada en este problema … Y si bien la informalidad es transversal a una serie de sectores en la economía peruana, al punto que de cada cien trabajadores setenta son informales, en el sector de hidrocarburos lamentablemente nos cuesta vidas, como hemos visto en Villa El Salvador”, afirmó entonces.

LA CORRUPCIÓN NOS MATA

En efecto, tras el trágico evento, un informe de la Contraloría advirtió que en el empalme de las vías donde ocurrió el accidente había un desnivel con una pendiente de 27%, cuando según el Reglamento Nacional de Edificaciones las pendientes entre las calzadas no pueden ser superiores al 12 %.

En sintonía con dicho informe, peritos de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional concluyeron que fueron tres los factores determinantes que confluyeron: el desnivel de la vía, la falta de mecanismos de seguridad en el vehículo y la imprudencia del chofer.

Consultado por la responsabilidad del municipio distrital sobre el mal estado de las vías, el alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo, declaró que la obra había sido realizada por la anterior gestión, aunque sin aclarar que el alcalde que lo precedió en el cargo es su hermano Guido Iñigo.

Según un informe del diario El Comercio, en la obra ejecutada por el municipio distrital, no se habría cumplido con la nivelación de suelos, entre otras irregularidades, algo indispensable cuando se construyen vías sobre pendientes.

Del lado de la empresa Transgas, dueña del camión siniestrado, esta semana personal policial en conjunto con Osinergmin intervinieron la empresa Colca Gas perteneciente a la primera. “Se ha podido verificar, confirmar que se ha estado operando de manera clandestinamente en este lugar. Está clausurado y a pesar de ello se han hecho de la vista gorda y se ha seguido operando. Cuando ingresamos encontramos que todos son elementos indicativos de una acción informal”, indicó el oficial de la PNP José Gutierrez Morí.

A pesar de la responsabilidad en la muerte de 30 personas, a los dueños de Transgas o le habría importado mantener más de 2 mil cilindros de gas de diferentes marcas con mínima seguridad a su alrededor.

LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Para Manco Zaconetti, el universo a supervisar por Osinergmin rebasa su capacidad y requiere una participación mayor del Ejecutivo para dar solución a las carencias existentes. En ese sentido, recordó que “el problema para supervisar, en general, no se evidencia solo en Osinergmin sino también en Sunafil, el Estado finalmente demuestra su precariedad y debilidad ante el mundo del mercado”.

Como ejemplo, hay que recordar que el camión siniestrado en Villa El Salvador tenía 40 años de antigüedad, y no estaba diseñado originalmente para transportar combustibles de alto peligro. “A pesar de eso, el ministerio de Transporte le dio el visto bueno, y el consultor independiente de Osinergmin aprobó su calificación. El dueño de esta empresa tiene otras cinco empresas autorizadas por el ministerio de Energía y Minas, es decir, el señor puede ir a la cárcel por homicidio pero sus empresas quedan vivitas y coleando”, comentó.

Pero la indolencia ha ofrecido más de un ejemplo a la opinión pública. El periodista Christian Sotomayor, de Radio Capital, dio a conocer detalles del media training que brindó la empresa Otrosí al Osinergmin, por un monto superior a S/ 34 mil. De acuerdo con la información, los funcionarios que recibieron la capacitación para desenvolverse ante medios de comunicación “en situaciones adversas”, fueron Daniel Schmerler, expresidente del organismo estatal, Jose Carlos Velarde, Renzo Rojas Jimenez, Gustavo Castillo Ojeda, Jesús Samames y 8 jefes regionales más.

DÓNDE MUEREN LOS POBRES

Por su parte, la expresidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, María del Pilar Tello, escribió en el diario Correo que “los más de 30 muertos necesitaron sangre y medicación especializada sin encontrarlas”. En una denuncia que desnuda la indiferencia del Ejecutivo con las víctimas de la tragedia, Tello señaló que “los Bancos de Sangre están desabastecidos y las Emergencias sin las condiciones especiales para no contaminarse y morir”. “Por esto la urgencia de mejorar la Unidad de Quemados en el Hospital Loayza del MINSA, que recibió varios de los grandes quemados sin brindarles el aislamiento indispensable ya que la pérdida de piel los expone a enormes riesgos”, advirtió.

Al respecto, cabe precisar que según una lista difundida por el periodista Juan Pablo León, de las 30 víctimas mortales hasta la fecha, una falleció en el lugar de los hechos, seis en Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja, seis en el Hospital Almenara, seis en el Hospital Hipólito Unanue, tres en Hospital de Emergencias de Villa el Salvador, tres en el Hospital Loayza, dos en el Hospital Dos de Mayo, y uno en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú.

Finalmente, el testimonio de Juan Díaz, miembro del cuerpo de bomberos voluntarios de Villa El Salvador, describe el olvido y falta de previsión por parte de las autoridades. “Hace más de cinco años que no renovamos nuestros equipos contra incendios. Nuestra indumentaria, incluyendo los zapatos especiales que usamos, también están en malas condiciones. . En Villa EL Salvador somos 60 voluntarios activos, aunque en el registro figuran 130. No tenemos camión contra incendios; solo contamos con un camión de rescate y una ambulancia. Solo tenemos dos choferes, y se necesitan tres para que se turnen”, sostuvo al programa radial “Tu seguridad está primero” del Colectivo de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador.

 

José Alfredo Madueño

Política

Vizcarra cada vez más solo

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Vizcarra cada vez más solo

Nuevas revelaciones complican al entorno del presidente de la República, Martín Vizcarra. Un informe del diario El Comercio dio cuenta de los contratos de la empresa familiar, del esposo y de los hermanos de la asistente presidencial, Karem Roca Luque, los cuales ascienden a S/159.618,10 y fueron firmados durante la gestión de Vizcarra como presidente regional de Moquegua.

De acuerdo a la información, Roca Luque y su padre Máximo Alejandro Roca Vargas, fundaron en el 2002 la empresa de vigilancia Los Héroes del Cenepa Servicios Múltiples, con la cual realizó contratos por S/ 46 mil con el Gobierno Regional de Moquegua entre 2013 y 2014, y a pesar de desempeñarse como asistente de Vizcarra en dicho gobierno regional entre 2011 y 2014.

Pero no fue la única que contrató con el Gobierno Regional de Moquegua: también lo hicieron su cónyuge Edgar Iván Zapata Yactayo, por S/19.800, y su hermano Danny Alejandro Roca Luque por S/10.598,10. Todos bajo la gestión de Vizcarra.

PRESIDENTE SERÍA CO RESPONSABLE

Al respecto, el abogado Guillermo Olivera Díaz consideró que el presidente es co responsable con sus subalternos por los presuntos actos ilícitos que estos hayan realizado. “En materia penal si usted es el autor material, yo puedo ser su instigador y sería tan responsable como el autor del presunto delito. También está la figura de autoría mediata, porque el presidente con su silencio cómplice presunta­mente podría haber permiti­do la comisión de un delito, que en este caso podría ser el de tráfico de influencias”, señaló.

“La injerencia de su perso­nal compromete al presidente de la República. De carambo­la lo que habrían hecho sus asistentes lo responsabiliza penalmente. Pero además existen otro tipo de con­ductas delictivas durante el tratamiento de la pandemia, porque hay elementos de con­vicción que demostrarían que el presidente está inmerso en la comisión de delitos de lesa humanidad, en tanto miles de cadáveres de supuesto Covid-19 han sido incinerados sin siquiera notificar de la muer­te a los familiares. Por tanto, los delitos que se le imputan en torno a sus secretarias son mínimos en relación a estos otros delitos que tendrán que investigarse igual que el caso del aeropuerto de Chinchero”, apuntó.

DENUNCIAS CON AGENDA

Por su parte, el analista político Miguel Jugo manifes­tó que “tiene que haber una investigación profunda para determinar si hubo favoreci­miento o no a estas personas”. Sin embargo, advirtió que las acusaciones aparecen en un marco en el que el Ejecutivo viene siendo presionado por los poderes económicos “para lograr diferentes situaciones”, como la aprobación de miles de millones de soles en Reac­tiva Perú o el fin del confina­miento. “En ese escenario se producen estas denuncias que obviamente se tienen que in­vestigar para llegar a la verdad sobre si hay o no una situación de corrupción”, comentó.

Jugo advirtió que el presidente Vizcarra parece haberse quedado solo pues además de las presiones de grupos de poder económico ahora suma el descrédito en las clases populares por las políticas adoptadas durante la pandemia, favorables al gran empresariado. “Lamentable­mente, Vizcarra decidió no utilizar un elemento que has­ta economistas liberales y no liberales sugirieron, como es el bono universal. Eso hubiera permitido orden en las calles y la posibilidad para la gente de mantenerse más tiempo en los domicilios, pero por criterio absurdo nunca lo otorgó”, cuestionó.

En analista recordó que, por el contrario, el Ejecutivo no tuvo problemas en dispo­ner S/ 60 mil millones para Reactiva Perú: “Ahora estamos en una situación realmente complicada con la pandemia y la presión de estos grupos de poder frente al presidente, al que han acusado de chavis­ta y comunista. Obviamente ninguna de estas acusaciones son reales, sino son hechas con el propósito de arrinconarlo aún más y de que acceda a presiones que finalmente ha aceptado”.

Indicó también que todo esto contribuye al alejamiento del presidente de los sectores populares y propicia una “si­tuación de debilidad” en su contra. “No es que quieran sacarlo, porque quedan 9 me­ses para las elecciones, pero sí tenerlo como posibilidad política bastante lejana. Es un proceso de demolición política de el y de cualquier posible sucesor, porque ellos claramente prefieren candi­datos como Keiko Fujimori”, refirió.

EMPIEZA GUERRA ELECTORAL

Jugo remarcó que a pan­demia ha desnudado las fallas del modelo económico, cuyos defensores “obviamente nunca van a aceptar su responsabilidad”. “Que las clínicas cobren lo que les da la gana, igual que las farmacias, es producto del sistema y la Constitución que tenemos. Eso es lo que no quieren modificar, entonces cargan sobre el personaje político más importante que es el presidente, para mostrarle a cualquier persona con quién no hay que meterse porque si no lo van a destruir”, apuntó.

“Los actores políticos no pierden tiempo y empiezan a postular sus lógicas, para ellos con la Constitución ni con el modelo nadie se mete, cualquier cosa puede cambiar menos el modelo, y si quieres cambiarlo te sacan acusaciones como estas cuando en otros gobiernos se han visto millones de dólares robados al Estado. Obviamente acá el temor es que el presidente termine siendo una figura que vaya a determinar quién gana las elecciones del 2021”, indicó.

 

ANTE EL CONGRESO
Fiscal Ávalos presenta denuncia constitucional contra investigados por Cuellos Blancos

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, pre­sentó ante el Congreso de la República, una denuncia constitucional contra cua­tro investigados por el caso de la presunta organización criminal Los Cuellos Blan­cos del Puerto.

Se trata del fiscal supre­mo, Tomás Aladino Gálvez Villegas; el exjuez supremo, César José Hinostroza Paria­chi; y los exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe.

Los delitos imputados son organización crimi­nal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, cohecho acti­vo específico y patrocinio ilegal.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Política

Crean comisión para atender a afectados por metales pesados

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Crean comisión para atender a afectados por metales pesados

A través de la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM, el Gobierno dispuso la creación de la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La comisión será la encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, incluyendo estrategias de prevención, remediación, mitigación y control de la exposición a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.

Además, el ente estará conformado por representantes de diversos sectores del Estado, como los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Salud, Vivienda, Agricultura, Trabajo, Cultura, Mujer y Producción, así como a 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados. La comisión se instalará a los 15 días de emitida esta resolución suprema y tendrá una vigencia de 6 meses.

La creación de esta comisión es un logro de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana, que viene luchando desde hace más de 2 años para que las autoridades se comprometan en brindar la atención integral a esta población vulnerable.

Esta plataforma es integrada por representantes y organizaciones de diversas regiones del país que han denunciado la afectación a la salud ambiental y humana por parte de empresas mineras, petroleras y de industrias. (DHSF)

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Política

Aprueba elección de magistrados del TC en concurso de méritos

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Aprueba elección de magistrados del TC en concurso de méritos

El pleno virtual del Con­greso aprobó el proyecto de ley que establece la elección de los magistrados del Tribu­nal Constitucional (TC) a tra­vés de un concurso público de méritos y con la votación de los dos tercios de la repre­sentación nacional.

El dictamen fue aproba­do por 112 votos a favor y 14 en contra luego de casi tres horas de debate. Todas las bancadas votaron a favor de este nuevo mecanismo de elección, con excepción de la bancada Fuerza Popular.

La ley aprobada seña­la que la elección de los magistrados del máximo organismo constitucional se realizará mediante una convocatoria pública donde se destaque el nivel de ex­celencia de los candidatos. Se excluyó del dictamen el criterio de paridad en la elección.

En ese sentido, se modi­fican los artículos 8 y 11 de la Ley Orgánica del Tribu­nal Constitucional, estable­ciendo la conformación de una comisión especial del Congreso que estará confor­mada por un integrante por bancada.

Asimismo, este grupo de trabajo publicará en el Diario Oficial El Peruano, en el portal del Congreso de la República y en un diario de circulación nacional, la convocatoria y los requisitos para este concurso.

De igual modo, esta comi­sión se encargará de resolver las tachas y posteriormente se pasará a la entrevista per­sonal, para luego de concluir la selección pública convocar al pleno para que se efectúe la elección. En el caso del orden de reemplazo del magistrado, este se hará de acuerdo a la antigüedad.

Durante su participación en el debate, el titular de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, anuncio que todas las sesiones de la comisión especial de selec­ción de magistrados serán públicas.

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