El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) inauguró hoy el Programa SECIGRA Derecho 2026 mediante el cual 1510 futuros abogados articularán el aprendizaje académico con la experiencia práctica en el servicio público, bajo principios de ética, integridad y derechos humanos.
En la ceremonia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, señaló que Programa SECIGRA Derecho “se presenta para tender puentes entre lo que es la formación universitaria y el brindar servicio al Estado” y en el cual participan los estudiantes de Derecho en todas las facultades de Derecho del país.
El titular del sector Justicia compartió con los estudiantes su experiencia como secigrista y resaltó la importancia de la vocación de servicio con el país. “Tenemos la fortaleza de su conocimiento, la práctica, la responsabilidad, las ganas que pongan servir a su patria y lo segundo, actuar con responsabilidad. Ustedes están acá para servir al país, para hacer de su patria grande. Eso siempre téngalo presente”, señaló.
La actividad contó con las ponencias “El secigrista y la Ética: Un compromiso en el servicio público”, “Innovación y Tecnología en la Administración de Justicia: De la digitalización a la toma de decisiones inteligentes” y “La experiencia de los secigristas en el campo laboral”, a cargo de especialistas del MINJUSDH.
En la actividad estuvieron presentes la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada; el director general de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, José Reyes Llanos; entre otras autoridades.
El Programa SECIGRA Derecho, creado en el año 1993, se ha consolidado como una política pública orientada a vincular la formación universitaria con el servicio al Estado, permitiendo que los estudiantes de Derecho realicen su práctica preprofesional en entidades públicas que administran justicia o desarrollan funciones vinculadas a ella.
Desde su implementación hasta la fecha, aproximadamente 73 559 secigristas han participado en el programa, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de justicia y al acceso a servicios legales en todo el país.
Para el año 2026, el programa cuenta con la participación de 113 unidades receptoras y 85 universidades, lo que evidencia su alcance territorial y su relevancia en la formación jurídica del país.
