Las Fuerzas Armadas han detenido a 76 personas, entre ellas extranjeros, durante los nueve meses de estado de emergencia en la provincia de La Libertad
Las intervenciones militares contra la minería ilegal en Pataz han golpeado duramente las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la zona. Las Fuerzas Armadas calculan que estas mafias perdieron S/ 250 millones por los operativos ejecutados desde febrero, cuando el gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en esta provincia de La Libertad.
El general Carlos Rabanal, del comando operacional del norte de las Fuerzas Armadas, reveló que 76 personas fueron detenidas en los diversos operativos. Las autoridades militares realizaron 2500 patrullajes e intervinieron 76 bocaminas y 25 socavones durante este periodo. «Hasta el momento se han puesto a disposición a 76 personas… De todas las personas dispuestas a disposición de la Fiscalía se han encontrado personas que no son de nacionalidad peruana, pero su condición en el país lo conoce la Policía Nacional. Son venezolanos y colombianos», declaró Rabanal a RPP.
Muerte bajo investigación tras operativo en mina Choloque
Un fallecido se registró durante un operativo militar el 5 de noviembre en la mina Choloque. El general Rabanal confirmó la muerte pero evitó atribuirla al enfrentamiento con desconocidos. «Eso está en investigación por las autoridades competentes. Hay un fallecido, pero no sabemos si es producto de este enfrentamiento en la mina», señaló el oficial.
Este incidente pone en evidencia la violencia que rodea la extracción ilegal de oro en Pataz. Las organizaciones criminales que controlan estas actividades han protagonizado constantes atentados contra las fuerzas del orden y la población civil.
Estado de emergencia sin fecha de término
Pataz permanece en estado de emergencia desde febrero bajo el control de un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El gobierno implementó esta medida por los ataques sistemáticos de grupos vinculados a la minería ilegal. Desde entonces, la medida se prorroga sucesivamente sin que las autoridades precisen cuándo finalizará el régimen de excepción. Los operativos continúan mientras las organizaciones criminales intentan recuperar el control territorial y económico que perdieron.
