El mayor Randall Quispe fue trasladado a Trujillo para iniciar investigación administrativa tras la difusión del material en redes sociales
Un nuevo caso de corrupción golpea a la Policía Nacional del Perú. El mayor Randall Quispe, comisario del distrito de Chao en la provincia de Virú, fue removido de su cargo tras la circulación de un video de contenido sexual con la hermana de un ciudadano venezolano detenido días atrás. El general Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad, confirmó la medida y advirtió que presentarán una denuncia formal si se comprueba la responsabilidad del oficial.
El escándalo se desató después de que Andrés Gabriel Villarroel Ruiz fuera detenido el 24 de octubre bajo la figura de «peligro común». Ese mismo día quedó en libertad. Poco después comenzó a circular en redes sociales un video donde aparece su hermana junto al comisario en situación comprometedora. La mujer negó haber difundido el material y aseguró que su celular, sin clave de acceso, fue vulnerado. También aclaró que intentó comunicarse con el oficial tras el arresto de su pariente por conducir ebrio, pero no recibió respuesta ni ayuda.
Discurso de mano dura mientras continúa la investigación
El general Llerena defendió la decisión de remover al mayor Quispe como parte de una política institucional contra la mala conducta. «Uno es responsable de sus actos y lo dije desde un inicio de mi gestión, a nadie se le va a apañar», declaró a RPP. El oficial fue trasladado a Trujillo para facilitar las diligencias administrativas. Las autoridades policiales buscan determinar si existió algún intercambio de favores o presión para liberar al detenido.
El caso ocurre en medio de una crisis de seguridad en La Libertad. La región está declarada en emergencia desde hace meses por el avance del crimen organizado, vinculado principalmente con la minería ilegal de oro, el sicariato y la extorsión. Según Llerena, la mayoría de llamadas extorsivas provienen del penal El Milagro de Trujillo. El jefe policial solicitó al Ejecutivo medidas drásticas: eliminar enchufes para cargar celulares, restringir visitas, realizar requisas permanentes y reducir de doce a cuatro los teléfonos públicos que se usan para delinquir.
Reforma policial: promesas en medio del colapso
A mediados de octubre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció una reforma integral de la PNP para expulsar a efectivos corruptos o con vínculos criminales. El Gobierno pedirá al Congreso facultades legislativas para modificar el régimen disciplinario y aplicar sanciones inmediatas. «Policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado», afirmó Tiburcio. El ministro reconoció que el país atraviesa «tiempos oscuros» pero rescatables.
La reforma se anuncia justo cuando salen a la luz casos cada vez más graves. Un día antes, Cuarto Poder reveló la operación de ‘Los Piratas’, una red de más de veinte policías activos y retirados que robaban droga, extorsionaban y asesinaban bajo el uniforme. La investigación, basada en interceptaciones telefónicas y testimonios, documentó delitos en Lima y Tarapoto durante tres años. Entre los crímenes más graves figuran los homicidios del cambista Hernán Laines y del empresario Jorge D’Ambrosio, ejecutados con información filtrada desde la propia institución policial.
La Fiscalía ha logrado detenciones y prisión preventiva para algunos implicados. El expediente incluye cargos por robo agravado, extorsión y homicidio. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo si esta vez las autoridades cumplirán sus promesas de limpieza institucional.
