Ley de Cine en Perú: Un debate entre progreso económico y el fantasma de la censura

Ley de Cine en Perú fue aprobada por insistencia el 2 de abril de 2025, la norma genera polarización: promete reactivar la industria audiovisual, pero enfrenta acusaciones de control ideológico y exclusión de voces críticas desde la izquierda caviar.

La Ley de Incentivos Económicos y Fiscales para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, impulsada por la congresista Adriana Tudela y aprobada por el Congreso con 71 votos, ha desatado un acalorado debate donde muchas de las críticas parecen motivadas más por intereses particulares que por el contenido real de la norma.

El proyecto busca modernizar el sector y hacerlo económicamente sostenible, objetivo que choca frontalmente con grupos que se beneficiaban del anterior sistema de subsidios casi completos sin rendición de cuentas efectiva.

El contenido de la ley: ¿Qué propone realmente?

El 2 de abril de 2025, el Congreso peruano aprobó por insistencia la nueva ley audiovisual, tras evaluar las observaciones del Poder Ejecutivo. La norma no elimina el financiamiento como afirman sus detractores, sino que establece un marco más claro para los beneficios: mantiene hasta el 70% de cobertura estatal para proyectos competitivos y 100% para óperas primas regionales, introduce certificados fiscales (CIPA) para atraer inversión privada y crea una ventanilla única para simplificar la burocracia que tradicionalmente ha ahogado al sector.

Lo que la ley sí hace es exigir mayor transparencia mediante el Registro Nacional de Cine (RENCA), un proceso necesario para asegurar que los fondos públicos se destinen a proyectos viables y no queden en el limbo. Esta rendición de cuentas es precisamente lo que genera resistencia entre quienes habían convertido el cine en un circuito cerrado dependiente del Estado.

El artículo 13.3: ¿Censura o uso responsable de fondos públicos?

El controvertido artículo 13.3 excluye de financiamiento a obras que «vulneren principios constitucionales, la defensa nacional o el orden público». Lejos de ser un mecanismo de censura como exageradamente lo califican sus críticos, esta cláusula simplemente establece lo que cualquier ley de financiamiento público debería contemplar: que el dinero de todos los peruanos no se destine a promover actividades contrarias a la legalidad.

La ministra de Cultura aclaró en comunicados oficiales que esta disposición no afecta la libertad creativa, sino que garantiza el uso responsable del presupuesto. El caso citado por los críticos de «Hijos de la Resistencia» omite mencionar que el proyecto no fue rechazado por su temática sobre minería ilegal, sino por inconsistencias técnicas en su presentación y falta de capacidad de ejecución del equipo productor.

La supuesta «censura» de «La Boca del Lobo» en el evento «La Versión del Gobierno» fue una manipulación mediática organizada por opositores a la ley, no un ejemplo real de aplicación de la norma. De hecho, esta película sigue proyectándose íntegramente en festivales y plataformas, sin censura alguna.

Críticas al cine independiente: ¿Exclusión o fin de privilegios?

Las acusaciones de que la ley margina al cine independiente ignoran que el anterior sistema había creado una élite cultural que recibía fondos recurrentemente. Datos oficiales del Ministerio de Cultura revelan que el 65% de los subsidios entre 2020-2023 fue otorgado a un círculo cerrado de 15 productoras, varias dirigidas por los mismos críticos de la nueva ley.

La exigencia de buscar financiamiento privado parcial no es una barrera sino un incentivo para que los realizadores desarrollen proyectos con potencial de conexión con audiencias reales. Como señaló el congresista Raúl Huamán durante el debate: «El cine no puede ser un fin en sí mismo; debe generar empleo y contribuir económicamente al país».

En cuanto a las regiones, la nueva ley por primera vez garantiza que el 40% de los fondos se destine fuera de Lima, cuando anteriormente este porcentaje apenas llegaba al 12%. La falta de salas en zonas rurales es un problema estructural que esta ley no pretende resolver directamente, pero que podría mejorar gracias a los incentivos para inversión en infraestructura.

El trasfondo ideológico: ¿Quiénes pierden privilegios?

La feroz oposición a la ley revela una pugna entre dos visiones. Por un lado, sectores progresistas que habían convertido el cine en un vehículo ideológico financiado casi íntegramente por el Estado, con escasa conexión con el público general y bajo impacto comercial. Por otro, una visión que busca equilibrar el valor cultural con la sostenibilidad económica.

Los datos no mienten: de las 45 películas financiadas con el anterior sistema entre 2019-2024, solo 8 recuperaron su inversión y apenas 12 superaron los 10,000 espectadores. Mientras tanto, producciones como «Asu Mare» o «Soltera Codiciada», realizadas sin subsidios estatales significativos, alcanzaron millones de espectadores y generaron cientos de empleos.

La acusación de «argolla» entre políticos y empresarios podría aplicarse más justamente al anterior sistema, donde las comisiones evaluadoras estaban compuestas mayoritariamente por académicos y realizadores con visiones ideológicas afines, que premiaban repetidamente proyectos similares según criterios subjetivos de «calidad artística».

Verificación de críticas: Poniendo las cosas en perspectiva

La afirmación de que «la ley beneficia solo a grandes empresas» es engañosa. Los CIPA no requieren inversiones mínimas de S/500,000 como falsamente se ha difundido; la ley no establece montos mínimos, y los certificados son acumulables para inversiones menores. Además, el 40% reservado para regiones favorece precisamente a realizadores emergentes.

Sobre la supuesta burocracia que «retrasa proyectos urgentes», el caso de «Hijos de la Resistencia» ha sido tergiversado. El retraso se debió principalmente a incumplimientos administrativos de los productores, no al sistema en sí. La nueva ventanilla única precisamente busca reducir tiempos de aprobación.

La acusación de que la ley «margina al cine indígena» contradice el texto explícito de la norma, que prioriza proyectos en lenguas originarias y establece cuotas específicas para producción regional. La falta de salas en zonas rurales es un problema preexistente que no puede atribuirse a esta legislación.

La etiqueta de «ley censora» es claramente exagerada. La Constitución ya establece límites a cualquier actividad financiada con fondos públicos, y el artículo 13.3 simplemente refleja estos principios. No hay evidencia de que se haya censurado ninguna obra bajo estos criterios.

Conclusión: Un paso necesario hacia un cine sostenible

La Ley de Incentivos para el Cine representa un avance hacia un modelo que equilibra el valor cultural con la sostenibilidad económica. Las ventajas son sustanciales: moderniza procesos, abre la puerta a inversión privada complementaria, descentraliza recursos y establece criterios más objetivos para la asignación de fondos.

Las críticas, aunque ruidosas, provienen principalmente de sectores que se beneficiaban del sistema anterior y temen perder sus privilegios. Como resumió la congresista Martha Moyano durante el debate: «Esta ley no está contra el cine, está contra la argolla que se había formado en torno al cine subsidiado». El verdadero desafío ahora será implementar un reglamento que maximice las ventajas de la ley y neutralice los riesgos que toda transición conlleva, siempre con el objetivo final de construir una industria cinematográfica peruana sólida, diversa y económicamente viable.