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Editorial

Ya es necesario un cambio

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Uno de los factores del descrédito del Congreso de la República ante la población es la actuación del presidente de este poder del Estado, Luis Galarreta, quien lejos de enmendar errores garrafales insiste en cometer otros.

Un Congreso criticado por un grueso sector de la población por infinidad de temas como el de Yesenia Ponce y similares hasta por cuestionadas compras de televisores, frigobares, computadoras con precios elevados y hasta tablets empeora por acciones fuera de tino de Galarreta, con el aval evidente de Keiko Fujimori.

Galarreta, elegido por la mayoría aplastante del fujimorismo, no está a la altura de dirigir al importante poder del Estado como es el Congreso y en cada intervención demuestra inmadurez emocional, falta de tino político, problemas de expresión, irresponsabilidad en formular ideas y conceptos y por lo cual no ayuda a mejorar la imagen del Legislativo sino todo lo contrario.

Aunque se tienen que cumplir fechas establecidas por ley, sería agradecible que Galarreta concluyera su gestión lo más pronto posible y que haya aires nuevos en el Parlamento. Sin embargo, todo indica que el fujimorismo, es decir, el keikismo, tratará de imponer a un representante suyo tal vez con menos capacidades que Galarreta.

Cecilia Chacón era una de las candidatas para ocupar el puesto en el que está Galarreta, pero la aspiración de la congresista quedó trunca con la aparición del hoy titular del Parlamento.

Es evidente que Chacón no hubiera hecho una gestión mejor que la de Galarreta porque sus capacidades son conocidas en tanto tiempo de trabajo, pero lo alarmante es que Keiko Fujimori en toda su “gran” organización no puede encontrar un solo congresista que pueda dirigir el Parlamento al menos mejor que el actual presidente.

Hay voces que señalan que el legislador Daniel Salaverry, muy cercano a Keiko Fujimori, puede ser el elegido para tomar las riendas del Congreso, pero todo indica que sería un error más porque se conoce que Salaverry cae fácilmente en contradicciones y que es propenso en disfrazar datos para desprestigiar a sus adversarios políticos tal como lo demostró en caso de PPK.

El país necesita un presidente del Congreso serio, responsable y preocupado en ayudar a resolver los problemas fundamentales del país y no, como Galarreta, en buscar beneficios para su grupo político sin importarle el daño que se le hace al país. Esperemos que haya unidad en la oposición.

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Editorial

Libertad para Fujimori

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Lleva razón el argumento de que nadie puede morir en la cárcel, aun cuando ello no se haya aplicado a muchos presos con enfermedad terminal que vivían sus últimos días y que solo querían partir al territorio de las sombras rodeados de su familia y en su hogar; de quienes nunca se preocuparon quienes promueven la llamada “Ley Fujimori”.

Es también cierto que, por más grave que sea el crimen de un condenado, la pena que se le aplique no puede ser cruel ni ensañarse con él, que el encierro enferma y agrava los males, aunque casi todos los presos, con la excepción que conocemos, no tienen condiciones dignas ni atención adecuada para sus padecimientos.

Por ello, este diario considera pertinente proponer una fórmula para que el exdictador, con quien políticamente estamos en las antípodas, salga en libertad y pueda pasar su etapa otoñal al lado de su familia, pese a los crímenes atroces por los que fue condenado.

Para ello, planteamos requisitos, el primero, que cumpla al menos dos tercios de su condena, y el segundo, que pague la reparación fijada en su condena, y deje de burlarse pidiendo que el Estado se cobre con pequeños descuentos de su pensión de expresidente, inmerecida.

Además, que reconozca su culpa, pues nunca lo ha hecho; que exprese arrepentimiento; que pida perdón a las familias de las víctimas de las masacres de Barrios Altos, La Cantuta y Pativilca, y que colabore con el esclarecimiento de la verdad, informando, por ejemplo, dónde están los restos de las víctimas de La Cantuta.

En realidad, esas condiciones no son ideas nuestras. Se trata de los requisitos que plantea a los estados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, conforme a la legalidad internacional, no acepta ninguna otra vía para acortar la condena de un sentenciado por crímenes de lesa humanidad.

Un paréntesis para rechazar la monserga de quienes alegan la triquiñuela de que Fujimori no cometió crímenes de lesa humanidad ni fue condenado por ellos, porque cuando fueron perpetrados ese delito no estaba tipificado en el Código Penal. Lo cierto es que la legalidad internacional construida tras la Segunda Guerra Mundial acuñó ese delito como universal y es por eso que la citada Corte así lo considera.

Cumplir con las condiciones mencionadas, incluso flexibilizadas, dejaría a salvo el derecho de los deudos de las víctimas a la justicia y demostraría verdadera voluntad de reconciliación y paz, las que no podrán lograrse con amarres bajo la mesa y leguleyadas como la “Ley Fujimori”, que son, como el indulto tramposo, solo empaques de la impunidad.

La citada norma, aprobada a marcha forzada y con irregularidades por la mayoría numérica, mas no moral ni democrática, merecerá la repulsa de los ciudadanos de bien, que ya convocan a movilizaciones contra la “Ley Fujimori”, para los próximos días.

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Editorial

Burdo intento

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El desesperado intento del Apra y Fuerza Popular de mutilar el referéndum, cuyo proceso ya está en marcha, no es otra cosa que la demostración del poco respeto que tienen por el electorado al tratar de sacarle la vuelta para desnaturalizar la propuesta de bicameralidad y volver a incluir la reelección de congresistas, porque eso es lo que a ellos les conviene.

Ocurre, sin embargo, que el Parlamento ya no tiene competencia sobre el referéndum, pues ya se inició el proceso de la consulta. De esa opinión es el constitucionalista Víctor García Toma, para quien desde el momento que el Congreso ya aprobó los proyectos de referéndum, es el Ejecutivo el encargado de realizar el proceso.

No se entiende cómo políticos con muchos años de labor parlamentaria pueden haber caído en la tentación de mutilar el referéndum de una manera tan burda y cuando ya estaba el proceso en marcha. Con esa maniobra, apristas y fujimoristas pretendían impedir que se ponga en consulta la no reelección de congresistas. Y como si eso fuera poco decidieron meter de contrabando que los legisladores de este período puedan postular al Senado. Bonita manera de hacerle trampa a quienes los eligieron. Sería bueno que de una vez por todas entiendan que no pueden hacer lo que se les da su regalada gana.

Según el congresista aprista Jorge del Castillo, la bancada decidió retirar su apoyo al proyecto de ley al percatarse que fue incluida la reelección de parlamentarios, algo en lo que no están de acuerdo. En su cuenta de Twitter, Jorge del Castillo confirmó la decisión de la Célula Parlamentaria Aprista e indicó que la presentación del proyecto de ley fue “hecha por error”. Un error que lo pagarán caro los “compañeros”, pues han quedado al descubierto que tienen miedo someter a consulta, al veredicto popular, la reelección de parlamentarios.

Al darse cuenta que se trataba de una medida inviable porque el Legislativo ya no tiene competencia sobre el referéndum y porque la ciudadanía rechaza la torpe maniobra, los legisladores apristas decidieron retirar su proyecto.

Los congresistas Jorge del Castillo, Elías Rodríguez, Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén y Luciana León, así como el exvocero de Fuerza Popular Mario Mantilla, fueron los firmantes del proyecto que pretendía retirar dos preguntas de la consulta popular, respecto a la bicameralidad y la no reelección de congresistas. Al final decidieron cancelarlo. Sin embargo, el papelón ya está hecho.

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Editorial

“Ley Mulder” RIP

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El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, conocida como la “Ley Mulder” o “Ley mordaza”, con lo cual todo volverá a la normalidad un día después que se publique la respectiva resolución en el diario oficial El Peruano.

El daño, sin embargo, ya está hecho, pues hay más de dos mil instituciones del Estado que no podían comunicar, y como resultado de la malhadada ley las campañas de salud comenzaron a hacerse de puerta en puerta por lo que los costos para las instituciones eran diferentes a los que habían estimado antes de la referida norma. Lo mismo ocurrió con las cajas municipales de ahorro y crédito, que no podían anunciar sus productos financieros para competir en igualdad de condiciones con los bancos privados. Las universidades públicas también se vieron afectadas frente a las privadas.

Las pérdidas son considerables y el ahorro en gastos de publicidad a las instituciones estatales no fue significativo durante la vigencia de la Ley mordaza, según ha revelado la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, quien además aclaró que el gasto estatal en publicidad no es como lo presentan los autores de la inconstitucional norma, sino de 300 millones de soles, incluyendo todas las instituciones del Estado. Hablando en buen romance el remedio fue peor que la enfermedad.

Lo que es peor, la Ley Mulder no solo privaba a los ciudadanos del derecho a la información consagrado en nuestra Constitución Política, sino que le quitaba su derecho al Estado a ser transparente. Las cajas municipales de ahorro y crédito se vieron en la necesidad de interponer recursos de amparo para poder seguir anunciando sus nuevos productos financieros y tasas de interés competitivas. Quizá todavía estén a tiempo de salvar sus campañas de fin de año. Las pérdidas no están cuantificadas, pero no son poca cosa.

Ojalá, pues, que a los fujimoristas no se les ocurra la genial idea de dar instrucciones al inefable legislador que presentó la “Ley Mordaza”, que presente otro proyecto similar porque la población ya está harta de los padres de la patria que creen que pueden hacer lo que quieran sin control de ninguna clase. Esta vez el Tribunal Constitucional les ha enmendado la plana.

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