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Editorial

¿Y qué dice Keiko sobre Vergara?

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La lideresa de Fuerza Popular compite hoy en la ciudad estadounidense de Texas en la exigente media triatlón IronMan 70.3 que consiste en correr, manejar bicicleta, nadar al lado de deportistas de alta competición.

Keiko sudará hoy en la competencia mientras en Lima su congresista Edwin Vergara Pinto suda frío porque se ha descubierto que ha fundado una empresa exportadora de pinturas con el narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina.

¿Sabía Keiko que se venía este escándalo y viajó para estar lejos de los reflectores, para no dar explicaciones de la constante de que gente de su partido está vinculada a los graves delitos del narcotráfico y el lavado de activos?

No podemos saberlo, pero lo que sí es claro es que cuando vuelva el martes al Perú lo mínimo que debe hacer es separar a Vergara inmediatamente de la bancada naranja y pedir su desafuero, después expulsarlo de su partido y pedir a la Fiscalía y al Poder Judicial que realicen su trabajo.

Sin embargo, todo indica que Keiko no será dura con el congresista que admitió que había conversado hace poco con el narco Diego Sánchez, pese a que siempre dice que ella lucha contra la corrupción y el narcotráfico caiga quien caiga.

Tal como lo demuestra el amplio informe en las páginas 2 y 3 de esta edición, Keiko no ha sido diligente para limpiar de Fuerza Popular a los políticos vinculados a los graves delitos de narcotráfico y lavado de activos sino en muchos casos actúa como protectora de los denunciados.

Uno de los casos evidentes es el del parlamentario Osías Ramírez, investigado por lavado de activos y hermanísimo de Joaquín Ramírez, quien, según el piloto Jesús Vásquez, este le contó que Keiko le había dado 15 millones de dólares para lavarlos.

Osías sigue en Fuerza Popular como si no pasara nada. Está ahí con el cuidado de no ser mediático, casi nunca declara a la prensa en temas coyunturales como Úrsula Letona o como Daniel Salaverry, no aspira a ser vocero, pero tiene la confianza de Keiko y el legislador con todas las prerrogativas.

Es sumamente grave que el partido que casi llega al poder, que tiene una mayoría aplastante en el Congreso, que dice prepararse para gobernar el país, tenga en sus filas a congresistas vinculados al lavado de activos y el narcotráfico y su lideresa esté tratando de no quedar en el último lugar de una competencia deportiva.

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Editorial

¡Que la historia lo juzgue!

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Razón no le falta al exprocurador Julio Arbizu al decir que la muerte de Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas declaraciones de Jorge Barata. En efecto, hay muchos personajes involucrados y más de uno quisiera ver fuera a los fiscales del equipo especial que investiga el sonado caso. Sin embargo, ninguna conexión existe entre la autoeliminación del expresidente aprista y la investigación fiscal.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha opinado que la lucha contra la corrupción en el Perú es un proceso que no puede ni debe detenerse, pues de este depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática. Además, ha considerado que sería trágico que “la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

En tanto, un programa periodístico dominical que se emite por Latina ha difundido anoche declaraciones de Ricardo Pinedo, que fue secretario y amigo de Alan García, quien revela que él recibió la carta del mandatario con la consigna de entregársela a sus hijos, en el momento que él le iba a indicar. En todo caso es un elemento más para presumir que fue una decisión muy personal de Alan García, planificada con mucha anticipación. ¿Por qué, entonces, tratar de culpar al Ministerio Público para frenar el combate a la corrupción?

En las próximas horas hablará el exfuncionario de la constructora Odebrecht Jorge Barata, quien tendrá que decir toda la verdad, pues de lo contrario corre el riesgo de perder los beneficios de la confesión premiada a la que se acogió en Brasil. Es por ello que no podrá cambiar su versión cuando declare ante los fiscales peruanos. De lo que declare Barata depende que muchos funcionarios y políticos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala desfilen por el banquillo. A García que la historia lo juzgue.

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Editorial

Otra vez la informalidad

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Más de 200 bomberos voluntarios, apoyados por 350 policías, tuvieron que trabajar toda la noche del Viernes Santo en la zona de Mesa Redonda, donde ardió como tea una galería comercial, ubicada a la altura de la cuadra 7 del jirón Cusco. Milagrosamente no se registraron desgracias personales, pero los daños son considerables. El presidente Martín Vizcarra, quien se hizo presente en el lugar, ha explicado que la presencia de almacenes informales en la zona de Mesa Redonda, con material altamente inflamable, permitió que el incendio se propagara rápidamente.

Desde esta columna, hace casi cinco meses, hemos alertado sobre la situación de riesgo inminente para las personas que acuden a esta zona, pero al parecer las autoridades pertinentes siguen pensando que prevenir no es mejor que lamentar. Quizá por eso es que no se han hecho operaciones de fiscalización en ese lugar para detectar todos los peligros latentes, desde un incendio hasta un sismo de regular intensidad. El Jefe de Estado ha mencionado, también, que los representantes de la Municipalidad de Lima constataron que esa localidad, declarada en su zonificación para vivienda, en realidad era ocupada por almacenes.

Lo más lamentable es que a pesar de la gran cantidad de organismos reguladores y de fiscalización que se han creado la informalidad no puede ser erradicada de nuestro país. ¿Por qué siguen operando sin licencia estos comercios? ¿Por qué se destina a un uso diferente estas viviendas sin que nadie haga algo para que esta situación no continúe así? ¿Acaso no fue suficiente la tragedia ocurrida en Mesa Redonda el 29 de diciembre de 2001, y que costó la vida de 279 personas? ¿Necesitamos otra tragedia de esa magnitud para que nuestras autoridades recién vean la forma de acabar con ese problema de la informalidad? No, claro que no.

Ha llegado, pues, la hora de actuar con firmeza. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha anunciado que toda la zona de Mesa Redonda será cerrada durante tres semanas a fin de realizar una minuciosa fiscalización de los comercios y determinar si se encuentran en condiciones para operar sin ningún riesgo para la ciudadanía. Previo empadronamiento, los vecinos afectados tendrán que ser reubicados, pues según los bomberos hay 23 techos desplomados. Es necesario, entonces, que el burgomaestre capitalino disponga todas las acciones necesarias para acabar con este caos generado otra vez por la informalidad.

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Editorial

Combate a corrupción tiene que continuar

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El cardenal Pedro Barreto ha pedido no politizar la labor de la Fiscalía, institución que está cumpliendo su labor de investigar hechos de presunta corrupción y luchar contra ese flagelo que se ha enquistado en todos los ámbitos y niveles del país. Ha recordado, además, que cuando el papa Francisco visitó el Perú dialogó con los obispos expresándoles su preocupación por la situación en nuestro país, donde expresidentes están en la cárcel. Se refería a Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Es verdad que el deceso de Alan García, en circunstancias muy tristes, ha enrarecido aún más el clima político. Sin embargo, ello no debe ser óbice para que las investigaciones que realizan los fiscales del Ministerio Público no sigan adelante. Por el contrario, hay muchos interesados en que el proceso se paralice y para ello echarían mano de cualquier estratagema o argucia jurídica. No obstante, la Fiscalía de la Nación está en la obligación de garantizar la continuidad de las investigaciones, máxime, cuando en el extranjero la prensa destaca las acciones realizadas hasta el momento.

Lo peor que podría ocurrir es que se venga abajo todo lo investigado, que los casos vuelvan a fojas cero o que muchos traten de descargar culpas en el extinto expresidente Alan García. Es en ese sentido que el arzobispo de Huancayo y cardenal de la Iglesia católica, ha exhortado a todos los peruanos a cerrar filas en contra de la corrupción, para que nunca más suceda lo que ha ocurrido en las últimas décadas.

Al igual que el cardenal Barreto, nuestras autoridades del Gobierno y del Poder Judicial harían bien en respaldar la labor de procuradores y fiscales del grupo especial que investiga el caso Lava Jato, especialmente ahora que la familia ha hecho pública una carta de Alan García a sus hijos en la que les decía que deja su cadáver “como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios”. Hablando en buen romance, fue una muerte anunciada que ojalá sirva para que el Partido Aprista pueda recomponerse. Y por el bien del país, que continúen las investigaciones.

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