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Editorial

¿Y los derechos humanos?

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Han pasado ya cerca de dos décadas desde la caída del régimen corrupto de Alberto Fujimori, en setiembre del año 2000, sin que hasta la fecha sus seguidores hayan aprendido a tener respeto por las leyes, la Constitución del Perú y los compromisos internacionales de los cuales nuestro país es firmante.

Por lo menos eso parecería estar ocurriendo con el proyecto de ley de libertad anticipada a reos de avanzada edad, con cuya aprobación se pretende sacarlo de la cárcel donde debe cumplir su condena de 25 años de prisión.

Un portavoz de la Comisión Interamericana de DD.HH, advirtió la improcedencia del referido proyecto de ley. En una entrevista con la cadena CNN, el miembro de la Comisión Interamericana de DD.HH, Joel Hernández, dijo que en el caso de Fujimori Fujimori no proceden beneficios por distintas razones.

Una de ellas es que la Corte Suprema examinó el decreto presidencial del 24 de diciembre de 2017, y llegó a conclusión de que no hay lugar a indultos. Es decir, que el más alto tribunal peruano, ya se pronunció.

Y por si quedara alguna duda, el jurista precisó que de concederle un beneficio al expresidente peruano, el Estado estaría incumpliendo con las órdenes establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que ya se ha pronunciado al respecto.

El exprocurador Ronald Gamarra ha propuesto, en todo caso, extremar al máximo las condiciones de carcelería del expresidente, con equipos que garanticen el cuidado de su salud. Así Fujimori podría tener el trato humano, que él no les brindó a sus víctimas. Otra propuesta sería modificar la ley de la prisión domiciliaria para que el condenado expresidente cumpla con mayor comodidad la sentencia a la que fue condenado.

La prisión domiciliaria sería una buena salida siempre y cuando haya consenso para ello y se consulte a las instancias nacionales e internacionales, pues hay que tener en cuenta que la Constitución no es solo un marco legal, sino que incluye los convenios y tratados internacionales suscritos por nuestro país. Si fuera el caso, también, se haría bien en tomar en cuenta la opinión de los deudos de las víctimas.

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Editorial

“Vox populi, vox dei”

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Luego de la masiva respuesta de la población peruana a la convocatoria del referéndum, el presidente Martín Vizcarra ha dicho durante una reunión con su Gabinete Ministerial, que el Perú está camino a hacer grandes cambios. Asimismo, agradeció a todos los peruanos por asistir mayoritariamente a las urnas y acoger las reformas constitucionales. Toca, ahora, a las autoridades pertinentes asumir la tarea de hacer cumplir la decisión de la población peruana. Sin embargo, el mandatario ha reconocido que, de por sí, el referéndum no cambia todo, pero es el inicio.

Es verdad que la ciudadanía ha ratificado, ayer en las ánforas, la urgencia de realizar reformas judiciales y políticas planteadas, pero no es lo único sobre lo que se ha pronunciado, pues al rechazar la última pregunta sobre la bicameralidad también ha dicho no a la reelección, cerrándoles las puertas del Congreso a quienes han demostrado que llegaron a la curul para ocuparse de sus intereses personales y no para procurar el bienestar común. Ese rechazo no es otra cosa que un castigo a los actuales legisladores. Quizá no todos merecen tal sanción, pero lo cierto es que este congreso se ha ganado el repudio del electorado.

Y qué otra cosa podían esperar los congresistas de la mayoría, por ejemplo, después de haber reconocido que desaprovecharon el mejor momento para hacer cambios que beneficien al Perú. Tenían mayoría calificada y conversando con otros grupos políticos les alcanzaba de sobra para reformar nuestro cuestionado sistema judicial y el sistema político. Al parecer no hubo intención de cambiar nada. Una de las últimas acciones que colmó el vaso fue la aprobación de la ley de financiamiento ilícito a los partidos políticos impulsada por Fuerza Popular.

Lejos de hacer un “mea culpa”, la congresista Luz Salgado salió anoche en una entrevista televisiva a echar sombras sobre la ONPE y al JNE, y a rasgarse las vestiduras cuando los actuales congresistas fueron incapaces de presentar y aprobar iniciativas que favorezcan a la población. Ahora se quejan del presidente Martín Vizcarra, pero el mandatario ha hecho lo correcto; es decir, tomar el toro por las astas y evitar que el país siga paralizado. Se olvidan los parlamentarios que la aprobación del Legislativo está en un solo dígito y el rechazo es cada vez mayoritario. Las calles ya lo habían adelantado: Que se vayan todos. Se ha cumplido la expresión latina “vox populi, vox dei” y al Congreso solo le queda acatar la voz del pueblo.

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Editorial

Con referéndum debe empezar el cambio

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El catedrático español Manuel Villoria ha señalado, en entrevista con el diario oficial El Peruano, que desde Europa se observa con preocupación el caso Lava Jato, por los efectos que puede tener en el ámbito público. Recuerda que, ahora mismo, el conjunto de procesos ha llevado, por ejemplo, a que en Brasil llegue al poder Jair Bolsonaro, un personaje que ciertamente produce preocupación por sus posiciones radicales.

Director del Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, y autor de más de 200 publicaciones sobre administración pública y ética administrativa, Villoria advierte que en el Perú se investiga a cuatro expresidentes, con lo cual no se sabe qué efectos habrá sobre la vida política, y cuáles son las posibilidades de que aparezca un salvador diciendo que acabará con la corrupción pero, más bien, generará más problemas.

No obstante, destaca los esfuerzos de nuestro país para eliminar este flagelo, aunque insiste en que hay preocupación por las consecuencias sobre la democracia, la legitimización democrática y el sistema político. Villoria es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza.

Lejos de caer en la aceptación de esta lacra, los peruanos han dicho basta y han expresado su indignación. Es más, el ruido político generado por la corrupción ha despertado una reacción en la ciudadanía, y producto de esa reacción es el referéndum en el que hoy participan 24 millones de peruanos para decidir sobre cuatro reformas planteadas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Congreso de la República. Será, pues, el inicio de una reforma judicial y política que debe continuar y que ayudará a la economía el próximo año, como lo ha señalado la Cámara de Comercio de Lima.

El referéndum se lleva a cabo hoy a nivel nacional y existe expectativa por el cambio de lo que lograría el país mediante este mecanismo democrático. La participación de todos los ciudadanos peruanos es clave. No es suficiente ver cómo la televisión destapa día a día y a cada momento más casos de corrupción, porque eso terminará banalizando ese cáncer que corroe a nuestra sociedad. Aquí no estamos viendo una película en la que no podemos hacer nada. Acá todos somos actores y nuestra participación es necesaria porque el referéndum reflejará el grado de descontento de los peruanos con la actual forma que tienen muchos de hacer política, de espaldas al país. Eso debemos cambiar.

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Editorial

Referéndum expresa rechazo a corrupción

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Al destacar la importancia de que todos los ciudadanos acudan a las urnas a votar en el referéndum que se realizará mañana domingo, el presidente Martín Vizcarra ha recordado que todos los peruanos tenemos la obligación de fortalecer la democracia y ha dicho que una forma de hacerlo es que todos los ciudadanos participen en las decisiones más importantes para el futuro del país y no dejando que sean solo las autoridades quienes tomen las decisiones.

En efecto, mañana se someterá a consulta popular cuatro preguntas, una por cada reforma constitucional que fueron planteadas por el Gobierno y aprobadas por el Congreso de la República.

Las preguntas son las siguientes: 1) Ley de reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, que reestructura el Consejo Nacional de la Magistratura. 2) Ley que modifica el artículo 35 de la Constitución para regular el financiamiento de organizaciones políticas. 3) Ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios, y 4) Ley que modifica 61 artículos de la Constitución para establecer la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso.

Sin embargo, lo más importante es que durante la consulta popular los peruanos mostrarán su rechazo a la corrupción, y serán especialmente los más pobres quienes podrán manifestarse contra esa lacra que les afecta directamente porque les roba la posibilidad de acceder a mejores programas sociales.

Además, el referéndum es fundamental porque a través de este mecanismo los ciudadanos ejercerán su derecho al voto para expresar su opinión sobre el actual sistema de justicia y la necesidad de contar con un mejor sistema para elegir a jueces y fiscales.

Recordemos que este referéndum surgió en respuesta a la indignación de los peruanos contra la corrupción y la necesidad de que los políticos se comprometan y no utilicen los puestos públicos en provecho propio.

Por otro lado, los empresarios sostienen que el referéndum debe ser el punto de partida para que el país se enfoque en sectores postergados como salud y educación, y para potenciar el crecimiento económico. Y como ha dicho el presidente Vizcarra desde el Cusco, en el referéndum el pueblo manda.

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