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Editorial

¿Y la reforma política?

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La Comisión de Defensa del Congreso ha convocado para hoy lunes al ministro del Interior, Carlos Morán, a fin de que responda sobre la participación del equipo policial de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) en la intervención a la vivienda del extinto expresidente Alan García.

El próximo jueves ha sido citada la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, por el tema de los textos escolares. Se trata, pues, de dos interpelaciones a ministros de Estado en tan solo una semana.

Si bien es cierto que el Parlamento tiene la potestad de convocar a los ministros de Estado para interpelarlos, en ejercicio de su labor fiscalizadora, y que los miembros del Gabinete están en la obligación de acudir a responder todas las preguntas que el Legislativo crea conveniente formularles, también es verdad que algunas interpelaciones resultan poco menos que oportunas, debido a la coyuntura en que se encuentra el país, prácticamente paralizado por obra de la corrupción que impera impunemente.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, se ha referido al caso de la titular de Educación, señalando su desacuerdo con tal interpelación porque, según advierte, tiene apenas 40 días de gestión y lo que objetan los parlamentarios de la mayoría fujimorista es algo que “deviene de responsabilidad administrativa anterior”.

Al parecer, este Congreso insiste en ponerle zancadillas a la democracia, distrayendo con ello la atención que deben merecer otros problemas a los que debe asignarse alta prioridad. Claro está que uno de esos problemas es la falta de la reforma política que el país entero está reclamando y que resulta ser la madre del cordero en el caso del tema de la corrupción.

Sin embargo, todo parece indicar que la precaria mayoría fujimorista prefiere continuar de espaldas al país y desplegar una labor obstruccionista antes que revisar los proyectos de la reforma política que duermen el sueño de los justos en el Congreso desde principios de abril.

Algunos congresistas deberían acordarse que la labor del Congreso también es la de legislar y a ver si se ponen, de una vez por todas, a trabajar para sacar adelante la reforma política que el país reclama.

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Editorial

¿Y las ocho horas?

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Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre febrero y abril de este año, 112,500 limeños trabajaron más de 80 horas a la semana, es decir, más de 13 horas en un día. De hecho que eso no tiene nada de raro, lo que ocurre es que ya todo nos parece normal en este país de la informalidad, llamado Perú. El empleo formal prácticamente está desapareciendo para dar paso a trabajos informales. Basta preguntarles cuántas horas al día trabajan los ambulantes, los taxistas, bodegueros, los vendedores del mercado, los empleados de restaurantes, etc., etc.

Y es que por décadas el empleo en nuestro país sigue entre la informalidad y la precariedad, lo cual es aprovechado para situaciones que francamente rayan con la explotación. Ha transcurrido varios años del boom de los precios de los minerales y del auge económico, lo cual generó un incremento del empleo, pero no de un empleo de calidad, sino de magras remuneraciones, extensos horarios y todo ello sin ningún tipo de beneficios sociales.

El problema se agravó últimamente porque el Perú fue uno de los países latinoamericanos que más migrantes venezolanos ha recibido. A mediados de 2008 se estimaba en más de 500,000 el número de ciudadanos venezolanos en nuestro país, actualmente se habla de 800,000 y la cosa va para más, pues la crisis política y económica en su país se ha agravado. Lo malo es que el ingreso de venezolanos al Perú ha sido desordenado y desregulado, lo que ha contribuido a agudizar la precarización y la informalidad del empleo deprimiendo aún más las deplorables condiciones laborales y distorsionando más el mercado laboral.

En ese contexto, no resulta nada raro que por un lado, los trabajadores que cuentan con un empleo formal, con un número de horas regulado por la autoridad de trabajo y beneficios sociales, busquen mantener su puesto laborando más allá de lo que se le pide; de otra parte, quienes no tienen la suerte de tener empleo formal tengan que trabajar 13 o más horas diarias para poder llevar el sustento diario a sus hogares. Esta situación se solucionará no con leyes controlistas, sino con verdaderas reformas destinadas a alentar nuevas inversiones en el país y a fortalecer el mercado interno, lo que podría coadyuvar a generar el trabajo decente que requiere.

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Editorial

Coimeros y coimeados

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La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien es investigada por presunta recepción de dinero de parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, ha pasado su primera noche en la cárcel, luego de que el Poder Judicial le dictara 18 meses de prisión preventiva. Igual suerte ha corrido su exgerente municipal, José Miguel Castro, quien es investigado por la Fiscalía por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de activos. Se le acusa de haber solicitado dinero a las empresas OAS y Odebrecht para la campaña por el No a la revocatoria y la reelección de Villarán.

Pero no son los únicos casos de acusados por delitos de corrupción. Hay políticos, candidatos y otras autoridades que ya están en manos del Poder Judicial para responder por la receptación de dineros de origen ilícito; la mayoría de ellos ligados al caso de la constructora brasileña Odebrecht. Pero, sabido es, que para que haya funcionarios coimeados es requisito sine qua non que haya un coimero; es decir un corruptor. Ambos –coimeros y coimeados– han tenido participación para que exista delito y, por lo tanto, deben ser igualmente sancionados por la justicia.

Para eso se requiere de un sistema de justicia fuerte y sólido que no sea fácilmente infiltrado por la corrupción, pues de lo contrario todo esfuerzo por acabar con ese flagelo será poco menos que inútil, y la reforma política que está tratando de implementar el Ejecutivo se irá por el desagüe. El presidente Martín Vizcarra ha dicho que todas las bancadas están de acuerdo en que la reforma política es una prioridad para el país; no soluciona todos problemas, pero es un gran paso para fortalecer la democracia y tener una mejor representación.

De hecho, lo que requiere el país es una reforma integral y, si no sería mucho pedir, un cambio de Constitución, pues la actual fue hecha a la medida del entonces dictador Alberto Fujimori. Hay que recordar que la actual Carta Magna data de 1993; es decir, nació poco después del autogolpe de 1992. Por eso es que la corrupción puede entrar y salir fácilmente en todas las instancias del Gobierno y los resultados son los que estamos viviendo en la actualidad, con un sistema político y electoral que permiten actos de corrupción, un Poder Judicial que no mide con la misma vara y como resultado de ello una democracia débil que subsiste con una economía liberal. Ha llegado la hora de que se unan voluntades para sacar al país del hoyo de la corrupción.

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Editorial

Una luz al final del túnel

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La reunión que sostuvo el presidente Martín Vizcarra con los voceros parlamentarios para discutir acerca de la reforma política, al parecer tuvo resultados positivos. Tras la cita en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar, informó en conferencia de prensa que el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, presentó un cronograma alternativo para analizar la reforma política y electoral planteada por el Poder Ejecutivo.

Según ha dicho el jefe del Gabinete ministerial, el nuevo cronograma permitiría que se pueda cumplir con la aprobación de las propuestas legislativas en una primera legislatura, para luego ratificarlas en una segunda, pues así se lo ha asegurado el congresista Carlos Tubino al Presidente de la República. No obstante, la legisladora Luz Salgado ha sido menos diplomática al señalar que Fuerza Popular está de acuerdo con las “reformas estructurales” que requiere el país, pero no necesariamente con las planteadas por el Poder Ejecutivo.

Por supuesto que en toda bancada parlamentaria puede haber voces discordantes o apreciaciones particulares sin que eso signifique que no respaldarán la posición mayoritaria al interior de su agrupación política. Además, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, manifestó que la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, le ha asegurado que al 19 de junio todos los proyectos de la reforma política serán debatidos y tendrán un dictamen. El titular del Legislativo, también, ha destacado la predisposición del Parlamento de darle prioridad a las iniciativas del Poder Ejecutivo sobre esta materia, por lo que no tendría que haber ninguna duda al respecto.

En todo caso, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, consideró el cronograma alternativo como una muestra de “rectificación y flexibilidad” para atender aquello que resulta prioritario como lo concerniente a las modificaciones constitucionales de carácter electoral. El país entero estará pendiente de que la bancada de Fuerza Popular cumpla con sus obligaciones porque el proyecto de reforma política requiere de su aprobación en dos legislaturas ordinarias para su aplicación. Ojalá, pues, que veamos la luz al final del túnel.

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