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Editorial

Walter Jibaja debe irse

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El parlamentario Carlos Bruce relató anoche, en una entrevista con Mávila Huertas de Canal N, que el actual jefe de seguridad del Congreso, Walter Jibaja, lo amenazó de muerte después que el congresista en épocas del gobierno de Ollanta Humala reveló que era homosexual.

Carlos Bruce dijo que Jibaja se disculpó por la amenaza, mediante las ondas radiales de RPP, pero se sorprendió que Jibaja hasta ahora siga siendo jefe de seguridad del Parlamento. “No puede ser que alguien que haya amenazado de muerte a un congresista sea jefe de seguridad del Legislativo”, dijo totalmente sorprendido.

Jibaja efectivamente sigue siendo jefe de seguridad del Congreso dominado por Fuerza Popular y, según fuentes de Fuerza Popular, no renuncia a su cargo, tal como lo han pedido seis bancadas congresales, por orden de la lideresa Keiko Fujimori.

Hay suficientes motivos por los cuales Jibaja debe dejar el cargo como, por ejemplo, el copamiento de simpatizantes de Fuerza Popular en el área que maneja, la militancia confesa de él en el fujimorismo, denuncias de que el grupo de trabajadores a su mando realiza seguimientos a congresistas de oposición.

El hecho que Jibaja siga al frente de la jefatura de seguridad del Parlamento es una evidencia que Luis Galarreta no escucha el pedido de seis bancadas para que el keikista dé un paso al costado, porque alguien que considera que Fuerza Popular es el Real Madrid de la política peruana es un peligro para los legisladores críticos al fujimorismo.

Hay congresistas que han pedido con su firma y su voz que Jibaja no les infunde la seguridad debida en su centro de labores que es el Parlamento sino todo lo contrario; sin embargo, hasta ahora, pese a las denuncias fundadas, Walter Jibaja sigue al frente de un personal que estaría, además, en una campaña de desprestigio mediante redes sociales de todo aquel que no piensa como los integrantes de Fuerza Popular, es decir, como Keiko Fujimori.

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Editorial

Respaldo a fiscales

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Una solicitud de medida cautelar para proteger el acucioso trabajo del equipo especial Lava Jato, así como el de las fiscales del caso “Los cuellos blancos del puerto”, viene procesando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante esta medida, en primer lugar, porque permitirá garantizar el trabajo del fiscal José Domingo Pérez, a quien pretenderían presionar el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry y sus sub subalternos, lo cual sería inaceptable y menos en estos momentos en que se requiere de la conjunción de esfuerzos para luchar contra la corrupción.

De igual manera, el referido recurso servirá para cautelar el trabajo que vienen realizando el fiscal superior, supervisor del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, encargadas del caso “CNM audios – Los cuellos blancos del puerto”.

Es importante, pues, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apruebe esta solicitud para evitar así que continúe la interferencia, interna o externa, en la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo. Igualmente, para impedir que los fiscales mencionados sean apartados de las investigaciones que vienen realizando con los escasos recursos con que se cuentan, pero con muy buenos resultados, además de resguardar su integridad y la de sus familias.

Lógicamente que esta demanda ha sido interpuesta contra el Estado Peruano, el que, a través del Ministerio de Justicia, ha recibido el expediente para que lo conteste ante la Comisión IDH. Luego vendrá la decisión del organismo interamericano, que ojalá pueda ser en el más corto tiempo posible. En caso de no atención, la Comisión llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podría dictar las mismas medidas, pero con carácter de obligatorio cumplimiento.

Hay un gran interés de la ciudadanía en que se elimine, de una vez por todas, la corrupción que causa enormes pérdidas a nuestro país. El presidente Martín Vizcarra ha sintonizado muy bien con el clamor de la población y lo ha resumido en una frase muy corta. “Basta de hermanitos”. Ojalá, pues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda apoyar al Perú aprobando la solicitud del Instituto de Defensa Legal”.

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Editorial

Congresistas deben ponerse a trabajar

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La rápida reacción que ha tenido el presidente Martín Vizcarra al sacar adelante el referéndum para hacer las reformas del sistema político y judicial no es suficiente. Se requiere ahora que el Congreso recoja el clamor expresado por la población en las urnas, el domingo último, y se ponga a trabajar para materializar lo más pronto posible el mandato de la ciudadanía. Es menester actuar con urgencia para acabar con la corrupción rampante que extiende sus tentáculos por todas las instituciones del país y les roba a los más pobres la esperanza de salir adelante.

No por gusto más del 85% de la población ha respaldado la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que estaba infestado por la corrupción. Ahora, la nueva institución será la que revise las evaluaciones de jueces y fiscales porque hay denuncias y hasta audios de cómo se realizaban los nombramientos de algunos magistrados; usando prácticas nada transparentes. No más “Cuellos Blancos”, no más “hermanitos”.

El Parlamento ha ampliado la legislatura para debatir la ley de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, hay legisladores que aún no son conscientes de la urgencia con que se debe actuar para poner la justicia al alcance de todos. Es verdad que hasta el nombramiento del Fiscal de la Nación tendrá que ser evaluado. La cabeza del Ministerio Público debe ser una persona proba, sobre quien no recaiga ningún atisbo de dudas porque en sus manos está la acción contra la criminalidad y la defensa de la sociedad.

Si la designación del titular del Ministerio Público no se ajusta estrictamente a las normas, pues tendrá que dejar el cargo. Pero para ello se requiere que los “padres de la patria” se dejen de críticas y discusiones. El Parlamento acaba de ampliar la legislatura hasta el próximo 30 de enero para debatir sobre la reforma del sistema de justicia. Es urgente que la Junta Nacional de Justicia inicie sus funciones lo más pronto posible. Se trata de un organismo fundamental para la administración de la justicia y ahora la responsabilidad es del Congreso que actualmente está bajo escrutinio del ojo público.

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Editorial

A consolidar las reformas

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Después de los resultados del referéndum, la oposición, así como ciertos sectores empresariales y hasta analistas “todólogos”, han salido a decir que el único que ha ganado y ha salido fortalecido es el presidente Martín Vizcarra por el carácter plebiscitario de la consulta realizada el domingo último. Sin embargo, lo que ha hecho el mandatario no es otra cosa que canalizar la indignación de toda la ciudadanía por la inacción de los congresistas que han llegado al Parlamento para ver sus intereses particulares, olvidándose del bienestar común de la población.

No hay que olvidar que las calles ya habían dado su veredicto, sentenciando “que se vayan todos”; es decir, estaban dispuestos a dar su anuencia para un eventual cierre del Parlamento. El Jefe del Estado, por el contrario, planteó el referéndum que ha funcionado como válvula de escape ante la presión popular a punto de estallar. Y claro, como los congresistas de la mayoría de Fuerza Popular, que después del referéndum ya no constituyen una fuerza ni tienen nada de populares, han sido duramente golpeados por las urnas pretenden hacerle pisar el palito al jefe del Ejecutivo para después presentarlo como una suerte de “dictador”, de lo cual no tiene nada.

El referéndum expresa, en principio, la decisión ciudadana de decirle basta a la corrupción. En segundo lugar es un castigo para los congresistas al prohibir la reelección. Razones de sobra hubo para ese resultado. Más del 85% respalda la prohibición de la reelección y casi el 86% aprueba la reforma que regula el financiamiento a las organizaciones políticas. Asimismo, algo más del 86% votó por la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM. En otras palabras se trata de reformas del sistema político y del sistema de justicia. No obstante, ya se oyen voces de la oposición con reclamos diversos.

Lo que es más, han salido los todólogos a decirle al presidente Vizcarra que ya puede usar el capital político obtenido para apuntalar otras reformas y le aconsejan que extienda la agenda para tener un segundo aire en su gobierno a partir del éxito político. Y la receta que le dan es que aproveche, entre otras cosas, para realizar la reforma laboral, que a su entender no es otra cosa que eliminar lo que ellos denominan sobrecostos laborales.

Claro, más de uno de sus críticos de la derecha radical quisiera verlo enfrentado a los gremios sindicales. No señor Vizcarra, no escuche consejos que solo le traerán más problemas a su gobierno. Ahora lo que toca es ir hacia adelante en la lucha contra la corrupción y consolidar las reformas que se ha propuesto.

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