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Editorial

Voto de confianza

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El nuevo Presidente del Consejo de Ministros y los integrantes del gabinete que lo secunda comparecerán hoy ante el Pleno del Congreso de la República para exponer los lineamientos y planes de su gestión y pedir el voto de confianza que, según manda la Constitución, es indispensable para que el nuevo gabinete sea ratificado pues sin el aval del Legislativo, quedaría virtualmente destituido.

El voto de confianza debe ser otorgado porque lo contrario sería fatal para la gobernabilidad y la estabilidad del sistema democrático, aunque una negativa parece descartada, teniendo en cuenta que la mayoría de las bancadas han adelantado que, por encima de las discrepancias y en aras de la democracia, van a darle al nuevo equipo ministerial la oportunidad de demostrar su capacidad para enfrentar los grandes problemas nacionales y atender las expectativas y demandas de la sociedad.

Los cuestionamientos a una ministra por un patrimonio de acciones supuestamente contrario a la ley, de ninguna manera deben ser obstáculo para que el Pleno extienda su luz verde al gabinete, pues el caso está tratándose en una comisión del propio Congreso, que decidirá al respecto.

Es comprensible que pueda desatarse una intensa discusión en torno a las circunstancias de la crisis ministerial y de la designación del nuevo gabinete, así como en torno al papel de la Primera Dama en el Ejecutivo, que la oposición cuestiona y que es tema de una campaña que el Presidente de la República ha calificado en duros términos.

Pero independientemente de los criterios que se pueda tener al respecto y de los señalamientos que puedan hacerse al gobierno –lo que en este diario solemos registrar– tampoco deben ser motivo para negarle el voto de confianza, necesario para mantener la institucionalidad democrática, absolutamente necesaria para la estabilidad económica, el crecimiento y las inversiones que el desarrollo del país demanda.

El país necesita encauzar pasiones a fin de que la contienda política se mantenga en el marco del cotejo alturado de ideas, propuestas y posiciones, y es de esperar que sea en estos términos que se desarrolle el debate y se encuadren las interrogantes de los parlamentarios, una vez presentadas las exposiciones del premier y los ministros, de quienes esperamos respuestas a las inquietudes de la sociedad que espera soluciones a sus problemas.

En ese contexto, es lamentable que dos conocidas fuerzas políticas hayan adelantado una rotunda negativa a extenderle al nuevo gabinete la confianza que necesita para ponerse a trabajar. Esa posición, al margen de las razones que invocan, evidentemente obedece a actitudes de encono, ambiciones electorales y simple cálculo político y nada tienen que ver con los intereses nacionales y los anhelos ciudadanos.

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Editorial

Nadie gana con la informalidad

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Los comerciantes de la zona de Mesa Redonda, en el centro de Lima, aseguran que el cierre por tres semanas, dispuesto por el municipio metropolitano para permitir las inspecciones a los locales comerciales, les ocasionará grandes pérdidas.

Evidentemente que la razón no les asiste porque después del siniestro registrado en el lugar en el año 2001 –en que se perdieron 279 vidas humanas– se han vuelto a registrar por lo menos otros nueve y el último de ellos fue el ocurrido la noche del Viernes Santo, en el que no se registraron daños personales y vaya uno a saber si fue por algún milagro divino.

Efectivamente, en esas galerías comerciales no se respetan las más mínimas normas de seguridad. Lo peor es que muchos de los locales fueron hechos para vivienda y no cuentan con pasillos de alto tránsito y mucho menos para el almacenaje de mercaderías.

Pero aun así hay un alto tránsito de clientes. No se trata solo de la vida de los comerciantes y sus clientes, sino también la de los bomberos y policías que llegan al lugar cuando se ha producido un incendio que se propaga rápidamente por la gran cantidad de materiales altamente inflamables que se almacena en el lugar.

De otro lado, es obligación de las autoridades municipales verificar el fiel cumplimiento de las normas de seguridad para garantizar la integridad física de la gente que concurre al lugar, pues de lo contrario no puede otorgarles licencia de funcionamiento a esos negocios tugurizados.

Lo ideal hubiera sido que primero se construyan las galerías de acuerdo a las normas de seguridad y después se proceda a pedir la licencia de funcionamiento, contando con el visto bueno de Defensa Civil, pero lamentablemente en nuestro país ocurre lo contrario por la informalidad.

Pero si los comerciantes creen que son ellos los únicos que están sufriendo grandes pérdidas, la medición hecha por el Organismo de evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), con información de dos monitores instalados cerca, comprobó que la cantidad de material particulado fino y muy fino triplica la cantidad permitida.

Francisco García, representante de OEFA, confirmó que en la zona del siniestro se halló ayer por la mañana 366.84 microgramos por metro cúbico de PM10 (material particulado fino) y 347.33 de PM2.5 (material particulado muy fino), cuando lo aceptable es 100 y 50 microgramos, respectivamente. Un alto grado de contaminación que enferma a los vecinos. Eso quiere decir que con la informalidad nadie gana.

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Editorial

¡Que la historia lo juzgue!

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Razón no le falta al exprocurador Julio Arbizu al decir que la muerte de Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas declaraciones de Jorge Barata. En efecto, hay muchos personajes involucrados y más de uno quisiera ver fuera a los fiscales del equipo especial que investiga el sonado caso. Sin embargo, ninguna conexión existe entre la autoeliminación del expresidente aprista y la investigación fiscal.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha opinado que la lucha contra la corrupción en el Perú es un proceso que no puede ni debe detenerse, pues de este depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática. Además, ha considerado que sería trágico que “la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

En tanto, un programa periodístico dominical que se emite por Latina ha difundido anoche declaraciones de Ricardo Pinedo, que fue secretario y amigo de Alan García, quien revela que él recibió la carta del mandatario con la consigna de entregársela a sus hijos, en el momento que él le iba a indicar. En todo caso es un elemento más para presumir que fue una decisión muy personal de Alan García, planificada con mucha anticipación. ¿Por qué, entonces, tratar de culpar al Ministerio Público para frenar el combate a la corrupción?

En las próximas horas hablará el exfuncionario de la constructora Odebrecht Jorge Barata, quien tendrá que decir toda la verdad, pues de lo contrario corre el riesgo de perder los beneficios de la confesión premiada a la que se acogió en Brasil. Es por ello que no podrá cambiar su versión cuando declare ante los fiscales peruanos. De lo que declare Barata depende que muchos funcionarios y políticos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala desfilen por el banquillo. A García que la historia lo juzgue.

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Editorial

Otra vez la informalidad

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Más de 200 bomberos voluntarios, apoyados por 350 policías, tuvieron que trabajar toda la noche del Viernes Santo en la zona de Mesa Redonda, donde ardió como tea una galería comercial, ubicada a la altura de la cuadra 7 del jirón Cusco. Milagrosamente no se registraron desgracias personales, pero los daños son considerables. El presidente Martín Vizcarra, quien se hizo presente en el lugar, ha explicado que la presencia de almacenes informales en la zona de Mesa Redonda, con material altamente inflamable, permitió que el incendio se propagara rápidamente.

Desde esta columna, hace casi cinco meses, hemos alertado sobre la situación de riesgo inminente para las personas que acuden a esta zona, pero al parecer las autoridades pertinentes siguen pensando que prevenir no es mejor que lamentar. Quizá por eso es que no se han hecho operaciones de fiscalización en ese lugar para detectar todos los peligros latentes, desde un incendio hasta un sismo de regular intensidad. El Jefe de Estado ha mencionado, también, que los representantes de la Municipalidad de Lima constataron que esa localidad, declarada en su zonificación para vivienda, en realidad era ocupada por almacenes.

Lo más lamentable es que a pesar de la gran cantidad de organismos reguladores y de fiscalización que se han creado la informalidad no puede ser erradicada de nuestro país. ¿Por qué siguen operando sin licencia estos comercios? ¿Por qué se destina a un uso diferente estas viviendas sin que nadie haga algo para que esta situación no continúe así? ¿Acaso no fue suficiente la tragedia ocurrida en Mesa Redonda el 29 de diciembre de 2001, y que costó la vida de 279 personas? ¿Necesitamos otra tragedia de esa magnitud para que nuestras autoridades recién vean la forma de acabar con ese problema de la informalidad? No, claro que no.

Ha llegado, pues, la hora de actuar con firmeza. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha anunciado que toda la zona de Mesa Redonda será cerrada durante tres semanas a fin de realizar una minuciosa fiscalización de los comercios y determinar si se encuentran en condiciones para operar sin ningún riesgo para la ciudadanía. Previo empadronamiento, los vecinos afectados tendrán que ser reubicados, pues según los bomberos hay 23 techos desplomados. Es necesario, entonces, que el burgomaestre capitalino disponga todas las acciones necesarias para acabar con este caos generado otra vez por la informalidad.

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