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Editorial

Voto de confianza

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El nuevo Presidente del Consejo de Ministros y los integrantes del gabinete que lo secunda comparecerán hoy ante el Pleno del Congreso de la República para exponer los lineamientos y planes de su gestión y pedir el voto de confianza que, según manda la Constitución, es indispensable para que el nuevo gabinete sea ratificado pues sin el aval del Legislativo, quedaría virtualmente destituido.

El voto de confianza debe ser otorgado porque lo contrario sería fatal para la gobernabilidad y la estabilidad del sistema democrático, aunque una negativa parece descartada, teniendo en cuenta que la mayoría de las bancadas han adelantado que, por encima de las discrepancias y en aras de la democracia, van a darle al nuevo equipo ministerial la oportunidad de demostrar su capacidad para enfrentar los grandes problemas nacionales y atender las expectativas y demandas de la sociedad.

Los cuestionamientos a una ministra por un patrimonio de acciones supuestamente contrario a la ley, de ninguna manera deben ser obstáculo para que el Pleno extienda su luz verde al gabinete, pues el caso está tratándose en una comisión del propio Congreso, que decidirá al respecto.

Es comprensible que pueda desatarse una intensa discusión en torno a las circunstancias de la crisis ministerial y de la designación del nuevo gabinete, así como en torno al papel de la Primera Dama en el Ejecutivo, que la oposición cuestiona y que es tema de una campaña que el Presidente de la República ha calificado en duros términos.

Pero independientemente de los criterios que se pueda tener al respecto y de los señalamientos que puedan hacerse al gobierno –lo que en este diario solemos registrar– tampoco deben ser motivo para negarle el voto de confianza, necesario para mantener la institucionalidad democrática, absolutamente necesaria para la estabilidad económica, el crecimiento y las inversiones que el desarrollo del país demanda.

El país necesita encauzar pasiones a fin de que la contienda política se mantenga en el marco del cotejo alturado de ideas, propuestas y posiciones, y es de esperar que sea en estos términos que se desarrolle el debate y se encuadren las interrogantes de los parlamentarios, una vez presentadas las exposiciones del premier y los ministros, de quienes esperamos respuestas a las inquietudes de la sociedad que espera soluciones a sus problemas.

En ese contexto, es lamentable que dos conocidas fuerzas políticas hayan adelantado una rotunda negativa a extenderle al nuevo gabinete la confianza que necesita para ponerse a trabajar. Esa posición, al margen de las razones que invocan, evidentemente obedece a actitudes de encono, ambiciones electorales y simple cálculo político y nada tienen que ver con los intereses nacionales y los anhelos ciudadanos.

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Editorial

Impunidad sobre ruedas

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Un total de 10 empresas de transporte urbano de pasajeros adeudan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la friolera de 28 millones 110,894 soles por concepto de infracciones de tránsito, importe que se encuentra en cobranza coactiva, informó la Municipalidad de Lima. La pregunta del millón es cómo así esas empresas pudieron llegar a adeudar semejante cantidad de dinero por concepto de papeletas impagas sin que las autoridades pertinentes hayan retenido los vehículos infractores en su debida oportunidad.

¿Qué vehículo particular, por ejemplo, podría seguir circulando por las pistas de la ciudad sin ser detenido y llevado al depósito municipal hasta que el propietario cumpla con pagar la papeleta y los gastos de internamiento de su unidad? ¿Cómo hacen los choferes del transporte público de pasajeros para seguir operando a pesar de la cantidad de infracciones que han cometido? Esa pregunta la deberían responder las autoridades policiales y del SAT.Quizá falta coordinación entre el municipio y la policía para capturar los vehículos en cuestión.

Por información actualizada del SAT, la lista la encabeza Consorcio Briza, cuya deuda asciende a S/ 3’506,032, le sigue Empresa de Transportes Sol de Oro S.A.C. (S/ 3’249,820), Empresas de Transportes Servicios Virgen de la Puerta S.A. (S/ 3’244,780), DIM Autos Perú S.A.C. (S/ 3’086,235), y Empresa de Transportes y Turismo California Siglo XXI S.A.C. (S/ 3’042,560). Como se puede apreciar no es poca cosa. Actualmente, las referidas empresas deudoras afrontan procedimientos de ejecución coactiva, por lo cual se ha dictado embargos en forma de retención bancaria, embargo en forma de inscripción de inmuebles y órdenes de captura de vehículos.

La verdad que es difícil de creer que en esta época en que la tecnología permite contar con cámaras de alta definición para detectar vehículos con papeletas impagas, se tenga que esperar tanto tiempo para poder ejecutar las cobranzas coactivas con embargo, mientras que esas unidades siguen transitando libremente por las calles y sus conductores continúan cometiendo infracciones con total impunidad. Las autoridades podrían poner un poco más de celo en su trabajo para que esta situación no se vuelva en pan de cada día.

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Editorial

Cuento de nunca acabar

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Un dantesco incendio consumió ayer en la madrugada un centro comercial ubicado en la cuadra 14 de la calle Elías Aguirre, de la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto. El siniestro dejó cuantiosos daños materiales. Del centenar de puestos repletos de mercadería, cerca del 90% fue devorado rápidamente por las llamas a pesar de los denodados esfuerzos de los bomberos y de pobladores que solícitos llegaron para ayudar a sofocar el fuego. De las primeras versiones, se supo que la causa sería un cortocircuito.

Este tipo de emergencias no son novedad para los bomberos por esta época del año. En una anterior oportunidad nos hemos referido desde esta columna a la necesidad de extremar todas las medidas de seguridad para evitar hechos de esta naturaleza que no solo comprometen el patrimonio de mucha gente, sino que también ponen en peligro la vida de los vecinos y hasta de los efectivos del cuerpo de bomberos, cuya abnegada y desinteresada labor es reconocida por toda la sociedad.

Todos los años, en el mes de diciembre, se producen los incendios en domicilios, negocios y centros comerciales. Basta recordar lo ocurrido en 2001 en la céntrica zona de Mesa Redonda, en pleno centro de Lima, donde las abarrotadas calles se convirtieron en una verdadera trampa mortal para más de 280 personas que murieron calcinados luego que una bombarda prendiera la mecha de una tragedia anunciada. Las responsabilidades eran más que evidentes, pero hasta ahora muy poco se ha aprendido de esa tragedia que enlutó cerca de trescientos hogares peruanos.

Lo que ha ocurrido recientemente en Iquitos podría pasar en cualquier lugar de Lima y también de otras regiones del país. Este año no hemos visto campañas en los medios de comunicación que alerten del peligro de almacenar materiales altamente inflamables en las galerías de estrechos pasillos que en las cercanías de la Navidad lucen repletas de gente. Peor aún si los tomacorrientes están sobrecargados para la exhibición de las luces navideñas.

Defensa Civil es la autoridad que se encarga de dar el visto bueno para que los municipios puedan expedir licencias, pero la verdad es que muchos comerciantes le sacan la vuelta a las normas. Ojalá que este año no tengamos que lamentar pérdidas de vida por incendios, sobre todo en las cercanías de la Navidad para que esta fiesta cristiana sea verdaderamente símbolo de paz, unión y alegría.

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Editorial

En nombre de todos los usuarios

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Como parte de las acciones de control que vienen realizando en las últimas dos semanas, el personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha enviado al depósito 194 vehículos que prestaban servicio informal en Lima y Callao, según ha informado la referida institución. Estas operaciones, aunque se realicen en forma periódica pueden resultar poco fructíferas sino infructuosas debido a la falta de una solución integral al problema del transporte urbano de pasajeros que se agrava cada día más y especialmente en estas fechas en que se acercan las fiestas navideñas y de fin de año.

Y no es por bajarle la llanta, por decirlo de alguna manera, al trabajo sacrificado que realiza el personal de la ATU, así como el de los inspectores de la Municipalidad de Lima, quienes muchas veces sufren agresiones por parte de los transportistas informales, y se ha visto casos, inclusive, en que se han salvado por un pelo de que les pase el carro por encima cuando los choferes infractores han pretendido darse a la fuga, burlándose hasta de la propia Policía Nacional. Así, los transportistas informales hacen tabla rasa de todas las leyes alegando su derecho al trabajo.

No obstante, sería bueno recordarles a las autoridades la necesidad de que se habilite las rutas de los corredores urbanos que faltan, y que se incremente el número de unidades del Metropolitano, donde es un suplicio viajar en horas punta. Bastaría que las autoridades traten de abordar una de estas unidades en hora punta para que verifiquen “in situ” la realidad que padecen miles y miles de ciudadanos todos los días; dicho sea de paso, el costo del pasaje no es ninguna ganga S/ 2.50. También hay que avanzar a toda máquina con los nuevos ramales del Tren de Lima.

Después de todo eso, el Gobierno debe integrar todos los sistemas de transporte con los alimentadores para que con un solo pasaje se pueda tomar interconexión como en otros países. Ese sistema de los corredores viales fue pensado para ese tipo de transporte por la exalcaldesa Susana Villarán, pero su sucesor, Luis Castañeda Lossio, no lo comprendió así. Al mencionar todo esto, esperamos que las autoridades pertinentes se den cuenta de una vez por todas que si hay una oferta de transporte informal es porque existe una demanda insatisfecha; es decir, que no es atendida, y es por eso que las operaciones contra los vehículos del transporte informal de pasajeros no serán nunca una solución definitiva. Elevamos nuestra voz en nombre de todos los usuarios.

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