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Editorial

Volvemos a la época de Montesinos

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La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó ayer, por mayoría, el dictamen que recomienda la insistencia de la Ley que Regula el Gasto de Publicidad del Estado, y ahora deberá ser debatida en el Pleno del Parlamento para su aprobación final.

La malhadada norma prohíbe la publicidad estatal en los medios privados, estableciendo “severas restricciones” como lo ha adelantado su inefable autor, el congresista aprista Mauricio Mulder, quien al parecer quiere que volvamos a la época de Vladimiro Montesinos en que se silenciaba a los medios de comunicación.

El pez por la boca muere. Todo parece apuntar a que se trataría de una represalia del fujimorismo y del aprismo contra los medios que los critican y no de una norma para cautelar los intereses del Estado. En efecto, fue el propio presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, quien amenazó a los periodistas que cuestionaban la adquisición de 60 televisores y frigobares por parte del Legislativo. “Vamos a aprobar otra ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. La ley de medios mermeleros la vamos a apoyar de todas maneras”, les respondió.

En otras palabras, el objetivo de esa norma sería silenciar las denuncias de los medios de comunicación. Y silenciar a la prensa es el arma más efectiva que han esgrimido las dictaduras porque de esa manera nadie puede conocer la situación que se vive en un país. Lamentablemente, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso el único legislador que se opuso en la votación fue Richard Arce (Nuevo Perú), mientras que Edmundo del Águila (Acción Popular) se abstuvo, lo que resulta inexplicable porque el fundador de Acción Popular, Fernando Belaunde Terry, dijo en 1980 al ganar las elecciones que no pasaría un día en Palacio de Gobierno sin devolver a sus propietarios los medios de comunicación confiscados por el Gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.

Basta recordar el caso Watergate que se trajo abajo al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien tuvo que dimitir en agosto de 1974 cuando la prensa destapó un robo de documentos que el mandatario trataba de encubrir. Sin embargo, el congresista Mauricio Mulder cree que con su pensamiento montesinista podrá hacer callar a la prensa. El caso de Mulder es muy parecido al de Bruto porque habiendo sido periodista hoy atenta contra los medios que en su oportunidad lo acogieron y quiere que volvamos a la época de Montesinos.

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Editorial

La ciudadanía está alerta

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El Poder Judicial tiene que asegurar a la ciudadanía que el juez que reemplazará a Richard Concepción Carhuancho en el caso Keiko Fujimori sea de primer nivel. Así lo ha advertido el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, al señalar que la recusación presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra la jueza Elizabeth Arias Quispe, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, podría ser una buena oportunidad en este caso.

Hay que recordar, que si bien es cierto que la jueza Arias Quispe –quien reemplazará al magistrado Concepción Carhuancho– ha expedido una resolución anterior en favor de Keiko Fujimori y eso no necesariamente implica que esté parcializada, también es verdad que la población no está dispuesta a cederle ni un milímetro de terreno a la corrupción. Ojalá, pues, que el Poder Judicial no se haya equivocado con esa designación porque, de lo contrario, tendrá que realizar las correcciones del caso inmediatamente.

La jueza Elizabeth Arias Quispe, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, es la misma magistrada que ordenó al fiscal José Domingo Pérez concluir la investigación en un plazo de 10 días, medida que, por suerte, fue anulada en apelación. Asimismo, en 2017 acogió un pedido formulado por la defensa de Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito, para evitar que la investigación por los cócteles organizados por Fuerza 2011 se adecue a la ley de crimen organizado, con lo cual se ampliaba el plazo de la indagación preliminar a 36 meses.

Ahora, a ella le tocará resolver los pedidos que formulen tanto el fiscal Pérez, como los investigados por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que habría recibido Keiko Fujimori. Sería bueno que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, asuma también el compromiso de garantizar que el mejor juez sea quien se ocupe de este caso emblemático, pues existe una razonable preocupación entre los ciudadanos, al punto que están dispuestos a movilizarse hasta el Palacio de Justicia para exigir imparcialidad y decirle basta a la corrupción.

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Editorial

Fujimori debe salir de la clínica

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Después de una prolongada permanencia de más de 100 días en la Clínica Centenario, la Junta Médica que evaluó recientemente al condenado expresidente, Alberto Fujimori, ha evacuado su informe concluyendo que se encuentra en condiciones estables y podría recibir tratamiento ambulatorio, lo que disminuiría el riesgo de “comorbilidades intranosocomiales” por estancia prolongada. ¿Y qué quiere decir eso? En lenguaje sencillo significa que Alberto Fujimori está más expuesto a un eventual contagio intrahospitalario por permanecer demasiado tiempo en un centro médico.

Por su parte, la Sala Penal ha dispuesto que el Inpe determine en qué penal debe ser internado Fujimori para garantizar la continuidad de su tratamiento médico. Hay que tener en cuenta, además, que se trata de una enfermedad crónica, pero que se encuentra controlada y sería cuestión de que el Inpe determine un penal que cuente con las garantías del caso para que el interno pueda ser atendido por su médico en caso que así fuera necesario. Por lo demás, hay una sentencia que debe ser cumplida.

Las condiciones que deberá cumplir el centro penitenciario, según la resolución, son las de asegurar la administración de los medicamentos, controles médicos periódicos y la posibilidad de traslado a un centro asistencial de manera inmediata si se llegan a presentar signos de alarma. Los médicos que evaluaron a Alberto Fujimori indicaron, también, que antes de su trasladado a un penal, deberá recibir el alta médica expedida por sus médicos tratantes. Su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, aclaró que estar estable no significa estar curado.

Es obvio, pues, por tratarse de un mal crónico, que Alberto Fujimori tiene que aprender a vivir con los males que lo aquejan, pero al mismo tiempo debe de cumplir con la ley. Para su abogado, César Nakazaki, el resultado del informe médico era más o menos lo que se esperaba. En todo caso, según los miembros de la Junta Médica, estar dentro de un centro médico por un tiempo prolongado no es lo mejor porque aumenta el riesgo de contagio intrahospitalario.

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Editorial

García tampoco debe tener corona

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El expresidente Alan García ha emprendido una serie de ataques sistemáticos contra el jefe del Estado Martín Vizcarra. Ha dicho que “nadie tiene corona”, en relación a la decisión del Congreso de investigar a Conirsa y la empresa del presidente Martín Vizcarra, “CyM Vizcarra SAC”, a la cual renunció antes de asumir el gobierno. En realidad, se trata de una empresa que fue proveedora del consorcio del que forma parte Odebrecht; es decir que era una de las 300 empresas proveedoras cuando la constructora brasileña no tenía denuncia alguna.

Pero García al parecer anda sumamente nervioso últimamente, y por eso saluda que se investigue cualquier posible irregularidad. Además, AG pide también volver a revisar el caso Chinchero que, según él “no acabamos de investigar adecuadamente”. En fin, cualquier cosa es buena con tal que la justicia no se acuerde de investigarlo a él. Será por eso que dice que el presidente Martín Vizcarra “debe dar explicaciones”. Claro, en su caso, García sostiene que él no tiene delación, ni cuenta, ni nadie le ha sindicado jamás.

Entonces, la pregunta cae de madura: ¿porqué trató de escapar de la acción de la justicia buscando asilo en la residencia de la embajada de Uruguay? ¿Será que también siente temor por lo que venga de Brasil? Si no es así, por qué esa fijación con el presidente Vizcarra, quien ha aclarado que su empresa, CyM Vizcarra, no ha tenido ningún contrato directo con la empresa Odebrecht, pero sí ha alquilado maquinarias para Conirsa, consorcio que se encargó de ejecutar obras en la carretera Interoceánica Sur en 2006 y 2008.

Todo parece indicar, pues, que no se estaría buscando investigar a una empresa, sino a la persona. En ese caso debe recordar el exmandatario aprista que no se puede investigar a un presidente en ejercicio de su labor, porque eso sería ilegal e inconstitucional. Es verdad que nadie tiene corona, pero eso también incluye a Alan García. En tal sentido, la población espera que la justicia mida a todos con la misma vara.

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