El Gobierno otorgará recursos adicionales a los distritos declarados en emergencia por haber sufrido daños en su infraestructura a consecuencia de los desastres naturales. De esa manera podrán atender la urgencia. Para tal efecto, el Consejo de Ministros aprobó la entrega de una partida especial para poder recuperar la infraestructura dañada por los embates de la naturaleza. Sin embargo, esta vez las autoridades locales tendrán que ser muy cuidadosas en el manejo de los presupuestos y mostrar total transparencia para evitar actos de corrupción.

La advertencia a las autoridades regionales y locales lo ha hecho el Jefe de Estado tras anunciar personalmente la aprobación de los recursos adicionales. Los ha instado a no repetir la historia de autoridades que se encuentran en prisión por cometer ese tipo de ilícitos penales. Pero el mensaje del mandatario ha ido más allá, pues ha considerado necesario combatir la impunidad y castigar a quienes hayan cometido actos de corrupción. El presidente Martín Vizcarra ha pedido firmeza en la lucha anticorrupción.

En efecto, se requiere aumentar la transparencia y para ello las autoridades deben dar a conocer las decisiones que han adoptado verificar el buen uso de los recursos del Estado, tarea en la que debería participar, también, la sociedad civil y la población en general, ha dicho el mandatario al pedir a la población mantenerse vigilante del uso que se le da a los recursos entregados porque pertenecen a todos los peruanos. No obstante, el problema es que la declaratoria de emergencia flexibiliza todos los controles para permitir la contratación urgente de maquinaria para reforzar las zonas ribereñas o adquirir alimentos o agua para entregar de manera rápida a los damnificados.

Por todas estas razones, sería bueno que el Ejecutivo brinde algún tipo de asesoría a los gobiernos regionales y locales. Asimismo, que la Contraloría, realice una campaña en el mismo sentido con la finalidad que gobernadores y alcaldes puedan reforzar su sistema de control y evitar el mal uso de los recursos que deben servir para reconstruir la infraestructura afectada por los desastres naturales. Las autoridades con “uñas largas” ya están advertidas para que no le sigan los pasos a quienes ya están en prisión por haber participado en actos ilícitos.

Una muy triste noticia trajeron ayer los medios de comunicación. Un total de 3,867 casos de violencia contra niños y adolescentes en todo el país se han reportado solo durante el mes de enero del presente año. Lo más lamentable es que de ese total, casi dos mil son menores de 11 años y los casos se han registrado en Lima, Arequipa y Junín. Lo más indignante de esos hechos es que no solo se trata de maltrato verbal, psicológico o económico, sino también de violencia sexual. Parecería que nada frenará esta ola de reprobables delitos.

Las escalofriantes cifras del mes de enero pasado señalan que 1,187 de los casos se refieren a violencia física; 1,874 casos a maltratos psicológicos, y 13 casos se registran por violencia económica. Esta información está consignada en el portal del Ministerio de la Mujer, cuyos especialistas han alertado que Lima es el departamento con mayor incidencia de maltrato infantil con 795 casos en menores de 11 años y 518 en menores cuyas edades fluctúan entre los 12 y 17 años. Le sigue Arequipa con 381 casos (230 de ellos contra menores de 11 años) y el tercer lugar de este triste ranking está reservado para Junín con 169 casos en menores de 11 años y 108 en menores entre 12 y 17 años.

Todo parece indicar que de nada valió tener un ministerio ad hoc para defender a la mujer y a las poblaciones vulnerables, como que de muy poco sirvió tener comisarías especializadas en esta materia. Según la Defensoría del Pueblo, existe una falta de trabajo coordinado entre el Ministerio de la Mujer y los gobiernos regionales y locales. Lo que se ha logrado es registrar casi notarialmente los casos que llegan a esas dependencias; es decir, los que son denunciados porque hay muchos otros que no se denuncian por temor a que el padre o la madre abandonen el hogar y los niños se queden sin el sustento diario.

Lo que ocurre es que en nuestro país falta una política destinada a proteger la salud mental. El Estado no puede sustraerse de sus obligaciones. Está bien velar por la buena marcha económica, pero debe entenderse también que la persona es el fin supremo de la sociedad y tan importante como la salud física es la salud mental de la población. Hasta cuándo no se asignará el presupuesto necesario para atender este problema. ¿Acaso tendremos que esperar el día del juicio final, por la tardecita?

Al parecer, existe una marcada preocupación en el Congreso por la no renovación de los contratos a más de 100 trabajadores, medida tomada por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, quien al anunciar esta decisión manifestó que el Parlamento no puede ser visto como una agencia de empleos del partido político de turno que maneja la Mesa Directiva. A los reclamos del fujimorista Segundo Tapia se suma ahora un memorando enviado por la auditora general del Oficial Mayor, Gianmarco Paz, pidiendo una explicación sobre la no renovación de los contratos a más de un centenar de trabajadores.

El documento, suscrito por Paula Cecilia Martínez Ramírez, exige información sobre las razones de la decisión de no renovar los contratos y pregunta si había informes de incumplimiento de sus labores y si existe un procedimiento para prescindir de ellos. Además, pide señalar si, a la fecha, las unidades orgánicas han reportado incumplimientos por parte del personal referido. Parece ser que los padrinazgos denunciados por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, efectivamente estarían funcionando, pues el vicepresidente del Congreso Segundo Tapia ha hecho anteriormente los mismos reclamos.

Al respecto, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ya ha adelantado la necesidad de renovar los cuadros de trabajadores. Para ello ha propuesto un concurso que tendría por objeto que los trabajadores sean elegidos por meritocracia. Eso permitiría, al mismo tiempo, sincerar las planillas de este poder del Estado que, por lo visto, es considerado como una suerte de “botín” del partido que ha logrado mayoría congresal. Hay que recordar, también, que los sueldos de los trabajadores del Congreso son financiados con dinero de todos los peruanos.

Por todas estas consideraciones, los congresistas no deberían oponerse a mecanismos que cautelen los presupuestos públicos. En cualquier centro laboral los postulantes son evaluados. Todas las dependencias públicas toman personal previo concurso y la excepción no puede ser el Congreso de la República al que algunos legisladores quieren convertirlo en agencia de empleos.