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Política

Velásquez Quesquén debería ir a prisión si cometió delito

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Javier Velásquez Quesquén

Habiendo elementos de convicción suficientes y no teniendo inmunidad parlamentaria, el disuelto congresista aprista debería ser detenido preliminarmente, por orden del fiscal provincial, por haber cometido un delito común.

Tres dirigentes de empresas de transporte dieron un testimonio lapidario contra Javier Velásquez Quesquén, cuando fueron detenidos en el mes de julio, debido a sus vínculos con la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

Zoraida Ávalos Rivera, fiscal de la Nación, tiene en su poder esa grave imputación. Además, no solo se le acusa a Velásquez Quesquén de tráfico de influencias sino de haber librado al alcalde de la Contraloría.

Es decir, por un lado intercedió a favor de un empresario de colectivos que cubría la ruta Chiclayo- Picsi; y por el otro, favorecía al exalcalde David Cornejo Chinguel para que la Contraloría desbloquee las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

Velásquez Quesquén lo niega todo. “En el próximo Congreso demostraré que es una nueva patraña urdida para desprestigiar a los adversarios del gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter.

20 AÑOS DE PENA

Al respecto, el abogado Guillermo Olivera Díaz afirmó que el fiscal provincial debe ordenar inmediatamente su detención preliminar, “para que haga sus descargos”, y en la hipótesis de que su negativa sea sesuda, “aún así debe ser detenido preventivamente”.

Precisó que eso es lo que se merece el excongresista disuelto, porque “se encuentra involucrado en un sinfín de hechos punibles e incluso tratándose de diversos agraviados y diversas modalidades de hechos ilícitos, se debe de hablar de un concurso real de hechos, cada uno de los cuales merece una pena determinada”.

Remarcó al respecto que “todo ello debe sumarse, porque en el Perú rige la sumatoria de penas, en cuya virtud presumo, calculo, juzgo, que una pena para un congresista altamente denunciado debe superar los 20 años de pena privativa de la libertad”.

“Pero hay que tener en cuenta dos cosas: uno, que yo discrepo con la Fiscal de la Nación, que lo denuncia ante el Congreso por un delito de función; y dos, que Velásquez Quesquén cometió un delito común con una organización criminal:

‘Los temerarios de crimen’ y por ello debe ser detenido”.

“Ya es el momento -agregó-, de que los exparlamentarios sean investigados, procesados, acusados y juzgados con todo el peso de la ley. Debe ser una pena ejemplar”.

Refirió que el nuevo Congreso debe jugar ese papel importante. “Y eso es lo que primero que haré de ser elegido por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), con el número 33”.

QUESQUÉN DIJO QUE VOLVERÁ

“Todas esas denuncias constitucionales que estén en curso en el parlamento disuelto, deberán ser reafirmados en una forma veloz para que todos esos casos, en conjunto, pasen a manos de los fiscales que correspondan”.

Comentando las palabras de Velásquez Quesquén, de que volvería al Congreso para demostrar que esas son patrañas contra los adversarios del gobierno, el letrado manifestó que “ese nuevo Congreso, por el contrario, va a reactivar todas las denuncias constitucionales que haya contra él y contra todos los congresistas que fueron vistos benignamente en la Comisión de Ética del Congreso de mayoría fujiaprista”.

“Así que sueñe despierto Javier Velásquez Quesquén, si cree que el nuevo Congreso lo va a blindar, lo va a apañar. Todo lo contrario. Además, se rumorea que mañana (hoy), 11 de noviembre, el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejará fuera de carrera a todos los topos de aprofujimorismo que están postulando al nuevo Congreso”, reveló.

“Es decir, esos excongresistas disueltos están impedidos de postular para el nuevo Congreso, así como también están prohibidos de candidatear el año 2021; por lo tanto, estarán fuera del Congreso hasta el 2026, porque el pueblo peruano, en el referéndum del 9 diciembre del 2018, les prohibió la reelección”, expli ALGO MÁS “Además, el artículo 134 de la Constitución Política les prohíbe la postulación cuando se encuentren en la calidad de congresistas disueltos, revocados, destituidos, por lo cual no tienen la posibilidad de candidatear”, concluyó el abogado Guillermo Olivera Díaz.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

El candidato sin memoria

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Javier Velásques Quesquén, Mauricio Mulder, Daniel Salaverry

Habilitado nuevamente para postular al Congreso, Mauricio Mulder pretende distanciarse del fujimorismo con cuestionamientos que podrían esconder una estrategia electoral. Además, pide que no se aplique el requisito de la valla electoral.

Le copia la estrategia a Yeni Vilcatoma. Tras ser habilitado nuevamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Mauricio Mulder, candidato al Congreso por el Apra, sorprendió ayer con unos cuestionamientos tardíos al fujimorismo. El excongresista señaló que hasta el momento desde Fuerza Popular no se ha reconocido que se vivió una dictadura en la década de los ‘90, bajo el gobierno de Alberto Fujimori.

“La dictadura de Fujimori fue consecuencia de un golpe de Estado y gobernó hasta el 2000. Que fue una dictadura, eso es innegable, y que el partido fujimorista no haya hecho un mea culpa de esa situación también es una realidad. Otra cosa es que, de acuerdo a las circunstancias, tú tengas una colocación política en la que al partido fujimorista como al nuestro le disparaban los mismos enemigos o rivales, eso puede llevar a que políticamente haya un entendimiento por un tema”, afirmó a El Comercio.

Acaso entusiasmado con la posibilidad de marcar distancia de sus recientes socios políticos, Mulder negó que haya existido una alianza entre el Apra y Fuerza Popular en el último Congreso. “No era una alianza para comenzar, ha sido simplemente como consecuencia de la inercia del ataque que recibimos de parte del gobierno”, indicó.

El candidato que enarboló la vacancia presidencial contra el presidente Martín Vizcarra como una de sus propuestas en caso de llegar al Congreso también opinó sobre uno de los más grandes problemas que podría enfrentar su partido. “Creo que siendo un Congreso de transición, debe elegirse sin necesidad de que haya una valla electoral”, sugirió.

Al respecto, hay que recordar que diversos analistas políticos han sostenido que resulta muy poco probable que el Apra pueda superar la valla electoral. “El Apra tiene un serio problema de vinculación con la corrupción, y no creo que pase la valla. No veo cómo podría pasar la valla. Si con Alan García, aliado con Lourdes Flores, pasaron la valla con las justas; sin Alan García ¿y con quién? ¿con Mulder con el número 1?, no veo cómo lograrían pasar la valla”, señaló semanas atrás la politóloga María Alejandra Campos.

ES SOLO UNA ESTRATEGIA ELECTORAL

Para el exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, el pedido de Mauricio Mulder para que en las elecciones de enero no se establezca la valla electoral obedecería a que el excongresista aprista sería consciente de que su partido es el principal candidato a desaparecer por no superar el porcentaje mínimo de votos requerido para mantener la inscripción de organización política. “Ya lo hemos dicho antes, es muy probable que el Apra no pase la valla electoral y termine desapareciendo. Lo mismo sucede con Solidaridad Nacional”, apuntó.

Por otro lado, advirtió que las afirmaciones de Mulder vuelven a dar vigencia al “dicho histórico sobre el Apra como una escopeta de dos cañones”. “Esta forma de actuar con ventaja y falta de escrúpulos forma parte de su personalidad política. Claramente es una estrategia electoral este afán por distanciarse del fujimorismo”, agregó.

Acerca de la negación de Mulder sobre la alianza entre el Apra y Fuerza Popular en el disuelto Congreso, Otta manifestó que resulta bastante clara la forma en que el partido aprista puso la “inteligencia política” mientras el fujimorismo compensaba con una bancada poderosa por el número de sus integrantes. “Pero ahora Mulder sabe que el fujimorismo es una mala compañía para mostrarse ante los electores, y por eso busca tomar distancia”, señaló.

Finalmente, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones, por haber permitido la reelección de los excongresistas del Parlamento disuelto. “Fue una decisión negativa la de no establecer para estas elecciones el impedimento de no reelección. De acuerdo a la nueva ley, debió aplicarse este criterio para que los excongresistas no vuelvan a postular, pues lo contrario debilita el espíritu de la ley aprobada”, comentó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Nuevo Perú denuncia que JNE bloquea su participación en elecciones 2021

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Nuevo Perú

Ante el silencio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la exhortación de Nuevo Perú para que implemente la Ley Nº 30995 que establece la inscripción de los partidos políticos con un mínimo de afiliados del 0,1% del padrón del último proceso electoral nacional, la organización política liderada por Verónika Mendoza, realizó un segundo plantón en la sede de dicha institución.

Durante el plantón, sus dirigentes y militantes exigieron una respuesta concreta sobre la implementación del reglamento, dejando en claro que no permitirán que vulneren su derecho a la participación política efectiva.

El acto de protesta de Nuevo Perú culminó con la entrega de una carta notarial al JNE, iniciando con ello un proceso constitucional de acción de cumplimiento.

“Hace dos semanas realizamos un plantón y entregamos una petición a los representantes del JNE, y hasta ahora no hay respuesta. Ante esta situación, hoy entregamos una carta notarial que debe de ser respondida en los próximos 10 días, de persistir el silencio acudiremos a la Justicia”, señaló Enver León, miembro de la Comisión Política de Nuevo Perú.

En otro momento, Mario Ríos, dirigente político de la Comisión Política de Lima, denunció que la demora en la emisión del reglamento de la Ley que establece la inscripción de los partidos políticos y las fichas para su afiliación, es una manera de impedir la participación de Nuevo Perú en las próximas elecciones generales.

“Con esta demora, el JNE está bloqueando nuestra participación en las elecciones del 2021, porque los tiempos se acortan y no tenemos los instrumentos para nuestra inscripción porque esta institución no quiere hacer lo que la ley les manda”, aseguró.

La Ley Nº 30995 que permite la inscripción de las organizaciones políticas con la afiliación de 24,000 personas, que representa el 0,1% del padrón electoral, fue promulgada el pasado 27 de agosto de 2019, estando pendiente su implementación hasta el día de hoy. Tarea que recae en el Jurado Nacional de Elección.

Esta ley, que hasta el día de hoy no tiene reglamento, es parte de las normas legislativas de la reforma política aprobadas por el último Congreso en el contexto de grave crisis política en el que diversos partidos políticos se vieron involucrados en casos de lobby, corrupción y blindajes.

Nuevo Perú denuncia que JNE bloquea su participación en elecciones 2021

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Política

Presentan tacha contra ilegal lista de candidatos

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Tacha de Lista Completa

El ciudadano Carlo André Reyes Reyes interpuso ante el Jurado Electoral Especial de Lima, una tacha a la lista completa presentada por Áureo Zegarra, usurpando ilegalmente el nombre del partido Todos por el Perú. El documento presentado señala que la referida lista no cumple con los requisitos establecidos en la Ley ni en los estatutos del partido.

Sobre todo en lo relacionado al cumplimiento de la democracia interna, “por lo que siendo un requisito insubsanable debía declararse su improcedencia”.

Reyes Reyes también subraya que lo dispuesto en la resolución No. 000442-2019-JEE-LC1/JNE, que admite esta lista, se ha realizado en contravención a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias.

Como se recuerda, en noviembre último la Asamblea General del Partido Todos por el Perú decidió por unanimidad la remoción parcial de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), entonces presidido por Áureo Zegarra Pinedo, ante las irregularidades cometidas en su gestión, por un grupo de dirigentes afines.

El Comité Ejecutivo Nacional es presidido actualmente por José Antonio Aspíllaga Plenge y su secretario general será Raquel Liliana Lozada Valentín. Según el acta de la Asamblea General, los integrantes de Todos por el Perú presentaron elementos que confirmarían irregularidades y acciones del CEN liderado por Zegarra Pinedo, que violaban reglamentos y estatutos de la organización política.

Incluso había revocado a autoridades electas en el seno de este órgano de gobierno y lo reemplazaba por los que consideraban convenientes, pretendiendo conducir el partido a través de un CEN paralelo, convocando únicamente a 7 de los 18 Secretarios Nacionales de la Organización Política, lo que fue advertido por la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas.

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