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Política

Valle del Tambo ¿Licencia para matar?

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Enfrentamiento población policial contramanifestaciones

Saber gobernar es una cualidad fundamental para quienes tienen a su cargo la administración del Estado. La torpeza es propia de la mediocridad, y la ineptitud suele ocasionar daños sociales masivos por desaciertos en la gestión gubernamental. Designar un gabinete chabacano tiene sus consecuencias como las estamos viendo con los sucesos en torno al proyecto “Tía María”. Cambiar el gabinete por uno de mayor eficiencia es una necesidad perentoria.

Al manejo declinante del sector economía se suman las ineptitudes de manejo en otros sectores que se reflejan en el PBI, empleo, delincuencia y otros males que la población paga por culpas ajenas. El Premier en vez de cumplir con sus labores ejecutivas está más ocupado en otros asuntos, desatendiendo el urgente tapado de huecos que hacen agua por todos lados en nuestra embarcación. Con este gabinete tenemos conflictos sociales en agricultura, pesca, salud, educación y, por si fuera poco, ahora tenemos los de minería.

Pero es el propio gobierno el que crea el conflicto social para luego decir a los contrincantes que el siguiente paso es dialogar. En cualquier parte del mundo, la licencia otorga el derecho de proceder al dueño del negocio, autorizando sus actividades. Eso es lo que el gobierno ha hecho al otorgar la licencia a la transnacional Southern. Por ello, invocar el diálogo posterior deviene ilegal, violando dicho derecho y redobla la torpeza pretendiendo engañar a la población.

En vez de reconocer el error y corregirlo, complica más la situación pues se persiste en favorecer a la transnacional al no anular la autorización. A los afectados solo les asigna un papel secundario sin cambiar la decisión. ¿Pero dialogar para qué? Pues, para convencerlos y vencer su resistencia, hasta lograr que acepte lo que ya está decidido. El supuesto de este diálogo es que la población se opone por ignorancia y manipulación de los anti mineros. Entonces se trabaja solo con un enfoque meramente técnico, para erosionar la voluntad de lucha de los afectados.

Marcha protestas contra mineras minería minas Southern

Esa es la finalidad de la trampa del diálogo. ¿Caerán en la trampa los afectados?

Pero hay una lección de vida de un caso similar en que la Southern fue repelido y desalojado por los afectados también tildados de ignorantes. Esta empresa acapara muchas concesiones mineras en diferentes regiones como Apurímac, Moquegua y Ayacucho. Pero los ayacuchanos son luchadores natos en toda su historia y allí la Southern se encontró con un pueblo aguerrido que lo hizo huir “con el rabo entre las piernas”.

Se trata del pequeño distrito de Hualla en la provincia ayacuchana Víctor Fajardo, el mismo que, en julio del 2011 expulsó a dicha transnacional y aunque el corrupto presidente de entonces, había dicho “Hay quienes no comen ni dejan comer”, los huallinos hicieron defensa cerrada de su heredad ecológica.

En el 2009, la Southern convocó a la población a la Plaza de Armas, en cinco ocasiones, para explicar los trabajos de exploración. Pero de pronto, la Southern obtuvo autorización del Ministerio de Energía y Minas para desarrollar el proyecto Chinchinga sin la consulta previa a los pobladores.

Chinchinga es un paraje que está ubicado a más de 4000 msnm donde hay fierro, cobre, molibdeno y en menor cantidad oro, plata, arsénico, plomo, zinc, entre otros. Pero los pobladores ya sabían lo que pasaba con el vecino asentamiento minero Canaria donde ocurrió el desborde de un relave mineral que cayó al cauce del río. También sabían de las promesas incumplidas. Entonces la desconfianza se acrecentó pues aunque la empresa y autoridades les ofrecieron de todo como en el caso Tïa María, ellos dijeron: “manan”.

La empresa ya tenía a su favor a jueces, autoridades locales y regionales, pero nada convenció a la masa. Se trajeron abajo a todo sospechoso de haber sido comprado por la empresa, sean autoridades, dirigentes, familiares y beneficiarios que ya estaban laborando para la empresa. Tenían una vida apacible en su hábitat ecológico y no quisieron correr el riesgo de perderlo pese a los argumentos técnicos. Buscaron la solidaridad de toda la provincia y formaron el frente de defensa de los intereses provinciales.

Se hicieron innumerables gestiones ante las autoridades nacionales, pero estas, estaban parcializadas con la transnacional. Frente a esta situación, en enero del 2011 unos 300 comuneros se dieron cita en la plaza mayor de Hualla y acordaron no permitir la presencia de la empresa en la zona. En junio, en una reunión multicomunal, los alcaldes y presidentes de las comunidades de Fajardo decidieron acatar un paro para forzar la salida de la transnacional.

Enfrentamiento de la policía con la población por minas minería

No obstante, un día antes del paro, el presidente regional Oscorima se presentó acompañado del gerente general de la Southern para tratar de disuadirlos hablando maravillas del proyecto. El repudio terminó en bronca. El paro se realizó y el gobierno respondió con la consabida “mesa de diálogo”. Mientras esto sucedía en Ayacucho, las protestas en el valle Tambo contra la misma transnacional, por el proyecto “Tía María” arrojaban ya tres muertos.

La lucha de los agricultores de este valle arequipeño alentó la decisión de los ayacuchanos que resolvieron un paro indefinido exigiendo la salida de la transnacional. El gobierno regional entonces se vio precisado a declarar como zona intangible el área del proyecto Chinchinga plegándose al sentir general. A la empresa no le quedó otra que retirarse de la zona llevándose todos sus implementos, pero advirtiendo que mantendrá sus derechos.

La victoria del distrito de Huaylla es un ejemplo que pasa desapercibido, pero demuestra que es posible revertir la mala intención de los depredadores de recursos naturales, preservando los ecosistemas naturales. Muchos despojos se consuman porque lo permitimos. Luego vino el gobierno de Humala en el que los conflictos mineros dejaron 50 muertos y 750 heridos según registro de la Defensoría del Pueblo. ¿Se justifica el despojo con este saldo trágico por culpa de un gobierno vende patria?

Los analistas convocados por la prensa reducen la problemática del caso “Tía María” a un enfoque sesgado que privilegia lo técnico. “Se va a usar agua de mar”, nos dicen como salvedad. No somos tarados para pensar que el agua de m ar no se evapora ni filtra al subsuelo, ni se suma al torrente de aguas subterráneas, que sus componentes no se combinan químicamente con los átomos metálicos y no metálicos, que el lavado de minerales y de polvo no sedimenta con el agua de mar, que el arsénico, ácido sulfúrico y otras sustancias nocivas que se diluyen en agua de mar no son venenosos, que con el agua de mar no hay relaves, etc.

Pero este, más que un asunto técnico, es un asunto político. Bien sabemos que lo técnico se ajusta a lo político, sirviendo indistintamente a cualquier corriente ideológica. Si tenemos una Política de Estado entreguista de nuestras riquezas naturales, entonces esa línea política se impregnará a todos los planes de gobierno. Por tanto, si no hay cambio de esta política de estado, seguiremos lamentando las atrocidades del despojo que favorece a nuestros depredadores.

Por eso es muy importante sumarnos a la lucha de los afectados por la minería, desde cualquier trinchera en que nos encontremos. Aunque ellos son afectados directamente, en realidad todos los peruanos somos afectados indirectamente por el despojo de riquezas no renovables y porque, con la riqueza que se llevan nuestros opresores, tendrán más poder para avasallarnos. Por el contrario, nosotros perderemos para siempre nuestra heredad de recursos naturales, quedándonos como país sumido en la pobreza después de haber tenido tanta riqueza. O no. Ustedes que dicen. ¿Dejar hacer, dejar pasar?

 

MILCÍADES RUIZ

Política

Las incoherencias de Vilcatoma

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Yeni Vilcatoma

Yeni Vilcatoma parece haber adoptado como estrategia distanciarse del ala dura del fujimorismo, no solo por su decisión de postular al Congreso en la lista de Solidaridad Nacional, sino por las últimas declaraciones en medios de comunicación donde ha dado mensajes contradictorios con su procedencia política y trayectoria.

La exparlamentaria por Fuerza Popular afirmó en entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), que la lideresa del partido naranja, Keiko Fujimori, debería retirarse de la política. “Para mí Keiko Fujimori debería retirarse de la política luego que se ha conocido estos aportes que nunca anunció. Y debe retirarse de la política porque luego de ver sufrir a su familia como ha sufrido nunca más los debería exponer así”, indicó acerca de los millonarios aportes recibidos por parte de grupos empresariales y que no fueron declarados ante el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

TAMBIÉN CONTRA CASTAÑEDA

Luego de desacreditar como política a Keiko Fujimori, la excongresista sostuvo que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, también debería alejarse de la política.

“Ha dado un paso al costado y se está sometiendo a las investigaciones. Yo confío que el Equipo Especial (Lava Jato) está haciendo sus actividades de investigación que hace poco se han dado a conocer”, afirmó respecto a la licencia temporal que Castañeda solicitó a Solidaridad Nacional.

El exalcalde es investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados a los aportes que habría recibido para su campaña del 2014 de parte de la empresa brasileña OAS, por lo que cuenta con impedimento de salida del país por 18 meses desde julio.

Hay que indicar que luego de que el secretario general de Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga, afirmó que la excongresista Rosa Bartra fue elegida como candidata por ser la mejor congresista de la historia de la República, Yeni Vilcatoma también destacó su labor en la Comisión Lava Jato. Lo que omitió Vilcatoma es que Bartra postula al Congreso con el número uno en la lista de Solidaridad Nacional, a pesar de que propuso investigar a Castañeda por presunta corrupción en su informe de la Comisión Lava Jato.

FLORES PARA PÉREZ

Días atrás, cuando fue consultada por los millonarios aportes recibidos por Keiko Fujimori, Vilcatoma manifestó sentirse sorprendida por la noticia y no escatimó elogios para el trabajo realizado por el Equipo Especial Lava Jato.

“Saludo la estrategia del fiscal José Domingo Pérez porque ha trabajado una estrategia que ha revelado algo tan igual de grave o más grave todavía que es que se haya recibido financiamiento de todas estas empresas”, declaró a Canal N.

“Estoy totalmente en contra de este tipo de proceder. Recibir dinero siendo un líder político, y no solo me refiero a Fuerza Popular, sino todos los partidos, recibir estos montos millonarios y que no se declaren, que no se hagan conocer a la población y además el grado de influencia que puede haber tenido en la aprobación de determinadas normas. Por eso la ciudadanía está rechazando a la clase política”, comentó entonces.

CONTRATACIÓN IRREGULAR DE SU ESPOSO

Por otro lado, la Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad de Miraflores contrató a Manuel Elera Moquillaza, esposo de la excongresista Yeni Vilcatoma, como locador de servicios para la Gerencia de Seguridad Ciudadana sin justificación.

“La Municipalidad contrató a Manuel Alfonso Elera Moquillaza como locador de servicios para la Gerencia de Seguridad Ciudadana, mediante la orden de servicio n.° 0001159 de 12 de abril de 2018, por el importe de S/ 4,500 no obstante que la necesidad del servicio no se sustentaba en el Plan Operativo Institucional 2018”, indica el informe.

Según el documento, estos hechos han afectado “el correcto funcionamiento de la administración pública”, al generar el pago irregular de S/ 4,500 a un profesional al que no correspondía ser contratado.

Además, el informe de la Contraloría recomienda a la Municipalidad de Miraflores disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan contra cuatro funcionarios involucrados, y advierte al OSCE sobre el incumplimiento cometido por Elera Moquillaza, “quien a pesar de estar impedido para contratar con el Estado, por ser cónyuge de Vilcatoma de la Cruz, contrató con la Municipalidad Distrital de Miraflores, vulnerando lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado”.

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Política

El tribunal de la impunidad

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Ernesto Blume

En tiempo récord y sin mayor explicación, el Tribunal Constitucional desestimó el pedido de aclaración presentado por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia que liberó a Keiko Fujimori. Jurista Juan José Quispe advierte que un nuevo Congreso podría investigar y denunciar a magistrados por el delito de prevaricato.

De un día para el otro. Así resolvió el Tribunal Constitucional (TC) y declaró la improcedencia del pedido de aclaración formulado por el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, sobre la resolución del citado colegiado que determinó la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

Con las firmas de los magistrados Ernesto Blume, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, el TC desestimó en todos sus extremos el pedido de aclaración por considerar que escondía una impugnación a la sentencia cuestionada.

La resolución recuerda que contra las sentencias del TC no cabe impugnación alguna y por tanto, al solicitar el pedido de aclaración que se deje sin efecto la sentencia y, por consiguiente, que se efectúe una nueva votación sobre lo resuelto, el TC determinó que debía ser rechazado el recurso presentado por Palomino.

Sin embargo, llamó la atención que los magistrados del TC no hayan considerado aclarar los puntos en cuestión, al margen de que esto no fuera a variar el estado de las cosas sobre lo ya juzgado. Para el TC, “no cabe aclarar ningún concepto ni subsanar cualquier error material u omisión respecto de la sentencia emitida en autos, pues esta no contiene ningún error ni omisión”.

SIGUEN SIN FUNDAMENTAR

Al conocer la noticia, el procurador del Poder Judicial manifestó sentirse extrañado por la manera “tan célere” en que se resolvió la improcedencia del recurso presentado por su despacho. “Me llamó poderosamente la atención esto porque se presentó ayer (martes) a las 2 y 30 de la tarde y el día de hoy (miércoles) nosotros hemos tenido audiencia en el Tribunal Constitucional desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No sé en qué momento han podido hacer el estudio del pedido que se hizo y que se presentó ayer por la tarde”, afirmó.

Además, expresó su mortificación al comprobar que “no hay mayor argumentación en la resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional”. “Veo una resolución escueta que no ha cubierto cada uno de los puntos que se plantearon en el pedido de aclaración”, comentó.

ACLARACIONES SON NECESARIAS

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, en virtud de que el mismo presidente del TC, Ernesto Blume, solicitó al fiscal Pérez que le envíe las copias de las declaraciones de Jorge Yoshiyama, la resolución del ente constitucional debió explicar cuáles fueron las razones legales para desechar o no considerar como útiles o pertinentes estas declaraciones. “Si eso no consta en la resolución, como ya hemos visto, hizo bien el procurador del Poder Judicial en pedir una aclaración respecto a esta falta de motivación en la sentencia”, apuntó.

“Blume no puede tapar el sol con un dedo. Los votos se componen de decisión y de fundamento, y no es cierto que solamente importe el sentido de la resolución. Están engañando a la población, porque los fundamentos de Blume, Ferrero y Sardón son diferentes al de Carlos Ramos; y si nos vamos estrictamente a los fundamentos, la votación sería de 4 contra 3 y el hábeas corpus hubiera sido declarado infundado”, advirtió.

En ese sentido, el jurista recordó que la posición del magistrado Ramos es más bien de crítica a la posición sustentada por Blume, Sardón y Ferrero. Sin embargo, y a pesar de esto, Ramos votó a favor de la libertad de Keiko Fujimori apelando al argumento del Congreso disuelto, argumento que no fue mencionado por los otros magistrados. Todo esto, sin embargo, no ha ameritado explicación alguna por parte del TC.

MAGISTRADOS PODRÍAN SER  DENUNCIADOS

Además, Quispe señaló que Blume, Sardón y Ferrero han cuestionado indebidamente las decisiones del Poder Judicial, al punto de pedir sanciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho, e incluso afirmar que no habrían pruebas contra Keiko Fujimori para ser procesada por lavado de activos.

“A pesar de no ser de su competencia pronunciarse sobre la casación de Keiko Fujimori, por no ser materia del hábeas corpus, los magistrados se pronuncian sobre los fundamentos de los jueces supremos en dicho recurso de casación. Esto se llama prevaricato, porque están resolviendo más allá de lo que establece la ley. Debieron evaluar si hubo vulneración de los derechos constitucionales de Fujimori Higuchi pero se han pronunciado sobre todo”, explicó.

Por ello, el jurista consideró que podría haber una acusación constitucional contra los magistrados Blume, Sardón y Ferrero, ya sea desde la Fiscalía, por el propio procurador del Poder Judicial o por iniciativa de algún congresista cuando se instale el próximo Parlamento.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Presidente Vizcarra acepta renuncia de Petrozzi al Ministerio de Cultura

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Francesco Petrozzi

El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que el ministro de Cultura, Francesco Petrozzi, presentó su carta de renuncia, la misma que ha sido aceptada.

“En los próximos días designaremos a su reemplazo en el sector Cultura para continuar con la tarea ardua con miras al bicentenario, en función de una agenda muy importante”, afirmó.

Tras su participación en el I Foro Internacional Cultura del Agua, dijo que se refería a este caso para acabar con el tema porque considera que hay temas importantes como la cultura del agua y otros que concitan atención de toda la población.

“Ha presentado su carta de renuncia está mañana, la hemos aceptado, eso quería dar a conocer sobre este tema”, refirió.

DEMANDA COMPETENCIAL

El mandatario, asimismo, dijo que existen argumentos sólidos sobre la posición que tomó el Ejecutivo el 30 de setiembre cuando disolvió el Congreso, decisión que está siendo evaluada hoy en el pleno del Tribunal Constitucional como parte de la demanda de competencia.

Indicó que hoy el procurador público en materia constitucional, Luis Alberto Huerta, sustentó los argumentos planteados en el documento presentado por escrito ante este organismo, y será el Pleno del TC el que tomará la decisión. “Lo que determine se respetará”, puntualizó.

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