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Política

Valle del Tambo ¿Licencia para matar?

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Enfrentamiento población policial contramanifestaciones

Saber gobernar es una cualidad fundamental para quienes tienen a su cargo la administración del Estado. La torpeza es propia de la mediocridad, y la ineptitud suele ocasionar daños sociales masivos por desaciertos en la gestión gubernamental. Designar un gabinete chabacano tiene sus consecuencias como las estamos viendo con los sucesos en torno al proyecto “Tía María”. Cambiar el gabinete por uno de mayor eficiencia es una necesidad perentoria.

Al manejo declinante del sector economía se suman las ineptitudes de manejo en otros sectores que se reflejan en el PBI, empleo, delincuencia y otros males que la población paga por culpas ajenas. El Premier en vez de cumplir con sus labores ejecutivas está más ocupado en otros asuntos, desatendiendo el urgente tapado de huecos que hacen agua por todos lados en nuestra embarcación. Con este gabinete tenemos conflictos sociales en agricultura, pesca, salud, educación y, por si fuera poco, ahora tenemos los de minería.

Pero es el propio gobierno el que crea el conflicto social para luego decir a los contrincantes que el siguiente paso es dialogar. En cualquier parte del mundo, la licencia otorga el derecho de proceder al dueño del negocio, autorizando sus actividades. Eso es lo que el gobierno ha hecho al otorgar la licencia a la transnacional Southern. Por ello, invocar el diálogo posterior deviene ilegal, violando dicho derecho y redobla la torpeza pretendiendo engañar a la población.

En vez de reconocer el error y corregirlo, complica más la situación pues se persiste en favorecer a la transnacional al no anular la autorización. A los afectados solo les asigna un papel secundario sin cambiar la decisión. ¿Pero dialogar para qué? Pues, para convencerlos y vencer su resistencia, hasta lograr que acepte lo que ya está decidido. El supuesto de este diálogo es que la población se opone por ignorancia y manipulación de los anti mineros. Entonces se trabaja solo con un enfoque meramente técnico, para erosionar la voluntad de lucha de los afectados.

Marcha protestas contra mineras minería minas Southern

Esa es la finalidad de la trampa del diálogo. ¿Caerán en la trampa los afectados?

Pero hay una lección de vida de un caso similar en que la Southern fue repelido y desalojado por los afectados también tildados de ignorantes. Esta empresa acapara muchas concesiones mineras en diferentes regiones como Apurímac, Moquegua y Ayacucho. Pero los ayacuchanos son luchadores natos en toda su historia y allí la Southern se encontró con un pueblo aguerrido que lo hizo huir “con el rabo entre las piernas”.

Se trata del pequeño distrito de Hualla en la provincia ayacuchana Víctor Fajardo, el mismo que, en julio del 2011 expulsó a dicha transnacional y aunque el corrupto presidente de entonces, había dicho “Hay quienes no comen ni dejan comer”, los huallinos hicieron defensa cerrada de su heredad ecológica.

En el 2009, la Southern convocó a la población a la Plaza de Armas, en cinco ocasiones, para explicar los trabajos de exploración. Pero de pronto, la Southern obtuvo autorización del Ministerio de Energía y Minas para desarrollar el proyecto Chinchinga sin la consulta previa a los pobladores.

Chinchinga es un paraje que está ubicado a más de 4000 msnm donde hay fierro, cobre, molibdeno y en menor cantidad oro, plata, arsénico, plomo, zinc, entre otros. Pero los pobladores ya sabían lo que pasaba con el vecino asentamiento minero Canaria donde ocurrió el desborde de un relave mineral que cayó al cauce del río. También sabían de las promesas incumplidas. Entonces la desconfianza se acrecentó pues aunque la empresa y autoridades les ofrecieron de todo como en el caso Tïa María, ellos dijeron: “manan”.

La empresa ya tenía a su favor a jueces, autoridades locales y regionales, pero nada convenció a la masa. Se trajeron abajo a todo sospechoso de haber sido comprado por la empresa, sean autoridades, dirigentes, familiares y beneficiarios que ya estaban laborando para la empresa. Tenían una vida apacible en su hábitat ecológico y no quisieron correr el riesgo de perderlo pese a los argumentos técnicos. Buscaron la solidaridad de toda la provincia y formaron el frente de defensa de los intereses provinciales.

Se hicieron innumerables gestiones ante las autoridades nacionales, pero estas, estaban parcializadas con la transnacional. Frente a esta situación, en enero del 2011 unos 300 comuneros se dieron cita en la plaza mayor de Hualla y acordaron no permitir la presencia de la empresa en la zona. En junio, en una reunión multicomunal, los alcaldes y presidentes de las comunidades de Fajardo decidieron acatar un paro para forzar la salida de la transnacional.

Enfrentamiento de la policía con la población por minas minería

No obstante, un día antes del paro, el presidente regional Oscorima se presentó acompañado del gerente general de la Southern para tratar de disuadirlos hablando maravillas del proyecto. El repudio terminó en bronca. El paro se realizó y el gobierno respondió con la consabida “mesa de diálogo”. Mientras esto sucedía en Ayacucho, las protestas en el valle Tambo contra la misma transnacional, por el proyecto “Tía María” arrojaban ya tres muertos.

La lucha de los agricultores de este valle arequipeño alentó la decisión de los ayacuchanos que resolvieron un paro indefinido exigiendo la salida de la transnacional. El gobierno regional entonces se vio precisado a declarar como zona intangible el área del proyecto Chinchinga plegándose al sentir general. A la empresa no le quedó otra que retirarse de la zona llevándose todos sus implementos, pero advirtiendo que mantendrá sus derechos.

La victoria del distrito de Huaylla es un ejemplo que pasa desapercibido, pero demuestra que es posible revertir la mala intención de los depredadores de recursos naturales, preservando los ecosistemas naturales. Muchos despojos se consuman porque lo permitimos. Luego vino el gobierno de Humala en el que los conflictos mineros dejaron 50 muertos y 750 heridos según registro de la Defensoría del Pueblo. ¿Se justifica el despojo con este saldo trágico por culpa de un gobierno vende patria?

Los analistas convocados por la prensa reducen la problemática del caso “Tía María” a un enfoque sesgado que privilegia lo técnico. “Se va a usar agua de mar”, nos dicen como salvedad. No somos tarados para pensar que el agua de m ar no se evapora ni filtra al subsuelo, ni se suma al torrente de aguas subterráneas, que sus componentes no se combinan químicamente con los átomos metálicos y no metálicos, que el lavado de minerales y de polvo no sedimenta con el agua de mar, que el arsénico, ácido sulfúrico y otras sustancias nocivas que se diluyen en agua de mar no son venenosos, que con el agua de mar no hay relaves, etc.

Pero este, más que un asunto técnico, es un asunto político. Bien sabemos que lo técnico se ajusta a lo político, sirviendo indistintamente a cualquier corriente ideológica. Si tenemos una Política de Estado entreguista de nuestras riquezas naturales, entonces esa línea política se impregnará a todos los planes de gobierno. Por tanto, si no hay cambio de esta política de estado, seguiremos lamentando las atrocidades del despojo que favorece a nuestros depredadores.

Por eso es muy importante sumarnos a la lucha de los afectados por la minería, desde cualquier trinchera en que nos encontremos. Aunque ellos son afectados directamente, en realidad todos los peruanos somos afectados indirectamente por el despojo de riquezas no renovables y porque, con la riqueza que se llevan nuestros opresores, tendrán más poder para avasallarnos. Por el contrario, nosotros perderemos para siempre nuestra heredad de recursos naturales, quedándonos como país sumido en la pobreza después de haber tenido tanta riqueza. O no. Ustedes que dicen. ¿Dejar hacer, dejar pasar?

 

MILCÍADES RUIZ

Política

Para fujimorismo, el diálogo es un canje de impunidad

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón y Martín Vizcarra Cornejo

El analista Miguel Jugo consideró que la intención real del pretendido diálogo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, propuesto por el fujimorismo a través del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, es presionar al Ejecutivo para la aceptación de “determinados requerimientos”. “Cuando el fujimorismo habla de diálogo, ellos piensan en negociar cosas concretas. Creo que el primer escenario que manejan es el de tratar de convencer al Presidente de que acepte determinados requerimientos, plantearle un canje donde ellos puedan hallar impunidad”, afirmó.

“Recordemos que el fiscal Pérez ha anunciado que tiene cerca de 50 colaboradores eficaces en la acusación contra Fuerza Popular. Entonces, lo que quieren es que el Presidente le quite respaldo político a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato”, agregó.

Para Jugo, es claro que el otro escenario que maneja Fuerza Popular es el de la vacancia. “Y para eso están organizando a sus filas y tratan la propuesta como si fuese un capricho del Presidente. Este Congreso no representa para nada a la población”, señaló.

SU TÁCTICA ES INSULTARLO

Ante el constante asedio al que pretenden someter al presidente Vizcarra -gestión de Mauricio Mulder por la vacancia, anuncio del Apra de rechazar el adelanto de elecciones, intención de Gilbert Violeta de limitar la cuestión de confianza, confrontación irrespetuosa de Pedro Olaechea- Jugo señaló que el fujimorismo “está implementando su táctica”, en la cual supuestamente se habla de buscar el diálogo, pero con una clara intención de imponer.

“El mismo Presidente lo reconoció en su libro cuando intentaron vacar a PPK: el fujimorismo busca que agache la cabeza como los caballos ante su domador. Entonces, ¿cómo se puede hablar de diálogo con gente que lo ha calificado hasta de ‘mal nacido’? Se busca doblegarlo para someterlo a los dictados de ellos”, advirtió.

Lo peor de todo, agregó Jugo, es que no buscan “someterlo” a un plan de gobierno o defensa del país, “sino a la defensa de sus intereses particulares, a la corrupción”.

SEPTIEMBRE ES EL LÍMITE

Respecto a la decisión del primer mandatario de fijar el mes de setiembre como el límite para aprobar el adelanto de elecciones – lo cual emplaza directamente al Parlamento -, Jugo indicó que el presidente Vizcarra “demostró el 28 de julio estar consciente de que existe una campaña de parte de Fuerza Popular y otros grupos vinculados a temas de corrupción para sacarlo del cargo”.

“Esos grupos consideran que el Presidente maneja la Fiscalía, y se puede notar en el caso del pedido fiscal para revocarle la prisión preventiva a PPK, en que le echan la culpa al Presidente. Se están jugando la posibilidad de impedir muchas investigaciones a varios de esos congresistas”, indicó.

Jugo recordó que el presidente Vizcarra también ha manifestado que si el adelanto de elecciones no es una salida, está abierto a escuchar alternativas. “Un marco constitucional no puede negar la posibilidad de una salida democrática, que es lo que queremos todos los peruanos, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y que tengamos una nueva representación acorde con lo que quiere el país”, añadió.

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Política

La calle se hará escuchar

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En cuanto al necesario respaldo popular que debe encontrar el presidente Vizcarra en la propuesta de adelanto de elecciones, Miguel Jugo advirtió que la ciudadanía en los últimos años “ha aprendido a reaccionar ante escenarios donde se nota claramente la acción de la corrupción”.

En ese sentido, recordó las manifestaciones espontáneas incluso en fechas festivas como 24 y 31 de diciembre, cuando miles marcharon en protesta por el indulto a Fujimori o por la destitución de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“A la población ahora no la sorprenden. Lo que pasa es que, por diversas razones, no se produce todavía el elemento disparador para estas movilizaciones. Pero si bien es cierto no hay todavía una disposición en la gente de salir a la calle, quizás porque se piensa que las cosas se pueden manejar, sí creo que una vez que se gatille la protesta el efecto va a ser muy fuerte y duradero”, sentenció.

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Política

Hasta las puertas de la Confiep

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No a la reforma laboral esclavista

El viernes por la noche miles de manifestantes llegaron hasta la sede de la Confiep en San Isidro, en el marco de la jornada de protesta convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y sus bases sindicales. Los manifestantes protestaron por las políticas laborales impulsadas desde la Confiep y exigieron el adelanto de las elecciones para acabar con la corrupción.

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