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Editorial

Urge reforma tributaria

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La necesidad de contar con los recursos suficientes para luchar contra los efectos nocivos para la salud de la población, es una de las razones esgrimidas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra al anunciar el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarrillos, y combustibles contaminantes. Y eso ha sido destacado la semana pasada por Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para el Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela.

Ocurre, sin embargo, que no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la cantidad de comida chatarra que se consumen los niños en nuestro país. Hubiera sido bueno también incluir este tipo de comida a la hora de modificar las tasas del ISC. Si la intención era esa, por qué no se consideró, entonces a cierto tipo de chocolates, que cuentan con altas dosis de azúcar, saborizantes y elementos artificiales, tal como ha advertido el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Castro.

De otro lado, el presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Edwin Derteano, ha alertado que la medida del Ejecutivo afectará, también, al mercado automotriz porque el precio de cada unidad vehicular nueva se incrementará en alrededor de un 12%, lo que irá en detrimento del objetivo de vender este año 180 mil unidades, pues vamos a terminar con 155 mil vehículos”, favoreciendo en cambio la importación de automóviles a gas usados desde corea, los que muy pronto estarían haciendo servicio de taxi en todo el país al haber rebajado el ISC a los vehículos que usan gas como combustible.

Al parecer esta medida no ha sido consultada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y podría tener un efecto contrario al objetivo para el que fue impulsada. Se debe advertir, además, que hasta el momento no se ha dicho cómo y cuándo se empezará a eliminar las exoneraciones tributarias para acabar con los desequilibrios en la caja fiscal. El Congreso podría coadyuvar a mejorar estas deficiencias aprobando, de una buena vez, las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y así permitirle que realice una verdadera reforma tributaria. De esa manera, también, facilitaría las cosas para que el Ejecutivo pueda dar la agilidad que necesita la reconstrucción con cambios en el norte del país, sin esperar el día del juicio final, por la tardecita. Esperamos que el Parlamento demuestre estar a la altura de las circunstancias, aunque sea por esta vez.

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Editorial

Congresistas en la Luna

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El presidente Martín Vizcarra ha recordado que los organismos electorales afirmaron la semana pasada –ante la comisión de Constitución del Congreso de la República– que técnicamente es factible el adelanto de elecciones y, por lo tanto, el jefe de Estado ha dicho que espera el tema sea resuelto por el pleno en lo que resta del presente mes de setiembre. En efecto, eso sería lo más conveniente para superar la crisis política y permitir que la economía se reactive, pues para ello se requiere de inversiones capaces de generar más puestos de trabajo formales, lo que a su vez estimularía el mercado interno.

No se sabe si los congresistas coinciden en la urgencia de aprobar la reforma que permita el adelanto de las elecciones, pues han anunciado que esperarán la llegada de la primavera; es decir el día 23 de setiembre, en que estarán en el Perú representantes de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en temas constitucionales, para que brinden una opinión no vinculante sobre el tema. En otras palabras, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quiere una opinión sobre si es o no constitucional adelantar las elecciones.

Al parecer, el presidente del legislativo no está entendiendo cabalmente la situación que se ha presentado en el Perú. En primer lugar, el Congreso se ha desprestigiado tanto que la aprobación ciudadana a ese poder del Estado se encuentra en un dígito. Además de ello, la ciudadanía le reclama a voz en cuello al presidente que cierre el Congreso. El jefe de Estado, por su parte, entiende que eso sería una medida popular, pero no muy constitucional. Por eso es que, como una salida viable, ha pedido al Parlamento que reforme la Constitución para adelantar las elecciones y permitir el recambio de autoridades, incluyéndose él mismo con lo cual se daría cumplimiento al reclamo de “que se vayan todos”, pero dentro de la ley.

Pero como nuestros congresistas han visto más conveniente atornillarse a sus respectivas curules, no han tenido mejor idea que la de darle largas al pedido del Ejecutivo y es por ello que primero consultarán a la Comisión de Venecia, con la esperanza de que el tiempo sea tan ajustado que haga imposible el adelanto de las elecciones. Mientras tanto, los empresarios no se deciden a invertir, pues primero quieren saber a qué escenario se enfrentarán, pero los congresistas siguen en la Luna.

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Editorial

¿Desesperación en el fujimorismo?

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Para la vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, la reducción de 36 a 18 meses de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori refleja que hay persecución política contra la lideresa de su partido.El mismo estribillo ha sido repetido por la congresista Luz Salgado, parte del núcleo duro del fujimorismo. Una opinión similar fue vertida por el legislador de la misma bancada Miguel Torres, quien sostiene que en el fallo anunciado por la jueza suprema provisional Susana CastañedaOtsu ha prevalecido el odio político.

Por su parte, Giulliana Loza, abogada defensora de la excandidata presidencial, ha dicho que la reducciónde la prisión preventiva no es un acto de justicia, y adelantó que acudirán a la instancia constitucional (Tribunal Constitucional), donde esperan se haga justicia para su defendida. Ese tampoco es un argumento jurídico porque la prisión preventiva no es una condena sino una medida prevista en la ley para cautelar una posible fuga o actos de obstrucción al proceso que se está siguiendo a un imputado.

Los congresistas fujimoristas alegan que la lideresa de su partido tampoco ha sido funcionaria pública. Claro que no, pero no hay que olvidar que lidera a los miembros de la bancada fujimorista que es mayoría en el Congreso. Siendo así esa bancada podría tener influencia en nombramiento o ratificación de los miembros del Tribunal Constitucional. Tampoco se puede hablar de odio político o persecución, pues lo que parecería haber es cierta desesperación en las filas del fujimorismo; el porqué, solo el tiempo y el avance de la investigación fiscal lo dirán.

Lo que sí queda claro es que el voto dirimente de la jueza suprema provisional Susana Castañeda Otsu debe ser tomado por los fiscales que investigan el caso como un mensaje de que deben apurar el paso en las investigaciones para cumplir con los plazos de ley y evitar que algunos puntos de la denuncia queden sin el debido sustento a la hora que el Poder Judicial tenga que emitir la resolución respectiva. Se sabe que es un caso muy complejo y que requiere del mayor cuidado, pero ahora el tiempo para ello se ha acortado considerablemente y habrá que ajustarlo sí o sí.

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Editorial

Es necesario reactivaral país

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“Un pronunciamiento de la Comisión de Venecia no es jurídicamente vinculante para un organismo del Estado Peruano”, ha advertido el exministro de justicia y relator sobre la independencia de los magistrados de la ONU, Diego García Sayán. Entonces por qué el presidente del Congreso de la República tiene tanto interés en esperar la opinión de tal tribunal respecto a un eventual adelanto de elecciones en el Perú. ¿Por qué el Congreso peruano tendría que ir a pedirle que interprete la Constitución del Perú?

¿Será acaso, como han advertido algunos analistas, que de lo que se trata es de dejar que transcurra todo el tiempo posible para que venzan los plazos legales y resulte –por decirlo así– imposible adelantar las elecciones? Lo que tiene que hacer el Congreso es, simplemente, reformar la Constitución para que se puedan adelantar los comicios para el próximo año porque eso es lo que, en buen romance, le ha pedido el Ejecutivo. No obstante, al parecer cualquier pretexto es bueno para seguir atornillados a sus curules aunque sea por un año más.

Habría que recordarle al presidente del Poder Legislativo que ya ha transcurrido un mes y medio desde que el presidente Martín Vizcarra solicitó al Parlamento la modificación constitucional que permita el adelanto de las elecciones, por lo que es necesario que el Congreso tome la decisión de una vez por todas a fin de evitar que el país entre en una crisis profunda. No se entiende, pues, cómo es que la mayoría fujiaprista pretende seguir dándole vueltas a un tema en el que es el Parlamento el que debe tomar la decisión política. ¿Acaso el Congreso no tiene autonomía para eso?

De todos modos, el Congresista Pedro Olaechea ya se ha pronunciado al respecto, señalando que el adelanto de las elecciones no es oportuno ni bueno para el país. ¿Y acaso la crisis política sí es buena para el país? No debe olvidar el señor Olaechea que la población está pidiendo “que se vayan todos” y que antes que el cierre del Parlamento es mejor un adelanto de elecciones para que la ciudadanía toda pueda elegir sus nuevas autoridades y el país pueda continuar avanzando. De lo contrario, nuestra economía seguirá paralizada y el Congreso no puede condenarnos a eso.

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