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Editorial

Urge reforma electoral

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Nos encontramos a menos de un mes de las elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo 7 de octubre en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos de todo el país. Se estima que más de 23 millones de peruanos están habilitados para acudir ese día a las urnas a fin de elegir unas 13 mil autoridades en todo el territorio nacional. En el referido proceso electoral estarían presentándose alrededor de 115 mil candidatos que pugnan por ganarse el voto del electorado.

Si esas cifras parecieran exageradas, bastaría recordar que solo a la Alcaldía de Lima postula una veintena de entusiastas candidatos que recién este mes se han acordado de recorrer las calles en busca de seducir a los electores. Con pitos, matracas y algunos con pequeñas bandas de música recorren las calles obsequiando calendarios y cajitas de fósforos que los vecinos reciben de buen grado. Lo malo es que nadie conoce ninguna propuesta concreta de los aspirantes al sillón edil.

Más grave aún es la posibilidad de que el futuro alcalde de Lima, la ciudad capital, pueda ser elegido con menos del 20 % de los votos. Y es verdad, porque el voto puede dispersarse debido a la cantidad de candidatos que postulan. Enrique Cornejo, quien postula al municipio capitalino, ha mencionado que ante esa posibilidad parecería necesario instaurar la segunda vuelta electoral en los comicios ediles, toda vez que quien resulte elegido tomará decisiones que afectarán a 10 millones de ciudadanos.

Ojalá, pues, se pueda contar con una verdadera reforma electoral que se encargue de corregir esta y otras distorsiones que se han venido dando en los últimos tiempos, especialmente este año en que los candidatos se guardaron para después del mundial porque es la época en que todos hablan, comentan y sueñan fútbol.

Por todas estas razones, es necesario que el Congreso de la República se dedique a la brevedad posible a realizar propuestas de lo que sería la reforma electoral. Para eso están ocupando sus respectivas curules y para eso son Poder Legislativo. Ojalá, pues se pongan a trabajar en esta y las otras reformas que el país aguarda.

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Editorial

A empujar el coche en el mismo sentido

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, reafirmó su vocación democrática y reiteró que no cerrará el Congreso porque no considera que sea una medida necesaria en el actual escenario político. Sin embargo, también ha expresado su compromiso de liderar la lucha contra la corrupción que se ha diseminado como un cáncer por gran parte del aparato estatal.

Tras ratificar que no será candidato en las elecciones generales de 2021 y que luego de culminar su mandato entregará la posta al presidente que sea elegido por el pueblo peruano, el Jefe del Estado ha reconocido que el conflicto político, en los últimos dos años, ha influido en la economía.

En efecto, las inversiones son las primeras en contraerse cuando no encuentran la garantía de una estabilidad jurídica, por eso era necesario que el Gobierno ponga elpie en el acelerador para sacar adelante cuanto antes la reforma del Poder Judicial y la reforma política. Está de por medio el referendo del próximo 9 de diciembre en el que la población deberá responder cuatro preguntas.

La situación no es para tomarla muy a la ligera, pues los principales indicadores macroeconómicos nos están poniendo sobre aviso de lo que podría ocurrir en caso que la institucionalidad no sea fortalecida en el país. Lo peor de todo es que esta vez el contexto internacional parece no jugar a nuestro favor.

Los precios de los minerales ya no son los de antes y los anuncios de la Fed sobre una eventual elevación de sus tasas de referencia pueden volver más volátil el tipo de cambio en nuestro mercado local. Ocurre, además, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China parece agravarse, lo que desincentiva el comercio entre los países.

Debido a todas estas consideraciones, el gobierno del presidente Martín Vizcarra está tratando de buscar el diálogo con las demás fuerzas políticas en busca de una agenda común. Al respecto ha recibido la respuesta positiva del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Lamentablemente los partidos políticos de oposición están atravesando una crisis y hay demasiado ruido político y eso está haciendo perder competitividad al país. Ojalá la oposición pueda demostrar la suficiente madurez y ayude a empujar el coche en el mismo sentido para que el Perú pueda salir de este entrampamiento.

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Editorial

Intolerancia con la prensa

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La televisora estadounidense CNN ha demandado ayer al presidente Donald Trump por haber suspendido la semana pasada la acreditación de su corresponsal jefe en la Casa Blanca, Jim Acosta, lo cual ha motivado el pronunciamiento de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca –WHCA por sus siglas en inglés– que ha calificado de “reacción desproporcionada” la medida adoptada por el Ejecutivo. Periodistas de diversos medios de comunicación se han solidarizado de inmediato con su colega.

Esta no es la primera vez que el presidente Donald Trump ataca a los reporteros de esa televisora, pues ya lo ha hecho con la periodista de CNN AbbyPhillip, a quien no le contestó por considerar que le hacía preguntas “estúpidas”. La guerra entre Donald Trump y la CNN se debe a que la televisora tiene una posición contraria a las políticas del mandatario.

En todo caso, el jefe de la Casa Blanca debería dejar de lado su intolerancia con la prensa por más incómoda que le resulte, pues de lo contrario no podrá jactarse de ser el presidente de un país que respeta la libertad de prensa, la diversidad de opiniones y las libertades.

Pero en todas partes se cuecen habas, ha ocurrido también en Brasil con el electo presidente Jair Bolsonaro, a quien se critica por su coincidencia con Trump en su discurso contra la prensa.

Y como no podía ser de otra manera, el Perú tampoco se podía quedar atrás. El Congresista Mauricio Mulder presentó un proyecto de ley en el Legislativo para prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

Las instituciones afectadas no solo fueron los medios de comunicación sino también el Estado, por lo que el caso llegó al Tribunal Constitucional, máxima instancia que dejó sin efecto la inconstitucional norma.

No hay que olvidar, tampoco, el proyecto que después fue retirado para prohibir que personas investigadas ocupen determinados cargos en los medios de comunicación. En fin, nuestro país no es ajeno a estos hechos que tratan de obstaculizar la labor de la prensa.

Aún está fresca en la memoria de todos los peruanos la forma en que el fujimontesinismo secuestró a la prensa para acallar las denuncias en su contra. No obstante, eran otros tiempos y se trataba de una dictadura disfrazada de democracia. El Perú de ahora es diferente y por eso no se debe permitir coartar la libertad de prensa.

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Editorial

Fiscal vs. fiscal

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El Ministerio Público ha abierto un proceso en Control Interno al fiscal José Domingo Pérez, por haber emitido en México, durante su presentación en el Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua 2018, algunas declaraciones sobre temas sensibles como la lucha contra el terrorismo en nuestro país. Fue después de que el caso fue remitido a Control Interno, lo cual no es sorpresa para nadie porque a principios del presente mes un matutino local afirmaba que Chávarry estaría evaluando una sanción disciplinaria contra el magistrado, quien podría ser apartarlo del equipo especial que investiga el caso Lava Jato.

En otras circunstancias una actitud de este tipo podría acarrear una investigación disciplinaria y administrativa. Sin embargo, por el contexto en que esta se ha producido podría generar más conflictos de manera innecesaria, lo cual podría ser aprovechado por las partes investigadas en el caso de corrupción, denominado Lava Jato. Por ello, llama la atención que el titular del Ministerio Público haya procedido con una celeridad digna de mejor causa.

El contexto que rodea este proceso contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez no es el más conveniente, porque la investigación al aludido fiscal se produce poco después de que la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras personas de su entorno, han sido enviados 36 meses a prisión preventiva a solicitud del mismo fiscal Pérez, que tiene a su cargo la defensa de la sociedad. Muchos están preguntándose ahora mismo si no es demasiada coincidencia.

Ocurre, también, que la permanencia de Pedro Chávarry en el cargo de Fiscal de la Nación viene siendo cuestionada a raíz de una serie de hechos que, por lo menos, echan sombras sobre la transparencia que debe mostrar un titular del Ministerio Público. Más aún porque el respaldo que puede exhibir viene de los miembros de Fuerza Popular con su líder Keiko Fujimori a la cabeza, que se encuentran bajo investigación. Mejor sería que el titular del Ministerio Público diera un paso al costado, en vez de tomar medidas que más parecen destinadas a acosar al fiscal José Domingo Pérez y a ponerle cortapisas.

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