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Editorial

Urge reforma electoral

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Nos encontramos a menos de un mes de las elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo 7 de octubre en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos de todo el país. Se estima que más de 23 millones de peruanos están habilitados para acudir ese día a las urnas a fin de elegir unas 13 mil autoridades en todo el territorio nacional. En el referido proceso electoral estarían presentándose alrededor de 115 mil candidatos que pugnan por ganarse el voto del electorado.

Si esas cifras parecieran exageradas, bastaría recordar que solo a la Alcaldía de Lima postula una veintena de entusiastas candidatos que recién este mes se han acordado de recorrer las calles en busca de seducir a los electores. Con pitos, matracas y algunos con pequeñas bandas de música recorren las calles obsequiando calendarios y cajitas de fósforos que los vecinos reciben de buen grado. Lo malo es que nadie conoce ninguna propuesta concreta de los aspirantes al sillón edil.

Más grave aún es la posibilidad de que el futuro alcalde de Lima, la ciudad capital, pueda ser elegido con menos del 20 % de los votos. Y es verdad, porque el voto puede dispersarse debido a la cantidad de candidatos que postulan. Enrique Cornejo, quien postula al municipio capitalino, ha mencionado que ante esa posibilidad parecería necesario instaurar la segunda vuelta electoral en los comicios ediles, toda vez que quien resulte elegido tomará decisiones que afectarán a 10 millones de ciudadanos.

Ojalá, pues, se pueda contar con una verdadera reforma electoral que se encargue de corregir esta y otras distorsiones que se han venido dando en los últimos tiempos, especialmente este año en que los candidatos se guardaron para después del mundial porque es la época en que todos hablan, comentan y sueñan fútbol.

Por todas estas razones, es necesario que el Congreso de la República se dedique a la brevedad posible a realizar propuestas de lo que sería la reforma electoral. Para eso están ocupando sus respectivas curules y para eso son Poder Legislativo. Ojalá, pues se pongan a trabajar en esta y las otras reformas que el país aguarda.

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Editorial

Buscando impunidad

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El presidente Martín Vizcarra advirtió desde un principio que la lucha contra la corrupción no iba a ser fácil y no se equivocó. El fujimorismo está recurriendo a todas las maniobras legales posibles en busca de lograr la impunidad. Tal es su osadía que han llegado al punto de investigar una empresa de la que fue socio Martín Vizcarra antes de ser presidente, incluso antes de que asumiera como gobernador regional de Moquegua en 2011. Es a todas luces una maniobra desesperada que raya en la ilegalidad como lo ha hecho notar el congresista Yonhy Lescano.

Sostiene, y no sin razón, el legislador acciopopulista, que la decisión de la Comisión de Fiscalización de investigar a la Constructora Conirsa y a la empresa CyM Vizcarra es una reacción frente a las acciones del presidente Martín Vizcarra para luchar contra la corrupción. Buscan implicar al Jefe del Estado con la constructora brasileña Odebrecht con fines “non sanctos”, pues lo que en el fondo quieren es sacar al mandatario para que no siga liderando la lucha contra la corrupción en la que está comprometido desde el inicio de su gestión.

Es el mismo modus operandi que han empleado en el tema judicial. En este caso, el exfiscal supremo Avelino Guillén coincide con el fiscal anticorrupción José Pérez en que el claro objetivo procesal del fujimorismo ha sido apartar al juez Carhuancho desde el inicio. Esta ha sido -ha dicho– la quinta oportunidad en que lo han recusado y esta vez la sala ha resuelto declarar fundado el pedido que, al mismo tiempo, es formulado por un prófugo de la justicia, según ha recordado el exfiscal Supremo que puso tras las rejas a Alberto Fujimori.

Ocurre, sin embargo, que cualquier investigación al presidente Vizcarra violaría el Artículo 11 de la Constitución que establece que el “Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; y por disolver el Congreso”. Sin embargo, tal es la desesperación del fujimorismo y de sus socios apristas en el Congreso que no escatiman esfuerzos en buscar la impunidad a cualquier precio, aunque tengan que sacar al Presidente de la República. No obstante, la ciudadanía toda está alerta y esta vez les dirán basta.

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Editorial

La justicia debe imponerse

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ha declarado fundada la recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama, y dispuso que el magistrado se aparte del caso “Cocteles” para que otro juez de investigación preparatoria asuma el proceso. Esta decisión ha causado no solo sorpresa sino también indignación entre los fiscales y magistrados que vienen luchando contra la corrupción, por tratarse de una resolución ilegal, tal como ha sido advertido por representantes del Ministerio Público.

La resolución se sustenta en que el juez Concepción Carhuancho emitió declaraciones a la prensa sobre hechos relacionados a la actuación de los fiscales que investigan el caso Odebrecht, lo cual es tomado como adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso. Sin embargo, muchos de los argumentos carecen de motivación. Uno de ellos es el que hace alusión a una entrevista, pero la defensa no acompaña los impresos de la referida entrevista aparecida en un diario local. Sin embargo, los jueces dan por cierta esta información.

En tanto, el coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, ha coincidido en que la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado, de apartar del caso Keiko Fujimori al juez Richard Concepción Carhuancho, es ilegal e irregular porque no se respetó los trámites de la convocatoria de audiencia de la recusación y por haberse emitido la resolución en tiempo récord. Y lo que es más, no corrieron traslado de la documentación a la otra parte.

Más preocupante aún es la presencia de la juez Jessica León Yarango en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, pues ella es la jueza de la Sala que anuló la detención de Keiko Fujimori, y que –según IDL Reporteros– en el pasado trabajó como adjunta del fiscal que archivó el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori a la oposición. Años después, León favoreció con su voto a César Hinostroza cuando laboraba en la Corte del Callao.

Urge, pues, que el Poder Judicial declare la nulidad de la resolución que aparta del caso al juez Concepción Carhuancho, uno de los pocos que sacan cara por el Poder Judicial, porque complican las investigaciones que se vienen realizando, más cuando el citado magistrado tenía que resolver la situación legal de seis abogados, entre ellos Giulliana Loza, el próximo 25 de enero.

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Editorial

¿Un tren que trae cola?

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Aún no se pueden establecer las causas del aniego de aguas servidas que se produjo en San Juan de Lurigancho, dejando prácticamente con lo que tenían puesto a miles de vecinos de ese populoso distrito, uno de los más grandes de Lima, que ha tenido que ser declarado en emergencia sanitaria. Inclusive los médicos que acudieron al lugar señalaron que las consecuencias podrían verse recién en 20 o 25 días, pues es el tiempo que tardaría en aparecer los problemas de alergias, ácaros y epidemias como el dengue, por ejemplo. La humedad en los muebles podría desatar muchas plagas, si el Ministerio de Salud no reacciona rápidamente.

Por su parte, representantes de Sedapal adelantaron que los vecinos deben ser indemnizados por los daños sufridos, pero también advirtieron que el peso del Metro de Lima podría haber provocado que el terreno se hunda y la tubería reviente. Sería lamentable, porque la ciudad capital siempre adoleció de la falta de un transporte masivo que evite el caótico crecimiento del parque automotor. Sin embargo, también es verdad que desde sus inicios, durante el primer Gobierno de Alan García, esta obra presentó un sinnúmero de problemas técnicos y también de corrupción.

Nadie podría negar que el transporte masivo es una necesidad vital para la gran Lima y sus más de 10 millones de habitantes, pero no al precio que tendrían que pagar los pobladores que menos tienen y que han podido salir adelante a puro esfuerzo. Por lo pronto, la empresa del tren eléctrico afirma que la estructura del Metro de Lima no ha sufrido hundimiento alguno. Lo cierto es que todavía no se han realizado las pericias del caso porque lo primero es atender a los pobladores afectados. Tienen que ser reubicados provisionalmente para evitar los peligros de epidemias por la gran cantidad de aguas servidas que hasta horas de la noche aún había en la zona.

El gerente de Aguas Residuales de Sedapal, Francisco Quezada, ha explicado que el peso del Metro de Lima podría haber provocado el colapso, y el ministro de Vivienda ha dicho que es posible. Todo puede ser, pero eso lo dirá el peritaje técnico. Lo cierto es que en el Perú ya no se deben hacer las cosas solo pensando en el lucro o en el rédito político. Ojalá no sea este el caso, pero habría que recordar aquel viejo dicho: “Lo que mal empieza, mal acaba”.

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