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Editorial

Urge reforma electoral

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Nos encontramos a menos de un mes de las elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo 7 de octubre en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos de todo el país. Se estima que más de 23 millones de peruanos están habilitados para acudir ese día a las urnas a fin de elegir unas 13 mil autoridades en todo el territorio nacional. En el referido proceso electoral estarían presentándose alrededor de 115 mil candidatos que pugnan por ganarse el voto del electorado.

Si esas cifras parecieran exageradas, bastaría recordar que solo a la Alcaldía de Lima postula una veintena de entusiastas candidatos que recién este mes se han acordado de recorrer las calles en busca de seducir a los electores. Con pitos, matracas y algunos con pequeñas bandas de música recorren las calles obsequiando calendarios y cajitas de fósforos que los vecinos reciben de buen grado. Lo malo es que nadie conoce ninguna propuesta concreta de los aspirantes al sillón edil.

Más grave aún es la posibilidad de que el futuro alcalde de Lima, la ciudad capital, pueda ser elegido con menos del 20 % de los votos. Y es verdad, porque el voto puede dispersarse debido a la cantidad de candidatos que postulan. Enrique Cornejo, quien postula al municipio capitalino, ha mencionado que ante esa posibilidad parecería necesario instaurar la segunda vuelta electoral en los comicios ediles, toda vez que quien resulte elegido tomará decisiones que afectarán a 10 millones de ciudadanos.

Ojalá, pues, se pueda contar con una verdadera reforma electoral que se encargue de corregir esta y otras distorsiones que se han venido dando en los últimos tiempos, especialmente este año en que los candidatos se guardaron para después del mundial porque es la época en que todos hablan, comentan y sueñan fútbol.

Por todas estas razones, es necesario que el Congreso de la República se dedique a la brevedad posible a realizar propuestas de lo que sería la reforma electoral. Para eso están ocupando sus respectivas curules y para eso son Poder Legislativo. Ojalá, pues se pongan a trabajar en esta y las otras reformas que el país aguarda.

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Editorial

¡Que la historia lo juzgue!

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Razón no le falta al exprocurador Julio Arbizu al decir que la muerte de Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas declaraciones de Jorge Barata. En efecto, hay muchos personajes involucrados y más de uno quisiera ver fuera a los fiscales del equipo especial que investiga el sonado caso. Sin embargo, ninguna conexión existe entre la autoeliminación del expresidente aprista y la investigación fiscal.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha opinado que la lucha contra la corrupción en el Perú es un proceso que no puede ni debe detenerse, pues de este depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática. Además, ha considerado que sería trágico que “la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

En tanto, un programa periodístico dominical que se emite por Latina ha difundido anoche declaraciones de Ricardo Pinedo, que fue secretario y amigo de Alan García, quien revela que él recibió la carta del mandatario con la consigna de entregársela a sus hijos, en el momento que él le iba a indicar. En todo caso es un elemento más para presumir que fue una decisión muy personal de Alan García, planificada con mucha anticipación. ¿Por qué, entonces, tratar de culpar al Ministerio Público para frenar el combate a la corrupción?

En las próximas horas hablará el exfuncionario de la constructora Odebrecht Jorge Barata, quien tendrá que decir toda la verdad, pues de lo contrario corre el riesgo de perder los beneficios de la confesión premiada a la que se acogió en Brasil. Es por ello que no podrá cambiar su versión cuando declare ante los fiscales peruanos. De lo que declare Barata depende que muchos funcionarios y políticos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala desfilen por el banquillo. A García que la historia lo juzgue.

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Editorial

Otra vez la informalidad

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Más de 200 bomberos voluntarios, apoyados por 350 policías, tuvieron que trabajar toda la noche del Viernes Santo en la zona de Mesa Redonda, donde ardió como tea una galería comercial, ubicada a la altura de la cuadra 7 del jirón Cusco. Milagrosamente no se registraron desgracias personales, pero los daños son considerables. El presidente Martín Vizcarra, quien se hizo presente en el lugar, ha explicado que la presencia de almacenes informales en la zona de Mesa Redonda, con material altamente inflamable, permitió que el incendio se propagara rápidamente.

Desde esta columna, hace casi cinco meses, hemos alertado sobre la situación de riesgo inminente para las personas que acuden a esta zona, pero al parecer las autoridades pertinentes siguen pensando que prevenir no es mejor que lamentar. Quizá por eso es que no se han hecho operaciones de fiscalización en ese lugar para detectar todos los peligros latentes, desde un incendio hasta un sismo de regular intensidad. El Jefe de Estado ha mencionado, también, que los representantes de la Municipalidad de Lima constataron que esa localidad, declarada en su zonificación para vivienda, en realidad era ocupada por almacenes.

Lo más lamentable es que a pesar de la gran cantidad de organismos reguladores y de fiscalización que se han creado la informalidad no puede ser erradicada de nuestro país. ¿Por qué siguen operando sin licencia estos comercios? ¿Por qué se destina a un uso diferente estas viviendas sin que nadie haga algo para que esta situación no continúe así? ¿Acaso no fue suficiente la tragedia ocurrida en Mesa Redonda el 29 de diciembre de 2001, y que costó la vida de 279 personas? ¿Necesitamos otra tragedia de esa magnitud para que nuestras autoridades recién vean la forma de acabar con ese problema de la informalidad? No, claro que no.

Ha llegado, pues, la hora de actuar con firmeza. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha anunciado que toda la zona de Mesa Redonda será cerrada durante tres semanas a fin de realizar una minuciosa fiscalización de los comercios y determinar si se encuentran en condiciones para operar sin ningún riesgo para la ciudadanía. Previo empadronamiento, los vecinos afectados tendrán que ser reubicados, pues según los bomberos hay 23 techos desplomados. Es necesario, entonces, que el burgomaestre capitalino disponga todas las acciones necesarias para acabar con este caos generado otra vez por la informalidad.

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Editorial

Combate a corrupción tiene que continuar

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El cardenal Pedro Barreto ha pedido no politizar la labor de la Fiscalía, institución que está cumpliendo su labor de investigar hechos de presunta corrupción y luchar contra ese flagelo que se ha enquistado en todos los ámbitos y niveles del país. Ha recordado, además, que cuando el papa Francisco visitó el Perú dialogó con los obispos expresándoles su preocupación por la situación en nuestro país, donde expresidentes están en la cárcel. Se refería a Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Es verdad que el deceso de Alan García, en circunstancias muy tristes, ha enrarecido aún más el clima político. Sin embargo, ello no debe ser óbice para que las investigaciones que realizan los fiscales del Ministerio Público no sigan adelante. Por el contrario, hay muchos interesados en que el proceso se paralice y para ello echarían mano de cualquier estratagema o argucia jurídica. No obstante, la Fiscalía de la Nación está en la obligación de garantizar la continuidad de las investigaciones, máxime, cuando en el extranjero la prensa destaca las acciones realizadas hasta el momento.

Lo peor que podría ocurrir es que se venga abajo todo lo investigado, que los casos vuelvan a fojas cero o que muchos traten de descargar culpas en el extinto expresidente Alan García. Es en ese sentido que el arzobispo de Huancayo y cardenal de la Iglesia católica, ha exhortado a todos los peruanos a cerrar filas en contra de la corrupción, para que nunca más suceda lo que ha ocurrido en las últimas décadas.

Al igual que el cardenal Barreto, nuestras autoridades del Gobierno y del Poder Judicial harían bien en respaldar la labor de procuradores y fiscales del grupo especial que investiga el caso Lava Jato, especialmente ahora que la familia ha hecho pública una carta de Alan García a sus hijos en la que les decía que deja su cadáver “como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios”. Hablando en buen romance, fue una muerte anunciada que ojalá sirva para que el Partido Aprista pueda recomponerse. Y por el bien del país, que continúen las investigaciones.

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