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Editorial

Una victoria de la ciudad

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La clausura del insalubre, tugurizado y peligroso viejo local de La Parada por el municipio de Lima ha sido recibida con satisfacción por la ciudadanía, como la victoriosa culminación de la erradicación iniciada con el traslado de la mayoría de los comerciantes que allí operaban en condiciones absolutamente inadecuadas, hacia el Gran Mercado Mayorista de Lima, en el distrito de Santa Anita.

La medida, que era una tarea pendiente para la Alcaldesa de Lima, se va consolidando rápidamente, por la eficiencia con la que fue realizada, el importante apoyo policial y el escaso margen que ha dejado para argucias judiciales como las que intentaron los dirigentes reacios al cambio, mediante 60 recursos, popularmente conocidos como leguleyadas, todos fracasados.

Decenas de los comerciantes que se habían negado al traslado a Santa Anita han comenzado a entender que la ruta del progreso los obliga a aceptar la mudanza y de igual manera ocurre con unos 1,500 comerciantes minoristas establecidos en los alrededores de la vieja Parada y que van accediendo a trasladarse al proyecto Tierra Prometida que el municipio tiene para ellos, también en Santa Anita.

Pero además la decisión parece contar con la comprensión o el apoyo de fuerzas políticas que en su mayoría han reaccionado esta vez con madurez cívica y sensibilidad respecto a los anhelos de los vecinos de la ciudad, y es de esperar que mantengan esa actitud, por encima de intereses políticos o ideológicos que deben quedar de lado para hacer prevalecer la de los ciudadanos de la capital.

En ese contexto, encuentran escaso eco los alegatos de los ocupantes precarios del local que pertenece a la Municipalidad de Lima, lo que hace más sólida aún la legalidad de la medida adoptada; a diferencia de lo ocurrido cuando comenzó la operación, en octubre de 2012, cuando la ceguera y el sectarismo de políticos tradicionales los llevó a cuestionar la operación, sin argumentos sólidos.

Hay que lamentar sin embargo que un par de parlamentarios uno por encono político y oportunismo demagógico, y el otro por absoluta desorientación, hayan intentado impedir o revertir la decisión invocando supuestos derechos de quienes ocupaban ilegalmente un local del municipio e impedían la eliminación de un foco dañino para la ciudad y su desarrollo. También quedaron aislados, sin que sus alegatos encuentren acogida alguna.

La clausura debe dar paso al proyecto municipal de que la vieja Parada, que durante décadas los limeños exigían erradicar, sin que gobiernos municipales incapaces tomaran la decisión de enfrentar el problema, quede en el olvido para que en su lugar se construya un espacio con instalaciones que mejorarán el hábitat de la zona.

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Editorial

Urge frenar la corrupción

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Ante la negativa del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, de poner en debate las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el legislador de Acción Popular, YonhyLescano, propuso a las bancadas del Parlamento retirarse como medida de protesta.

“Promover una sanción o una censura en contra de su presidente (César Segura) no será facilitada por los votos de Fuerza Popular, lo otro (el retiro de integrantes) es más efectivo”, agregó.

Segura se niega a poner en debate las denuncias constitucionales contra Chávarry, a pesar de los constantes pedidos de diversos sectores políticos y sociales, argumentando que deben ingresar por orden de llegada; es decir que podrían quedar para las calendas griegas, a pesar de la importancia que tienen, pues de continuar postergadas el país seguirá sumido en medio del caos político y nadie podrá ocuparse de los principales problemas nacionales que preocupan a la mayoría de peruanos.

De otro lado, la bancada del Frente Amplio ha anunciado que presentará al Ministerio Público en forma independiente el trabajo realizado en minoría que fue obviado en el informe final de la Comisión Lava Jato, lo que es interpretado por un sector de parlamentarios como un blindaje a Alan García y a Keiko Fujimori.

Parece ser, pues, que a la mayoría fujiaprista que domina el Congreso poco le importa el enfriamiento de la economía, ni la llegada masiva de ciudadanos venezolanos en busca de trabajo, como poco les importa las alzas en el transporte masivo y los retrasos en la reconstrucción del norte. Eso no les interesa como tampoco parece importarles la lucha anticorrupción. Como dice el legislador Yonhy Lescano, hay un doble discurso que maneja la alianza Apra-Fuerza Popular.

Sería bueno que el Gobierno pise acelerador a fondo en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere porque de lo contrario la economía corre el riesgo de quedar paralizada. Así lo han advertido sectores empresariales al señalar que hay cifras preocupantes, como la menor importaciones de bienes de capital (-3.3% en agosto y -5.9% en setiembre), lo que indicaría una menor inversión privada que se traduciría en un menor PBI al esperado para este año. Ojalá nos equivoquemos.

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Editorial

La corrupción nos pasará la factura

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Un emplazamiento a todos los peruanos ha hecho el presidente Martín Vizcarra para asumir el compromiso de independizar al país del yugo de la corrupción. Razón no le falta, pues si echamos un vistazo a las últimas encuestas sobre los principales problemas que afectan al país, la mayoría de respuestas identificarán a la corrupción. Y la lucha contra esa lacra no es privativa del Gobierno, pues en realidad depende de la decisión firme de todos los ciudadanos. Muchos quizá han olvidado que la corrupción organizada desde el poder, en los años 90, le ha costado al Perú una pérdida de aproximadamente 1,800 millones de dólares.

Para quienes no alcanzan a imaginar la dimensión del daño causado por la corrupción de entonces, estamos hablando de la friolera de 4,600 millones de nuevos soles, al cambio de la época; mejor dicho, de un dinero del erario nacional con el cual se pudo haber construido 36 hospitales de 200 camas cada uno en todo el país, o más de 180 modernos colegios donde se imparta educación de calidad, y crear alrededor de 100 mil puestos de trabajo. Sin embargo, muchos peruanos pensaban que no importaba que las autoridades elegidas roben con tal que hagan obras.

En esa misma línea, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, ha dicho que al margen de nombres, el Gobierno está decidido a luchar contra la corrupción. Estas declaraciones hacen clara alusión a la decisión del Congreso de no incluir a Alan García y Keiko Fujimori en el informe final de la Comisión Lava Jato. “Es una decisión del Congreso, pero, finalmente esto es un juicio político”, dijo. En efecto, corresponde al Ministerio Público determinar si los investiga o no, a la luz de nuevos elementos indiciarios que se están conociendo.

El anuncio del presidente Martín Vizcarra de liderar la lucha contra la corrupción es bien recibido por la población y también por el sector empresarial que viene reclamando garantías en el sistema judicial para las inversiones nacionales y foráneas. Precisamente, el vicepresidente del Grupo Moody’s Investors Service, Jaime Reusche, ha señalado hace poco que el Perú podría ser calificado de economía A1, igual que Chile, si no fuera por el tema institucional, en el que se ve un escándalo tras otro. Hablando en buen romance, el tema de la corrupción puede resultar tanto o más dañino para el Perú como en los años 90”.

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Editorial

Blindaje confirmado

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La sesión del pleno del Congreso de la República que ayer aprobó el informe de la comisión Lava Jato que determina presuntas responsabilidades en distintos exfuncionarios en el pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht, ha servido además para poner al descubierto la actitud de los congresistas de Fuerza Popular y del Apra. Un vergonzoso blindaje a Keiko Fujimori y Alan García, quienes no han sido incluidos en las recomendaciones para que el Ministerio Público los investigue. De ello el país entero ha tomado debida nota.

Por su parte, el expresidente Alan García ha felicitado a los congresistas apristas por la defensa que han hecho de su gobierno. Quizá García no recuerde que ya han pasado más de cinco años desde que terminó su gobierno; es decir, que ya no tiene la prerrogativa del antejuicio y eventualmente podría ser llamado por el Ministerio Público para aclarar cualquier inconsistencia que le encuentre algún acucioso fiscal. Por lo pronto, Keiko Fujimori, en cambio, ya está en manos de la Fiscalía para una exhaustiva investigación.

Volviendo al pleno del Congreso, el informe en minoría del congresista Humberto Morales (Frente Amplio) ha puesto al descubierto el vergonzoso blindaje al exmandatario aprista, pues planteaba incluirlo en el informe que alcanzaría la comisión Lava Jato al Ministerio Público. El congresista Morales destacó ayer que el informe aprobado confirma el blindaje porque Keiko Fujimori ni Alan García fueron incluidos en el informe aprobado ayer.

Ocurre, además, que en año y medio de trabajo, la comisión Lava Jato no ha presentado un informe prolijo porque al parecer ha usado doble rasero. No ha medido a todos con la misma vara. Pero sí se debe reconocer que sin querer el informe final de la comisión ha demostrado el vergonzoso blindaje de apristas y fujimoristas a sus jefes. Así lo mencionan las redes sociales. Señalan que los congresistas no pueden acusar a sus jefes, que es una suerte de conflicto de intereses y que era obvio que el blindaje funcionaría. Ojalá que la Fiscalía siga profundizando sus indagaciones para que ponga a buen recaudo, también, a los peces gordos.

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