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Editorial

Una salida democrática

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La reversión de la incertidumbre que nos había hundido en una crisis política de consecuencias difíciles de medir, ha sido sin lugar a dudas un triunfo de la democracia y de las posibilidades que esta ofrece para concertar voluntades y superar entonos y enfrentamientos, en aras de su preservación y fortalecimiento.

La solución ha sido posible gracias a la madurez y la capacidad de renunciamiento de buena parte de la llamada clase política, así como las demandas de amplios sectores de la sociedad y del sector económico, de que le encuentren una salida a la situación que atentaba contra la estabilidad del país, por la indefinición de la confianza parlamentaria que el gabinete ministerial necesitaba, según la Constitución, para mantenerse en funciones.

Para la salida de la crisis han mediado ciertamente contactos entre el gobierno y algunas fuerzas de oposición, para lograr un entendimiento, resumido creemos en la declaración del Presidente del Consejo de Ministros que da las garantías reclamadas por la oposición, de que no habrá injerencia de “poderes paralelos” en el gobierno, que la vocería gubernamental estará en manos del Premier y los ministros y que quien toma las decisiones es el Presidente de la República; evidentes alusiones a las inquietudes en torno a la actividad política de la Primera Dama.

El pronunciamiento, además, aseguró a la oposición que sus inquietudes serán escuchadas y que el Ejecutivo mantendrá puentes de diálogo con ella y que tiene claro que la confianza no significa un voto en blanco y que el Poder Legislativo mantiene su potestad de fiscalizar, interpelar y hasta censurar ministros en caso fuera pertinente.

La ciudadanía confía, con buena fe, en las declaraciones de las partes, de que no hay acuerdos bajo la mesa que atenten contra la institucionalidad democrática ni contra la marcha de la justicia; pues la ciudadanía de ninguna manera las aceptaría.

También es saludable que estén ganando terreno la autocrítica y la voluntad de corregir errores, aunque estamos lejos de pensar que la solución alcanzada ayer signifique que la política nacional es un lecho de rosas en el que no hay problemas. Por el contrario, hay muchos que resolver, sobre todo en el ámbito social, en el de las pugnas a veces desmedidas entre grupos de posiciones contrapuestas y en el de la lucha contra la corrupción, entre otros temas de trascendencia.

Pero todo se resuelve en democracia. O, más realistamente, todo debería resolverse en democracia y en los espacios de diálogo y concertación que propicia y que pueden ser aprovechados plenamente en la medida que la perfeccionemos y le demos contenido social y participativo, para involucrar en ella a todos los ciudadanos.

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Editorial

Congresistas deben ponerse a trabajar

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La rápida reacción que ha tenido el presidente Martín Vizcarra al sacar adelante el referéndum para hacer las reformas del sistema político y judicial no es suficiente. Se requiere ahora que el Congreso recoja el clamor expresado por la población en las urnas, el domingo último, y se ponga a trabajar para materializar lo más pronto posible el mandato de la ciudadanía. Es menester actuar con urgencia para acabar con la corrupción rampante que extiende sus tentáculos por todas las instituciones del país y les roba a los más pobres la esperanza de salir adelante.

No por gusto más del 85% de la población ha respaldado la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que estaba infestado por la corrupción. Ahora, la nueva institución será la que revise las evaluaciones de jueces y fiscales porque hay denuncias y hasta audios de cómo se realizaban los nombramientos de algunos magistrados; usando prácticas nada transparentes. No más “Cuellos Blancos”, no más “hermanitos”.

El Parlamento ha ampliado la legislatura para debatir la ley de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, hay legisladores que aún no son conscientes de la urgencia con que se debe actuar para poner la justicia al alcance de todos. Es verdad que hasta el nombramiento del Fiscal de la Nación tendrá que ser evaluado. La cabeza del Ministerio Público debe ser una persona proba, sobre quien no recaiga ningún atisbo de dudas porque en sus manos está la acción contra la criminalidad y la defensa de la sociedad.

Si la designación del titular del Ministerio Público no se ajusta estrictamente a las normas, pues tendrá que dejar el cargo. Pero para ello se requiere que los “padres de la patria” se dejen de críticas y discusiones. El Parlamento acaba de ampliar la legislatura hasta el próximo 30 de enero para debatir sobre la reforma del sistema de justicia. Es urgente que la Junta Nacional de Justicia inicie sus funciones lo más pronto posible. Se trata de un organismo fundamental para la administración de la justicia y ahora la responsabilidad es del Congreso que actualmente está bajo escrutinio del ojo público.

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Editorial

A consolidar las reformas

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Después de los resultados del referéndum, la oposición, así como ciertos sectores empresariales y hasta analistas “todólogos”, han salido a decir que el único que ha ganado y ha salido fortalecido es el presidente Martín Vizcarra por el carácter plebiscitario de la consulta realizada el domingo último. Sin embargo, lo que ha hecho el mandatario no es otra cosa que canalizar la indignación de toda la ciudadanía por la inacción de los congresistas que han llegado al Parlamento para ver sus intereses particulares, olvidándose del bienestar común de la población.

No hay que olvidar que las calles ya habían dado su veredicto, sentenciando “que se vayan todos”; es decir, estaban dispuestos a dar su anuencia para un eventual cierre del Parlamento. El Jefe del Estado, por el contrario, planteó el referéndum que ha funcionado como válvula de escape ante la presión popular a punto de estallar. Y claro, como los congresistas de la mayoría de Fuerza Popular, que después del referéndum ya no constituyen una fuerza ni tienen nada de populares, han sido duramente golpeados por las urnas pretenden hacerle pisar el palito al jefe del Ejecutivo para después presentarlo como una suerte de “dictador”, de lo cual no tiene nada.

El referéndum expresa, en principio, la decisión ciudadana de decirle basta a la corrupción. En segundo lugar es un castigo para los congresistas al prohibir la reelección. Razones de sobra hubo para ese resultado. Más del 85% respalda la prohibición de la reelección y casi el 86% aprueba la reforma que regula el financiamiento a las organizaciones políticas. Asimismo, algo más del 86% votó por la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM. En otras palabras se trata de reformas del sistema político y del sistema de justicia. No obstante, ya se oyen voces de la oposición con reclamos diversos.

Lo que es más, han salido los todólogos a decirle al presidente Vizcarra que ya puede usar el capital político obtenido para apuntalar otras reformas y le aconsejan que extienda la agenda para tener un segundo aire en su gobierno a partir del éxito político. Y la receta que le dan es que aproveche, entre otras cosas, para realizar la reforma laboral, que a su entender no es otra cosa que eliminar lo que ellos denominan sobrecostos laborales.

Claro, más de uno de sus críticos de la derecha radical quisiera verlo enfrentado a los gremios sindicales. No señor Vizcarra, no escuche consejos que solo le traerán más problemas a su gobierno. Ahora lo que toca es ir hacia adelante en la lucha contra la corrupción y consolidar las reformas que se ha propuesto.

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Editorial

“Vox populi, vox dei”

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Luego de la masiva respuesta de la población peruana a la convocatoria del referéndum, el presidente Martín Vizcarra ha dicho durante una reunión con su Gabinete Ministerial, que el Perú está camino a hacer grandes cambios. Asimismo, agradeció a todos los peruanos por asistir mayoritariamente a las urnas y acoger las reformas constitucionales. Toca, ahora, a las autoridades pertinentes asumir la tarea de hacer cumplir la decisión de la población peruana. Sin embargo, el mandatario ha reconocido que, de por sí, el referéndum no cambia todo, pero es el inicio.

Es verdad que la ciudadanía ha ratificado, ayer en las ánforas, la urgencia de realizar reformas judiciales y políticas planteadas, pero no es lo único sobre lo que se ha pronunciado, pues al rechazar la última pregunta sobre la bicameralidad también ha dicho no a la reelección, cerrándoles las puertas del Congreso a quienes han demostrado que llegaron a la curul para ocuparse de sus intereses personales y no para procurar el bienestar común. Ese rechazo no es otra cosa que un castigo a los actuales legisladores. Quizá no todos merecen tal sanción, pero lo cierto es que este congreso se ha ganado el repudio del electorado.

Y qué otra cosa podían esperar los congresistas de la mayoría, por ejemplo, después de haber reconocido que desaprovecharon el mejor momento para hacer cambios que beneficien al Perú. Tenían mayoría calificada y conversando con otros grupos políticos les alcanzaba de sobra para reformar nuestro cuestionado sistema judicial y el sistema político. Al parecer no hubo intención de cambiar nada. Una de las últimas acciones que colmó el vaso fue la aprobación de la ley de financiamiento ilícito a los partidos políticos impulsada por Fuerza Popular.

Lejos de hacer un “mea culpa”, la congresista Luz Salgado salió anoche en una entrevista televisiva a echar sombras sobre la ONPE y al JNE, y a rasgarse las vestiduras cuando los actuales congresistas fueron incapaces de presentar y aprobar iniciativas que favorezcan a la población. Ahora se quejan del presidente Martín Vizcarra, pero el mandatario ha hecho lo correcto; es decir, tomar el toro por las astas y evitar que el país siga paralizado. Se olvidan los parlamentarios que la aprobación del Legislativo está en un solo dígito y el rechazo es cada vez mayoritario. Las calles ya lo habían adelantado: Que se vayan todos. Se ha cumplido la expresión latina “vox populi, vox dei” y al Congreso solo le queda acatar la voz del pueblo.

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