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Editorial

Una polémica decisión

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La decisión de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, de declarar fundado un recurso de hábeas corpus de cuatro notorios condenados por terrorismo y disponer por tanto que sean trasladados del presidio de alta seguridad de la Base Naval del Callao a un penal que cuente con “presencia activa del INPE”, ha causado comprensiblemente grave preocupación en diversos sectores de la ciudadanía.

Tal preocupación obedece al hecho que, pese a que de una u otra forma han renunciado a la acción subversiva y sus organizaciones han sido desarticuladas –con excepción de la fracción senderista del VRAEM- y a que han hecho renuncia explícita a las armas, existe la percepción generalizada de que fuera de la Base Naval serán un peligro de rebrote terrorista.

La sola posibilidad de tal rebrote causa alarma y rechazo y motiva la generalizada exigencia de que los citados reclusos cumplan sus penas en el presidio riguroso en el que llevan largos años encarcelados, purgando severas condenas que incluyen la de cadena perpetua.

El jefe del INPE ha calificado de inmediato como arbitraria e ilegal la decisión judicial y ha pedido a la Corte Suprema que anule la decisión, teniendo en cuenta que un pedido similar fue rechazado por el Tribunal Constitucional y por el propio Poder Judicial; y ha anunciado la presentación de recursos legales contra el dictamen mencionado.

También ha advertido, como otros críticos del fallo, que el mismo trato puede invocar el envejecido jefe senderista que preparó y dirigió los más bárbaros atentados de las décadas de la violencia insana y criminal que sumió al país en el terror y la destrucción; algo que a la ciudadanía le parece comprensiblemente inaceptable.

Todavía están frescas en la memoria de los peruanos las escenas de atentados como el de Tarata y otros condenables actos terroristas que nunca más deben repetirse.

Según lo establecido legalmente, el INPE tiene 30 días para cumplir lo dictaminado por la corte, siendo una posible fórmula que concilie el respeto a las decisiones del Poder Judicial con las inquietudes de quienes han tenido reacciones de indignación o alarma ante lo que consideran puede poner en peligro la paz interna alcanzada por la decisión de los peruanos de vivir en democracia y ventilar dentro de éstas sus diferencias y sus anhelos de justicia plena y libertad.

Sería pertinente que, de no lograrse revertir la decisión judicial y ésta tenga que ser acatada, el INPE cree en el presidio civil de alta seguridad que designe para los cuatro condenados, las condiciones de riguroso control que los mantengan al margen de los demás reclusos y que impidan cualquier posibilidad de que promuevan acciones terroristas desde la prisión.

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Editorial

La corrupción no conoce fronteras

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El Perú ha cumplido con hacer entrega a Uruguay de la documentación que demuestra que no hay persecución política y que el expresidente Alan García goza de todas las garantías del debido proceso en la investigación que se le sigue por corrupción. Así lo ha confirmado el embajador uruguayo, Alejandro Barros, quien acudió ayer al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, donde se reunió durante 50 minutos con el vicecanciller de ese país, Hugo de Zela. A su salida confirmó que Uruguay analizará el pedido de asilo del exmandatario aprista para lo cual se tomará todo el tiempo que sea necesario.

Los documentos están acompañados por un informe del fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la causa contra García, que remarca que todas las acciones que se le siguen se apegan estrictamente al marco de la ley vigente en el país y se sustentan en el pedido de dieciocho meses de impedimento de salida al expresidente, otorgado por el Poder Judicial. Pero si todo eso no bastara, las autoridades uruguayas pueden tomar nota de las declaraciones de Allan Wagner, excanciller del gobierno de Alan García, quien ha desmentido rotundamente que en nuestro país exista algún tipo de persecución política y lamenta que el expresidente solicite asilo en vez de colaborar con la justicia.

Ocurre, también, que organismos de derechos humanos han advertido que el expresidente Alan García está usando el argumento de la persecución política para evadir la investigación de la justicia, razón por la cual el Gobierno de Uruguay debe rechazar su pedido de asilo diplomático. Así lo ha hecho saber Jo-Marie Burt, consejera principal de Wola, y coincide con ella la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Es inusual que organismos de este tipo se pronuncien en contra del derecho de asilo, pero en el caso del Perú es evidente que no hay persecución contra ningún ciudadano.

Las autoridades uruguayas afirman que en la decisión pesará mucho la larga tradición de asilo de la República Oriental del Uruguay. El presidente peruano, Martín Vizcarra, le ha recordado a su homólogo Tabaré Vásquez el compromiso que firmó en la Cumbre de las Américas para luchar contra la corrupción. Ojalá que eso también llegue a ser sopesado. En este tema hay mucho en juego no solo para el Perú sino para toda la región. Habría que recordarle al presidente uruguayo que la corrupción no conoce fronteras.

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Editorial

García pone en peligro relaciones Perú-Uruguay

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La actitud del presidente Alan García de acudir a la embajada del Uruguay para solicitar asilo político desnaturaliza esta protección que brindan los estados a las personas extranjeras que sufren persecución política en supaís. Nadie en su sano juicio podría decir que el Perú es gobernado por una dictadura, como tampoco se podría afirmar que el exmandatario aprista es víctima de persecución en razón de sus ideas. Esto ha quedado claro.

Ocurre que Alan García ha usado la figura del asilo político para impedir la acción de la justicia que lo viene investigando por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, obra ejecutada en su segundo Gobierno. Además, el exmandatario dijo en reiteradas oportunidades que se allanaba a la solicitud de impedimento de salida del país formulado por la Fiscalía porque no era un castigo quedarse 18 meses en su patria. Pocas horas después estaba dentro de la residencia del embajador del Uruguay.

Sin embargo, todo lo que dijo fue una mentira. En el Perú no gobierna una dictadura, existe separación de poderes, argumentar lo contrario es fabular, es pecar de subjetivo. Y Alan García le ha mentido al país como también le ha mentido al embajador del Uruguay, sin medir las consecuencias de sus actos. Y eso es no tener dignidad, porque por escapar de la acción de la justicia ha urdido lo del golpe de Estado y la persecución política en su contra. Pero lo peor de todo es que pone en riesgo las relaciones bilaterales entre dos países amigos que vienen trabajando cada día por reforzar sus lazos diplomáticos.

Debe saber la comunidad internacional que en el Perú las investigaciones están a cargo del Ministerio Público y que Alan García no es el único investigado, hay otros porque el país se encuentra en una lucha frontal contra la corrupción, una lucha que no tiene fronteras tal como se ha dicho en la Cumbre de las Américas que se celebró en Lima. El Perú entero le ha dicho basta a la corrupción.

El presidente Tabaré Vásquez haría bien en no conceder asilo político a un expresidente que no es víctima de persecución, sino que pretende escapar de una investigación fiscal a la que toda persona está obligada a someterse, como en todo país democrático.

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Editorial

Puso los pies en polvorosa

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La conversación que sostuvo ayer por la tarde el presidente Martín Vizcarra con su homólogo uruguayo, Tabaré Vásquez, fue para anunciarle que el Perú enviará en las próximas horas la información relacionada al pedido de asilo del expresidente Alan García. El viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, dijo que la conversación fue cordial. Pero al margen de los formulismos, lo hecho por el exmandatario aprista no deja de sorprender a tirios y troyanos. Tiene características de una confesión tácita.

En efecto, después de haber dicho que se allanaba a la solicitud del fiscal que pidió 18 meses de impedimento de salida del país para Alan García, el expresidente pidió asilo en la residencia del embajador de Uruguay, alegando persecución política. Y la verdad es que ya ni debería sorprendernos, pues hizo lo mismo en la embajada de Colombia en la época de Fujimori. Es cierto que eran otros tiempos, pero la táctica es la misma: refugiarse al amparo de un gobierno vecino hasta esperar que prescriban los delitos de los que se le acusa. El tiempo hará el resto.

Con su actitud, el expresidente Alan García no ha hecho más que confirmar las versiones de los testigos y, al mismo tiempo, validar la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, quien ha venido alertando sobre el peligro de que Alan García pretenda obstaculizar la acción de la justicia. No obstante, las autoridades de la República Oriental del Uruguay han prometido analizar la documentación que les remita el Perú antes de tomar una decisión. Si rechazan el pedido de asilo le comunicarán al expresidente García que debe de abandonar la residencia del embajador. Pero si, en cambio, deciden aceptarlo el Gobierno peruano deberá extenderle un salvoconducto para que pueda llegar al aeropuerto y partir hacia Uruguay.

De volver a escapar del largo brazo de la justicia, el expresidente Alan García estaría dando una señal muy negativa, pues debilitaría aún más la institucionalidad en nuestro país. Esperemos que el Gobierno uruguayo realice un buen análisis de toda la documentación que le entregará el Perú. La corrupción es un delito que está dañando a más países y es menester que la lucha contra ese flagelo sea enfrentada con la colaboración recíproca de todas las naciones del Continente.

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