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Editorial

Una ley en la picota

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Tras la convocatoria a una sesión de la Comisión Permanente, que ejerce las potestades del Pleno del Congreso de la República cuando este entra en receso, parece abrirse el camino a la atención de la demanda social, fundamentalmente juvenil, de que quede sin efecto la Ley del Empleo Juvenil, dictada con el fin de promover la contratación y capacitación de jóvenes con sueldo mínimo y merma de derechos, lo que genera rechazo generalizado, por diversos motivos, pero sobre todo por la demanda, que permanecía latente, de plenos derechos para quienes son los verdaderos creadores de la riqueza empresarial, y de una nueva visión del trabajo que no lo considere solo un factor de costo.

Las deliberaciones de los legisladores deben tener en cuenta que el impacto de la ley ha sido tal que ha generado un movimiento de rechazo que no se vivía al menos desde las luchas contra la dictadura fujimorista y Lima ha sido escenario de dos grandes marchas, en las semanas de fin de año, algo insólito, pues el clima festivo y desmovilizador de esas fechas nunca es apto para las protestas.

Las protestas han sido en gran medida espontáneas, pero han ido ganando en organización y articulación, hasta haberse conformado una coordinadora de estudiantes, trabajadores, sindicalistas y barrios, que dicen estar decididos a mantener en pie su lucha hasta conseguir la derogación de la ley y en el movimiento se oyen voces para las que no basta ese objetivo y quieren avanzar hasta la revisión de la legislación laboral y la recuperación de los derechos arrebatados por la dictadura y los siguientes gobiernos.

La resistencia de los jóvenes ha dado lugar a que fuerzas políticas que cuando estuvieron en el gobierno arrasaron con los derechos de los trabajadores y que votaron sin mayor trámite por la ley, se hayan dado vuelta por evidente oportunismo electoral para disfrazarse de defensores de los jóvenes, aunque estos no les creen y por eso, cuando un grupito del viejo Partido Aprista intentó aprovechar la segunda marcha, fueron rechazados y expulsados.

La Comisión Permanente del Congreso, que analizará seis proyectos que plantean como opciones anular la ley, modificarla o suspenderla –supuestamente hasta que haya mejores condiciones para aplicarla-, mientras el Ejecutivo permanece en la posición de defender la ley a todo trance y anuncia su reglamentación pronta, como vía para perfeccionarla; apuesta plausible pero difícil, por al nivel de malestar que persiste y ante el cual solo cabe dar la marcha atrás a la que reiteradamente se niegan los gobernantes.

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Editorial

Los “muñecos” del aprofujimorismo

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Parece que la proximidad de la declaración de Jorge Barata está haciendo perder los papeles al aprofujimorismo, cuyos congresistas ayer quedaron en evidencia en su pretensión de traerse abajo la Ley 30737 que garantiza el pago de reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción. Lo paradójico de este asunto es que la norma en cuestión fue aprobada por los propios fujimoristas, en reemplazo del Decreto de Urgencia 003 porque esta última no cumplió con sus objetivos de asegurar la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

Ocurre, que los congresistas de Fuerza Popular y del Apra están en una carrera contra el reloj porque cada día que pasa ven más cerca la posibilidad de que Barata explique con pelos y señales todo sobre las cuentas en las que Odebrecht depositó dineros provenientes de la Caja 2; es decir fondos destinados al pago de coimas. Eso es lo que tratan de evitar para que sus líderes y candidatos no se vean eventualmente comprometidos en un caso de lavado de activos. Ayer interpelaron al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, precisamente por el tema del acuerdo con Odebrecht para la colaboración eficaz con la justicia del Perú.

Sin embargo, el ministro Zeballos nada tendría que ver con el acuerdo porque éste tiene que ser revisado en última instancia por el Poder Judicial. En otras palabras, el Ejecutivo no conoce los pormenores del acuerdo hasta que quede oleado y sacramentado. La cereza del pastel la puso ayer la congresista y tercera vicepresidenta del Legislativo Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) al anunciar que ha solicitado la detención preliminar de los exdirectivos de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Raymundo Trindade Serra, Renato Ribeiro Bortoletti y otras 31 personas vinculadas con los presuntos actos de corrupción en la construcción del Gasoducto Sur peruano.

Vilcatoma justificó su decisión señalando que presentó la denuncia luego de haber recibido la información que Odebrecht y Barata, entre otros, cometieron actos de corrupción en la construcción del Gasoducto del Sur peruano. No obstante, su actitud parece destinada a tratar de intimidarlos para que no hablen. A pesar de ello, lo que estaría denotando Vilcatoma es el temor de los fujiapristas por lo que va a ocurrir entre el 22 y 26 de abril próximo en que Barata responderá más de mil preguntas del Ministerio Público. Eso ha desatado los “muñecos” del aprofujimorismo.

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Editorial

¿Congresistas ineficaces?

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La intervención del Congreso en el caso Odebrecht supone politizar un convenio que solo busca sancionar a políticos responsables de actos de corrupción, ha dicho la legisladora Marisa Glave, de Nuevo Perú. La parlamentaria se basa en el hecho que los acuerdos de colaboración con la justicia solo pueden ser objetados por el Poder Judicial y no por el Legislativo. Coincide con ella el procurador Jorge Ramírez

¿Entonces, por qué los congresistas aprofujimoristas están poniéndole cortapisas a la Ley 30737 que posibilita la colaboración eficaz con las empresas Odebrecht y OAS? La respuesta es simple, en caso de caer la Ley 30737 todas las pruebas, testimonios, correos y demás documentación relacionada con el caso sería inexistente; es decir, que ya no podrían usarse en el proceso. Y está pendiente aún la declaración de Jorge Barata que se producirá entre el 22 y el 26 de abril.

La postergación de su declaración se realizó a pedido del Equipo Especial del Ministerio Público del Perú para el caso Lava Jato y no de Jorge Barata, tal como aclaró anoche en Canal N el fiscal coordinador Rafael Vela. Eso quiere decir que el colaborador eficaz solo está esperando para responder una batería de algo más de mil preguntas. Y no podía ser de otro modo porque tiene un compromiso con la justicia brasileña –como delator premiado– para decir todo lo que sabe y por ello está obligado a colaborar plenamente con el Perú; de lo contrario perdería los beneficios en Brasil.

Es por eso que muchos políticos y también expresidentes están temblando en este momento. Su suerte parece estar echada, al punto que los congresistas aprofujimoristas esperan derogar la Ley 30737 para evitar que el proceso arrastre a muchos políticos. Ocurre, sin embargo que fueron esos mismos congresistas quienes aprobaron esa ley que posibilita la colaboración eficaz. La población está en alerta y no permitirá que los parlamentarios aprofujimoristas deroguen la norma que es la columna vertebral de la colaboración eficaz. Con ello solo demostrarían su ineficacia como legisladores y quedaría al descubierto su apoyo a la corrupción.

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Editorial

Acuerdos y desacuerdos

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La empresa OAS ha expresado su preocupación por la seguridad jurídica del acuerdo de colaboración eficaz que se encuentra negociando con el Ministerio Público y la Procuraduría peruana, en el marco de la legislación vigente. Así lo ha señalado en un comunicado difundido dos días antes de la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos para que explique el acuerdo de colaboración con Odebrecht, que se realizará mañana jueves, y en momentos que hay un proyecto que plantea derogar la Ley 30737, que garantiza el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

Por un lado, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, no puede tener responsabilidad alguna sobre un acuerdo que está en manos de los procuradores y fiscales y que será revisado después por el Poder Judicial, que tendrá la última palabra. De otra parte, la Ley 30737 que el aprofujimorismo pretende derogar fue aprobada el 8 de marzo de 2010 en el Parlamento por 79 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones. De los que estuvieron a favor 42 fueron congresistas de Fuerza Popular. Ninguno de los legisladores fujimoristas se pronunció en contra.

Si bien es cierto que el Gobierno espera recibir 1,275 millones de soles por reparación de cuatro proyectos del Acuerdo (S/610 millones), intereses legales (S/150 millones), reparación por el proyecto Chacas (S/ 65 millones) y pagos de impuestos a Sunat (S/450 millones). Pero no es lo único, pues además se espera recibir otros dineros de reparaciones civiles ya sea por otros acuerdos de colaboración eficaz o por sentencias judiciales. Asimismo, por concepto de embargos e incautaciones de cuentas bancarias, inmuebles, vehículos y acciones de empresas.

Todo esto nos lleva a preguntarnos ¿qué buscan los parlamentarios del aprofujimorismo con su intención de derogar la ley? Está claro que obtener una mayor reparación civil no es el objetivo porque al derogar la ley ya no se podrá negociar la colaboración eficaz con las cuestionadas empresas, pues la ley promueve la venta de activos de las empresas involucradas y da un plazo de hasta 10 años para cumplir con las reparaciones.

Y como dice el exprocurador César Azabache tener un cronograma para cobrar a 10 años es mejor que no poder cobrar nada mientras dure el proceso judicial.

Sería bueno, en todo caso, que las autoridades se amarren bien los pantalones y respalden el trabajo de fiscales y procuradores. Por su parte, los congresistas del aprofujimorismo lo único que hacen con su actitud es demostrar miedo a que continúe la colaboración y que la verdad se abra paso

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