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Política

Una JNJ de mala calidad, será culpa de la Comisión Especial

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Luis Miguel Purizaga

Luis Miguel Purizaga, coordinador del área de Justicia Viva, del Instituto de Defensa Legal (IDL), considera que la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia debe priorizar la hoja de vida intachable de los postulantes antes que el conocimiento académico. También pide anular el actual concurso y convocar a uno nuevo porque de la conformación de la JNJ dependerá el futuro de la lucha contra la corrupción.

Junta Nacional de Justicia (JNJ).

—Se ha anunciado una nueva evaluación para la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Cuál cree que es el problema de fondo en cuanto a su proceso de elección?

—Nosotros como IDL hemos enviado recomendaciones a la Comisión Especial diciendo que ellos podían reformular algunas cosas respecto a las bases del concurso. En principio nos parecía que se estaba estableciendo un criterio de evaluación que no le daba un peso debido al problema de fondo, que es la necesidad de elegir a los más probos, honestos e idóneos, que además tengan el criterio para elegir jueces y fiscales. Pero los resultados del proceso dan a entender que los miembros de la Comisión no tenían claro cuál debía ser el perfil de un miembro de la JNJ.

—León Trahtemberg cuestionó que los exámenes usaban criterios retrógrados por parte de los evaluadores. ¿Qué opinión tiene sobre las evaluaciones?

—La ley orgánica de la JNJ establece que debía haber una primera evaluación de conocimientos, pero en las bases también se decía que la Comisión podrá definir cuál era la mejor forma de esta evaluación. Finalmente, la Comisión Especial quiso que sea un examen objetivo, y muchos se han expresado cuestionando este mecanismo en cuanto este tipo de evaluación es memorística, sobre cosas que no son relevantes para el trabajo que se va a realizar. Se le da más peso a evaluaciones de conocimientos o se va a valorar el conocimiento de forma memorística y repetitiva. Otra forma podría haber sido a través de un ensayo, o de resolución de casos, donde se podría ver de forma más completa el criterio o la formación jurídica de los postulantes.

—Gerardo Távara, de Transparencia, cuestionó que la Comisión Especial habría confundido lo que es un concurso de méritos, de hoja de vida impecable, con lo que es conocer varias disciplinas del Derecho…

—Exacto, coincidimos en ese aspecto con el señor Távara, porque parece que no se hubiera llegado a un diagnóstico de la crisis. El problema no tiene que ver con el conocimiento del derecho, sino con la presencia de personas con relaciones estrechas con políticos y empresarios o jueces a los que ellos debían evaluar. Eso es lo que se debe evitar. La Comisión debe tener en cuenta estos aspectos al momento de evaluar los perfiles, no se pueden dar conflictos de interés de gente con ligazones con partidos políticos o con grupos empresariales. Y dentro de ese diagnóstico, el tema del conocimiento del derecho es importante pero no es lo fundamental, ahí no radica el problema.

El fiscal Pérez recordó que Dumet ya había adelantado juicio sobre él. ¿Qué le parece que haya logrado el primer lugar en las evaluaciones?

Supongamos que este señor Dumet sabe mucho de derecho, pero nos damos cuenta de que no tiene criterio para saber discrepar alturadamente con personas que no piensan como él. Eso es claro por su participación en redes sociales. Entonces, la pregunta para los miembros de la Comisión es si esa es la característica que debe tener un miembro de la JNJ. ¿Necesitamos ese tipo de profesionales? A mí me parece que no.

—¿Qué opinión le merece las disculpas de Dumet, que justifica sus comentarios groseros en redes sociales diciendo que se “dejó llevar”?

—El hecho de que diga eso, me parece que está reconociendo un error terrible y que esa no es la forma correcta de discrepar con las personas. Una de las cosas a valorar es la comprobada trayectoria del postulante, y si uno revisa la hoja de vida de Dumet, me parece que no califica como una persona con talante democrático. Su forma de participar en un espacio público como una red social, de modo insultante, no está dentro de los ideales democráticos que debería tener un miembro de la JNJ. Y ni qué decir sobre el adelanto de opinión que ha hecho del trabajo de los fiscales Pérez y Vela. Por donde se le vea, como candidato, tiene muchas razones para no ser elegido.

—El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que hay un desinterés de “buenos profesionales” para integrar JNJ. ¿Coincide con esa idea?

—Ahí somos de una opinión distinta, creemos que, por el contrario, es la forma de diseñar el proceso la que no alienta a que se presenten buenos candidatos.

—La fiscal Rocío Sánchez alertó que participantes del CNM podrían ser soporte de la JNJ. ¿Es posible cortar con la corrupción en una entidad nueva si las personas son las mismas?

—Justamente por eso la elección de la JNJ es sumamente importante. Ellos durante los primeros 18 meses van a tener que revisar todos los nombramientos, ratificaciones y procedimientos administrativos llevados a cabo de marzo 2015 a julio del 2018, que es el tiempo donde fue presidente Guido Águila. Todo lo que hizo el CNM va a tener que ser revisado por la JNJ, y dentro de eso está el caso de “Cuellos Blancos”, los nombramientos o ratificaciones de jueces ligados a Hinostroza, por ejemplo. Entonces debemos darnos cuenta de la importancia de este trabajo y de que los miembros de la JNJ no tengan nexos con grupos políticos o empresariales, que hayan tenido realmente una trayectoria intachable. Si no entendemos la raíz del problema la elección de la JNJ se va a disparar por cualquier lado. No es una cuestión académica sino de valores.

Pedro Gonzalo Chávarry

—Por otro lado, hay temas vinculados a grandes casos de corrupción que pasan desapercibidos, como el tema de los arbitrajes arreglados por Odebrecht…

—De las investigaciones que habían sabemos lo mismo que la gente que ha leído IDL Reporteros. Se detectó que Horacio Cánepa era un árbitro que logró hacer ganar mucho dinero a Odebrecht en diversos arbitrajes. Más allá de lo informado por IDL Reporteros, de la participación de Horacio Cánepa en los diversos arbitrajes que le permitieron a Odebrecht ganar una suma grande de dinero a costa del Estado, las investigaciones han quedado en stand by. Hasta donde sabemos, Cánepa hoy es un colaborador eficaz y ha empezado a dar nombres de gente involucrada en la red. Como sabemos, un solo árbitro no podría haber actuado solo, y tuvo que coordinar por lo menos con otro árbitro para hacer ganar a Odebrecht en esos procesos arbitrales. Desgraciadamente, el arbitraje es un sistema de administración de justicia aún más desconocido para las personas, y es un tema que ha quedado dentro de la esfera de los técnicos, de quienes conocen cómo funciona el arbitraje en el sistema de contratación pública.

—También los beneficios obtenidos a partir de operaciones corruptas, como los ingresos que percibe Graña y Montero por cada tarjeta de la Línea 1 del Metro de Lima, se siguen manteniendo…

—Lamentablemente, ejemplos como ese, o como el tema de los peajes, son los costos que pagamos por la corrupción. Hasta hace un tiempo se pensaba que estos grandes casos de corrupción poco tenían que ver con las personas de a pie. Pero ahora vemos que con este caso, como en el caso de los peajes, esta dinámica de corrupción finalmente impacta en todos nosotros. Por eso creo que la ciudadanía ahora tiene ejemplos clarísimos para entender cómo la corrupción afecta en su día a día.

Nosotros creemos que uno de los caballos de batalla en la lucha contra la corrupción, es el tema de la conformación de la JNJ. Ese es el tema estandarte dentro del proceso de reformas, por lo tanto debemos tomar este tema y ver cómo está relacionado con los diferentes casos de corrupción en otros espacios. Por eso creemos que este proceso que se está llevando a cabo debe quedar nulo. No se puede llevar un concurso con tres candidatos. La Comisión debe redactar nuevas bases y debe llamar a un nuevo concurso. Y si se da el caso de instalar una JNJ de mala calidad o con miembros que no merecen estar en ella, será culpa exclusivamente de la Comisión Especial.

 

José Alfredo Madueño

Política

Con la soga al cuello

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Vicente Silva Checa

Luego del anuncio de la Fiscalía respecto al próximo interrogatorio de Vladimiro Montesinos a cargo del fiscal José Pérez, y la posibilidad de incluir en la acusación de lavado de activos contra Fuerza Popular el uso de dinero proveniente de la corrupción en los años 90, el analista político Carlos Monge consideró que el caso se torna “mucho más complejo y serio de lo que se tenía identificado inicialmente”.

“Considerando que el señor Vicente Silva Checa (acusado de ser testaferro de Montesinos y asesor en las sombras de Keiko Fujimori según un testigo protegido) ha tenido un vínculo histórico con estos actos de corrupción, e incluso ya purgó cárcel, me parece totalmente razonable que la Fiscalía convoque a Montesinos para indagar cuál era el mecanismo en los ‘90 para guardar el dinero que sería usado posteriormente en las campañas del fujimorismo”, indicó.

“Además del dinero de la caja negra de Odebrecht, parece que la acusación también apunta a movimientos de dinero, en un blanqueo de millones de dólares entregados a Joaquín Ramírez para que lo blanquee en universidades, usando el mecanismo de empresas familiares que proveían de servicios sobrevaluados a su propia universidad”, agregó.

Sobre el vínculo de Silva Checa y Keiko Fujimori, Monge afirmó que “si el problema fuera que solo la asesora, habría un problema ético, y nadie va preso por tener un delincuente de asesor”. “Sin embargo, en caso se compruebe que Silva Checa es donante de dinero proveniente de la corrupción en los ‘90 y usado en las campañas de Keiko Fujimori, el caso se volvería mucho más grave por ampliarse la figura de lavado de activos”, señaló.

FINANCIADOS POR EL NARCOTRÁFICO

Monge recordó los casos más emblemáticos de los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico en la dictadura de los años ‘90: “Recuerdo el caso del desvío de armas para las Farc a cambio de pagos con dinero proveniente del narcotráfico colombiano, que era la forma como las Farc financiaba sus compras de armamento. Luego, han habido acusaciones de parte de narcos de la zona del Huallaga, quienes indicaron que pagaban cupos a Montesinos para que los proteja en sus operaciones”.

“Entonces no es novedad que Montesinos aparezca asociado a lavado de dinero del narcotráfico. Esto tiene muchos antecedentes y no sería para nada una sorpresa que surgiera algo nuevo en ese sentido durante el interrogatorio”, añadió.

Además, indicó que si bien ya desde los ‘80 han existido acusaciones de narco parlamentarios dirigidas a las bancadas de Acción Popular y el Apra, “con el fujimorismo se ha fortalecido esa presencia”. “El fujimorismo, recordemos, ha logrado ser el espacio de representación política de muchas economías ilegales. Ahí se expresa el lobby de las universidades truchas para tirarse abajo a la Sunedu; hay parlamentarios fujimoristas que son defensores de las cooperativas ilegales en el Vraem; otros están vinculados a la minería y a la pesca ilegal; y así sucesivamente podemos mencionar casos”, afirmó.

NO ES PERSECUCIÓN POLÍTICA

Respecto a la protesta expresada por los parlamentarios de Fuerza Popular, quienes manifestaron que el interrogatorio a Vladimiro Montesinos se programó con el afán de presionar al Tribunal Constitucional en el caso del hábeas corpus de Keiko Fujimori, Monge indicó que “ellos se han pasado años tratando de contarnos el cuento de que Fujimori era un pobre tonto que no se enteraba de lo que ocurría a sus espaldas”.

“Han tratado de construir esa narrativa; sin embargo todos sabemos cómo son las cosas. Obviamente, les molesta que ahora reaparezca la figura de Montesinos asociada al fujimorismo y por eso inventan esto de la persecución política. Pero son argumentos de defensa porque se sienten afectados por la íntima asociación de Montesinos no solo con Alberto Fujimori sino con Keiko, porque era él quien pagaba sus estudios”, apuntó.

Monge advirtió que “no hablamos de niños de 12 años que no se han preguntado de dónde sale la plata para pagar el colegio, sino de adultos que estudiaron maestrías en el extranjero y que recibían del asesor de inteligencia ese dinero sin preguntarse de dónde venía”.

ACUSACIÓN SERÁ CONTUNDENTE

Finalmente, el analista político destacó que “se van acumulando evidencias sobre el funcionamiento de Fuerza Popular como una organización criminal, y ante cada nueva prueba sus miembros reaccionan muy nerviosos para tratar de frenar la investigación”.

En este sentido, indicó que Silva Checa es una pieza que podría “ayudar a probar no solo cómo funcionaba Fuerza Popular y cómo trataba de obstruir la investigación, sino también permitirá llevar la madeja hacia atrás y mostrar la relación entre Montesinos y el fujimorismo, y cómo se habría sostenido esa relación hacia el presente con el soporte en campañas del dinero ilícito de la corrupción de los años ‘90”.

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Política

Criminalización de los trabajadores mineros sindicalizados

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Enfrentamientos conflictos sociales policía contramanifestaciones huelgas

Lo grave de todo esto es que Sylvia Cáceres, ministra de Trabajo, no cumple con su labor de mediar, que debería ser el rol de un funcionario del Estado peruano, para que empresarios y trabajadores se acerquen y lleguen a un acuerdo para solucionar el pliego de reclamos que fue presentado oportunamente.

En vez del diálogo que solicitan reciben la indiferencia de la SNMPE y para remate fueron reprimidos de manera violenta por un piquete de la Policía Nacional, cuando fueron a protestar al Ministerio de Trabajo para solicitar que se solucione su petitorio.

Para remate, el grupo de congresistas que los acompañó para conseguir el diálogo, nos referimos a María Elena Foronda, Hernando Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del del Frente Amplio, fueron arrastrados y maltratados por los gendarmes.

Esto revela que no hay respeto por las autoridades congresales y a ello se sumaron: Salvador Heresi, segundo vicepresidente del Congreso, que los acusó de “incitar” a la violencia, y Pedro Olaechea, presidente del Legislativo, que le mintió cínicamente al país.

Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú

REACCIONES SOLIDARIAS

En seguida entrevistamos a Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMP, quien nos dijo cómo se encuentra el sector laboral que representa, a más de una semana de la violencia de la que fueron víctimas. De igual modo a Francisco Soberon, fundador de Aprodeh y exsecretario de la Coordinadora Nacional de Derchos Humanos (CNDDHH), y a Jorge Bracamonte, titular de esa entidad.

—¿En que estado está la situación que ustedes enfrentan?

—El día sábado pasado nos comprometimos con la ministra respecto a que íbamos a reunirnos la SNMPE el martes, en el marco del extraproceso, pero la ministra no ha asistido, solamente estuvieron el conciliador y la jefa del departamento de Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo, la doctora Manuela García.

Estamos viendo para el día 25 una propuesta de diálogo con la ministra. Nosotros suspendimos la huelga, pero lamentablemente vemos una actitud intransigente por parte de la SNMPE, que desconoce y no respeta a los trabajadores, y ni siquiera envía un representante para que pueda enterarse de cuál es nuestro planteamiento.

—¿Van a reiniciar la huelga?

—Nosotros suspendimos la huelga el día sábado, después de nuestra excarcelación, ya que fuimos ilegalmente detenidos. Vamos a retomar nuevamente esta medida de fuerza, para ello vamos a tener una reunión este fin de semana para evaluar la reanudación de la huelga nacional indefinida, porque la SNMPE sigue dando las mismas muestras de intransigencia.

—La ministra de Trabajo tampoco se ha presentado…

—Claro, parece que ella y la SNMPE están en la mima sintonía.

—¿Sabe si se ha reunido con los representantes de la SNMPE?

—Tal vez ellos se habrán reunido pero con nosotros no había absolutamente nadie.

—Entonces, este fin de semanana reinician la huelga nacional indefinida.

—Sí, definitivamente. Lamentamos que no haya una voluntad de diálogo. Como usted verá, ni siquiera se presentan para dialogar y resolver, de una vez, nuestro pliego de reclamos.

 

ALGO MÁS

“Nos parece reprobable que el Congreso de la República pretenda estigmatizarlos y acusarlos de azuzadores de la violencia. Esto da cuenta del tipo de Congreso que tenemos, en donde el presidente del Legislativopuede permitirse mentir cínicamente frente al país”, concluyó Bracamonte.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

La negociación colectiva está consagrada por ley

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Huelga marcha mineros protestas

—¿Cuál es su opinión en torno a la forma en que fueron tratados los trabajadores mineros, que reclamaban la solución de su pliego de reclamos?

—Lo que hay que rechazar son las negativas de promover,de parte del Ministerio de Trabajo, un adecuado diálogo de los trabajadores con la SNMPE, para que se cumpla el acuerdo que ha establecido esa negociación colectiva. Es un derecho que ha sido restringido en otros sectores laborales.

El único que lo mantiene en vigencia es la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, hay otros en donde estos derechos se han limitado, y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú tiene establecida esa negociación que debería respetarse para que los trabajadores puedan demandar sus derechosy su negociación debe ser atendida.

Y debemos rechazar el comportamiento del gobierno del presidente Vizcarra, lo cual debe ser cuestionado por todos los sectores organizados, sociales y políticos, comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores. Eso es algo que, estoy seguro, la tolerancia de los trabajadores mineros vencerá, al imponer su derecho, porque la negociación colectiva está consagrada.

—¿Cree que las detenciones del señor Cerrón y Aduviri son un arrinconamiento de los sectores de izquierda?

—Son situaciones distintas. El señor Cerrón tiene una condena por corrupción. El señor Aduviri también está detenido, pero por protesta social. No son similares. Si ha sido condenado por corrupción tiene derecho a apelar y el Poder Judicial decidirá. En el caso del señor Aduviri, su detención es ilegal, ilegítima, es el uso de la justicia penal para condenar la protesta social. No se puede conciliar situaciones políticas e ideológicas. Si hay corruptos, tienen que ser procesados.

—¿Y qué decir de los congresistas Foronda, Cevallos, Morales y Tucto, que han sido acusados de promover la violencia por apoyar a los trabajadores mineros?

—Ellos han mediado para lograr el diálogo entre los trabajadores y la SNMPE, mediante el Ministerio de Trabajo, de modo que no se los puede acusar ligeramente de la movilización propia de los trabajadores, en todo caso que la Comisión de Ética vea su participación.

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