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Editorial

Una importante iniciativa

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La iniciativa ciudadana presentada por un frente de organizaciones de mujeres al Jurado Nacional de Elecciones, para la despenalización de la interrupción de embarazos producto de violación y obviamente no deseados, amerita no solo la pronta realización de los procedimientos de verificación de las 88 mil firmas que la sustentan y su traslado al Parlamento, sino su debate en el Poder Legislativo, dentro del plazo de 120 días legalmente establecido.

La iniciativa, que equivale a un proyecto de ley, busca una solución al drama de seis mil mujeres que anualmente son embarazadas por sus violadores, cifra que es producto de la estadística que indica que en el país cada año son violadas 120 mil mujeres y que cinco por ciento de estas quedan embarazadas.

Las promotoras del proyecto consideran que resulta una doble agresión que, además de haber sufrido esa desgracia, las mujeres sean obligadas, bajo amenaza de cárcel, a concebir al producto de una infamia, de la más vil de las humillaciones que pueda sufrir una mujer.

Es importante citar el argumento de la Articulación Feminista, que presentó la iniciativa ciudadana como culminación de una vasta campaña de recolección de firmas, de que no se trata de promover el aborto y atentar contra la vida, sino de defender la vida de las mujeres, reconociendo a las víctimas de violación si quieren tener o no al ser concebido en tan repugnantes circunstancias.

Es lamentable que sectores fundamentalistas hayan comenzado a romper lanzas contra la iniciativa, intentando descalificarla y bloquearla, sin proponer algunas soluciones a un grave problema que, en parte, es consecuencia de la incapacidad del Estado para darle a las mujeres la seguridad que las ponga a cubierto de los ataques de los violadores.

De nada sirven las posiciones sectarias y cerradas a la discusión y al debate de ideas, sin prejuicios, para buscarle salidas a una situación inaceptable, pues dejar las cosas como están puede convertirnos en cómplices de la desgracia de miles de mujeres.

Lo recomendable es que el texto de la iniciativa ciudadana presentada sea difundido ampliamente, para que la sociedad lo debata, sopesando todos los aspectos del tema, y diga su palabra, a fin de determinar si debe aprobarse o no la reforma legal planteada.

Y el debate debe tener en cuenta sobre todo los derechos de las personas y principios como el de la libertad y consecuentemente el derecho a la elección, más que dogmas inamovibles que no ayudan a enfocar ni a solucionar problemas tan graves como el planteado.

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Editorial

Puso los pies en polvorosa

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La conversación que sostuvo ayer por la tarde el presidente Martín Vizcarra con su homólogo uruguayo, Tabaré Vásquez, fue para anunciarle que el Perú enviará en las próximas horas la información relacionada al pedido de asilo del expresidente Alan García. El viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, dijo que la conversación fue cordial. Pero al margen de los formulismos, lo hecho por el exmandatario aprista no deja de sorprender a tirios y troyanos. Tiene características de una confesión tácita.

En efecto, después de haber dicho que se allanaba a la solicitud del fiscal que pidió 18 meses de impedimento de salida del país para Alan García, el expresidente pidió asilo en la residencia del embajador de Uruguay, alegando persecución política. Y la verdad es que ya ni debería sorprendernos, pues hizo lo mismo en la embajada de Colombia en la época de Fujimori. Es cierto que eran otros tiempos, pero la táctica es la misma: refugiarse al amparo de un gobierno vecino hasta esperar que prescriban los delitos de los que se le acusa. El tiempo hará el resto.

Con su actitud, el expresidente Alan García no ha hecho más que confirmar las versiones de los testigos y, al mismo tiempo, validar la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, quien ha venido alertando sobre el peligro de que Alan García pretenda obstaculizar la acción de la justicia. No obstante, las autoridades de la República Oriental del Uruguay han prometido analizar la documentación que les remita el Perú antes de tomar una decisión. Si rechazan el pedido de asilo le comunicarán al expresidente García que debe de abandonar la residencia del embajador. Pero si, en cambio, deciden aceptarlo el Gobierno peruano deberá extenderle un salvoconducto para que pueda llegar al aeropuerto y partir hacia Uruguay.

De volver a escapar del largo brazo de la justicia, el expresidente Alan García estaría dando una señal muy negativa, pues debilitaría aún más la institucionalidad en nuestro país. Esperemos que el Gobierno uruguayo realice un buen análisis de toda la documentación que le entregará el Perú. La corrupción es un delito que está dañando a más países y es menester que la lucha contra ese flagelo sea enfrentada con la colaboración recíproca de todas las naciones del Continente.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Editorial

Cuidemos la calidad del Congreso

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A solo tres semanas para la realización del referendo del próximo 9 de diciembre, la bancada de Fuerza Popular sigue demostrando la pobre preparación y la baja calidad moral que tienen algunos de sus integrantes para representar a la población en el Parlamento Nacional. La cereza del pastel –esperamos que haya sido eso– la puso el congresista del fujimorismo Moisés Mamani, quien el miércoles último fue desembarcado de un vuelo de Latam Airlines por presuntamente realizar tocamientos a una ciudadana brasileña, tripulante de la aeronave.

No es la primera vez que Mamani protagoniza un hecho escandaloso. Estuvo involucrado en la grabación de audios y vídeos para comprometer a los avengers de Kenji Fujimori en acciones dolosas, después de haberles tendido una trampa. Anteriormente, fue denunciado por su exasesora Lisseth Valenzuela por haberla despedido arbitrariamente horas después de enterarse que estaba embarazada. La justificación que dio entonces el parlamentario es que no sabía que no se podía despedir a una trabajadora gestante.

Pero el caso de Mamani no es el único. Recordemos a la congresista de Fuerza Popular Yesenia Ponce, a quien se le acusa por presuntamente pagar S/ 10 mil al director del colegio donde según ella terminó de estudiar la secundaria. Asimismo, por haber consignado compañeros y profesores “fantasmas” que había declarado como existentes. Otras perlas se suman al rosario que forman varios integrantes de la llamada “bancada naranja”, que encargaron compras de televisores y frigobares, a cuenta del Congreso, poco antes del Mundial Rusia 2018.

Así las cosas, la legisladora Yesenia Ponce fue suspendida por 120 días. El congresista Mamani será investigado por la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, pero mientras tanto no se está haciendo ninguna campaña para sensibilizar a la población sobre la necesidad de participar en el referendo del próximo 9 de diciembre.

Los empresarios han alertado que la incertidumbre generada por el ruido político hace subir el dólar y las tasas de interés, además de contraer las inversiones. Es necesario, pues, pensar en un mecanismo que garantice que los incapaces y los coimeros no regresen al Parlamento Nacional porque las leyes malas no garantizan la estabilidad jurídica del país, sino todo lo contrario.

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