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Editorial

Una importante iniciativa

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La iniciativa ciudadana presentada por un frente de organizaciones de mujeres al Jurado Nacional de Elecciones, para la despenalización de la interrupción de embarazos producto de violación y obviamente no deseados, amerita no solo la pronta realización de los procedimientos de verificación de las 88 mil firmas que la sustentan y su traslado al Parlamento, sino su debate en el Poder Legislativo, dentro del plazo de 120 días legalmente establecido.

La iniciativa, que equivale a un proyecto de ley, busca una solución al drama de seis mil mujeres que anualmente son embarazadas por sus violadores, cifra que es producto de la estadística que indica que en el país cada año son violadas 120 mil mujeres y que cinco por ciento de estas quedan embarazadas.

Las promotoras del proyecto consideran que resulta una doble agresión que, además de haber sufrido esa desgracia, las mujeres sean obligadas, bajo amenaza de cárcel, a concebir al producto de una infamia, de la más vil de las humillaciones que pueda sufrir una mujer.

Es importante citar el argumento de la Articulación Feminista, que presentó la iniciativa ciudadana como culminación de una vasta campaña de recolección de firmas, de que no se trata de promover el aborto y atentar contra la vida, sino de defender la vida de las mujeres, reconociendo a las víctimas de violación si quieren tener o no al ser concebido en tan repugnantes circunstancias.

Es lamentable que sectores fundamentalistas hayan comenzado a romper lanzas contra la iniciativa, intentando descalificarla y bloquearla, sin proponer algunas soluciones a un grave problema que, en parte, es consecuencia de la incapacidad del Estado para darle a las mujeres la seguridad que las ponga a cubierto de los ataques de los violadores.

De nada sirven las posiciones sectarias y cerradas a la discusión y al debate de ideas, sin prejuicios, para buscarle salidas a una situación inaceptable, pues dejar las cosas como están puede convertirnos en cómplices de la desgracia de miles de mujeres.

Lo recomendable es que el texto de la iniciativa ciudadana presentada sea difundido ampliamente, para que la sociedad lo debata, sopesando todos los aspectos del tema, y diga su palabra, a fin de determinar si debe aprobarse o no la reforma legal planteada.

Y el debate debe tener en cuenta sobre todo los derechos de las personas y principios como el de la libertad y consecuentemente el derecho a la elección, más que dogmas inamovibles que no ayudan a enfocar ni a solucionar problemas tan graves como el planteado.

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Editorial

“¡Reforma, ya!”

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El presidente Martín Vizcarra ha dirigido anoche un mensaje al país para anunciar que planteará la cuestión de confianza al Congreso con el objetivo de aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas en agosto al Parlamento. Ha dicho el mandatario que no retrocederá ni un solo paso en su decisión de sacar adelante esas reformas que son tan necesarias para el país. Además, ha recordado que son los ciudadanos los que vienen solicitando las reformas con carácter de urgencia y que son ellos quienes finalmente se pronunciarán a través de un referendo.

Tras el anuncio hecho por el presidente Martín Vizcarra, el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, anunció a través de su cuenta de Twitter que convocará a Junta de Portavoces para hoy a las 9 de la mañana. Sin embargo, está visto –y así lo ha advertido el presidente de la Comisión de Justicia del Legislativo, Alberto Oliva– que en los parlamentarios de la mayoritaria bancada de Fuerza Popular no existe ánimo para que las reformas planteadas por el Ejecutivo, como la del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se lleven a cabo.

El Jefe del Estado ha sido claro, también, al señalar que su gobierno no puede permitir que se desnaturalicen los proyectos remitidos al Congreso por el Ejecutivo con modificaciones como las que pretendían que los titulares de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Legislativo, y ha pedido a los congresistas sumarse a la lucha frontal contra la corrupción y aceptar la cuestión de confianza planteada y aprobando las cuatro reformas constitucionales propuestas a fin de ser sometidas a referéndum el 8 de diciembre”.

Como ya lo ha dicho el mandatario, en ningún momento se pretende que las reformas sean aprobadas en cuatro días como afirman los fujimoristas. Ocurre que los proyectos tienen ya 40 días desde que fueron presentados y hasta ahora “manan”. Al parecer la mayoría congresal ha pensado que el Jefe del Estado y los peruanos van a esperar el día del juicio final, por la tardecita, para que se pongan a debatir los proyectos. No, esta vez no puede ser así, pues el Presidente ha dicho: “¡Reforma, ya!”, y las calles se están calentando. Señores congresistas, la pelota está ahora en su cancha.

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Editorial

Hora de decisiones

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La historia del Perú y de América Latina está llena de ejemplos y experiencias de gobernantes que tuvieron que optar entre ponerse del lado del pueblo y honrar los compromisos con él asumidos, o ceder a las presiones de los poderes fácticos y pactar un entendimiento con ellos para tener estabilidad, a cambio de abandonar la defensa de los intereses de la ciudadanía.

Quienes sucumbieron a la presión terminaron en el oprobio y el olvido, aislados y desprestigiados, y en algunos casos hasta sancionados con el uso político de la justicia, por tal o cual pretexto y a modo de escarmiento. Los que han resistido el asedio y se han enfrentado a esos poderes, han entrado invariablemente a la historia.

Están en la historia y en el corazón de sus pueblos por haber salido adelante y haber gobernado al servicio de las mayorías, siendo consecuentes con el contenido que debe tener la democracia, aun cuando con el pasar de los años quieran denostarlos y calumniarlos.

También tienen un lugar destacado en la historia quienes optaron por el honor y la lealtad a los ciudadanos y en no pocos casos han sido derrocados por la fuerza de las bayonetas o hasta asesinados y son hoy recordados y admirados por las nuevas generaciones.

Estas reflexiones vienen al caso ante las advertencias de analistas que señalan que el Presidente de la República está en la disyuntiva de llevar adelante hasta las últimas consecuencias y aun al costo de cerrar el Congreso, su compromiso de reformas para combatir la corrupción, tan resistidas por quienes medran de las arcas del Estado y se sienten como pez en el agua en el miasma de la corrupción.

Esos políticos que boicotean con descaro las reformas, son secundados por reptantes políticos diestros en la intriga, que presionan y promueven un diálogo y un entendimiento entre el Gobierno y el fujimorismo, entre la víctima del boicot y el victimario saboteador del cambio necesario para que haya más democracia y entremos al camino de erradicar la corrupción.

El Jefe de Estado debe tener en cuenta que solo mantendrá el apoyo de la ciudadanía que respalda resueltamente las reformas –y muchos quieren que sean mucho más profundas- si mantiene firme su posición y no cede ni a la matonería y la demagogia fujimorista, ni a los cantos de sirena de aquellos que le insisten que debe entenderse con quienes no saben más que acaparar el poder a toda costa y ejercerlo solo en función de sus intereses nada altruistas.

En esta hora de decisiones, no hay espacio para retroceder ni para dudar, sino de tomar decisiones y no ceder en la causa justa abrazada ya por el pueblo que sabrá jugarse por ella y sabrá también tomar cuenta a quienes quieran escamotearle su derecho a la democracia.

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Editorial

Los cócteles de Keiko

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El 11 de octubre próximo, la Sala Suprema Penal Permanente fallará por separado sobre los recursos de casación de los esposos Keiko Fujimori – Mark Vito (RC 528-2018) y del partido Fuerza Popular (RC 599-2018). Las partes han expuesto sus argumentos por medio de sus abogados. Ayer, por ejemplo, la sala escuchó los argumentos de la defensa de Fuerza Popular, así como los de los esposos Fujimori.

Por otro lado, el fiscal supremo Abel Salazar, demolió las argucias jurídicas de la defensa legal combinada de Keiko Fujimori y de su partido Fuerza Popular, con las que intentan anular la investigación preliminar a ambos por el presunto delito de lavado de activos con dinero ilícito camuflado como aportes a cócteles para las campañas presidenciales 2011 y 2016.

A su turno, el fiscal supremo Abel Salazar argumentó que tanto el cambio de calificación de la investigación, de común a crimen organizado, como el mayor plazo de 36 meses, fueron decididos por la Fiscalía en uso de sus facultades y competencias para perseguir el crimen y obtener pruebas.

Sin embargo, Keiko Fujimori tiene gran interés en bloquear el “Caso Cócteles”. ¿Por qué? Pues, porque está íntimamente ligado al presunto aporte de un millón de dólares que la constructora Odebrecht entregó para su campaña presidencial 2011. Debido a ello, presentó también un recurso de amparo contra el Ministerio Público, el que ha perdido en primera instancia. Un tribunal de segunda instancia de Lima, debe fallar sobre ese tema en los próximos días.

Ocurre, también, que la lideresa de Fuerza Popular, al igual que su partido, desean que la Corte Suprema revoque un fallo de la Sala Penal Nacional que autorizó al fiscal del equipo especial Lava Jato, José Pérez Gómez, a extender el plazo de la pesquisa por 36 meses, en el marco de la ley contra organizaciones criminales.

Es decir, los esposos Fujimori y su agrupación política, Fuerza Popular, pretenden impedir las investigaciones con argucias jurídicas en vez de demostrar que no hay nada oscuro detrás del denominado “Caso Cócteles”. Cómo pretende Keiko liderar un partido político y candidatear en elecciones si no es capaz de someterse a una investigación judicial y demostrar que no tiene nada que esconder; que ella, su esposo y su partido pueden demostrar con total transparencia de dónde vienen sus ingresos y su patrimonio.

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