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Editorial

Un juez que perjudica

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Si una parte mayoritaria de la población relaciona al Poder Judicial con la palabra corrupción, después de las acciones del juez Richard Concepción puede también relacionarla con la palabra ridículo.

Nada bueno para el Poder Judicial y su lucha contra la corrupción traerá las últimas decisiones del referido juez respecto a la incautación de las viviendas y bienes de la ex pareja presidencial Humala-Heredia.

Lo que necesita el sistema de justicia son acciones para recuperar legitimidad en la población, que piensa que en esta institución todo tiene su precio.

Sin embargo, los vaivenes de Concepción Carhuancho en sus decisiones perjudican gravemente a la imagen del Poder Judicial porque se trata de un caso importante en el que está implicado un expresidente de la República. Prueba de ello es que la noticia sobre Carhuancho da la vuelta al mundo.

Un juez no puede actuar como lo está haciendo Carhuancho y menos en un contexto de crisis moral y política que atraviesa el país. Parece que el magistrado estaría haciendo cálculos y eso sería muy grave para todos.

Algunos analistas incluso han dejado entrever que pueden existir presiones externas al juez Carhuancho en cuanto a las últimas resoluciones de incautación de las propiedades del expresidente Ollanta Humala.

Sin embargo, también puede ser que el magistrado haya sido afectado por una especie del síndrome de los 15 minutos de fama, que lo tuvo cuando decidió solicitar la prisión preventiva del exmandatario Alejandro Toledo y otros.

Cuando se pensaba que el país estaba saliendo de la crisis política, la institución que debería impartir justicia es la que de nuevo nos acerca a esta. Porque las decisiones del juez Carhuancho no solo crean un precedente en el tema de la prisión preventiva, que el Tribunal Constitucional corrigió, sino en la incautación de bienes.

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Editorial

Congreso tortuga, Congreso lastre

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El presidente Martín Vizcarra ha reiterado su pedido de que el Congreso tramite rápidamente los proyectos de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo, los cuales deberán ser sometidos a un referéndum para su correspondiente aprobación. Asimismo, ha exhortado a la ciudadanía a respaldar las propuestas que presentó el Gobierno para reformar el sistema de administración de justicia, al considerar que solo así se podrá combatir una corrupción que ha llegado a contaminar a todas las instituciones.

Las iniciativas del Ejecutivo han recibido el espaldarazo del Gobierno de Estados Unidos, que ratificó su apoyo al Perú en la lucha contra la corrupción, señalando durante una reunión entre el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y el embajador en Lima, Krishna R. Urs, que la lucha contra ese flagelo es una tarea prioritaria.

No obstante, falta el respaldo del Congreso de la República para hacer realidad el marco legal que permita combatir esa lacra enquistada no solo en el Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos locales, regionales, así como en las diversas reparticiones públicas.

Lo que falta ahora es el respaldo del Poder Legislativo que parece no darse cuenta de la urgencia en llevar adelante las reformas que están reclamando las calles y que según Fuerza Popular –bancada mayoritaria en el Parlamento– no podría realizarse antes de diciembre.

No obstante, cuando hay voluntad todo se puede, pues, como han dicho algunos parlamentarios, se puede aprovechar la segunda vuelta de las elecciones municipales y regionales, con lo que además se ahorraría al país varias decenas de millones de soles.

Harían bien los Padres de la Patria en ponerse a tono con lo que está reclamando hace tiempo la población, pues de no aprobar las reformas con la urgencia que el caso requiere, la inversión privada podría verse seriamente afectada por la corrupción en el Poder Judicial y otras instancias del Estado y la incertidumbre de los mercados externos debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Nadie quiere, pues, invertir su capital si no se le garantiza estabilidad jurídica y política. No se puede dejar para las calendas griegas el combate al cáncer de la corrupción porque las calles volverán a exigir ¡Que se vayan todos! El Congreso no puede ir a paso de tortuga, no puede ser un lastre que bloquee la decisión ciudadana, señores.

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Editorial

El alto costo de la corrupción

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Dos hechos que pueden constituirse en un obstáculo muy grande para nuestra economía vienen registrándose en estas últimas semanas. Uno de ellos es externo y el otro interno. Se trata, por un lado, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la misma que está escalando con la imposición de elevados aranceles a los productos que esas dos naciones exportan e importan mutuamente. ¿Y cuál es el problema?, se preguntarán algunos creyendo que solo se trata de una rivalidad por hegemonía, sin embargo, la guerra comercial se traduce en un menor consumo en el mundo.

El Perú es un país primario exportador; es decir, que principalmente vende al exterior materias primas y básicamente minerales como el oro, cobre, plata, zinc, molibdeno, entre otros. Lo malo de este asunto es que la guerra comercial podría terminar afectando el precio de nuestras exportaciones, principalmente las del cobre. Esperamos que no sea así, pero nadie puede asegurar eso porque hay incertidumbre, y cuando esta se presenta los inversionistas prefieren no arriesgar.

A ello se suma la situación interna que vive el país por el tema de la corrupción rampante que corroe todo como un cáncer y que ha llegado hasta los niveles más altos del Poder Judicial. Precisamente, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita anualmente nuestro país ha señalado en su informe final, publicado el 25 de julio, que actualmente la corrupción se identifica como el mayor problema para hacer negocios en el Perú. También preocupa al FMI la corrupción en los gobiernos locales. Esto último volvería vulnerable la inversión pública, restándole efectividad.

De lo expuesto se desprende la urgente necesidad de llevar a cabo las reformas pendientes, principalmente la reforma política y la del Poder Judicial. Ya no se puede esperar más. El Ejecutivo ha hecho su parte y es menester que el Poder Legislativo tome conciencia del difícil momento que está viviendo el Perú al encontrarse entre la incertidumbre –generada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China- y la corrupción de los casos “Lava Jato” (que llegó de Brasil) y después por el tema de los CNMaudios. Por el momento lo que sabemos es que el impacto de la corrupción será muy alto para la competitividad del país y son nuestras autoridades del Gobierno y el Poder Legislativo quienes ahora tienen que pasar de las palabras a los hechos para exterminar esa lacra.

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Editorial

Elecciones están a la vuelta de la esquina

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Las elecciones regionales y municipales ya están a la vuelta de la esquina. Se realizarán el domingo 7 de octubre y para esa fecha se ha convocado a un total de 23 millones 438 mil 266 electores hábiles, que elegirán entre unos 115 mil candidatos a 13 mil autoridades, en 25 regiones, 196 provincias y 1874 distritos.

Muchos candidatos ya se anticiparon a colocar paneles, afiches y a repartir volantes que los transeúntes reciben, los miran y desechan sin prestarles mayor atención, como quien dice eso no va conmigo. Quizá eso no tuviera nada de extraño si en nuestro país el voto fuera voluntario, pero no es así.

Ocurre, que al estar los electores obligados a sufragar, el próximo 7 de octubre muchos acudirán a su centro de votación y emitirán su voto sin ningún reparo y sin haberse enterado de los candidatos que postulan por su distrito, provincia o región. Y es precisamente allí donde comienzan los problemas como los que estamos viendo en estas últimas semanas en que dos alcaldes se han visto envueltos en verdaderos casos policiales, como es el caso del burgomaestre de Villa María del Triunfo, César Augusto Infanzón Quispe, condenado por el Poder Judicial, y el de La Victoria, Elías Cuba, recientemente detenido por la policía.

¿Qué está pasando con los funcionarios públicos? Es la pregunta que todos comienzan a hacerse. ¿No es acaso que son personas elegidas o designadas –según el caso– que representan al Estado o a un sector de la población, para desarrollar políticas del Estado o dirigir organismos o entidades públicas? ¿Por qué de pronto deciden infringir la ley y hasta formar parte de mafias delincuenciales? ¿Será que los filtros de nuestro sistema electoral han comenzado a fallar y nadie se ha percatado de ello? Sea cual fuere la causa, quienes pagan los platos rotos son siempre los ciudadanos de a pie. Precisamente quienes no tienen los recursos para hacer valer sus derechos.

¿De ser así, por qué entonces nadie hace algo para que esta situación no continúe? La respuesta es porque ya es necesario poner en práctica una reforma electoral que se encargue de eliminar los problemas de financiamiento ilegal de partidos políticos, aportes de “fantasmas” y candidatos con antecedentes penales, que estamos viendo. Solo para el municipio de Lima hay más de una veintena de candidatos a alcalde ¿Por qué?

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