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Política

Un amparo contra juez de García

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Un amparo contra juez de García

El día en que termine la huelga judicial, estará ingresando al Juzgado Constitucional de Turno, la demanda de amparo elaborada por el doctor Guillermo Olivera Díaz y acompañada por los periodistas Herbert Mujica y Raúl Wiener, en contra de la Resolución Nº 22, del 5to Juzgado Constitucional de Lima, suscrita por el juez titular Hugo Velásquez Zavaleta, que es de la que se está valiendo Alan García para no responder por los graves hechos de corrupción cometidos durante su último gobierno, por la osadía del citado magistrado de anular todo lo actuado por la Megacomisión sin tener atribuciones para ello.

Los hechos a los que se refiere el amparo de Olivera-Mujica y Wiener son los siguientes:

1. Que lo solicitado judicialmente por el ciudadano García Pérez, después de haber declarado que no se valía de amparos para defenderse, era que se “deje sin efecto lo actuado” en la Comisión Investigadora, considerando haber sido incorrectamente citado en la carta de invitación del 8 de marzo y que esto viciaba sus declaraciones del 3 de abril.

2. Que bajo la premisa anterior, el fallo del 19 de septiembre del juez Velásquez que declara “nulo lo actuado… con posterioridad (a la) citación…”, debería referirse a lo ocurrido entre la citación y la demanda, porque se entiende que no se pueden “anular” hechos a futuro, sobre todo si se está anotando que la Comisión debe seguir investigando, pero siguiendo las pautas fijadas por el juez (detalle de las investigaciones, acceso de los abogados a la documentación, etc.).

3. Que, basado en la ambigüedad de la redacción, el demandante García y sus partidarios empezaron a asumir que lo que hiciera la Megacomisión volvería a ser anulado, como si se hubiera establecido una tutela permanente del expresidente contra toda investigación. Esto se profundiza con la sentencia de la Primera Sala Civil, del 27.12.13, que añade confusión al decir: “nulo lo actuado… a partir… del 8 de marzo de 2013, lo que implica la nulidad de los actos posteriores y sucesivos referidos al demandante”.

4. Que en los apremios que el juez Velásquez usa para imponer el cumplimiento de su sentencia de septiembre, se menciona “los apercibimientos… (de) los artículos 22 y 59 del Código Penal”, que suponen multas, destituciones, proceso administrativo y denuncia penal, pero en ningún caso la nulidad de nuevos actos jurídicos que si tuvieran también fallas deberían ser parte de otra demanda.

5. El 27 de enero de 2014, los abogados del ciudadano García, sin su firma y sin poder explícitamente otorgado, suscriben un pedido adicional al juez Velásquez para que declare la nulidad de la citación del 4 de octubre, la declaración del 30 de ese mes y los informes finales de la Megacomisión, con el solo argumento de decir que no se habrían satisfecho las exigencias de la primera sentencia.

6. Que obviando que ya sentenció, con exceso y ambigüedad deliberada, sobre lo que se le pidió respecto a la citación de marzo y que el caso quedó cerrado con el fin de la apelación de diciembre, el juez Velásquez emite la Resolución Nº 22, que acoge el pedido de los abogados de García, pretendiendo que lo que hace es una ejecución de su propio mandato inicial y el de la Sala Superior. ¿En qué sentido podría serlo? Únicamente si se entiende que la nulidad se extendiera en el tiempo, invalidando hechos que no habían ocurrido cuando se presentó la demanda e incluso los que sucedieron después de la sentencia.

7. Que obviamente llegar a anular una segunda citación posterior a la sentencia y en aplicación de ella, una nueva declaración del investigado, y los informes finales que para colmo el juez no conoce ni son parte del proceso, no puede considerarse una derivación congruente con las sentencias de septiembre y diciembre, que se refieren a los hechos de marzo-abril. En realidad lo que hace el juez Velásquez en abuso de sus facultades es aplicar y ampliar los mismos criterios que tuvo para el fallo inicial y trasladarlos a asuntos distintos y posteriores, produciendo para efectos reales una segunda sentencia sobre un mismo caso.

8. Que todo lo actuado por el juez Velásquez representa una vulneración de derechos constitucionales en contra de los ciudadanos peruanos, al interferir y desfigurar el servicio parlamentario de investigación, que es una garantía de fiscalización sobre la actuación de autoridades públicas; y al retorcer la correcta administración de justicia, para favorecer directamente a una de las partes anulando la garantía de imparcialidad y objetividad. Ambos derechos nos competen a todos y deberían hacernos reaccionar ante su vulneración.

9. Que los ciudadanos Olivera, Mujica y Wiener, intervenimos en este caso por convicción y en defensa de la moral pública, gravemente lesionada por la protección que algunos jueces ofrecen a personas que habiendo tenido responsabilidad de Estado deben responder por lo que han hecho cuántas veces sean requeridos dentro de las garantías de ley.

Raúl Wiener
Redacción 

Política

Fujiaprismo protege a Chávarry y cuellos blancos

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Pedro Gonzalo Chávarry

Aunque es un avance la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de proceder con investigar cuatro de las seis acusaciones presentadas contra Pedro Chávarry extitular del Ministerio Público, Gino Costa, legislador de la bancada Liberal, cuestionó que se omita investigar a los exintegrantes del CNM y a fiscales supremos que pertenecerían a la organización criminal Los cuellos blancos del puerto.

Gino Costa dijo que saluda que se haya decidido investigar a Chávarry por pertenecer a una organización criminal, por obstrucción a la justicia, “eso está muy bien y es un avance pero no se le va a poder investigar por el plagio de su tesis de maestría, tampoco por la ratificación irregular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en julio del 2018, semanas antes de ser elegido Fiscal de la Nación”.

Señaló que tampoco serán investigados junto con él, como lo había solicitado el procurador anticorrupción, los exmiembros del CNM y los fiscales y jueces supremos que serían parte de Los cuellos blancos.

“El procurador anticorrupción ha hecho dos denuncias, colocando a Chávarry en las dos pero también agregando a los otros miembros de Los cuellos blancos”, destacó.

NO TIENE SENTIDO

Asimismo, resaltó que “la investigación contra Chávarry por pertenecer a una organización criminal tienen sentido cuando se investiga a otros miembros del grupo delictivo, pero no cuando al único otro al que se le puede investigar, César Hinostroza, fugó a España”.

Afirmó que esto limita la investigación porque él (Chávarry) es parte de una organización criminal que la integran los exmiembros del CNM que no pueden ser investigados,

Aseguró que lo mismo ocurre con los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez; y a los magistrados supremos que son sospechosos de ser parte de Los cuellos blancos, tampoco se les investigará.

“Por eso Fuerza Popular y el Apra siguen blindando a los hermanitos y a Los cuellos blancos.Espero que en los próximos días la Comisión Permanente corrija estas decisiones equivocadas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, agregó.

CUATRO DENUNCIAS APROBADAS

Dicha disposición fue acordada por unanimidad luego de concluir el debate de las seis denuncias presentadas a la fecha contra Chávarry, de las cuales cuatro fueron declaradas procedentes.

La subcomisión sugirió el archivo de la denuncia constitucional N° 239 presentada en agosto de 2018 por el congresista Gino Costa por el presunto plagio de la tesis de la maestría de Chávarry e irregularidades en su ratificación como fiscal supremo.

Asimismo, declaró procedente la denuncia N° 248 interpuesta por la legisladora Gloria Montenegro por la vinculación del extitular del Ministerio Público con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

Igualmente, la N° 270 que presentó el procurador anticorrupción, Amado Enco, excluyendo no obstante a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La denuncia N° 262, también presentada por Enco, quedó irresuelta debido a que hubo más abstenciones que votos a favor (cinco frente a cuatro). Esta será sometida a otra votación en una nueva sesión de la subcomisión.

También tuvo el visto bueno de la subcomisión la denuncia N°285 de la congresista Marisa Glave por el procedimiento de separación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

Además, se aprobó la denuncia N° 288, de Gino Costa, presentada por los presuntos delitos de encubrimiento personal y real.

NIEGA BLINDAJE

César Segura, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, negó que haya “blindaje” a favor de Pedro Chávarry, luego de que dicho grupo de trabajo admitiera cuatro de las seis denuncias contra el exfiscal de la Nación.

“Entendamos que no puede haber blindaje si se está investigando y hay que respetar las votaciones, nos guste o no son las que se han dado”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Según dijo, el concepto de “blindaje” “está mal dado” y no se puede hablar de ello hasta por una votación.

“Blindaje es no investigar, pero la subcomisión está investigando”, destacó el parlamentario.

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Política

No ha salido del país

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Migraciones

Según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones, Pedro Chávarry, fiscal supremo y exfiscal de la Nación, no ha abandonado el país. Al menos no oficialmente. El informe indica que la última vez que dejó el territorio nacional fue el 9 de diciembre de 2018 con dirección a Colombia y volvió el 11 del mismo mes.

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Política

Solicita reorganizar comisiones en el Congreso

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Maritza García

La bancada de Cambio 21 remitió un oficio al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para solicitarle la “urgente reestructuración” de las comisiones al interior del Parlamento, luego de que este autorizara la inscripción de nuevas bancadas.

En el documento, suscrito por el vocero del grupo parlamentario, Lucio Ávila, se señala que es urgente la reestructuración de la composición del Consejo Directivo, Comisión Permanente, Comisiones Ordinarias, Comisiones Investigadoras y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de garantizar el pleno ejercicio funcional y representativo de las nuevas bancadas.

Al respecto, la legisladora Maritza García (Cambio 21) expresó su confianza en que la reestructuración se concrete este mes para retomar la legislatura en marzo con una nueva composición de fuerzas en el Parlamento.

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