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Especial

Trump limita también la inmigración

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Donald Trump

No hacía falta una bola de cristal para llegar a esa conclusión. El nuevo mandatario había prometido construir un muro a lo largo de toda la frontera con México y deportar a millones de sinpapeles.

Lo que quizá pocos anticiparon era que las nuevas políticas afectarían también a los extranjeros que residen legalmente en el país.

La posibilidad de perder el estatus migratorio o de retroceder en los derechos adquiridos es ahora una preocupación presente entre las comunidades de extranjeros en Estados Unidos.

Movidos por este temor, muchos de los que tienen visas están solicitando la residencia permanente (conocida como greencard) y quienes pueden están pidiendo la nacionalidad.

“Muchas personas pidieron la ciudadanía en 2015 porque querían votar en las elecciones de 2016 pero desde entonces lo están haciendo porque no quieren perder su residencia permanente. Todo el mundo tiene miedo y busca tener un estatus más estable”, comenta Ruby Powers, una abogada especialista en inmigración que trabaja en el estado de Texas.

“Algunos estaban esperando una reforma migratoria pero les estamos recomendando que si pueden solicitar algún tipo de permiso que mejore su situación, que lo hagan ahora”, señala Power a BBC Mundo, quien es miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés).

Pero, ¿tienen razón para estar preocupados realmente?

“El gobierno de Trump intenta reducir el número de inmigrantes legales en Estados Unidos, especialmente aquellos que pertenecen al grupo de trabajadores cualificados, a los refugiados y a los solicitantes de asilo”, dice Alex Nowrasteh, analista principal sobre temas migratorios del Instituto CATO, un centro de estudios conservador con sede en Washington.

En agosto de 2017, el mandatario estadounidense dio su espaldarazo durante un acto en la Casa Blanca a una propuesta legislativa llamada “Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte”.

Esta iniciativa llevaría a reducir en 50% la migración legal en Estados Unidos durante la próxima década, según estimación de sus impulsores, los senadores Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia).

El texto apuntaba a limitar la entrada de personas “poco cualificadas” al país, eliminar la lotería de visas y establecer un sistema migratorio basado en “méritos”.

Al igual que otros proyectos de este tipo, esta propuesta no llegó a prosperar en el Congreso.

Los expertos consideran que ante el fracaso en conseguir una nuevas reglas migratorias, el gobierno recurre a medidas administrativas para limitar la entrada y permanencia legal de extranjeros en el país.

Según Nowrasteh, la Casa Blanca está teniendo más éxito en socavar la inmigración legal que en conseguir financiamiento para construir el muro con México.

“Muchas de las vías a través de las cuales las autoridades están reduciendo la inmigración legal consisten en el aumento del número de barreras burocráticas para tramitar una visa y en un incremento del costo de las mismas al solicitar la presentación de documentos innecesarios con el objetivo de dificultar el proceso”, apunta.

Powers coincide. “En general, todos los procesos están tardando más. Intentan hacer más difícil tanto la migración legal como la obtención de ciudadanía”, dice.

Michael Bars, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), dijo que esa agencia busca salvaguardar el cumplimiento de la legislación sobre inmigración.

“USCIS está dedicada a proteger las leyes migratorias de nuestro país, ayudando a asegurar que sean cumplidas fielmente y defendiendo nuestro sistema de aquellos que buscan explotarlo a costa de los trabajadores estadounidenses y de los solicitantes que cumplen con las normas”, señaló en una declaración en respuesta a una consulta de BBC Mundo.

TRABAJADORES ESPECIALIZADOS

Las visas H1-B están destinadas a profesionales con trabajos especializados. Son utilizadas con frecuencia por las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley para contratar a ingenieros y expertos en informática.

El gobierno considera que las empresas se valen de estas visas para emplear a extranjeros con salarios que están por debajo de lo que cobrarían los profesionales estadounidenses.

Más de 70% de los beneficiarios de la H1-B proceden de India.

Nowrasteh afirma que el gobierno de Trump ha acumulado una nueva serie de reglas que hay que cumplir, peticiones de documentos y otras regulaciones para este tipo de visa.

“Estos cambios hacen mucho más costoso contratar trabajadores especializados en el extranjero”, señala.

Un estudio de la Fundación Nacional para una Política Estadounidense (NFAP, por sus siglas en inglés) reveló que en 2017 los requerimientos hechos para que los solicitantes de la H1-B aportaran documentación adicional aumentaron de 17,3% en el primer trimestre a 68,9% en el último trimestre del año.

En ese mismo período, la tasa de rechazos pasó de 19,8% a 22,4%.

La tramitación de este tipo de visas también se vio afectada por la decisión de USCIS de suspender la posibilidad que tenían algunos solicitantes de lograr que fueran gestionadas en un plazo más breve a cambio del pago de una prima adicional de US$1.225.

Adicionalmente, el gobierno ha informado al Congreso que tiene intención de eliminar el permiso de trabajo que se estableció hacia al final del mandato de Obama para favorecer, en algunos casos especiales, a los poseedores de visas H4 (cónyuges de trabajadores con visas H1-B), lo que afectaría a las familias de estos migrantes.

LÍMITES A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR

La Casa Blanca ha cuestionado que el sistema de migración actual permita a los extranjeros (con residencia permanente o naturalizados) llevar a vivir consigo a sus familiares.

Donald Trump lo llama “migración en cadena” y en sus propuestas de reforma legislativa ha abogado porque este derecho sea fuertemente limitado.

Aunque eso no ha ocurrido aún, desde el punto de vista administrativo ya se están dando pasos para dificultar este tipo de migración.

Según Powers, el gobierno está ampliando la definición de carga pública por lo que al solicitar el permiso migratorio para un familiar no bastará con demostrar que se tienen los medios económicos para darle sustento sino que, además, se tomarán en consideración otros criterios para asegurar de que no existe el riesgo de que esa persona termine solicitando ayudas sociales.

“Eso ya está aprobado. Es cuestión de tiempo para que empiece a aplicarse”, señala la abogada.

De acuerdo con cifras ofrecidas en diciembre de 2017 por la Casa Blanca, 65% de los permisos de residencia que se otorgan cada año en Estados Unidos obedecen a la existencia de vínculos familiares.

CONTRATE A UN ESTADOUNIDENSE

En abril de 2017, Trump firmó una orden ejecutiva conocida como “compre estadounidense, contrate estadounidense”, en la que instruía a los funcionarios gubernamentales a aplicar “de forma rigurosa” las leyes migratorias.

La aplicación de esta norma afecta a los beneficiarios de distintas categorías de visas incluyendo la H1-B, la E2 de inversionista y la L1, que permite a las compañías transferir a algunos de sus trabajadores desde una sede en el extranjero hasta Estados Unidos.

“Esta norma es antiinmigrante desde su raíz. Ha hecho que para las compañías los trámites sean más difíciles, más costosos y más inciertos. Ahora hay más probabilidades de rechazo”, señala Powers.

Michael Bars, portavoz de USCIS, indicó a BBC Mundo que la agencia busca proteger la integridad del sistema diseñado para proteger los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores de ese país.

“El gobierno ha sido incansable en la búsqueda de una política y en una reforma migratoria basada en el mérito, incluyendo una profunda revisión de los programas de visas de trabajo para que beneficien al máximo al pueblo estadounidense, en cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente ‘compre estadounidense, contrate estadounidense’”, apuntó.

“El USCIS seguirá decidiendo sobre todas las peticiones y solicitudes de forma justa, eficiente y efectiva sobre la base de una evaluación caso a caso para definir si cumplen con todos los estándares requeridos por las leyes, políticas y regulaciones aplicables”, agregó.

Frontera Embajada Estados Unidos

RESIDENTES Y CIUDADANOS

Según Powers, las nuevas medidas de regulación de la emigración afectan también a los extranjeros que cuentan con permisos de residencia permanente o incluso con la nacionalidad.

“Hay un esfuerzo renovado para arrebatar la ciudadanía a personas que ya la obtuvieron”, apunta la abogada.

Según The Washington Post, en los estados limítrofes del sur hay ciudadanos que cuentan con su certificado de nacimiento estadounidense a quienes se les está negando el pasaporte y, en algunos casos incluso, están siendo recluidos en centros de detención de inmigrantes.

Para justificar estas acciones las autoridades estarían alegando que tienen sospechas de que esos documentos fueron obtenidos de forma fraudulenta.

En el caso de los poseedores de greencard, Powers apunta que una vez que una persona cuenta con este documento usualmente su caso no es vuelto a revisar, excepto si solicita la ciudadanía.

“Hemos visto a personas que piden la nacionalidad y sus casos son revisados para verificar primero si cuando obtuvieron el permiso de residencia realmente tenían derecho al mismo y son enviados a las cortes de migración, donde tienen que luchar no para conseguir la ciudadanía sino para defender la greencard”, señala la abogada.

Las estadísticas de USCIS confirman que ha habido un aumento en las solicitudes de naturalización de 35% e indican que la cantidad de personas que cada año recibe la ciudadanía se ha mantenido en el rango entre 700.000 y 750.000.

El año pasado, esa cifra se ubicó en 716.000.

Sin embargo, en el primer semestre de 2018, hubo un incremento de las aprobaciones de casi 16% en comparación con el mismo periodo de 2017, por lo que la agencia estima que si se mantiene ese ritmo este año podría ser el de mayor número de otorgamiento de ciudadanías desde 2008.

“Cada año, los beneficios migratorios -incluyendo el gran privilegio de la ciudadanía- son alcanzables para muchos individuos respetuosos de las leyes que legítimamente buscan mayores oportunidades, prosperidad y seguridad recientemente convertidos en nuevos miembros de la sociedad y, con este fin, la agencia está muy orgullosa de ayudar a que sus sueños se hagan realidad”, señaló Powers.

REFUGIADOS, ASILADOS Y DESPROTEGIDOS

Una de las primeras decisiones que tomó Trump al llegar a la Casa Blanca fue ordenar la paralización del ingreso de refugiados procedentes de ciertos países como parte del controvertido veto migratorio.

Al mismo tiempo, limitó el número total de refugiados que aceptaría a 45.000 por año. La cifra es notablemente inferior al tope de 85.000 aplicado en 2016.

“Si las admisiones para 2018 se mantienen al ritmo que llevan, este año entrarán 75% menos refugiados que en 2016”, señala Nowrasteh.

El experto asegura que el gobierno incluso canceló un programa piloto que habría permitido a particulares o a ONG convertirse en patrocinadores de algunos refugiados y hacerse responsables de su manutención.

De acuerdo con cifras del Departamento de Estado, hasta el 31 de agosto pasado en 2018 habían sido admitidos en EE.UU. 19.899 refugiados.

Nowrasteh acusa a las autoridades de dificultar de forma directa e indirecta la posibilidad de los extranjeros de pedir asilo.

VENEZOLANOS

“Por ejemplo, al recortar el número de visas emitidas a ciudadanos venezolanos en 74%, en comparación con el año 2013. Ese país está en una crisis económica y política pero los venezolanos necesitan llegar a Estados Unidos para solicitar asilo. Sin embargo, no pueden hacerlo sin una visa”, destaca.

Powers destaca, además, que el gobierno de Trump puso fin al estatus de protección temporal (TPS) que amparaba a unos 200.000 salvadoreños, unos 44.000 hondureños y unos 58.000 haitianos.

Además quiso acabar con el programa DACA, que amparaba a unos 700.000 jóvenes a quienes sus padres trajeron sin papeles a Estados Unidos cuando eran unos niños, el cual sigue operando gracias a una decisión judicial pero solo de forma limitada, pues ahora sus beneficiarios solamente pueden renovar y no pueden solicitar autorización para salir del país por ningún motivo.

Pero el futuro de aquellos protegidos de la deportación por el DACA parece depender más a largo plazo de una reforma migratoria integral que luce cuesta arriba en el dividido Congreso estadounidense.

Esto los deja sumidos en la incertidumbre al igual que a muchos otros inmigrantes para quienes el sueño americano parece haberse convertido en un desvelo.

 

Ángel Bermúdez
BBC Mundo

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Especial

Fracasa el primer intento de restauración neoliberal

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Alberto Fernández y Cristina

El primer significado de las previas argentinas, con la enorme derrota de Mauricio Macri, es el del fracaso del primer intento de restauración neoliberal. Después de más de una década de gobiernos antineoliberales, la derecha logró una primera victoria, después de mucho tiempo. Se dio en Argentina, con el triunfo de Mauricio Macri, con un programa típicamente neoliberal.

Una campana eufórica, una victoria conmemorada como el retorno a los viejos tiempos de centralidad del mercado, de destrucción de la imagen del mercado, de retorno de la locura de gobiernos populistas que despilfarraban recursos públicos con distribuciones insensatas.

El retorno de los duros e inevitables ajustes fiscales, del “sinceramiento” de las tarifas públicas, ya sin subsidios, como vuelta a la realidad. Se viraba la página de gobiernos irresponsables.

Ese proceso se reproducía, con golpes, persecución política y manipulación electoral en Brasil, y apuntaba, adaptando las palabras de Kissinger sobre Chile: a “salvar a los latinoamericanos de su propia locura”. Ecuador se sumaba, la amenaza restaurativa llegaba a Uruguay y a Bolivia. Salían Lula, Cristina, Pepe Mujica, Evo, Rafael Correa, sustituidos por Macri, Bolsonaro, Moreno y otros que se postulaban a sumarse a esa nueva lista.

Crisis en Argentina leyendo diario el Tiempo

Pero las cosas no se dieron así. Más allá de las encuestas truchas, de las manipulaciones del mercado, la victoria de Alberto Fernández y Cristina estuvo por encima de cualquiera previsión. Los efectos brutales del ajuste neoliberal fueron contundentes y pasaron la cuenta al gobierno Macri.

Análisis precipitados, incluso del área progresista, se han arriesgado a pronosticar que el macrismo venía para quedarse como fuerza hegemónica en el campo político, como nueva expresión de la derecha argentina.

Querían que el kirchnerismo fuera un paréntesis en la historia argentina, pero quien ahora tiene ese destino es el macrismo. Ya se especula quién encabezará la derecha y al superviviente macrismo, a lo mejor el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, dada la fragorosa derrota también de la gobernadora macrista de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

¿Qué significa ese resultado, qué tiene todas las posibilidades de ser todavía más arrasador en octubre, para América Latina? ¿Cómo podemos proyectar el futuro de la región después del resultado de las elecciones en Argentina?

En primer lugar, significa que la derecha no tiene otro modelo que el neoliberal, que no tiene ninguna capacidad de retomar el crecimiento económico, menos todavía de distribuir renta. La trayectoria del gobierno fracasado de Macri fue repetida por el de Michel Temer en Brasil, de Moreno en Ecuador y ya se confirma con el gobierno de Bolsonaro.

Es un camino seguro de derrota para la derecha, que ya demuestra que el retorno de algunos gobiernos latinoamericanos será de corto aliento, un paréntesis.

En segundo lugar, los daños causados por los gobiernos de restauración neoliberal representan un enorme retroceso económico, político y social, que los gobiernos que los sucedan van a recibir como herencia, con la cual van a tener grandes dificultades para retomar un modelo económico y social antineoliberal.

Argentina Cristina Fernández

En tercer lugar, que el camino para derrotar a esos gobiernos es el de aglutinar a todas las fuerzas que se oponen a ellos, valiéndose centralmente de los efectos sociales profundamente negativos de sus políticas económicas.

Esto es, siendo un amplio frente antineoliberal, que se propone superar las políticas económicas que han llevado a Argentina a una profunda recesión, a un enorme desempleo, a la perdida de una gigantesca cantidad de divisas, a un endeudamiento que quita la soberanía de sus políticas. Ese fue básicamente el camino trazado por la lista que ha derrotado al gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

¿Qué consecuencias pueden tener esos resultados sobre la región? En primer lugar, dejar a Bolsonaro aislado de su gran aliado, para quien trató de hacer campaña electoral y probablemente, ha causado otros daños a la candidatura de Macri.

En segundo lugar, las elecciones en Bolivia y en Uruguay serán afectadas con el fracaso y la derrota de Macri pero también es probable que, en esos dos países y otros de la región, cuenten con gobiernos con rasgos distintos y antagónicos a los de Macri. Los uruguayos y los bolivianos van a tomar nota de a qué destino llevan las restauraciones neoliberales y cómo el pueblo tiende a castigar duramente a esos gobiernos.

El caso argentino, habiendo sido el primero del retorno da la derecha y su modelo neoliberal, ha sido también el primero en derrotar ese camino, el primero que ha demostrado el nuevo fracaso del neoliberalismo en Latinoamérica, abriendo camino hacia un nuevo ciclo de crecimiento y de distribución de renta en la región.

 

EMIR SADER
ALAINET.ORG | EMIR SADER, SOCIÓLOGO Y CIENTÍFICO POLÍTICO BRASILEÑO, ES COORDINADOR DEL LABORATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD ESTADUAL DE RIO DE JANEIRO (UERJ).

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Especial

Cómo enfrentar la guerra no convencional contra Venezuela

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Cómo enfrentar la guerra no convencional contra Venezuela

“DEL ASEDIO AL ASALTO”:

Antes de que el concepto de ‘Guerra No Convencional’ acaparara titulares y se convirtiera en la noción de moda para catalogar la agresión contra Venezuela, ya un exguerrillero venezolano había logrado prever con años de anticipación la naturaleza de la amenaza que se cierne hoy sobre el rico país suramericano.

A pocas horas de que se conociera la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, dirigida a embargar los bienes y activos de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Lanz accedía a conceder una entrevista a Sputnik para dar cuenta de la escalada en el conflicto que, según sus consideraciones, se aproximaba.

Los hechos le dieron la razón.

UN GUERRILLERO QUE SIEMBRA

“El imperio es una cosa seria, no es una metáfora”, reflexiona el sociólogo venezolano mientras nos hacemos paso en una pequeña oficina del Ministerio de Educación, donde funciona la coordinación nacional del programa Todas las manos a la Siembra.

De andar pausado y argumentaciones que están impregnadas de la privilegiada conjunción de experiencia e investigación, nos confiesa que se le ha llegado a acusar “de apocalíptico” porque lleva años denunciando que en Venezuela ocurriría una crisis alimentaria.

“Aquí la siembra y la producción tiene que ser tomada como una necesidad de primer orden”, expresa convencido; sin embargo, se da una licencia para relajar el habitual rictus que le marca el rostro y bromea con el hecho de que, a su juicio, “chavista que no siembra” debería estar bajo “estado general de sospecha”.

Carlos Lanz

MÁS DE UNA DÉCADA DE ADVERTENCIAS

Carlos Lanz fue miembro de distintos frentes guerrilleros que lucharon contra los gobiernos que antecedieron a Hugo Chávez.

Ya con el propio Chávez en la Presidencia de la República se dedicó a la formación de la clase obrera en las nuevas formas de cogestión industrial que requería la nueva perspectiva política, así como en la promoción de modelos de producción alternativa para fomentar una economía no dependiente de la actividad petrolera.

Llegó a dirigir el Programa Nacional de Formación del Ministerio de Economía Popular y también se desempeñó como presidente de la empresa de aluminio más importante del país: CVG-Alcasa.

Sin embargo, a finales de 2008 vuelca su interés en sistematizar lo que se venía perfilando como una agresión de carácter multidimensional contra Venezuela.

Las operaciones psicológicas hechas contra el Gobierno de Chávez lo hicieron entender que ese sería el nuevo campo de batalla.

“Creo que el combate en los actuales momentos es también político-cultural, y me atrevería a decir que es más cultural que político. El asunto es revertir el ataque más profundo lanzado a la estructura psicológica y emocional”, clarifica.

— ¿Qué doctrina se está aplicando contra Venezuela?

—Una Proxy War o guerra subsidiaria. Pero no hay una doctrina pura, sino una combinatoria de enfoques y métodos. Uno consigue más de 14 variables que corresponden a las distintas formas de guerra no convencional.

En Venezuela se aplican todas de forma simultánea. Lo importante es abordar no las diferencias, sino los elementos comunes. Sin embargo, la Proxy War es lo que coincide más con la finalidad política de la doctrina estratégica conjunta de Estados Unidos.

— ¿Usted cree que en Venezuela está naciendo una nueva clase de guerra no convencional? Es decir, que se esté experimentando con nosotros un nuevo enfoque…

—Hay una validación de la hipótesis de Proxy War cuando atendemos a cómo han venido ocurriendo los eventos de agresión este año. Poca atención se le presta al eje Cúcuta-Catatumbo, excepto en la caracterización tradicional de actividades delictivas que allí tiene lugar. No obstante, el empleo de ese corredor estratégico será vital para el desarrollo de la guerra subsidiaria contra Venezuela.

Tampoco es que la tercerización de la guerra sea un invento reciente. Lo particular es que Estados Unidos lo enlaza con algo que aparece en su doctrina conjunta y que se llama “el dominio concreto del espectro o de amplio espectro”, que consiste en la simultaneidad del ataque enemigo, la combinación y permanencia de sus múltiples aspectos.

— ¿En qué consiste el dominio del amplio espectro?

—No se trata de una sumatoria de los componentes regulares de las Fuerzas Armadas, que se usan con el fin de someter a un enemigo. Estados Unidos incluye todo: los aspectos culturales, simbólicos, económicos, políticos, sociales, es decir, no militares. La idea es no darle al enemigo ningún espacio de resguardo, ni un momento para tomar aliento.

Se busca el desgaste a través del ataque permanente, por todos los flancos, como si se tratara de un enjambre de avispas. Y bueno, lo más importante que brinda un sentido general a las estrategias de todas las dimensiones, en todos los tiempos y espacios.

— ¿Cómo hacer frente a este ataque?

—La doctrina de la defensa integral de nuestra Fuerza Armada Bolivariana es una respuesta al amplio espectro. Este no puede ser derrotado de forma puntual, sino a través de una acción coordinada, concurrente, de una serie de políticas que aborden cada aspecto de la vida de una sociedad.

— ¿En qué etapa de la guerra cree que estamos?

—Elliott Abrams ha dicho en una de sus declaraciones que estamos en la etapa “del asedio al asalto”. Es asfixia, por supuesto, pero como elemento preparatorio no de un desembarco de marines, sino de una estrategia militar híbrida, donde hay combinación de medios convencionales y no convencionales.

Es decir, se hace uso de nuevos actores, como bandas criminales, fuerzas de operaciones especiales, narcotraficantes. Son fuerzas que no tienen membresía. Esas serán las que harán el trabajo sucio.

— ¿Hay indicadores que sostengan su perspectiva?

—Aquí se está estableciendo una meseta. Hay una tendencia que se estabiliza peligrosamente y empiezan a confluir todas esas variables que vienen de abajo en un punto.

Eso hace peligroso el escenario, puesto que no se trata de una fase culminante con una opción militar típica, sino que está desprovista de los aspectos convencionales, pues ellos no van a descender en el terreno en Venezuela para no repetir la experiencia de Afganistán.

El mensaje disuasivo que estamos promoviendo con el Método Táctico, las milicias, el armamento, les hace entender que no será un paseo. Aquí va a haber una guerra y yo planteo que tiene que ser continental, la respuesta no se puede quedar en Venezuela.

— ¿Washington evita el síndrome de Vietnam?

—Exactamente. El efecto postraumático de las bajas de los soldados estadounidenses en combate. Por ello usan a Colombia como comodín. Es un enfoque eminentemente pragmático. Ellos van a evadir una guerra que les pueda afectar a lo interno de los Estados Unidos, sobre todo cuando Trump está severamente cuestionado y se aproxima un año electoral.

— Si pudiese asesorar directamente al presidente Nicolás Maduro para hacer frente a este escenario, ¿qué le diría?

—Que debemos hacer una ofensiva comunicacional profunda para develar la estrategia imperial. Que sea permanente. Al presidente le diría que Estados Unidos está manejando el conflicto social en Venezuela como un vector de descomposición. Por tanto, si empiezas a sumar, desabastecimiento de alimentos, medicinas, transporte, gas, teléfono, tienes una serie de dimensiones simultáneas y encadenadas a las cuales debes darle respuesta.

Eso pasa, necesariamente, por controlar los precios de los alimentos, poner presos a los corruptos, tener un gabinete de guerra que asuma el hecho de la confrontación no como casuística, sino como decisión de Estados Unidos de imponer su voluntad en Venezuela. Implica la unidad de la revolución, los aspectos operacionales, que es un aspecto que me preocupa…

— ¿Por qué le preocupa?

—Porque nosotros parecemos en algunos aspectos estar preparándonos para una guerra convencional con barcos y aviones. Creo que eso no está en la agenda, aun cuando tenga sus preparativos. El costo político de una decisión como esa no la van a asumir en Washington. Por tanto, ellos seguirán buscando desarticular la unidad de nuestra fuerza armada, romper la institucionalidad.

Por tanto, los aspectos logísticos y operacionales deben virar cuanto antes hacia la guerra popular prolongada, pero no para el año 2020, sino para este momento. Eso es un disuasivo.

— ¿Podríamos ahondar en lo que llama “conflicto social como vector de descomposición”?

—Al presidente le recomendaría atender urgentemente las subjetividades. Aquí se está aplicando una gran operación psicológica para vulnerar nuestra identidad, nuestras convicciones. Necesitamos dar una guerra de valores, donde le pongamos un freno a la dominación cultural, a la degradación, al envilecimiento de la persona.

Porque la gente está sometida a una serie de presiones de degradación de sus condiciones de vida, pero también a la degradación de su propio imaginario colectivo, de su identidad como pueblo. La sociedad venezolana está sufriendo de una hiperanomia, con el resultado del desconocimiento de las normas, de la ruptura del contrato social. Es un proceso imperceptible pero está en desarrollo.

— ¿Cómo avanzamos en eso?

—Pasa por rescatar nuestro ideario. Hay que rescatar el concepto de la lugarización. Por ejemplo, en los pueblos de Venezuela, la resistencia y la insurgencia cultural se da a través del rescate de la palabra, del trabajo comunitario, la vinculación con la naturaleza, solidaridad personal, fe religiosa. Hay un cemento que ha sido atacado por el eurocentrismo, por la moda neoliberal, pero hay resistencia, un sedimento que da la base para esa insurgencia.

Tiene además que darse un proceso de renovación de la promesa del rescate del ideario revolucionario, de la utopía. Somos constructores de sueños, profesionales de la esperanza, que es un eslogan del proyecto educativo nacional. El imperialismo no lo vamos a combatir solo con medios militares, lo debemos combatir también en el terreno de los valores y de la subjetividad.

— ¿Y cómo se articula esto con el proyecto político?

—Tenemos necesidad de una nueva subjetividad revolucionaria. Cuáles serían los componentes de esta, el rescate de los acervos de las luchas históricas, como lo hizo el comandante Chávez. Hay que acompañar al pueblo en sus luchas, enfrentando lo que son los ataques más arteros de las operaciones psicológicas, pero también elevando los niveles de eficacia de la gestión, la corrupción tributa a la estrategia contrarrevolucionaria, no lo podemos dejar pasar.

Debemos meter presos corruptos emblemáticos, la revolución demanda una acción reivindicativa en ese sentido. Luego meternos de frente contra la burocracia en la gestión de Estado, que revierta los procesos de la lentitud, de las distracciones, de la demora, del papeleo interminable. Debemos recuperar la gobernabilidad del Estado.

Las bandas criminales, como estas que aparecen viralizando videos, son un desafío al monopolio de las armas y la legalidad del uso de la violencia, para poner en duda quién gobierna realmente. Eso es una interpelación a la propia Fuerza Armada, para hacernos ver como un Estado fallido.

 

JOSÉ NEGRÓN VALERA
SPUTNIK MUNDO

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Especial

Jorge Rendón Vásquez: el derecho del trabajo y empleo global en 1996

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Sindicato General de Trabajadores de Paramonga y Anexos

Entre el 9 y 13 de setiembre de 1996, la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó el VI Congreso Peruano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La Comisión Organizadora fue integrada por los doctores Francisco Javier Romero Montes (presidente); Simeón Huancahuari Flores y Carmen Meza Ingar (Miembros).

Fueron ellos, con el apoyo de las autoridades y alumnos en general, los encargados de realizar un evento sobre Derecho del Trabajo en un momento político en el cual el fujimorato se encargaba de liquidar y desaparecer los derechos laborales adquiridos por los trabajadores peruanos al largo de nueve décadas del siglo XX y que, muchos de ellos, fueron consagrados constitucionalmente. Un evento académico con trascendencia social.

La convocatoria fue hecha a nivel nacional e internacional, abarcando cuatro áreas específicas de investigación:

-Relaciones Laborales y Empleo Global.

-Negociación Colectiva y Economía Social de Mercado.

-Hacia una Administración de Justicia Laboral Eficaz.

-Una Seguridad Social de Base para Todos.

El doctor Jorge Rendón Vásquez en su ponencia Derecho del Trabajo y Empleo Global, sostiene que:

“En el mercado de fuerza de trabajo, las condiciones de la prestación laboral y la remuneración deben fijarse, en principio, como en cualquier otro mercado, por la oferta y la demanda. Así, cuan mayor es la oferta de fuerza de trabajo sobre su demanda, las condiciones de trabajo tenderán a ser más duras para los trabajadores y sus remuneraciones cada vez menores hasta llegar a los límites de subsistencia. Al contrario, si la oferta de puestos de trabajo es mayor que la oferta de mano de obra, el precio de ésta tenderá a subir y las condiciones de trabajo serán más favorables para los trabajadores”.

Trabajador empleado operario obrero máquina de cóser fábrica confecciones textiles

De esta manera, el Dr. Rendón explica la idea paradigmática que se impuso en el Perú de la década de 1990: el mercado es el único espacio donde todo se debe solucionar. Así, “la mano invisible” es la que imparte justicia. Pero el Dr. Rendón Vásquez es muy crítico de este dogma, por ello explica que:

“Sin embargo, no se ha dado casi nunca tal automatismo debido a un exceso permanente de fuerza laboral en relación a los puestos de trabajo disponibles, o, lo que es lo mismo, las empresas y el Estado han creado puestos de trabajo, en menor número que los necesarios para emplear a los trabajadores con aptitud para ocuparlos, desequilibrio que ha conferido a los empleadores una permanente supremacía en el establecimiento de los términos de la contratación laboral, pues como propietarios de las empresas gozan del poder de emplear o no emplear, y de escoger los trabajadores que habrán de incorporar a sus empresas”.

Es decir, más allá de la teoría de libro y salón, el modelo neoliberal que se sustenta en la reducción infinita del Estado para dejar que la sociedad sea gobernada desde el mercado (y su “mano invisible”) no tiene ninguna correlación con la realidad social. El poder económico y político que acumulan los empresarios les permite manejar el mercado laboral a su libre albedrío. No necesitan del mercado para imponer salarios; por el contrario, solo necesitan de comprir la demanda de contratación laboral para –inmediatamente- poder imponer condiciones laborales y salariales. En el Perú lo han hecho de manera histórica.

Entonces, el discurso neoliberal de modelo de mercado es simplemente una forma de alienación que buscan desarrollar en los propios empleados y trabajadores con la intención de un “no-cuestionamiento” de la realidad laboral y salarial. Un trabajador explotado y defensor de los empresarios es el objetivo político de esta política del fujimorato. Y de sus empresarios amigos.

Rendón Vásquez afirma que:

“En un primer acercamiento a los efectos de la normatividad legal sobre el mercado del empleo, es posible constatar que en los últimos dos siglos, mientras la fuerza de trabajo empleada creció en términos absolutos, la legislación laboral evolucionó hacia una protección más acentuada de los trabajadores; vale decir que, a medida que aumentaron la producción y el consumo, el empleo se incrementó, sin que las normas protectoras de los trabajadores obstaculizaran ese incremento”.

El mito que sostiene la relación inversa entre derechos laborales versus aumento de la producción quedó desestimado en aquellas sociedades donde la producción aumentó como consecuencia de tener trabajadores legalmente protegidos.

La alta rotación laboral es nociva para las empresas. Los cursos de capacitación, los trámites legales y el pago de liquidación –y otros beneficios sociales- lo único que originan es mayor gasto a las empresas.

La ponencia Derecho del Trabajo y Empleo Global, es una crítica a la teoría neoliberal del empleo. Una teoría que lo único que busca es desmantelar las economías nacionales a favor del imperialismo.

 

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL

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Sergio Tejada Sergio Tejada
Políticahace 20 horas

La voz clara

“[El fujimorismo] puede retrasar hasta el debate en el Pleno, si es que fuera aprobado en comisión la propuesta de...

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