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Política

Tribunal Constitucional y Corte Suprema petardean la lucha contra la corrupción

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Juan José Quispe

El jurista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa (IDL), remarcó que existe toda una campaña de demolición de diferentes sectores políticos, que pasa por el presidente del Tribunal Constitucional y luego por el Defensor del Pueblo, y otros altos funcionarios como ministros, congresistas, que se quieren traer abajo el proceso anticorrupción.

“Los fiscales tienen las pruebas judiciales respecto de los casos que están en su poder. Ahora le han tirado la pelota al Congreso para que modifique la ley del Código Procesal Penal referida al Artículo 278 que habla sobre las prisiones preventivas, el arresto domiciliario y demás figuras que tienen que ver con los casos de la corrupción de funcionarios”, precisó.

HAY 30,200 CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA

“Yo alerto a la ciudadanía, alerto al Perú, que prontamente van a ver cambios, no solamente en el ámbito del Congreso modificando normas, y que ya hay primeros indicativos la Corte Suprema de Justicia de la ejecutoria de casación (la 1445/2018) dada el 11 de abril emitida por la Sala Penal Permanente presidida por San Martín sobre el peligro de fuga”, explicó.

“Ahora, el presidente del Tribunal Constitucional que está opinando como si fuera un ciudadano de a pie a pesar de que su posición luego va a ser contrastada con alguna resolución que llegue a su despacho vía hábeas corpus de acción de amparo, como el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia”, remarcó.

“Todos están contra la prisión preventiva porque teóricamente es la última ratio, pero que solamente se está persiguiendo a diez casos de personas. Pero nosotros nos ponemos a señalar que el universo de casos con prisión preventiva, de presos sin sentencia, son 30,200 y nadie se ha preocupado por ellos”, declaró.

ENTROMETIENDO EN LA FISCALÍA

“Lo que quieren es que la prisión preventiva, que analizan teóricamente y no la práctica, sea una suerte de última ratio, cuando ni siquiera han leído el expediente judicial, y vean los casos de Keiko Fujimori, PPK, Alan García que ya está muerto, Ollanta Humala, del señor Nava, de Cornejo, de la señora Susana Villarán, verán que son casos muy excepcionales y donde aparece ya no solamente la Fiscalía sino el Poder Judicial, han encontrado elementos razonables de graves inculpados que los vincula con los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios”, subrayó.

“Pero sobre todo han encontrado -agregó- que esas personas tienen esa condición de poder fugarse del país o de perturbar las investigaciones. Todos dicen ‘pobrecito el señor PPK’, una persona de 81 años, a quien debe dársele arresto domiciliario, porque la norma así lo establece y su abogado así lo dice”.

“Yo le digo que la norma establece el arresto domiciliario en el Código Procesal Penal, establece que cuando a una persona se le debe imponer la prisión preventiva, pero que podría imponérsele el arresto domiciliario, le puede imponer siempre y cuando cumpla cuatro requisitos, uno detrás de otro: que tenga más de 65 años, el segundo es que tenga una enfermedad terminal, el tercero que tenga una incapacidad física y el cuarto que sea una persona embarazada”, declaró.

EL CASO DE PPK

“PPK encaja en el primer supuesto, pero la norma dice ‘siempre que’, un requisito sine qua non, un requisito que nunca falta que es que no perturbe las investigaciones. El juez no fue Carchuancho, a quien le decían el juez carcelero, fue otro juez. Pero la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional están petardeando al sistema anticorrupción”, señaló.

“Todos los investigados van a gozar de libertad, pero no se dan cuenta de algo: El arresto domiciliario es un saludo a la bandera, porque los juzgados irán a sus juicios orales, pero a la hora de la sentencia desaparecerán o fugarán del país”, sentenció.

“A mí me causa gracia cuando PPK dice: ‘Yo no tengo plata, me han congelado mis cuentas, no tengo cómo pagar a mis abogados’, debemos creer que el señor Nakazaki no le cobra un solo centavo por defender a PPK, hay que ser ilusos para creer eso. Los corruptos guardan su dinero a cuenta de otros”, agregó.

ALGO MÁS

“Además, no sería raro que esta semana se presente la casación a favor de Keiko Fujimori y que la próxima semana salga libre, gracias a la norma de la Corte Suprema”, concluyó el jurista Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Vizcarra defiende las reformas, Apra y fujimorismo lo tildan de golpista

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Martín Vizcarra Cornejo

Luego de que el presidente Martín Vizcarra llegara al Parlamento, acompañando al premier Salvador del Solar y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para protestar por el archivamiento de la iniciativa sobre inmunidad parlamentaria, la reacción del fujimorismo, el aprismo y del propio presidente del Legislativo no se hizo esperar, acusando al mandatario de querer perpetrar un golpe de Estado. Esto respondería al interés de los “padres de la patria” por defender los intereses laborales.

DEFENDIENDO SUS INGRESOS

El director del área legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, aseguró que el archivamiento de la propuesta del Ejecutivo referida a la inmunidad parlamentaria es una manera de defender los ingresos y sustentos personales de la mayoría de los congresistas.

“La mayoría del Congreso rechaza el proyecto de inmunidad parlamentaria presentado por el Ejecutivo como una manera de defender sus ingresos y sustentos personales”, señaló el abogado a Diario UNO.

Tras afirmar que hay un intento de defender un modelo político que ha estado sustentado en el desconocimiento al estado de derecho, Rivera denunció que “una mayoría parlamentaria ha venido atropellando el estado de derecho de manera sistemática y la posibilidad de existencia de un equilibrio de poderes en el sistema político”.

Del mismo modo, Rivera aseguró que los congresistas fujimoristas y apristas pretenden justificar su actitud denunciando al mandatario “como si fuese un golpista”.

EJECUTIVO PROTESTA

El primer ministro Salvador del Solar y el titular de Justicia, Vicente Zeballos, acudieron ayer por la mañana a la cita que tenían en la Comisión de Constitución; sin embargo, llegaron acompañados del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien entregó un oficio en el que se indicó que el Ejecutivo no participaría en el debate “como expresión de protesta” por el archivamiento de la iniciativa sobre inmunidad parlamentaria.

“Estoy aquí, en el Congreso, acompañando al Primer Ministro y al Ministro de Justicia quienes han venido a entregar un documento donde justifican su no participación en la reunión a la que fueron invitados a la comisión de Constitución porque no están dadas las condiciones para tratar este tema de reforma política”, indicó el mandatario mientras que el premier Del Solar señaló a través de Twitter, que el archivamiento del proyecto del Ejecutivo es ir en dirección contraria y que las cosas no pueden dejarse como están.

FUJIMORISMO REACCIONA

“Convocamos a las ciudadanía, la colectividad organizada y a las entidades internacionales a que se encuentren vigilantes ante cualquier intento de quiebre democrático”, señaló el vocero de la bancada fujimorista, Carlos Tubino.

Esto se reflejó en la comisión de Constitución del Congreso, presidido por la fujimorista Rosa Bartra, quien no admitió una solicitud para reconsiderar la votación que archivó el proyecto.

“PECHANDO”

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que el jefe de Estado fue a “pechar” al Parlamento.

“Es una decisión innecesaria del Presidente, el haber ido a confrontar una vez más al Congreso (…) necesitamos un líder, un presidente que convenza, una y motive a los peruanos a sacar adelante a nuestro país, no un presidente que amenace, que vaya a pechar a otra institución pública cuando las cosas no se dan”.

Asimismo, señaló que sea claro si es que quiere cerrar el Congreso: “Si lo que el Presidente está haciendo es preparar el terreno para un posible cierre del Congreso, que sea sincero y que lo diga, no tenemos miedo, no le tenemos miedo, lo que hay que seguir haciendo es debatir a profundidad estos proyectos”.

Por su parte, el congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, Jorge del Castillo, aseguró que la actitud del presidente Vizcarra es “pregolpista”.

“Esta es una actitud pregolpista, igual a los días previos al 5 de abril. No la vamos a aceptar. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de los que asumen actitudes de dictador, dónde terminan y cómo terminan”, finalizó.

“LEÑA AL FUEGO”

Sobre esto, Carlos Rivera afirmó que Salaverry “está echando más leña al fuego” y recordó que sus declaraciones no le hacen bien a un debate político.

“Salaverry está echando más leña al fuego; eso no le hace bien a un debate político”. Sobre las declaraciones de Del Castillo, el analista político recordó que Vizcarra no es el expresidente Alberto Fujimori, en alusión a las actitudes autoritarias de su régimen.

“Hay que remarcar que Vizcarra ha dado las muestras posibles de que no es Fujimori, que no es un dictador y que no es un autócrata y hasta el momento viene actuando dentro de lo constitucional”, acotó.

Finalmente, aseguró que “el Congreso no pretende siquiera llevar la más mínima reforma política y esta es la mejor prueba del absoluto cuestionamiento y repudio al sistema político”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Supuesto golpe de Estado es una victimización fujiaprista

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Fujimoristas Fuerza Popular

Ni bien pisaron el Congreso de la República Martín Vizcarra, jefe del Estado; Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros; y Vicente Zeballos, ministro de Justicia, los congresistas fujiapristas dijeron que se olía un tufillo golpista y el propio Daniel Salaverry dijo que “no le tenía miedo” desde Trujillo.

Fue un coro que daba risa, porque los que son rechazados mayoritariamente por la ciudadanía decían defender la democracia; porque los que no legislan para el pueblo, decían defender la institucionalidad; los que provocan acusaban de golpista al jefe del Ejecutivo.

El rechazo de la población hacia Fuerza Popular va en aumento y eso se ve reflejado en la reciente encuesta nacional-urbana publicada por Ipsos en donde se muestra que el 80% de la ciudadanía no está de acuerdo con que los fujimoristas presidan la Mesa Directiva.

El sondeo fue realizado del 15 al 17 de mayo y uno de los resultados arroja que el 80% quiere que la Mesa Directiva del Congreso sea dirigido por una bancada distinta a la de Fuerza Popular, como ya ha ocurrido hasta el momento con Luz Salgado, Luis Galarreta y Daniel Salaverry.

TUVO QUE PECHAR

“Al margen de cómo ha ido el Presidente hoy, creo que ha ido a pechar al Congreso, a mí me parece cansado de las largas, cansado de la inoperancia del Congreso, sobre todo de archivar cada iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo, pues hoy le ha dicho al Congreso ‘no voy a debatir cuando me estás llamando para hacer un circo con mi Premier y mi ministro de Justicia”, opinó el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“El Presidente no quiso exponer a sus ministros a un circo romano, sabiendo la calidad de los integrantes del Congreso aprofujimorista y las demás bancadas. Hemos visto la reacción de Gilbert Violeta; ahora se juntan apristas, fujimoristas, ex PPKs, casi casi su propio partido”, remarcó.

“El señor Violeta muy absurdamente dice que es un intento golpista cuando todo el mundo sabe que eso no es así. Hay un Presidente para decirles ponme en agenda y debatan lo que corresponda. La ciudadanía debe darse cuenta que este Congreso buscó llegar al poder del Congreso no para legislar para las grandes mayorías, no para legislar y sacar a la población de la pobreza extrema, sino por intereses personales, partidarios, que no tienen que ver nada con una función congresal”, puntualizó.

LA INMUNIDAD ES CLAVE

“El peruano de a pie se está dando cuenta que los congresistas se están llenando de dinero, cuando los 32 millones de peruanos estamos esperando que se vayan a su casa y que la Fiscalía de la Nación denuncie a quien tenga que denunciar”, hizo hincapié.

“Si seguimos en el mismo lodo congresal, que no se avanza, siguen ellos en sus trece. El tema de la inmunidad es clave porque siguen protegiendo a Becerril, a Mamani, a Chávarry. Yo reto a la señora Bartra a decirle la verdad al Perú, que no ha sido el Presidente o en el Ejecutivo quienes han facilitado la huida de Hinostroza, sino el propio Congreso”, sentenció.

“No debe haber inmunidad porque es impunidad. Si no quieren que sea la Corte Suprema, entonces que sea el TC el que decida el levantamiento de la inmunidad”, concluyó Quispe.

SEPARACIÓN DE PODERES

Por su parte, el jurista Lamas Puccio dijo que “la ciudadanía tiene sus medios para anular una decisión del Congreso. Puede recurrir a través de una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC)”, sugirió.

“Para ello debe reunir un número de firmas necesarias, lo puede hacer. Pero recurrir al caballazo es impertinente. El Perú necesita que las instituciones sean firmes, nos gusten o no nos gusten, lo primero es la consistencia de la institucionalidad y el Presidente debe dar el ejemplo”, declaró.

“En principio es una interferencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, porque la democracia parte de la premisa de la separación de poderes; cada poder es autónomo y dueño de sus propias decisiones”, subrayó.

“La existencia de varios poderes hace el equilibrio dentro de la democracia. Las decisiones que pueda tomar cada poder son legítimas porque cada poder es autónomo”, observó.

“La presencia del presidente Vizcarra y el Premier en el Congreso es una interferencia de carácter político que poco o nada ayuda a fortalecer la democracia que ya de por sí está venida a menos en el Perú en los últimos años”, cuestionó.

ALGO MÁS

“Justamente la corrupción e impunidad la han devaluado. La economía está sufriendo los embates de una desestabilización de las instituciones del país y la presencia del Presidente en esos términos, bajo esas condiciones, me parece, por decir lo menos, inapropiada, que no ayuda en nada”, opinó.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

El día de la dignidad del pueblo Kana, Espinar

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Campesinos de Espinar protestan

Como todos los 21 de mayo, hoy se celebra el día de la dignidad Kana, en toda la provincia de Espinar, en la región Cusco. De esta manera se conmemora la primera toma de la mina ocurrida -precisamente- un 21 de mayo de 1990, cuando por primera vez una gran revuelta terminó con la toma de la mina de Tintaya, en ese entonces operada por una empresa pública. Luego de unos días de movilizaciones y toma de rehenes, se logró un acuerdo con el Estado peruano.

Las demandas de entonces giraban en torno a los procesos de expropiación de tierras comunales, los impactos de la minería en los recursos naturales de la zona y a la demanda de que la actividad minera se vincule y aporte al desarrollo de la provincia. Las expropiaciones iniciales de tierras tuvieron un impacto importante en los pobladores, agrupados hasta entonces en una sola comunidad.

Posteriormente, ya bajo gestión privada, la empresa siguió adquiriendo tierras comunales y, como es usual, la minería se convirtió en un competidor directo por el control de los escasos recursos hídricos de la zona, provocando además impacto en ellos. Es así que el 21 de mayo se convirtió en una fecha de referencia para futuras movilizaciones.

Los posteriores estallidos sociales del año 2005 y el del 2012, se iniciaron precisamente en esa fecha. Son varios los temas que aparecen en la compleja agenda de Espinar: uno primero tiene que ver con los graves impactos en la salud de la población de Espinar.

Varios estudios realizados en los últimos años han mostrado que la población de esta provincia, sobre todo la que vive en la zona de influencia de las operaciones mineras, se encuentra expuesta a metales pesados y muchos tienen presencia de estos metales en sus cuerpos.

Pese a que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno y luego de varios acuerdos establecidos con la población, se comprometió a implementar planes de salud integral para brindar atención especializada a las personas en riesgo, hasta el momento no se ha logrado mayores avances.

Los planes elaborados no han contado ni con el presupuesto ni con el soporte institucional necesario, y hasta la fecha no se ha logrado una respuesta adecuada del sistema de salud a las personas que sufren exposición crónica a metales pesados. La población de Espinar sigue esperando que el tema de salud sea adecuadamente atendido.

El otro problema complicado tiene que ver con el agua que se consume en Espinar y las denuncias de presencia de metales tóxicos. Un informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco reveló que la población de Espinar consumía agua contaminada con metales tóxicos.

Los análisis dieron cuenta sobre la presencia de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, entre otros parámetros, por encima de los parámetros permitidos.

Lo cierto es que cada 21 de mayo la población de esa provincia cusqueña recuerda que todavía existe una serie de compromisos incumplidos de parte de la minería y el Estado peruano.

 

COOPERACCIÓN

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