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Entrevista

Tras blindaje a “Cuellos Blancos”, Chávarry no debe quedar impune

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Pedro Gonzalo Chávarry

Ni las multitudinarias movilizaciones contra la corrupción ni la propuesta de reformas constitucionales del Ejecutivo presentadas al Parlamento ante la crisis judicial y política, menos las denuncias en su contra han logrado que Pedro Chávarry se aparte de la titularidad del Ministerio Público.

Sin embargo, la denuncia hecha por cuatro ciudadanos, por violación del Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) puede sacarlo de su cargo.

Sobre cómo podría ocurrir eso y sobre el salvataje fujimorista al “hermanito” César Hinostroza y los exconsejeros del CNM en el Parlamento, Diario UNO, entrevistó a Cruz Silva Carpio, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto Defensa Legal (IDL), una de las denunciantes de Chávarry en el CAL.

Cruz Silva Carpio

Cruz Silva Carpio

—La Comisión Permanente no aprobó la acusación por pertenecer a una organización criminal a los exmagistrados del CNM y al juez supremo César Hinostroza…

—Es un serio golpe a la investigación que, con muchos problemas, un grupo de fiscales y jueces comenzó contra esta gran red de corrupción judicial. Porque la tesis principal, más allá de los delitos diversos e individualizados en los hechos es la de una red criminal, y así es como lo hemos escuchado en los audios.

Y eso en el Derecho Penal está presentado como el delito de pertenencia a una organización criminal, y sobre ese delito es que ya en el Callao se ha venido investigando y se vienen dando colaboraciones eficaces que corroboran esa tesis según lo que hemos tenido conocimiento.

Esta red involucra diversos actores, medianos, pequeños y grandes, estos últimos son justamente los supremos y los consejeros. Entonces si a estos altos funcionarios que, de acuerdo a la tesis que maneja un grupo pequeño de la Fiscalía, pertenecen a una red de corrupción, cómo es posible que ni siquiera se le dé la oportunidad al Ministerio Público de seguir investigando la pertenencia a una investigación criminal.

¿Las sanciones debieron ser más drásticas, como muchos creen?

—Los indicios existen y los hemos escuchado, pero esta decisión de una mayoría fujimorista pone en serio riesgo lo poco que se había avanzado en esta gran investigación de red de corrupción judicial.

Lo segundo es que esto ha demostrado por los votos cuál es el partido político que está apoyando esta situación de impunidad. Cierto es que han sido destituidos los consejeros, se les ha removido, se les piensa inhabilitar, la verdad es que esas sanciones frente a los hechos y a las violaciones de los derechos cometidas son insuficientes.

La sanción adecuada era, en efecto, los años de cárcel que se otorgan por la pertenencia a una organización criminal y además es de acuerdo al derecho a la verdad, aquí no hay hechos aislados de personas que nunca coordinaron entre ellas, sino un grupo que está siendo declarado impune en este aspecto por las bancadas del fujimorismo y el aprismo.

Se evidencia el apoyo político partidario, ya no solo en esto central que es la investigación penal por pertenencia a una organización criminal, sino que además ya ha venido siendo identificada cuando los diversos actores han estado recibiendo el apoyo expreso de estos partidos desde un inicio.

—¿Qué faltó para que el informe del parlamentario Pacori sea más contundente?

—Hay causas que el Congreso no está diligenciando. Por ejemplo, y es una de las cosas que también hay que subrayar, que el informe Pacori no está relacionado con la denuncia que el fiscal supremo Pablo Sánchez presentó y que refuerza y ahonda la tesis de la pertenencia a una organización criminal de estos altos funcionarios.

Esa denuncia que hizo este fiscal supremo que está trabajando de manera coordinada, según sabemos, con las fiscales que desde un inicio comenzaron a investigar todo esto a partir del caso concreto de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Hasta hoy esa denuncia no se ha encargado a ningún congresista para que la pueda evaluar y presentar su informe de hechos y de derechos, y ver si es que hay o no responsabilidad. Esa denuncia ha quedado de lado. Entonces, la pregunta es ¿por qué? y la segunda pregunta es ¿a qué congresista de concretarse esta acción le va a tocar? Y si es que le toca a alguien que ya ha señalado, con todos los indicios, que los investigados no pertenecen a una organización criminal, pues ese informe simplemente va a ser encarpetado.

—Además hay personajes que están pasando inadvertidos…

—Hay que tener en cuenta eso, la sola inacción respecto de esta denuncia del fiscal Sánchez dice mucho de hacia dónde está girando la historia.

Y dicho sea de paso hay otros actores supremos que no están siendo denunciados y que no están siendo investigados por el Congreso, estando a tres meses de este escándalo. Por ejemplo, no sabemos nada de los fiscales supremos que sostienen a Pedro Chávarry en el cargo, tampoco sabemos qué tipo de responsabilidad tiene Tomás Gálvez en todo este asunto, qué tipo de responsabilidad tiene Víctor Rodríguez Monteza a quien se le escuchó en un audio hablando con Mario Mendoza, y que renunció a raíz de esto.

Son otros actores que se están escapando, hemos escuchado también en los audios a Ángel Romero Díaz (expersonero legal del Apra) y no se sabe nada respecto de él, entonces hay que ver también lo que está a los costados de estas acciones, lo que no se está haciendo. La evaluación de las denuncias de Pablo Sánchez y los otros supremos, que es el tema de la investigación, los magistrados de otros rangos están siendo procesados.

Aquí es el poder que está protegiendo a la más alta magistratura, parece porque está involucrada con el poder político. De acuerdo a los audios y las investigaciones que se han revelado en estos días, en la Suprema hay claramente magistrados, que están relacionados tanto con el partido fujimorista, como el caso de Hinostroza por ejemplo, y Romero con el Apra. Tenemos al Fiscal de la Nación que recibe el apoyo de la bancada fujimorista.

Entonces tenemos a grupos de la magistratura que están relacionados con estas bancadas político-partidarias y que serían la razón por la que las cosas no están avanzando como deben avanzar. Estas sentencias están, estos actores van a salir pero eso en nada asegura que los otros actores olvidados vayan a ser también sancionados y denunciados.

—Hay políticos como Mauricio Mulder y Héctor Becerril que parecen intocables…

—Exacto, por eso tampoco nada asegura la sanción debida al actor político que se está olvidando. Qué hay por ejemplo del congresista Mulder, por qué no se investiga más ese indicio relacionado con el audio. Qué pasó con Héctor Becerril que se ha paseado el debate del informe sobre su denuncia constitucional. Entonces el actor político está pasando desapercibido.

Haciendo el balance, tenemos que están emitiéndose algunos resultados para la tribuna, para saciar las exigencias de impunidad supuestamente, pero se está dejando de lado lo más importante, el actor político, los otros actores supremos que van quedando, sobre todo el Fiscal de la Nación.

— Guido Aguila, exconsejero del CNM, dijo que el Instituto de Defensa Legal (IDL), Ernesto de la Jara, IDL-Reporteros y tú tienen un ánimo persecutorio por las tachas que le pusieron cuando aún él era candidato, incluso indicó que ustedes habrían abogado por algunos magistrados ante él y que esa era una razón por la que lo acusaron de una manera injusta…

—El IDL desde hace 34 años siempre ha hecho investigación y siempre ha publicado los cuestionamientos o los antecedentes de todos los postulantes a las altas esferas del sistema de justicia, sea los supremos o los consejeros, siempre hemos hecho la investigación, hemos publicado y muchas de esas investigaciones se han concretado en tachas, que son el vehículo ciudadano para participar de los procesos de elección.

Esas tachas, muchas, se presentaron por escrito y no hacían más que reflejar lo que se decía públicamente, pero nuestra labor de fiscalización además se complementa con explicar porqué lo estamos señalando. En efecto, lo que hacemos es solicitar de manera pública y en las reuniones que hemos tenido con los consejeros les hemos señalado que presentamos nuestro escrito, donde están las preocupaciones por tales candidatos y les indicamos por qué.

—¿Una suerte de venganza contra ustedes?

—Así ha sido, transparente, entonces lo que ha sido una razonable audiencia ante una autoridad para explicar las preocupaciones públicas que tiene un ciudadano, el señor Guido Aguila lo pretende mostrar como si fuera una interferencia ilegal en un proceso de selección de magistrados.

El señor Aguila confunde esto a propósito, esto se debe a que desde que Aguila comenzó a postular al cargo, le identificamos diversas irregularidades antes y durante su función como consejero. Los diversos conflictos de interés, lo relacionado a los cuestionamientos cuando emitió los nuevos reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura, la contratación de gente de Egacal (escuela de estudios jurídicos de propiedad de Aguila y de su esposa) durante su periodo de gestión en el CNM, situaciones en las que él no se ha inhibido.

Esa es la razón por la que Guido Aguila se va en contra de esta fiscalización ciudadana, en vez de tener una actitud abierta como toda autoridad democrática, lo que hace simplemente es atacar y difamar, pero el descubrimiento de las publicaciones que después vino por los “CNMaudios” corroboran, lo que antes habíamos señalado de diversas formas.

—¿En qué consiste la denuncia que has presentado junto a otros ciudadanos al Colegio de Abogados de Lima al fiscal Pedro Chávarry por violar el Código de Ética?

—Si hay un abogado incurre en la mentira, quiebra esa función originaria de la profesión que es la búsqueda de la verdad, entonces ese es uno de los primeros deberes que Chávarry ha violado al decir en su momento: “No me reuní con los periodistas, no tengo nada que ver con Hinostroza”, y al indignarse incluso cuando la prensa le preguntaba al respecto, y a esto se le suma los agravantes del escenario de la crisis judicial y del cargo que él ostenta, que es el de Fiscal de la Nación. Y después él mismo confirma que mintió por las razones, según él, justificadas que era proteger a la institución pero nada más falso, porque ha agravado la crisis y ahora el 73% de la población no le cree, eso ha golpeado la legitimidad institucional.

Y no es poca cosa decir que mintió si es que uno analiza sobre qué mintió, cuando tiene el deber según el Código de Ética de su colegio profesional de no mentir. Chávarry con esta mentira no solo ha violado este deber de veracidad, sino que también ha vulnerado otro deber que es el de la probidad e integridad.

En este caso evidenciado en un escenario de crisis, tenemos la oportunidad de hacer algo simple, que es aplicar la ley. Y esto, en el CAL, ya se le ha aplicado a los exconsejeros del CNM.

—Entonces hay un precedente importante…

—Por eso el Colegio de Abogados de Lima no podría hacer una diferenciación entre los exconsejeros y el fiscal Chávarry, ellos están suspendidos como abogados mientras duren las investigaciones. Este es un precedente importante.

No solo estamos pidiendo la suspensión provisional de Chávarry, lo que estamos pidiendo además es la inhabilitación de la colegiatura por hasta dos años, por la gravedad de los hechos. Lo increíble es que por esta denuncia Chávarry nos acusa de pertenecer a grupos que defienden la corrupción. De su parte es una reacción desesperada, porque si él queda sin colegiatura, ningún cargo que requiera ser abogado puede ser ejercido y eso significa que no podrá ejercer como Fiscal de la Nación. La resolución del CAL se resolverá máximo en un mes.

ALGO MÁS

El próximo lunes Cruz Silva de IDL y la periodista Romina Mella de IDL-Reporteros se presentarán en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colorado, EE.UU., para exponer sobre la impunidad con respecto a esta crisis judicial. Y los ataques que recibieron los periodistas de investigación, ni bien publicada esta historia.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

Entrevista

CGTP plantea a la Confiep debatir propuestas en el marco del diálogo social

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en

Gerónimo López Sevillano

Gerónimo López Sevillano, arequipeño de nacimiento, es secretario general de la CGTP. En entrevista con Diario UNO, el dirigente afirma que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra no quiere escuchar a los trabajadores y anuncia que el gremio de gremios al que representa estará permanentemente en las calles para defender los derechos laborales. A continuación sus picantes declaraciones:

— ¿Señor Gerónimo López, qué evaluación tiene la CGTP del paro realizado el pasado jueves 20 de junio?

— El paro cívico popular del jueves 20 de junio convocado por la CGTP tuvo el éxito que todos esperábamos. Participaron todas nuestras bases de las distintas regiones del país para exigir al Gobierno la inmediata derogación del objetivo prioritario número 5 de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado por Decreto Supremo Nº 345-2018-EF.

— ¿A qué se refiere ese objetivo?

— La política contiene nueve objetivos, de los cuales el quinto es lesivo para los intereses de los trabajadores.

— ¿Por qué?

— Porque allí se establecen los lineamientos que coinciden con las propuestas de los empresarios, en primer lugar, para pretender justificar de manera errónea la eliminación de la reposición a la que tenemos derecho los trabajadores cuando somos despedidos en forma arbitraria. Actualmente, cuando el despido es injusto el trabajador puede demandar su reposición en el Poder Judicial porque, además, es un mandato constitucional.

— Sí, pero desde inicios de los 90 se han incrementado los contratos a plazo fijo lo que permite despedir trabajadores sin derecho a reposición ¿verdad?

— Claro, cuando son trabajadores a plazo fijo el empleador justifica alegando que al término del contrato no vuelven a contratar al trabajador porque ya no lo necesitan, pero hay trabajadores que vienen haciendo trabajos permanentes y por lo tanto allí no corresponde aplicar los contratos sujetos a modalidad. Ese es el primer punto.

— ¿Y cuál sería el otro punto?

— El segundo punto es que los empleadores proponen contratar a los nuevos trabajadores con derechos reducidos; es decir que los nuevos que sean contratados no tendrán derecho a gratificaciones en Fiestas Patrias ni en Navidad, ni CTS y tampoco tendrán derecho a vacaciones, solo acceso a la salud y a la capacitación.

— ¿Ah, pero habrá capacitación?

— Sí, pero será en el Senati, que es administrado por los empresarios, y no lo van a hacer gratis, pasarán la factura al Estado peruano. Es obvio que van a cobrar. Los trabajadores promovemos la capacitación y la formación para el trabajo, que consideramos fundamental para la productividad, pero estamos en desacuerdo que sustituyan los derechos de los trabajadores

— Hablemos del tercer punto en discordia

— El tercer punto es que la propuesta del empresariado pretende eliminar el derecho al arbitraje potestativo. Cuando los trabajadores no somos escuchados por el empresario en la solución a la negociación colectiva que presentamos cada año y no hay solución en trato directo, podemos recurrir al Ministerio de Trabajo para buscar allíla solución a nuestro pliego de reclamos con el incremento salarial. Una vez agotada en esa instancia tenemos dos alternativas: la huelga o el arbitraje, y muchos sindicatos optan por esta segunda vía apelando al arbitraje potestativo que obliga a la parte empresarial a que el conflicto se solucione en la vía arbitral. .

— ¿Y cómo funciona un arbitraje?

— Es un terceroquien bajo criterios jurídicos y estudio económico sobre la situación de la empresaresuelve el conflicto mediante el laudo arbitral.Eso tiene que ser cumplido por la empresa porque tiene equivale a una sentencia. Entonces los empresarios quieren eliminar el arbitraje potestativo.

— ¿Es en el caso de las empresas chicas donde los trabajadores no están en capacidad de organizarse, verdad?

Así es, pero además pretenden eliminar o reducir las gratificaciones de 30 a 22 días como inicialmente salió a declarar el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, cuando se estaba implementando en el mes de noviembre la política de competitividad y productividaden las oficinas del MEF. Eso motivó a la denuncia pública de la CGTPque obligóal entonces jefe del Gabinete, César Villanueva, a salir a los medios de comunicación para decir que no se iba a recortar ni eliminar ningún derecho de los trabajadores.

— ¿Y qué pasó, entonces?

— Eso fue de la boca para afuera para no generar ningún descontento en los trabajadores, pero en el fondo sí se venía trabajando esa propuesta que finalmente fue aprobada el 31 de diciembre en la noche, cuando los trabajadores estábamos esperando el Año Nuevo y nos dieron ese “regalo”.

— ¿A espaldas de los trabajadores?

— Todo eso en coordinación con la Confiep; es decir que empresarios y Gobierno se reunieron en las oficinas del MEF, teniendo como vocero y operador al señor Carlos Oliva para que aplique reformas antilaborales,en beneficio de las grandes transnacionales y en desmedro de todos los peruanos y peruanas.

— Bueno, pero ustedes han renunciado al Consejo Nacional del Trabajo, donde se discuten todas esas cosas entre Gobierno, empresarios y trabajadores…

— No, no hemos renunciado, hemos suspendido nuestra participación debido a que el Gobierno aprobó su política al margen del diálogo social contraviniendo Convenios de la OIT en materia de diálogo social.

— ¿Por qué?

— Porque le dijimos al Gobierno que el escenario para debatir aspectos y temas laborales es el Consejo Nacional del Trabajo, donde están representados trabajadores, empresarios y el Gobierno, a través de la ministra. Le hemos exigido que derogue el objetivo 5 con un decreto supremo y ordene que ese objetivo pase al CNT para allí sentarnos a discutir, pero el Gobierno no quiere escuchar a los trabajadores y está yendo contra el diálogo social.

— Usted ha mencionado que el Ministerio de Trabajo pretende imponer la reforma laboral de la Confiep que busca precarizar más el empleo, ¿por qué cree eso?

— Bueno, el empleo juvenil está dentro de los que significa la contratación de trabajadores nuevos. Los empresarios dicen que los trabajadores que tienen más de 40 años ya no les rinden como un joven y por lo tanto hay que botar a los viejos. Los jóvenes no reclaman y además no pueden organizarse en sindicatos. Los empresarios solo ven ganancia y producción.

— Pero, entonces…

— Mire, nosotros no estamos en contra del desarrollo del país, no estamos en contra de un país competitivo, tampoco estamos en contra de que seamos un país productivo, pero eso no puede darse a costa del recorte de derechos laborales que tiene protección constitucional y convencional. Si hay que ver el tema de la productividad y la competitividad, eso tiene que ir acompañado de mejores condiciones laborales y mejores condiciones económicas para que mejore la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

— Pero no le parece válido el argumento de la Confiep de que en otros países los trabajadores no tienen 30 días de vacaciones, por ejemplo…

— No nos podemos comparar con otros países donde pagan cerca de 15 dólares por hora trabajada y en algunos otros pueden llegar a 20 dólares por hora trabajada. Además, laboran sólo seis horas.

—¿Qué propone entonces la CGTP, señor López?

— Nosotros le decimos al Gobierno que si pretende recortar derechos laborales nosotros planteamos también la reducción de la jornada laboral de las ocho horas a seis horas para dar oportunidad a otros jóvenes a que ingresen al mundo laboral. Y eso es precisamente lo que nos llevó al paro cívico popular del 20 de junio.

— ¿Por qué lo califican de exitoso?

— El martes 25 se ha reunido el secretariado de la CGTP y después de un amplio análisis y debate se llegó a la conclusión de que el paro fue exitoso. Sehan volcado a las calles cerca de 850,000 trabajadores en todo el país y en Lima más de 40,000. Esta vez los medios de comunicación que responden a los intereses del capital no han podido pasar por desapercibido el paro, y esperamos que el Gobierno escuche a los trabajadores. Hay un compromiso del Presidente del Consejo de Ministros de recibir a la CGTP el próximo 8 de julio. Esperamos que no haya ningún cambiohacia esa política antilaboral antes de la reunión con el premier Salvador del Solar.

CGTP

SI GOBIERNO INSISTE EN ELIMINAR DERECHOS LABORALES

Bases alistan gran marcha a Lima

— ¿De no ser escuchados, volverán a las calles?

— Exactamente, también hemos acordado que el 12 de julio se reúne el Consejo Nacional de la CGTP, que son 45 dirigentes nacionales, y al día siguiente estamos convocando a una gran asamblea nacional acá en Lima y analizaremos allí la situación política, económica, social y laboral que atravesamos los trabajadores y el pueblo peruano para acordar la próxima medida de lucha a nivel nacional.

— ¿La medida será en todo el país?

— Será una gran jornada nacional de lucha de todas las regiones para defender los derechos laborales de los trabajadores, si es que el Gobiernono dan marcha atrás y si la Confiep persiste en arrinconar y abrazar al presidente Martín Vizcarrapara que esté al servicio del capital transnacional.

— Bien, pero el tema de los ceses colectivos vendría a ser la cereza del pastel ¿cierto?

Sí, y ademásel empresariado plantea los ceses colectivos automáticos y sin límites; es decir que a simple presentación del empresario por mesa de partes comunicando que va a haber un cese colectivo de trabajadores, podrá hacerlo sin ninguna restricción. Actualmente tiene que demostrar la razón de un cese colectivo y existe un límite al número de trabajadores que podría cesar por esta vía.

— ¿No le parece contraproducente que el Gobierno promueva la informalidad cuando los organismos internacionales están recomendando al Perú reforzar la institucionalidad y combatir la informalidad?

— Mire, hay compromisos internacionales, como por ejemplo las firmas de los tratados de libre comercio con diferentes países de respetar estrictamente los derechos laborales de los trabajadores y de respetar irrestrictamente el derecho a la sindicalización, pero cuando el Gobierno pretende esta reforma laboral también está violando esos compromisos.Entonces creo que el Gobierno no solamente está faltando a los convenios que se firmaron por los TLC, sino que también está yendo contra los acuerdos internacionales de la OIT. El trasfondo de esta pretendida reforma laboral es debilitar y eliminar los sindicatos, públicos y privados.

— ¿Por qué?

Porque según los empresarios el sindicato es el obstáculo para obtener mayores ganancias.Si estopretendida reforma laboral se aprueba, inmediatamente serían despedidos primero los dirigentes sindicales, después los trabajadores sindicalizados y luego cualquier trabajador que le reclame al empresario porque ya no habría sindicato. En el fondo es eliminar el sindicato.

 

“CARLOS OLIVA REPRESENTA A LAS TRANSNACIONALES”

Nos gobierna el MEF y no Vizcarra

— ¿Se está haciendo harakiri el presidente Martín Vizcarra?

Lo que pasa es que da la impresión de que el señor Vizcarra no está gobernando el país. Creo que quien está gobernando es el MEF, es el señor Carlos Oliva que responde a los intereses del capital y de las transnacionales, y justamente estos que están agrupados en la Confiep porque hace poco los empresarios ya han presentado su plan de propuestas al Ministerio de Trabajo y toda la política antilaboral que se está implementando son las propuestas que ellos están planteando.

— ¿Y frente a eso qué va a hacer la CGTP?

— La CGTP va a salir a las calles para defender los derechos de los trabajadores. Hay un Gobierno que está gobernando para los intereses de las transnacionales y la oligarquía empresarial agrupada en la Confiep y no obedece realmente a un clamor del pueblo peruano. Se habló de reconstrucción con cambios en el norte y no hay nada de eso. Además cerca de 850,000 familias que se han posesionado en terrenos del Estadoreclaman formalización y titulación y servicios de agua y desagüepero no se ve nada de eso. Vamos a decirle a la Confiep y al Gobierno que la CGTP no se va a mantener pasiva sino que va a salir a las calles permanentemente a defender los derechos de los trabajadores. Emplazamos al gobierno a abrir las puertas y atender a la CGTP. Que no solamente escuche a los empresarios.El diálogo social tripartito implica la participación de todos los actores incluyendo a los trabajadores.

— Pero los empresarios han dicho que también quieren escuchar las propuestas de la CGTP.

— la CGTP llama presidenta de la Confiep, la señora María Isabel León Klenke, adebatir sobre los derechos laborales de los trabajadoresfrente a las propuestas de la Confiep que plantea eliminar esos derechos., porque ella ha declarado que no tenemos propuestas la CGTP le responde que los trabajadores tenemos nuestra propuesta de una reforma productiva que impulse el desarrollo, hacia la reconstrucción, modernización, diversificación y competitividad del aparato productivo con empleo digno y trabajo decente para todos y todas.

— ¿Y las tienen?

— Sí, la tenemos elaboradas y debatidas por los trabajadores con la participación de distinguidos profesionales, como laboralistas, exministro y economistas de prestigiosas universidades, así como funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La CGTP hace un llamado a los trabajadores y trabajadoras a participar en la asamblea nacional de delegado que se llevara este 13 de julio unidos en defensa de nuestros derechos laborales.

 

LUIS MIGUEL REVOREDO I.

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Entrevista

47% de pobreza extrema es una barbaridad

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Clímaco Cárdenas

Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano(Conveagro), saluda los avances logrados en el Pleno Agrario del Legislativopero apunta que los temas de fondo deben ser abordados: reestructuración del Ministerio de Agricultura (Minagri), titulación de tierras y protección de la producción nacional, entre otros.

—El viernes se realizó el Pleno Agrario. ¿Cuál es el estado de los avances en el tema agrario?

—Después del paro realizado en mayo, se instalaron las mesas de negociaciones por un plazo de 60 días, y este viernes se ha llevado a cabo el primer Pleno Agrario en el Congreso, lo que consideramos algo histórico porque no se había logrado antes en toda nuestra historia republicana.

—De los 13 pre dictámenes vistos en el Congreso, 6 fueron de carácter declarativo. ¿Qué opinión tiene respecto a esto?

—Han habido dos grupos de leyes; el primer grupo era lo trabajado en la Comisión Agraria, que recoge los trabajos de congresistas en los últimos 7 años, y luego otro paquete de proyectos de ley, de los cuales nuestros gremios han apoyado 11 y se aprobaron 10. De todos ellos, solo dos eran de carácter declarativo, el referente a la protección de las cuencas de agua de Puno y el de la reconstrucción de la represa Gallito Ciego.

—Dentro de los proyectos aprobados, está la ley de inclusión de productores agrarios a través de cooperativas, y la ley general de comunidades campesinas…

—En la primera, en realidad a los que se está incluyendo en esta ley es a los ganaderos, que estaban exceptuados y son un importante sector porque representan el 47 por ciento en la actividad agropecuaria en el Perú. La ley general de comunidades campesinas permite la participación de las mujeres en las organizaciones de las comunidades, es una ley de género.

—¿Qué es lo más importante que se ha logrado en el Pleno?

—Los proyectos más importantes son tres: el que retira el impuesto a las ventas del arroz pilado, la Ley del IVAP. Esto obligaba a pagar el 4% a la exportación, cuando ningún país en el mundo exporta tributos. Obviamente eso nos hacía menos competitivos y ahora se ha regulado. Es logro importante de la lucha en las mesas de trabajo con el Ejecutivo.

Otro logro importante es el poder etiquetar el origen de los productos. Un claro ejemplo es el arroz uruguayo, que se empaca y etiqueta acá, se le pone una paisana en el empaque y le ponen ‘producto peruano’ cuando el insumo es importado. Parar con esa distorsión del mercado va a beneficiar a los consumidores y a los productores locales, porque ahora todos los productos importados deberán incluir en el empaque la especificación de donde proceden.

Y el tercer proyecto en importancia es referido a la renovación del proyecto Agroideas, que de un modo compensatorio permite que los agricultores accedan a recursos en organización. En líneas generales ha sido un pleno fructífero para los pequeños agricultores, además de histórico.

EL DEBATE NECESARIO

—Hay algunos temas excluidos del debate en el Pleno. Uno de ellos es el de las agroexportadoras y sus beneficios.

—Las empresas agroexportadoras tienen beneficios del Estado, desde diferentes ministerios, para colocar sus productos. Ahora, el Pleno Agrario lo hemos trabajo los pequeños productores después del paro agrario. y se han discutido leyes para los pequeños productores, leyes que no tienen espacio en el debate nacional, y estas leyes que hemos podido desarrollar se han levantado en consenso con el Legislativo y el Ejecutivo.

Sería magnífico que los agroexportadores puedan consensuar también con los hombres del campo, los invocamos a que puedan desarrollar mesas de trabajo con los pequeños agricultores y de ese modo todos nos veamos favorecidos.

—Otro tema es el de la crisis de las empresas azucareras

—No hemos visto un proyecto de ley al respecto, pero sí hay una discusión de aranceles que se está llevando en las mesas técnicas. Fernando Cilloniz, por ejemplo, declara que se tiene que mantener aranceles compensatorios, y nosotros hablamos más bien de aranceles ad valorem y franjas de precio. Lo que tiene que haber es una protección a la producción nacional, porque EE.UU. por ejemplo tiene US$ 16 mil millones en subvención a su agricultura desde hace año y medio para pelear en la guerra comercial con China, y acá no hay subvención de nada, y además ingresan productos importados subsidiados en sus países de origen.

—A propósito de importaciones, ¿qué opina de la posible importación de quinua española?

—Es inconcebible que por interés de un grupo importador, en colusión con malos funcionarios de Senasa, puedan generar en tiempo récord una autorización para esa importación; además, de un producto oriundo del Perú y que es fuente de trabajo de seis regiones que dependen de granos andinos.

El interés económico y la corrupción se imponen, no reparan en que son productos transgénicos y que llegan con una producción superior gracias a agroquímicos y áreas de producción mecanizadas. ¿Cómo vamos a contrarrestar el impacto en el germoplasma peruano?

Campesinos agricultores

—¿Qué medidas han planteado contra esa iniciativa?

—Nuestra posición de rechazo ha sido clara desde un primer momento, y también hay asociaciones y autoridades que se han manifestado al respecto. Por ahora, esa resolución está suspendida, pero nosotros exigimos que se derogue, porque el vicio está demostrado, la persona que ha suscrito el documento no es la calificada. Depende del ejecutivo derogar esa resolución y zanjar ese tema.

—Días atrás sostuvo que era una burla que no se debata sobre reestructuración del Ministerio de Agricultura (Minagri)…

—En este momento existe una gran presión de los cuellos verdes del Minagri de no querer salir de su zona de confort. Hemos demostrado que este Minagri es ocioso, anquilosado, burócrata, por eso pedimos que se elimine esa estructura viciada. Pedimos también la creación del Viceministerio de Agricultura Familiar y Viceministerio de Servicios Agrarios, porque lo que necesitan los agricultores son servicios, que los trabajadores del Minagri estén en el campo.

Sin embargo, hay presiones de grupos de poder que tienen en el Minagri unidades para servir a intereses de grupos económicos en perjuicio del 98% de la población; ellos son el 2% pero el sistema neoliberal está a su servicio y se resisten a perder esa cuota de poder.

Por otro lado, debemos mencionar que tenemos el acta suscrita con el Ejecutivo para la reestructuración del Minagri y es algo que se tiene que respetar, porque no vamos a dar marcha atrás con esta exigencia. Invocamos al Congreso a que en la nueva legislatura se discuta la reestructuración del Minagri.

—Respecto a esas relaciones de poder, un tema fundamental es el tema territorial de las comunidades campesinas…

—En el caso de las comunidades que habitan en el macizo andino hay intereses de empresarios por el subsuelo, minerales y agua, por eso se entrampan los procesos de titulación.

En ese sentido, será importante el Viceministerio de Agricultura Familiar pues debe ser empoderado para poder trabajar dentro de sus funciones lo relacionado a titulación de tierras de comunidades y familias campesinas. El Minagri debe reestructurarse para que el campo salga adelante.

—¿En esta reestructuración, cuál será la participación de los gobiernos regionales?

—En realidad desde hace buen tiempo los gobiernos regionales ya tienen participación, ya que por ley administran las direcciones regionales de agricultura, así que en el papel están.

Lo que habría que hacer es más bien una crítica sobre su trabajo, porque el año pasado invirtieron solo el 1.8% del presupuesto, y el 85% de ese gasto se va a en planillas.

Entonces no funciona el proceso de descentralización, no están realizando su trabajo y eso nos genera atraso y abandono de los jóvenes del mundo rural. Somos más de 9 millones de personas, y 47% de pobreza extrema es una barbaridad.

—Es evidente que el problema del agro no se soluciona solo con un Pleno Agrario…

—Los avances logrados en el Pleno, en síntesis, representan un pequeño paso para el hombre rural campesino. Pero el problema no termina y los temas de fondo siguen en discusión, la clase política debe entender cómo daña la economía neoliberal, y cómo se beneficia a grupos económicos en perjuicio de las mayorías. Es necesario debatir y ver cuáles son las políticas que el agro necesita.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Entrevista

“Hay quienes usan seudosindicatos como fachada para sus delitos”

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LUIS VILLANUEVA CARBAJAL

El secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú conversa con Diario UNO sobre el Foro Construcción 2019 realizado ayer y el Congreso de su Federación que se inicia hoy en Lima.

—¿Qué importancia tiene el Foro Construcción 2019?

—El Foro permite que los trabajadores, empresarios, profesionales y Gobierno realicen una exposición de su particular punto de vista sobre los problemas de la construcción y las alternativas de solución. En base a ello, se busca consensos para impulsar en conjunto este sector que dinamiza la economía del país.

Este es el segundo Foro Construcción y es producto de la organización y fortaleza de los trabajadores y su capacidad para hacer propuestas para el desarrollo del sector construcción y el país.

—La violencia en construcción es un problema mayor.

—La violencia se incrementó cuando Alan García, en su segundo gobierno, creó el registro sindical automático, mediante el cual cualquiera, hasta los delincuentes, obtenían su registro sindical del Ministerio de Trabajo en 24 horas y a sola firma. Esos registros se convirtieron en el amparo legal de muchas mafias. Hay quienes usan seudosindicatos como fachada para sus delitos. Hay una proliferación de seudosindicatos sin vida sindical.

Por ejemplo, en Lima, nuestra federación tiene dos sindicatos, pero existen más de 90 registrados en el Ministerio de Trabajo. Desde 2014, ya ningún seudosindicato saca su registro automático en 24 horas, pero aún cientos de ellos lo mantienen y operan en el Perú.

—¿Qué cree que debe hacerse para eliminar la violencia en construcción civil?

—Un primer paso es eliminar los registros sindicales de los seudosindicatos con vínculos delincuenciales. Ningún sentenciado por extorsión puede ser dirigente en nuestros sindicatos, pero eso no se cumple en los seudosindicatos. Se necesita, además, mucha inversión en inteligencia policial y el Poder Judicial, porque la mayoría de los capturados por la policía sale libre y nadie explica bien por qué.

—¿Es cierto que se está reactivando la construcción como dice el Gobierno?

—A paso lento y con proyectos pequeños y medianos. De acuerdo al Ministerio del Trabajo, hay 550,000 trabajadores que formalmente tienen su carné del RETCC (carné de trabajador formal del sector), pero de ellos solo 90,000 están en planilla. Eso significa que el 85% está desempleado o en la informalidad. Pero de acuerdo al INEI hay alrededor de un millón de trabajadores en el sector, por lo que el desempleo es mucho mayor. Hay que reactivar la construcción con urgencia y para eso necesitamos grandes obras.

27° CONGRESO FTCCP

La FTCCP realizará del 12 al 15 su 27° Congreso Nacional Ordinario, en la que estarán presentes alrededor de quinientos dirigentes de construcción civil.

—¿Qué importancia tiene el Congreso?

—El Congreso realizará un análisis de la gestión realizada y la realidad laboral y política del país, y cómo eso afecta a los trabajadores del sector. De acuerdo a ello, trazará la línea general que orienta el rumbo político y sindical de la Federación para el logro de sus fines y objetivos, facultando a elegir al Consejo Directivo Nacional para el periodo 2019-2023 y establecer normas organizativas, de cabal cumplimiento de toda la estructura sindical nacional.

—¿Qué tan reconocido es construcción civil en el mundo?

—Nuestro reconocimiento se refleja en la cantidad y calidad de dirigentes sindicales del mundo que vendrán a este Congreso. Habrá representantes de la Federación Sindical Mundial (FSM), la Unión Internacional de los Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (UITBB), la Internacional de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Edificación, Madera y Materiales de la Construcción (FLEMACON), y sindicatos como el SUNCA de Uruguay y SUNTRACS de Panamá, entre otros.

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