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Entrevista

Tras blindaje a “Cuellos Blancos”, Chávarry no debe quedar impune

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Pedro Gonzalo Chávarry

Ni las multitudinarias movilizaciones contra la corrupción ni la propuesta de reformas constitucionales del Ejecutivo presentadas al Parlamento ante la crisis judicial y política, menos las denuncias en su contra han logrado que Pedro Chávarry se aparte de la titularidad del Ministerio Público.

Sin embargo, la denuncia hecha por cuatro ciudadanos, por violación del Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) puede sacarlo de su cargo.

Sobre cómo podría ocurrir eso y sobre el salvataje fujimorista al “hermanito” César Hinostroza y los exconsejeros del CNM en el Parlamento, Diario UNO, entrevistó a Cruz Silva Carpio, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto Defensa Legal (IDL), una de las denunciantes de Chávarry en el CAL.

Cruz Silva Carpio

Cruz Silva Carpio

—La Comisión Permanente no aprobó la acusación por pertenecer a una organización criminal a los exmagistrados del CNM y al juez supremo César Hinostroza…

—Es un serio golpe a la investigación que, con muchos problemas, un grupo de fiscales y jueces comenzó contra esta gran red de corrupción judicial. Porque la tesis principal, más allá de los delitos diversos e individualizados en los hechos es la de una red criminal, y así es como lo hemos escuchado en los audios.

Y eso en el Derecho Penal está presentado como el delito de pertenencia a una organización criminal, y sobre ese delito es que ya en el Callao se ha venido investigando y se vienen dando colaboraciones eficaces que corroboran esa tesis según lo que hemos tenido conocimiento.

Esta red involucra diversos actores, medianos, pequeños y grandes, estos últimos son justamente los supremos y los consejeros. Entonces si a estos altos funcionarios que, de acuerdo a la tesis que maneja un grupo pequeño de la Fiscalía, pertenecen a una red de corrupción, cómo es posible que ni siquiera se le dé la oportunidad al Ministerio Público de seguir investigando la pertenencia a una investigación criminal.

¿Las sanciones debieron ser más drásticas, como muchos creen?

—Los indicios existen y los hemos escuchado, pero esta decisión de una mayoría fujimorista pone en serio riesgo lo poco que se había avanzado en esta gran investigación de red de corrupción judicial.

Lo segundo es que esto ha demostrado por los votos cuál es el partido político que está apoyando esta situación de impunidad. Cierto es que han sido destituidos los consejeros, se les ha removido, se les piensa inhabilitar, la verdad es que esas sanciones frente a los hechos y a las violaciones de los derechos cometidas son insuficientes.

La sanción adecuada era, en efecto, los años de cárcel que se otorgan por la pertenencia a una organización criminal y además es de acuerdo al derecho a la verdad, aquí no hay hechos aislados de personas que nunca coordinaron entre ellas, sino un grupo que está siendo declarado impune en este aspecto por las bancadas del fujimorismo y el aprismo.

Se evidencia el apoyo político partidario, ya no solo en esto central que es la investigación penal por pertenencia a una organización criminal, sino que además ya ha venido siendo identificada cuando los diversos actores han estado recibiendo el apoyo expreso de estos partidos desde un inicio.

—¿Qué faltó para que el informe del parlamentario Pacori sea más contundente?

—Hay causas que el Congreso no está diligenciando. Por ejemplo, y es una de las cosas que también hay que subrayar, que el informe Pacori no está relacionado con la denuncia que el fiscal supremo Pablo Sánchez presentó y que refuerza y ahonda la tesis de la pertenencia a una organización criminal de estos altos funcionarios.

Esa denuncia que hizo este fiscal supremo que está trabajando de manera coordinada, según sabemos, con las fiscales que desde un inicio comenzaron a investigar todo esto a partir del caso concreto de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Hasta hoy esa denuncia no se ha encargado a ningún congresista para que la pueda evaluar y presentar su informe de hechos y de derechos, y ver si es que hay o no responsabilidad. Esa denuncia ha quedado de lado. Entonces, la pregunta es ¿por qué? y la segunda pregunta es ¿a qué congresista de concretarse esta acción le va a tocar? Y si es que le toca a alguien que ya ha señalado, con todos los indicios, que los investigados no pertenecen a una organización criminal, pues ese informe simplemente va a ser encarpetado.

—Además hay personajes que están pasando inadvertidos…

—Hay que tener en cuenta eso, la sola inacción respecto de esta denuncia del fiscal Sánchez dice mucho de hacia dónde está girando la historia.

Y dicho sea de paso hay otros actores supremos que no están siendo denunciados y que no están siendo investigados por el Congreso, estando a tres meses de este escándalo. Por ejemplo, no sabemos nada de los fiscales supremos que sostienen a Pedro Chávarry en el cargo, tampoco sabemos qué tipo de responsabilidad tiene Tomás Gálvez en todo este asunto, qué tipo de responsabilidad tiene Víctor Rodríguez Monteza a quien se le escuchó en un audio hablando con Mario Mendoza, y que renunció a raíz de esto.

Son otros actores que se están escapando, hemos escuchado también en los audios a Ángel Romero Díaz (expersonero legal del Apra) y no se sabe nada respecto de él, entonces hay que ver también lo que está a los costados de estas acciones, lo que no se está haciendo. La evaluación de las denuncias de Pablo Sánchez y los otros supremos, que es el tema de la investigación, los magistrados de otros rangos están siendo procesados.

Aquí es el poder que está protegiendo a la más alta magistratura, parece porque está involucrada con el poder político. De acuerdo a los audios y las investigaciones que se han revelado en estos días, en la Suprema hay claramente magistrados, que están relacionados tanto con el partido fujimorista, como el caso de Hinostroza por ejemplo, y Romero con el Apra. Tenemos al Fiscal de la Nación que recibe el apoyo de la bancada fujimorista.

Entonces tenemos a grupos de la magistratura que están relacionados con estas bancadas político-partidarias y que serían la razón por la que las cosas no están avanzando como deben avanzar. Estas sentencias están, estos actores van a salir pero eso en nada asegura que los otros actores olvidados vayan a ser también sancionados y denunciados.

—Hay políticos como Mauricio Mulder y Héctor Becerril que parecen intocables…

—Exacto, por eso tampoco nada asegura la sanción debida al actor político que se está olvidando. Qué hay por ejemplo del congresista Mulder, por qué no se investiga más ese indicio relacionado con el audio. Qué pasó con Héctor Becerril que se ha paseado el debate del informe sobre su denuncia constitucional. Entonces el actor político está pasando desapercibido.

Haciendo el balance, tenemos que están emitiéndose algunos resultados para la tribuna, para saciar las exigencias de impunidad supuestamente, pero se está dejando de lado lo más importante, el actor político, los otros actores supremos que van quedando, sobre todo el Fiscal de la Nación.

— Guido Aguila, exconsejero del CNM, dijo que el Instituto de Defensa Legal (IDL), Ernesto de la Jara, IDL-Reporteros y tú tienen un ánimo persecutorio por las tachas que le pusieron cuando aún él era candidato, incluso indicó que ustedes habrían abogado por algunos magistrados ante él y que esa era una razón por la que lo acusaron de una manera injusta…

—El IDL desde hace 34 años siempre ha hecho investigación y siempre ha publicado los cuestionamientos o los antecedentes de todos los postulantes a las altas esferas del sistema de justicia, sea los supremos o los consejeros, siempre hemos hecho la investigación, hemos publicado y muchas de esas investigaciones se han concretado en tachas, que son el vehículo ciudadano para participar de los procesos de elección.

Esas tachas, muchas, se presentaron por escrito y no hacían más que reflejar lo que se decía públicamente, pero nuestra labor de fiscalización además se complementa con explicar porqué lo estamos señalando. En efecto, lo que hacemos es solicitar de manera pública y en las reuniones que hemos tenido con los consejeros les hemos señalado que presentamos nuestro escrito, donde están las preocupaciones por tales candidatos y les indicamos por qué.

—¿Una suerte de venganza contra ustedes?

—Así ha sido, transparente, entonces lo que ha sido una razonable audiencia ante una autoridad para explicar las preocupaciones públicas que tiene un ciudadano, el señor Guido Aguila lo pretende mostrar como si fuera una interferencia ilegal en un proceso de selección de magistrados.

El señor Aguila confunde esto a propósito, esto se debe a que desde que Aguila comenzó a postular al cargo, le identificamos diversas irregularidades antes y durante su función como consejero. Los diversos conflictos de interés, lo relacionado a los cuestionamientos cuando emitió los nuevos reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura, la contratación de gente de Egacal (escuela de estudios jurídicos de propiedad de Aguila y de su esposa) durante su periodo de gestión en el CNM, situaciones en las que él no se ha inhibido.

Esa es la razón por la que Guido Aguila se va en contra de esta fiscalización ciudadana, en vez de tener una actitud abierta como toda autoridad democrática, lo que hace simplemente es atacar y difamar, pero el descubrimiento de las publicaciones que después vino por los “CNMaudios” corroboran, lo que antes habíamos señalado de diversas formas.

—¿En qué consiste la denuncia que has presentado junto a otros ciudadanos al Colegio de Abogados de Lima al fiscal Pedro Chávarry por violar el Código de Ética?

—Si hay un abogado incurre en la mentira, quiebra esa función originaria de la profesión que es la búsqueda de la verdad, entonces ese es uno de los primeros deberes que Chávarry ha violado al decir en su momento: “No me reuní con los periodistas, no tengo nada que ver con Hinostroza”, y al indignarse incluso cuando la prensa le preguntaba al respecto, y a esto se le suma los agravantes del escenario de la crisis judicial y del cargo que él ostenta, que es el de Fiscal de la Nación. Y después él mismo confirma que mintió por las razones, según él, justificadas que era proteger a la institución pero nada más falso, porque ha agravado la crisis y ahora el 73% de la población no le cree, eso ha golpeado la legitimidad institucional.

Y no es poca cosa decir que mintió si es que uno analiza sobre qué mintió, cuando tiene el deber según el Código de Ética de su colegio profesional de no mentir. Chávarry con esta mentira no solo ha violado este deber de veracidad, sino que también ha vulnerado otro deber que es el de la probidad e integridad.

En este caso evidenciado en un escenario de crisis, tenemos la oportunidad de hacer algo simple, que es aplicar la ley. Y esto, en el CAL, ya se le ha aplicado a los exconsejeros del CNM.

—Entonces hay un precedente importante…

—Por eso el Colegio de Abogados de Lima no podría hacer una diferenciación entre los exconsejeros y el fiscal Chávarry, ellos están suspendidos como abogados mientras duren las investigaciones. Este es un precedente importante.

No solo estamos pidiendo la suspensión provisional de Chávarry, lo que estamos pidiendo además es la inhabilitación de la colegiatura por hasta dos años, por la gravedad de los hechos. Lo increíble es que por esta denuncia Chávarry nos acusa de pertenecer a grupos que defienden la corrupción. De su parte es una reacción desesperada, porque si él queda sin colegiatura, ningún cargo que requiera ser abogado puede ser ejercido y eso significa que no podrá ejercer como Fiscal de la Nación. La resolución del CAL se resolverá máximo en un mes.

ALGO MÁS

El próximo lunes Cruz Silva de IDL y la periodista Romina Mella de IDL-Reporteros se presentarán en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colorado, EE.UU., para exponer sobre la impunidad con respecto a esta crisis judicial. Y los ataques que recibieron los periodistas de investigación, ni bien publicada esta historia.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

Entrevista

Para el fujimorismo la matonería es una forma de resolver sus problemas

Publicado

en

Glatzer Tuesta

El director de IDL, Glatzer Tuesta, afirma que el fujimorismo no es capaz de movilizar gente, que Kenji vende piñas y huevos para impresionar y que Jorge Barata dará mayores detalles de las coimas.

Cuando nos enteramos que el fujimorismo nunca tuvo pensado censurar al ministro de Justicia y que su verdadero propósito es golpear al Poder Judicial para sabotear el acuerdo de Odebrecht con la Fiscalía, Diario UNO entrevistó al director de IDL, Glatzer Tuesta, quien opina sobre lo que está por venir.

—El fujimorista Carlos Tubino dijo que Fuerza Popular no censurará al ministro de Justicia,Vicente Zeballos. ¿Dieron marcha atrás?

—Eso demuestra de que el objetivo nunca fue Vicente Zeballos y que el objetivo en realidad era vapulear y golpear el acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía para llegar a manos de una jueza o un juez totalmente golpeado, debilitado y que este tuviera miedo a que pueda correr la misma suerte que Zeballos. Esto ha sido claramente un mensaje para que el Poder Judicial mire con cuidado si aprueba o no aprueba este acuerdo.

—¿Y no quiere también dar un mensaje a Odebrecht?

—También ha sido claramente un mensaje a los mismos funcionarios de Odebrecht como Jorge Barata para que no diga todo lo que sabe. Como consecuencia lógica, después de que esto se produce, OAS, que ya empezó su preocupación, finalmente decida no avanzar en esta colaboración eficaz. Lo que buscan es boicotear el acuerdo para que no se llegue a conocer el detalle de los que se vincularon con las empresas brasileñas.

Yeni Vilcatoma

—Yeni Vilcatoma ha retomado sus ataques pero su propia bancada no la apoya y hasta dice que no tiene ninguna relación con ella…

—No sé si por voluntad propia o por su oportunismo, Yeni Vilcatoma ha terminado siendo alguien que quiere la impunidad y no quiere que se profundicen las investigaciones.

Ella ha caído en una severa contradicción al pedir al ministro de Justicia que le pida cuentas al procurador cuando ella sale a la luz pública y luego se mete oportunistamente a la política denunciando que un ministro estaba siquiera insinuando algo que podría llevar a suponer que ella tenía que cambiar su modo de actuar como procuradora.

Lo que la hizo conocida y lo que la llevó a la política, fue la denuncia sobre un intento de manipulación; hoy día quiere que un ministro se entere de cosas que no le compete como el trabajo del procurador Jorge Ramírez.

—¿No es contradictorio?

—Así es, pero esa contradicción, viniendo de Vilcatoma, no es un asunto producto del desconocimiento. Ella conoce cómo funcionan estas cosas y por eso es que llama a la sospecha porque ella ha querido protagonizar este capítulo perverso de quitarle a los peruanos la posibilidad de conocer a los implicados en corrupción.

—Se dice que el fujimorismo actúa como “la escopeta de dos cañones” en la lucha política en el Congreso y usando la violencia en las calles ¿Usted cree lo mismo?

—Los niveles de convocatoria del fujimorismo ha quedado demostrado que son nulos. Cuando Fujimori fue extraditado dijeron que medio país saldría a las calles, pero mira dónde está Alberto Fujimori.

Dijeron que iban a salir a las calles para liberar a su lideresa que estaba presa, pero Keiko sigue presa. Siempre decía que la calle iba a estar de su lado porque harían sentir la aprobación que tuvo en votos.

—Pero la realidad es radicalmente opuesta…

—Así es, hoy día no son capaces de movilizar a un núcleo importante. Lo que sí es que son bastante violentos, sobre todo en este escenario donde golpean frecuentemente desde las redes sociales.

El fujimorismo es un grupo políticamente golpeado que no tiene un vínculo con la población, porque es altamente rechazado y por eso recurre a la matonería de unos cuantos que en base a unas prebendas actúan como los delincuentes que quieren tomar las calles, no por la razón ni con las ideas, sino por la fuerza, como ha estado actuando en los últimos tiempos.

—¿Para el 2021 el fujimorismo no tiene ninguna opción o buscará a los viejos líderes?

—Luz Salgado ya ha adelantado cómo va a ser la estrategia del fujimorismo para el 2021. Me parece que no van a votar con una cédula de votación, sino con una tabla de ouija porque van a necesitar que regresen a los antepasados. Esto da cuenta que esta versión del fujimorismo está claramente derrotada.

—Al hablar del fujimorismo es necesario preguntarnos, ¿qué es el fujimorismo?

—No hay que dejar de tomar en cuenta que el fujimorismo no es una ideología ni una agrupación política. El fujimorismo es una manera de hacer las cosas y tienen exponentes en distintos sectores. Hay fujimoristas empresarios, periodistas y en otras actividades pero no por tener una afinidad política, partidaria e ideológica, sino porque entienden que la matonería es una forma de resolver sus problemas.

—Muchos fujimoristas dicen serlo por la existencias del apellido Fujimori. ¿Un fujimorismo sin un líder de apellido Fujimori prosperaría?

—No, pero creo que van a tener que inventarse algo porque hoy en día el apellido Fujimori no genera adhesión, sino es un lastre. Mire a Fujimori preso, a la hija en la cárcel y el hermano Kenji tratando de repartir huevos y piñas para pretender hacernos creer que ha vuelto al tractorcito de su papá. Eso ya no engaña a nadie.

Creo que si quieren sobrevivir, porque me cuesta creer que en el 2021 van a pasar la valla, van a tener que reinventarse pero ya no como una reivindicación del fujimorismo, sino como el alquiler o la compra de una franquicia que sacaría una formal y estéticamente cara nueva.

Kenji Fujimori con una gallina

—Hablando de Kenji. ¿Cambio 21 no podría ser el nuevo rostro del fujimorismo?

—Kenji va a intentarlo, pero ha demostrado que es la reivindicación de su padre. No ha hecho un mea culpa en aquellas atrocidades por la cual su padre está preso. Él podría tratar de reivindicar ese fujimorismo puro y duro, pero va a tener una competencia muy fuerte cuando intenten regresar Martha Chávez, Aguinaga, Carmen Lozada.

—Se ha generado mucha expectativa de la próxima declaración de Jorge Barata, como si fuera lapidaria, como si decidiera el destino del fujimorismo y el Apra. ¿Es tanto así?

—Lo que pasa es que Jorge Barata ha terminado siendo el depositario de los detalles de todo lo que los directivos de Odebrecht ya dijeron.

En todas las manifestaciones últimas, los directivos dieron más información de lo que habían dado anteriormente, pero siempre hay una ventana abierta para que Barata dé detalles. Barata era central en la estrategia de sus vínculos con los políticos y altos funcionarios.

—¿Qué de nuevo tendremos?

—La ventaja de si se aprueba o no el acuerdo es que hoy día Barata va a terminar respondiendo con elementos que la Fiscalía ya tiene y que con esa información va a intentar cercarlo.

En el caso de la Interoceánica, Barata ha dicho que son 25 millones de dólares y ahora sabemos que fueron 45 millones. Entonces ahora va a tener que hablar por los 45 millones y ahí es donde van a surgir esos detalles que faltan para cercar a esos personajes y en particular a Keiko y Alan García.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

Construir un poder cívico y popular para cambiar la Constitución

Publicado

en

Manuel Lajo

Economista y excongresista Manuel Lajo afirma que la Fiscalía debería extender su investigación a los posibles fondos del narcotráfico que favorecieron al fujimorismo.

Tumbarse la ley 30737 referida al acuerdo ente la Fiscalía y la constructora brasileña Odebrecht parece ser el principal trabajo del fujimorismo y aprismo en el Congreso. Al respecto, Diario UNO entrevistó al economista, excongresista y actual director del Centro de Estudios Nueva Economía y Sociedad (CENES), Manuel Lajo, quien cuestiona la debilidad del Ministerio Público.

—¿Qué opinión le merece la reacción violenta del fujimorismo y los ataques de su bancada a los fiscales que ven el caso Odebrecht?

—Se trata de una respuesta al retroceso que están teniendo. Han perdido una batalla pero no creo que desaparezcan. Tenían 73 congresistas como resultado de un fraude jurídico y electrónico. Ese control, total del Congreso trató de ser manejado mediante leyes increíblemente manipuladas e inconstitucionales que obligaban a muchos de esa bancada a permanecer en ella.

El que ahora estén atacando a los fiscales es muestra de esa estrategia de violencia y ataque que busca revertir el arrinconamiento del trabajo serio de un sector del Ministerio Público. Ahí han tenido a Chávarry deteniendo el avance de la lucha contra la megacorrupción porque implica una Constitución que favorece a la corrupción.

—Usted no es muy entusiasta de la reforma en el sistema de justicia…

—Es que el actual sistema judicial hace que sus instituciones sean difíciles de corregir por sí solas. Ya estamos viendo que el actual poder que tiene el fujimorismo y el aprismo dentro del Congreso logra que la Junta Nacional de Justicia no tenga la contundencia que todos los peruanos esperamos para seleccionar a los mejores magistrados y se pueda crear una reforma judicial rigurosa.

Keiko Fujimori

—En anteriores intervenciones suyas se refería al narcokeikismo…

—El narcokeikismo tiene que ver con el narcoestado consolidado cuando Vladimiro Montesinos asumió la conducción del Estado y las Fuerzas Armadas, siendo un agente del narcotráfico. Ya en el siglo XXI los narcotraficantes convertidos en dirigentes políticos se dieron con Joaquín Ramírez y su red, quienes empiezan a hacer política al lado de Keiko Fujimori, convirtiéndose además en su financista.

—Pero Keiko está con prisión preventiva por un delito de lavado de activos por el caso de los “cocteles”. ¿Cree que se debería profundizar las investigaciones sobre algún vínculo con el narcotráfico?

—Hay un tema judicial, ella está presa por recibir aportes de Odebrecht vía secretarios generales: Yoshiyama, Joaquín Ramírez y José Chlimper. Ya el equipo de fiscales está trabajando en ese tema y debe extender la investigación de la recepción de fondos de Odebrecht, y si no de otras fuentes.

—¿Qué indicios encuentra?

—En estos días se hizo conocido el aporte de 700 mil dólares de Hiro Fujimori a la empresa Limasa, la misma en cuyos almacenes encontraron droga. Ahí hay una convivencia entre fondos provenientes de los manejos delictivos del Estado con fondos del narcotráfico.

También debemos tener en cuenta que la presencia del narcotráfico era tan grande en regiones del país y en el caso del Callao no es extraño que haya un control del Poder Judicial y que a través de la punta de lanza, que era el juez Hinostroza, se haya violado ya a la Corte Suprema y a la Fiscalía.

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

—Objetivamente, ¿esta descomposición tendrá solo que ver con una pésima legislación sobre el sistema Judicial?

—No, la reforma política cuya comisión dirigida por Fernando Tuesta, por más que tenga buenas intenciones y realice reformas, es muy difícil que haga reformas con parches y con modificaciones como reponer la bicameralidad. Aquí nada se arregla con parches.

—¿Qué propone?

—Construir un poder cívico y popular suficientemente fuerte que cambie la Constitución mediante un proceso democrático que no asuste a nadie ni excluya a nadie.

—La derecha argumenta que una nueva Constitución crearía inestabilidad y ahuyentaría las inversiones…

—Pero eso es mentira, esa es una operación de tipo sicosocial. Los grandes inversionistas y corporaciones extractivistas van a estar a favor de que en el Perú se establezca el estado de derecho de verdad y no siga este narcoestado en crisis, en donde todos los exgobernantes deberían estar en la cárcel. ¿A quién le va a gustar invertir en un país cuyo estado es corrupto y corruptor?

—Todo tiene su final. ¿Vizcarra debería ya cortar el problema de raíz?

—La mayoría de los peruanos está harta de esta situación y está buscando una salida. Le gritan al presidente Vizcarra que cierre el Congreso pero no le dicen cómo, dentro de la legalidad. Lo que tenemos que hacer es cambiar esa legalidad.

—¿Usted propone alguna salida?

—Sí, pero esto requiere que el Ministerio Público sea de verdad. Que no se repita el fracaso de la lucha contra la corrupción que ha habido en el Perú, a partir del año 2000. El fracaso se dio con el rebrote de los grupos mafiosos y que estuvieron a muy pocos votos de hacerse del poder.

—¿Se refiere al fujimorismo en las dos últimas elecciones generales?

—Así es. Keiko estuvo a punto de ganar en dos elecciones, eso demuestra el fracaso de una lucha contra la corrupción, ese es el triunfo de la impunidad, donde los corruptos siguen libres o en cárcel, pero nadie ha pagado una reparación civil.

Eso demuestra un sistema de justicia débil. En diciembre del 2016 se debió aplicar la ley cuando se conoció en boca del propio Odebrecht que había una millonaria perversión en el Perú, donde se dieron enormes coimas.

—Durante el gobierno de Kuczynski…

—Sí, pero PPK era hombre de Odebrecht y en menos de una semana dio un Decreto de Urgencia 003 que ordenaba la participación del Ministerio Público en la lucha contra las empresas corruptas; sin embargo, esto sirvió para que no se ordenara la legislación peruana en el Código Civil y el Código de ProcedimientosCiviles y Penales, y se interviniera a las empresas que habrían cometido actos graves de corrupción. Ese DU 003 sirvió para preservar los grandes negocios y flujos financieros de estos megaproyectos.

—¿Pero ese problema se pudo haber resuelto con la ley 30737 del acuerdo con Odebrecht?

—El acuerdo es de marzo del año pasado, esa ley no la hizo PPK, sino la mayoría keikista en el Congreso, y esa ley es la que cuestiona ahora el propio fujimorismo con el Apra.

—¿Pero la ley 30737 tiene perjuicios?

—Es una ley que aparentemente radicaliza el control de los flujos financieros de las empresas “megacorruptas” para que se asegure el pago de reparación civil; sin embargo, no hay claridad respecto a cómo se calcula la reparación civil que tiene una parte de daño moral y otra de daño económico. Creo que no se está calculando con el rigor necesario el daño causado por cada megaproyecto.

—¿Usted está en contra del acuerdo? ¿Los fujimoristas y apristas sí lo están?

—Yo no estoy en contra pero lo que hay detrás es una tremenda debilidad del Ministerio Público, pero era lógico porque el Ministerio Público estaba dividido por Chávarry que quería sacar de lado a los fiscales del equipo Lava Jato.

¿Qué capacidad tiene ese Ministerio Público para negociar con Odebrecht? ¿Qué capacidad puede tener para defender los intereses peruanos y no limitarse a cuatro proyectos ni a un monto que da la impresión que es mayor que el pedido inicialmente por Hamilton Castro pero tiene una serie de limitaciones?

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

En la acción directa conducida por Becerril, la confrontación con IDL es explicable

Publicado

en

Carlos Tapia

El analista político Carlos Tapia sostiene que el fujimorismo aprendió del Apra el buscar el diálogo y actuar con violencia al mismo tiempo.

La reciente agresión al fiscal José Pérez ha desnudado la táctica fujimorista de la “escopeta de dos cañones” aprendida de su aliado aprista. Diario UNO entrevistó al analista político y militante de Ciudadanos por el Cambio (CxC), Carlos Tapia, quien además asegura que nadie va a poder salvar a Alan García de todo lo que se le viene.

—¿Qué opinión le merece la agresión física del fujimorismo contra el fiscal José Pérez?

—Han definido al interior del fujimorismo una doble táctica; mientras por un lado dicen estar ansiosos de conversar con el Presidente y el Primer Ministro, por otro lado utilizan estas acciones deplorables e incompatibles en un régimen democrático.

Esto tiene que ver con la influencia que el aprismo ha tenido en los largos años que han vivido juntos con el fujimorismo y tenido una estrategia llamada “escopeta de dos cañones”. Ellos buscan presentarse como demócratas pero también utilizan la violencia.

Héctor Becerril

— ¿Podría estar apareciendo una fuerza de choque como los “búfalos” apristas?

— No lo sé, pero la estrategia está claramente definida y se ve cuando uno lee los correos que se mandan los miembros de Fuerza Popular. Por ejemplo, Héctor Becerril escribe: “Ya llegó la hora; se acabó la vacilación; hay que luchar con el pueblo para sacar de la cárcel a nuestra lideresa.”

— ¿Estará promoviendo la violencia?

— En cierta visión ultra de la política, el empleo de la fuerza es verdaderamente un camino a seguir para muchos. En el caso de los “búfalos”, sucede que al inicio era una lucha justa en la época de Sánchez Cerro y Benavides.

Cuando el Apra empezó a perder sus condiciones y legados aurorales, la “bufalería” no solo se la emprendía contra los adversarios políticos sino al interior del propio partido; recuerdo 1980 en las internas apristas entre Armando Villanueva y Andrés Townsend, los búfalos intervinieron.

— Ahora es muy rara la presencia de “búfalos”

— Sí, porque el Apra está en una situación de decadencia imparable. Si Alan García y su grupo buscaran imponer mediante la violencia una mayoría en el Congreso no podrían actuar; los tiempos cambian y los métodos también.

— Hace unas horas atrás un grupo de simpatizantes de Keiko Fujimori coordinaban acciones contra el local del IDL y el periodista Gustavo Gorriti.

— Esto está dentro de la lógica de Becerril, quien es un vocero de una acción directa y confrontacional y Tubino es el vocero de la acción engañosa de “querer conversar”. Dentro de la acción directa conducida por Becerril, la confrontación con IDL es explicable pero como no tuvo la valentía que tuvo el “búfalo” Barreto, “se han chupado” porque han visto una actitud de defensa de la institución del IDL por los miembros y amigos de Gustavo Gorriti.

Jorge Barata

— Estamos a pocas horas de que Jorge Barata declare en Brasil; ¿la reacción violenta del fujimorismo respondería a ello?

— Cualquiera se puede dar cuenta que es así. Nadie puede dudar que esa sea la razón central. Lo que se está generando es una polarización entre los que defienden la corrupción y los que no quieren que continúe la corrupción y se pague con prisión los delitos. Esa es la lucha central política en este momento; por eso es que los alanistas y fujimoristas empiezan a cuestionar el acuerdo a que se llega con Odebrecht.

Ellos dicen que se les está regalando el dinero de la reparación al Estado y por lo tanto, el acuerdo tiene que ser revisado ¿qué buscan con eso?, impedir que se cumpla el acuerdo para obtener la información y pruebas suficientes para meter presos a toda esa pandilla de corruptos. Tampoco quieren que OAS se acoja a la colaboración eficaz.

— ¿Cuál podría ser la reacción de algunos?

— Más de un corruptoquerrá huir y utilizar el asilo político como estrategia, diciendo que hay persecución política en el Perú.

— Precisamente sobre eso; hay rumores de que Alan García querría pedir asilo, esta vez a Francia ¿lo cree posible en estos momentos?

— García es uno de los presidentes más corruptos que ha habido en la historia del país pero no ha sido declarado culpable porque siempre utilizó su presencia política en toda la administración de justicia. En los 80’ el Poder judicial y la Fiscalía estaban manipulados por el Apra.

García es el político más remañoso que tiene el Perú porque sabe utilizar todas esas maniobras para defenderse de la justicia. Pero García no es idiota y lo sería si decidiera pedir asilo en la Embajada de Francia. Nadie va a poder salvarlo de todo lo que se le viene.

— Hace unas semanas García se sorprendió de la postergación del interrogatorio a Barata; García insiste en que nada van a encontrarle ¿por qué cree que está tan seguro? ¿Ya la suerte está echada?

— Yo creo que sí; de continuar esta lucha contra la corrupción iniciada por el presidente Vizcarra yo creo que el espacio de maniobra y de mañosería para evitar ser penalizado por los actos de corrupción no le permite maniobrar.

Además, la crisis interna del Apra es tan grande salvo el pequeño grupo que acompaña a García; ya la juventud aprista está pidiendo otro tipo de reconstrucción partidaria y de liderazgo. ¿Últimamente usted ha visto que García habla como líder del Partido Aprista?; no, porque no puede.

—El Apraestá tan desacreditado que deberán pasar muchas elecciones para que la población vuelva a creer que en ellos?

— Ese es un problema que tiene que verse con las bases del Partido Aprista. Si las bases permanecen en el seguidismo al camino de la corrupción guiado por García, será imposible recomponer al partido y reincorporarse a la política auroral que tuvo.

—¿El fujimorismo tendrá futuro sin un líder con apellido Fujimori?

—Yo creo que el fujimorismo va a seguir sin el apellido Fujimori porque hace dos semanas lo acaba de decir Keiko. Si fuera un candidato fujimorista ni siquiera lo aceptarían en una alianza política. El que quiera crear ahora un frente electoral no puede incorporar al fujimorismo como está ahora, identificado con la corrupción y demás cosas malas en que se han involucrado.

Por ello es posible que un líder sin apellido Fujimori, a nombre de Fuerza Popular reencauchada. Incluso Roque Benavides podría participar, reemplazando a lo que fue en los 90’ Mario Vargas Llosa. Pero Roque Benavides no se va a embarrar en una iniciación de candidatura presidencial con el fujimorismo antiguo.

— ¿Y el kenjismo no sería la nueva cara del fujimorismo?

—Lo ha intentado pero yo creo que poco a poco el tiempo va desgastando su actitud de decir “yo soy algo nuevo”, “soy de una posición dialogante”. Las bases fujimoristas continúan con Keiko. ¿Porqué tendría que apoyar a alguien por ser de apellido Fujimori? Tampoco Kenji es un idiota.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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