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Política

Todos mienten y justicia debe hacer su trabajo

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YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

En entrevista con Diario UNO, el jurista Carlos Rivera afirmó que las declaraciones de Barata le dan más indicios al Ministerio Público para que investigue como autores por el delito de lavado de activos a los políticos referidos. Además, advirtió que este será un golpe para la clase política del que difícilmente se recuperen. Y, que una pésima defensa de los involucrados es exigir pruebas escritas porque Humala está en prisión solo con la declaración de colaboradores eficaces.

Jurista Carlos Rivera

Jurista Carlos Rivera

—¿En el caso de Keiko, se dice que ella no ocupaba un cargo en el Estado, por eso al recibir dinero de la constructora Odebrecht no habría delito sino más bien un tema de cuestión moral o ético? ¿Es cierto?
—La Fiscalía que está a cargo es la de Lavado de Activos, la imputación que se está investigando es esa, justamente la de haber cometido el delito de lavado de activos; de otro lado está el caso del expresidente Ollanta Humala que no tenía un cargo en la administración pública, que está investigado por ese mismo delito. La investigación está determinada por el tipo de fiscalía que lo está siguiendo.

El irsaelí exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno es sindicado como receptor de la coima de Odebrecht para Toledo

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Y la declaración de Barata lo que ha hecho es poner en el mismo nivel no solo al expresidente Humala sino a todos los políticos con sus particularidades que hay que poder analizar.

Me parece que hay una situación particularmente grave de dos personas, me refiero a Keiko Fujimori y a Susana Villarán, porque según las fechas en las que se habrían producido estos aportes, en el caso de Keiko Fujimori sí era funcionaria porque era congresista de la República. Y en el caso de Susana, ella era alcaldesa de Lima, por lo tanto también era funcionaria, eso determina que habrá una situación de mayor gravedad. Ya no solo en la condición del hecho delictivo sino las circunstancias del autor.

De padre a hija. Yoshiyama de funcionario de la dictadura en los noventa paso a encargarse del financiamiento a Keiko.

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Los otros, estoy hablando de Kuczynski y Alan García, no tenían tal condición, solo eran candidatos a la presidencia, eran personas particulares.

—En el caso de las personas que recibieron el dinero de Odebrecht –según Barata- en representación de Keiko Fujimori y de su partido como: Jaime Yoshiyama, secretario general de Fuerza 2011, Augusto Bedoya, exministro de Transportes del régimen de Alberto Fujimori y el expresidente de la Confiep Ricardo Briceño. ¿pasarían al proceso judicial como investigados?
—Como investigados, porque en la lógica de la imputación del Ministerio Público serían también coautores del delito de lavados o por lo menos cómplices del delito, de lo cual me inclinaría mas a pensar que serían coautores del delito por su rol de participación protagónico para que se materialice el hecho delictivo, porque no solo han utilizado sus cuentas bancarias sino que han participado personal y activamente para que el delito se materialice.

No es una condición solo de complicidad, de alguien que colabora para que se cometa un hecho delictivo sino que le da un rol más protagónico en el delito. Ellos, seguramente, fueron parte de las negociaciones, de los acuerdos, de la estrategia de cómo derivar esos fondos, en esos momentos considerados como ilícitos para favorecer una campaña política. Me parece que él ha precisado que personas han sido, no solo ha dicho que les dio plata a todos sino que Barata ha precisado información particularmente relevante, de cómo se ejecutó y sobre todo con quién se efectuó el hecho criminal.

—¿Esta declaración de Barata cuánto complica legalmente a Keiko Fujimori si le sumamos las investigaciones que se desarrollan por lavado de activos con el tema de los cocteles y de Joaquín Ramírez?
—Probablemente ahí se encuentre una implicación de esos famosos e incógnitos cocteles, de los cuales no había ningún tipo de información cierta de cómo se habría producido. Sobre esos cocteles había una inmensa duda de que el supuesto monto recaudado no era cierto, que más bien era un acto de encubrimiento de un lavado de activos. Ahora la Fiscalía tiene mucho mayores elementos para corroborar esa línea de investigación.

—Giuliana Lazo, abogada de Keiko Fujimori, ha pedido al Ministerio Público archivar la investigación a su representada porque dice que ella no recibió dinero de manera directa y que no hay pruebas que muestren lo contrario. ¿Qué asidero legal tiene esta afirmación?
—Ese es un argumento de defensa que de una vez por todas los políticos y candidatos a la presidencia de la República deberían desecharlo. No solo porque es un argumento bastante ridículo, sino porque las reglas de la experiencia en delitos de corrupción y de lavado de activos de esta naturaleza, indican que cuando intervienen políticos de primera línea, ellos jamás hacen el negocio, jamás reciben el dinero, ni siquiera tienen un vínculo directo con el traslado, con los procesos de transferencia.

Precisamente para que su defensa, cuando se revele la información, tenga como respuesta lo que dice la abogada de Keiko, que ella no tuvo nada que ver; y lo mismo están diciendo Alan García, Kuczynski y lo dijo Ollanta Humala. Esa línea de defensa es completamente equivocada y si persisten en ella va a ser una línea de defensa completamente o fácilmente derrotable por el Ministerio Público, evalúo que es una pésima línea de defensa.

Barata dice que Alva Castro recibió el dinero.

Barata dice que Alva Castro recibió el dinero.

—¿Cuál es la condición que tendría Keiko y el resto de políticos mencionados por Barata?
—No son autores intelectuales, son autores directos porque el dinero en la lógica del lavado de activos ha sido utilizado por ellos ¿Quién era el candidato, Jaime Yoshiyama o Keiko Fujimori? ¿Susana de la Puente o Pedro Pablo Kuczynski? ¿Luis Alva Castro, Meche Aráoz o Alan García? Los otros son personajes de carácter secundario; obviamente la imputación tiene que ir sobre las cabezas de las candidaturas porque es para ellos el dinero, porque ellos son los candidatos y ellos aspiran a ocupar un cargo público, y para lo cual estaban pidiendo dinero para favorecer sus campañas políticas.

Susana de la Puente en graves aprietos.

Susana de la Puente en graves aprietos.

Fiscalía tiene evidencias

—Todos los políticos a los que se ha referido Odebrecht han dicho que no recibieron nada. ¿Quedan como mentirosos?
—Sin duda alguna, esto será un golpe para el conjunto de la clase política y creo que de esto va a ser bien difícil que se recuperen. Porque van a quedar como personas que han mentido y que siguen mintiendo y en las cuales no es posible tener un tipo de confianza, además de obtener recursos ilegales de los cuales no terminan de aceptar su responsabilidad, a pesar de que la Fiscalía tiene las evidencias existentes, a pesar de las declaraciones de Jorge Barata y de Marcelo Odebrecht.

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Política

Ejecutivo presentará demanda ante TC contra ‘Ley Mordaza’

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Palacio de Gobierno

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Política

Copamiento en CNM para neutralizar la justicia

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Walter Albán Peralta

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán Peralta, dijo que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se ha convertido en una instancia copada por gente que quiere controlar y neutralizar el sistema de justicia, tras referirse a los supuestos vínculos del líder de la agrupación política Podemos Perú, José Luna, y el consejero Iván Noguera.

“Ese caso pone en evidencia lo que hemos venido denunciando hace tiempo. El CNM se ha convertido en una instancia copada en su mayoría por gente que llega ahí puestos por otros que tienen la intención de controlar y neutralizar lo que ocurra en el sistema judicial, tanto en el Ministerio Público y el Poder Judicial”, declaró.

DE DÓNDE SALE TANTA PLATA

“El señor José Luna viene actuando en política hace mucho tiempo y nadie sabe explicar de dónde sale tanta plata para campañas que no solo se aplican a sus propias candidaturas, sino a otros candidatos y ahora ha formado su propia organización”, subrayó.

El director ejecutivo de Proética indicó que Iván Noguera fue propuesto para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura por la Universidad Telesup de propiedad de José Luna Gálvez.

“Iván Noguera fue apadrinado por José Luna para llegar al puesto, donde está en este momento, contando por supuesto con la complicidad de una gran mayoría de universidades que no merecerían tener esa calificación, pero que se han creado en el país, sin ningún control”, cuestionó.

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Política

Régimen laboral agrario debe tener mismos beneficios del sector privado

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Eduardo Zegarra

Régimen especial de promoción agraria debe homologarse y no prorrogarse, pues es necesario que sus trabajadores tengan los mismos derechos que uno del sector privado, sostuvo Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade.

Fue al ser consultado por el anuncio del jefe de Estado, Martín Vizcarra, de que la ampliación de la vigencia del régimen laboral agrario pasará por las manos del Congreso y ya no se tratará mediante las facultades legislativas.

“[¿Debe prolongarse el régimen laboral agrario?] Yo creo que es hora de que estas enormes empresas agroexportadoras, en realidad, no se apoyen en mano de obra barata para tener éxito, se apoye más bien en mano de obra bien pagada, capacitada, con derechos y no una mano de obra que tratan en realidad con una cantidad de flexibilidad totalmente desproporcionadas”, declaró en programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Básicamente, creemos que el régimen laboral no puede seguir siendo el régimen especial, tiene que homologarse lo más posible al régimen general, tienen que reconocerse plenamente los derechos fundamentales laborales, las CTS debe manejarse con un fondo, no como un flujo, no tiene que pagarse en un jornal diario que es un engaño, el salario mínimo agrícola tiene que ser el salario mínimo del país y tiene que reconocerse 30 días de vacaciones”, anotó.

NO SE HA REDUCIDO LA POBREZA

En otro momento, el investigador descartó que la actual Ley de Promoción Agraria haya contribuido de manera significativa a reducir la pobreza en las zonas costeras del país. Dijo que no es verdad que el régimen especial de promoción agraria haya reducido la pobreza en las zonas de agroexportación y haya enriquecido a sus trabajadores.

“Para las zonas agroexportadoras, la pobreza se reduce de 46% en el 2004 a 13% en el 2016, mientras que para las regiones que no lo son, la pobreza se redujo de 58% en el 2004 a 22% en el 2016. Situación similar para el ingreso per cápita, que en las zonas agroexportadoras”, afirmó.

“Cuando tú sumas los meses que los trabajadores agrícolas están empleados no logran superar el ingreso mínimo de la pobreza tampoco y, no es verdad que estas zonas estén logrando gracias a la agroexportación una dinámica económica ni de reducción de pobreza menor de lo que ha pasado en el país”, precisó.

LEY SE DIO CON FUJIMORI

Recordó que este régimen laboral especial se creó durante gobierno de Fujimori. “Es una norma que aprobó el gobierno de Fujimori, al casi último mes de su gobierno, en octubre del 2000, el que era ministro de Agricultura, José Chlimper sacó una ley dedicada a expulsar a la agroexportación”, manifestó.

ALGO MÁS

La Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27630) fue creada con el objetivo de generar incentivos para atraer inversiones privadas a la región. Para ello, se otorgaron beneficios laborales y tributarios. Entre ellos, la posibilidad de hacer contratos laborales temporales, dada la naturaleza del sector. La norma establece que los trabajadores ganan un jornal que incluye CTS, dos gratificaciones anuales, 15 días de vacaciones y el 4% de la remuneración mensual por aportes al seguro.

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