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Política

Todo el peso de la ley para los funcionarios corruptos

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Martín Vizcarra Cornejo

Ante las continuas detenciones por parte de la Policía Nacional de bandas criminales lideradas o en complicidad con funcionarios, alcaldes, gobernadores regionales, el mandatario señaló que el Ejecutivo no le dará tregua a estos personajes que se aprovechan de sus cargos para delinquir o cometer actos de corrupción.

El presidente Martín Vizcarra se refirió al caso del general del Ejército, José Cruz Flores Guerrero, detenido en Bagua por presuntos actos de corrupción y sostuvo que debe caer todo el peso de la ley para los malos elementos del Estado.

NO SE TAPARÁ MALOS MANEJOS

“Nos llega información que, en el norte, en la selva, en Bagua, el presupuesto que enviamos con mucho esfuerzo para las elecciones, a una base, para que sea el Ejército el que lo administre ha sido mal utilizado por un general del Ejército. Entonces nosotros damos todos el respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, pero si encontramos mal elemento, (que le caiga) todo el peso de la ley”, aseveró.

Vizcarra señaló ser consciente que existen “corruptos” en el sector público, pero aseguró que su Gobierno no tapará una irresponsabilidad o mal manejo que cometan malos elementos en el Estado.

El último viernes se realizó un operativo en el distrito de Bagua (Amazonas), donde se detuvo al general del Ejército José Cruz Flores Guerrero, quien es investigado por el presunto delito de colusión agravada por su vinculación a la organización criminal “Los cuellos verdes del Milagro”.

El Jefe del Estado mencionó también el caso de los médicos del Hospital Loayza que fueron descubiertos atendiendo en consultorios particulares en su horario de trabajo, pero afirmó que la mayoría de los profesionales de la salud que trabajan en hospital públicos son honestos.

DINERO PARA LA CORRUPCIÓN

Asimismo, destacó que en el país existe dinero suficiente para hacer las obras que necesita la población pero lamentó que gran parte de esos recursos se vaya en la corrupción. Por ello, reiteró el compromiso de su gobierno en la lucha frontal contra ese flagelo.

“Yo me comprometo ante toda la población a ser transparente y ser honesto, y voy a exigir a los ministros, a los funcionarios a que hagan lo mismo. Muchas gracias por ese respaldo que me compromete a seguir trabajando por el pueblo, luchando contra la corrupción que tanto daño ha hecho al Perú”, enfatizó Vizcarra.

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Política

Lavandería Fujimori

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Alberto Fujimori y sus hijos

Imputaciones por lavado de activos persiguen a la familia del dictador. A las revelaciones de Jorge Yoshiyama por el caso ‘Cócteles’ ahora se sumó la acusación de Kenji Fujimori contra su hermano Hiro, por presunto blanqueo de capitales en Limasa.

Para el investigador y especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, las recientes declaraciones de Kenji Fujimori ante la Fiscalía, refuerzan la hipótesis fiscal de que se habría configurado el delito de lavado de activos en las operaciones financieras de la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A., (Limasa), hoy IGL.

Como se recuerda, el menor de los Fujimori responsabilizó a su hermano Hiro de haber realizado las negociaciones con la empresa japonesa Sankyo Corporation que concluyeron con una inyección de US$ 1 millón 470 mil en Limasa. Según lo declarado por Kenji Fujimori, para concretar la operación crearon la empresa Inversiones Perú-Japón, la cual fue posteriormente absorbida por Limasa. Para el Ministerio Público, la triangulación financiera contiene indicios de lavado de activos mediante la figura de capitalización de deudas.

Y razones no faltarían a la Fiscalía para llegar a esa conclusión:

Inversiones Perú-Japón fue creada en mayo del 2014 con S/ 100 como capital social, según Hildebrandt en sus Trece; semanas después recibió un préstamo de US$ 1 millón 470 mil de la japonesa Sankyo, para cerrar en julio de ese mismo año, tras ser absorbida por Limasa.

“Cuando Kenji Fujimori responsabiliza a su hermano Hiro, lo que en realidad está diciendo es que la investigación va camino a corroborar la hipótesis fiscal, por eso es que los hermanos se echan la culpa”, afirmó Antezana.

Además, destacó el hecho de que Kenji Fujimori realice estas declaraciones luego de presentarse ante la opinión pública como vendedor de frutas, de huevos, y hasta como influencer de cremas faciales. “Luego de su salida del Congreso aparentemente se dedicó a varios oficios para dar a entender que no tenía nada que ver con las operaciones de Limasa, por eso dice que Hiro es el responsable”, añadió.

“Vemos en la investigación de Limasa una pugna, una bronca entre los hermanos Kenji y Hiro debido a este vertiginoso crecimiento de la empresa”, señaló, en referencia al incremento del capital social, de S/ 40 mil en el 2009 S/ 2, 8 millones en el 2014. “Es claro que ahí también habría lavado de activos. La pregunta es de dónde sería el dinero”, agregó.

En ese sentido, el analista recordó que en la hipótesis de lavado de activos contra Limasa, también está presente la investigación sobre los 100 kilos de cocaína hallados en los almacenes de la empresa en el 2013.

UN APELLIDO Y DOS BRAZOS PARA LAVAR

Por otro lado, consideró que tras lo revelado por Jorge Yoshiyama va quedando mucho más claro que Keiko Fujimori sabía del proceso de blanqueo del dinero de Odebrecht y de los cócteles. “Es importante tener en cuenta este dato porque involucra a toda la familia”, indicó.

“En el caso de Keiko y la hipótesis de organización criminal en Fuerza Popular la idea principal está vinculada al financiamiento de Odebrecht. Pero los cócteles tienen otras fuentes. Yo añado a la investigación por lavado de activos la fuente del narcotráfico; aunque el Equipo Lava Jato no ha considerado el narcotráfico, yo sí creo que el dinero puede provenir de esa fuente, porque se está probando la existencia de mucho más dinero del proveniente de Odebrecht”, apuntó.

Lo mismo sucedería con el caso de Limasa. Según Antezana, una teoría es que el dinero de la transnacional japonesa vendría del dinero de la corrupción de la dictadura fujimorista, el cual fue sacado en maletines cuando el dictador huyó del país. “Pero el dinero que se llevó Fujimori no provino solamente de la corrupción, ya que también tuvo como fuente los cupos del narcotráfico. Entonces hay que incorporar esa fuente como una posibilidad”, indicó.

“Entonces, los Fujimori tendrían dos brazos para lavado de activos. En el caso de Limasa está Hiro, Kenji, Sachi y Miguel Torres, además del sobrino de Joaquín Ramírez. Y en Fuerza Popular está Keiko con la cúpula del partido. Al parecer Keiko no se dedicaba al mundo empresarial”, expresó Antezana.

DEBEN SUSPENDER A FUERZA POPULAR

Finalmente, el analista consideró que tomando en cuenta la gravedad de las revelaciones de Jorge Yoshiyama, la Fiscalía debería pedir la suspensión de Fuerza Popular como partido político. “Lo revelado es realmente contundente, Keiko sabía del dinero y era todo un aparato el que estaba manejando, y esa organización involucra a Hinostroza, a Vicente Silva Checa, a la abogada Giuliana Loza, al estudio Oré Guardia. ¿La plata era solo de Odebrecht? Yo creo que no, sino que venía también del narcotráfico”, manifestó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Velásquez Quesquén debería ir a prisión si cometió delito

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Javier Velásquez Quesquén

Habiendo elementos de convicción suficientes y no teniendo inmunidad parlamentaria, el disuelto congresista aprista debería ser detenido preliminarmente, por orden del fiscal provincial, por haber cometido un delito común.

Tres dirigentes de empresas de transporte dieron un testimonio lapidario contra Javier Velásquez Quesquén, cuando fueron detenidos en el mes de julio, debido a sus vínculos con la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

Zoraida Ávalos Rivera, fiscal de la Nación, tiene en su poder esa grave imputación. Además, no solo se le acusa a Velásquez Quesquén de tráfico de influencias sino de haber librado al alcalde de la Contraloría.

Es decir, por un lado intercedió a favor de un empresario de colectivos que cubría la ruta Chiclayo- Picsi; y por el otro, favorecía al exalcalde David Cornejo Chinguel para que la Contraloría desbloquee las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

Velásquez Quesquén lo niega todo. “En el próximo Congreso demostraré que es una nueva patraña urdida para desprestigiar a los adversarios del gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter.

20 AÑOS DE PENA

Al respecto, el abogado Guillermo Olivera Díaz afirmó que el fiscal provincial debe ordenar inmediatamente su detención preliminar, “para que haga sus descargos”, y en la hipótesis de que su negativa sea sesuda, “aún así debe ser detenido preventivamente”.

Precisó que eso es lo que se merece el excongresista disuelto, porque “se encuentra involucrado en un sinfín de hechos punibles e incluso tratándose de diversos agraviados y diversas modalidades de hechos ilícitos, se debe de hablar de un concurso real de hechos, cada uno de los cuales merece una pena determinada”.

Remarcó al respecto que “todo ello debe sumarse, porque en el Perú rige la sumatoria de penas, en cuya virtud presumo, calculo, juzgo, que una pena para un congresista altamente denunciado debe superar los 20 años de pena privativa de la libertad”.

“Pero hay que tener en cuenta dos cosas: uno, que yo discrepo con la Fiscal de la Nación, que lo denuncia ante el Congreso por un delito de función; y dos, que Velásquez Quesquén cometió un delito común con una organización criminal:

‘Los temerarios de crimen’ y por ello debe ser detenido”.

“Ya es el momento -agregó-, de que los exparlamentarios sean investigados, procesados, acusados y juzgados con todo el peso de la ley. Debe ser una pena ejemplar”.

Refirió que el nuevo Congreso debe jugar ese papel importante. “Y eso es lo que primero que haré de ser elegido por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), con el número 33”.

QUESQUÉN DIJO QUE VOLVERÁ

“Todas esas denuncias constitucionales que estén en curso en el parlamento disuelto, deberán ser reafirmados en una forma veloz para que todos esos casos, en conjunto, pasen a manos de los fiscales que correspondan”.

Comentando las palabras de Velásquez Quesquén, de que volvería al Congreso para demostrar que esas son patrañas contra los adversarios del gobierno, el letrado manifestó que “ese nuevo Congreso, por el contrario, va a reactivar todas las denuncias constitucionales que haya contra él y contra todos los congresistas que fueron vistos benignamente en la Comisión de Ética del Congreso de mayoría fujiaprista”.

“Así que sueñe despierto Javier Velásquez Quesquén, si cree que el nuevo Congreso lo va a blindar, lo va a apañar. Todo lo contrario. Además, se rumorea que mañana (hoy), 11 de noviembre, el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejará fuera de carrera a todos los topos de aprofujimorismo que están postulando al nuevo Congreso”, reveló.

“Es decir, esos excongresistas disueltos están impedidos de postular para el nuevo Congreso, así como también están prohibidos de candidatear el año 2021; por lo tanto, estarán fuera del Congreso hasta el 2026, porque el pueblo peruano, en el referéndum del 9 diciembre del 2018, les prohibió la reelección”, expli ALGO MÁS “Además, el artículo 134 de la Constitución Política les prohíbe la postulación cuando se encuentren en la calidad de congresistas disueltos, revocados, destituidos, por lo cual no tienen la posibilidad de candidatear”, concluyó el abogado Guillermo Olivera Díaz.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

“Los temerarios del crimen” tendrán que rendir cuentas

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Zoraida Ávalos

Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, formalizó, días atrás, denuncia constitucional en contra de los excongresistas Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma y el excontralor Edgar Alarcón por el caso “Los temerarios del crimen”.

Los imputados, en calidad de altos exfuncionarios, fueron denunciados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio, por supuestamente haber favorecido al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

La tesis fiscal señala que Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma habrían intercedido en favor de Cornejo Chinguel para concretar una reunión con el entonces contralor Alarcón en agosto del 2007.

La Fiscalía sostiene que Cornejo buscaba que se deje sin efecto la medida interpuesta por la Contraloría de congelar las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo a causa de malos manejos. De acuerdo a la indagación, Alarcón habría recibido S/30 mil a cambio.

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