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Editorial

Tierra de nadie

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Si bien las graves denuncias de corrupción, crímenes por encargo y abusos de todo tipo denunciados en Ancash deben ser severa y escrupulosamente investigadas y a partir de allí los responsables deben afrontar a la justicia y esta dictaminar su culpabilidad y aplicarles severos castigos; lo que hasta ahora parece estar demostrado plenamente es que en esa región imperaba la barbarie, la ley del más fuerte o, peor aún, la ausencia de la ley.

Eso al menos fue lo que millones de peruanos conocieron ayer muy de cerca, al escuchar por primera vez, en vivo y en directo, los testimonios de los ciudadanos que en Chimbote comparecieron ante la audiencia pública convocada por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Uno a uno, desfilaron ante los visitantes los protagonistas del drama, desde un exalcalde, un sacerdote al que, sin el respeto especial que los peruanos les tienen a los religiosos, le mandaron una partida de matones a darle una paliza, por haberse atrevido a denunciar un caso de corrupción, hasta la hija de la más reciente víctima de los sicarios, que clamaba por justicia para el padre y el hermano asesinados.

La presencia de los congresistas y otras altas autoridades estatales fue un gesto que, aunque tardío para muchos de los presentes, hizo sentir a los ancashinos que el Perú está con ellos y los acompaña en sus anhelos de paz, convivencia democrática y justicia, aunque, seguramente con razón, las intervenciones tuvieron un alto contenido de reproche ante la indiferencia de los mecanismos de seguridad y justicia que parecían haber dejado a esa región librada a su suerte, convertida en tierra de nadie.

La audiencia del grupo legislativo se sumó a la incursión dominical del jefe del Estado en Ancash, para supervisar, sobre el terreno, las operaciones de una fuerza policial investigadora de elite enviada a esa región, así como su llamado a acabar con los crímenes, el sicariato y otras formas de delincuencia, para devolverle la paz a esa sufrida región.

Es de esperar que la atención de las diversas instancias del aparato estatal en el drama de Ancash no sea flor de un día ni quede en un simple gesto, sino que sea permanente, hasta pacificar ese territorio, para tranquilidad de sus habitantes y beneplácito del país entero, que verá entonces que es posible derrotar al crimen, con constancia y con la acción conjunta de todos los recursos que la Nación tiene para imponer la ley y el orden.

La lucha contra la criminalidad y la violencia política en Ancash debe estar acompañada de operaciones en otras regiones donde se han presentado fenómenos similares, aunque de menor magnitud. Avanzar en esa dirección será sin duda marchar hacia el restablecimiento de la seguridad ciudadana, disminuida desde hace décadas por el debilitamiento del Estado y sus instituciones y el abandono de las fuerzas de seguridad, por efecto de políticas de austeridad mal entendidas.

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Editorial

Urge frenar la corrupción

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Ante la negativa del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, de poner en debate las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el legislador de Acción Popular, YonhyLescano, propuso a las bancadas del Parlamento retirarse como medida de protesta.

“Promover una sanción o una censura en contra de su presidente (César Segura) no será facilitada por los votos de Fuerza Popular, lo otro (el retiro de integrantes) es más efectivo”, agregó.

Segura se niega a poner en debate las denuncias constitucionales contra Chávarry, a pesar de los constantes pedidos de diversos sectores políticos y sociales, argumentando que deben ingresar por orden de llegada; es decir que podrían quedar para las calendas griegas, a pesar de la importancia que tienen, pues de continuar postergadas el país seguirá sumido en medio del caos político y nadie podrá ocuparse de los principales problemas nacionales que preocupan a la mayoría de peruanos.

De otro lado, la bancada del Frente Amplio ha anunciado que presentará al Ministerio Público en forma independiente el trabajo realizado en minoría que fue obviado en el informe final de la Comisión Lava Jato, lo que es interpretado por un sector de parlamentarios como un blindaje a Alan García y a Keiko Fujimori.

Parece ser, pues, que a la mayoría fujiaprista que domina el Congreso poco le importa el enfriamiento de la economía, ni la llegada masiva de ciudadanos venezolanos en busca de trabajo, como poco les importa las alzas en el transporte masivo y los retrasos en la reconstrucción del norte. Eso no les interesa como tampoco parece importarles la lucha anticorrupción. Como dice el legislador Yonhy Lescano, hay un doble discurso que maneja la alianza Apra-Fuerza Popular.

Sería bueno que el Gobierno pise acelerador a fondo en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere porque de lo contrario la economía corre el riesgo de quedar paralizada. Así lo han advertido sectores empresariales al señalar que hay cifras preocupantes, como la menor importaciones de bienes de capital (-3.3% en agosto y -5.9% en setiembre), lo que indicaría una menor inversión privada que se traduciría en un menor PBI al esperado para este año. Ojalá nos equivoquemos.

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Editorial

La corrupción nos pasará la factura

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Un emplazamiento a todos los peruanos ha hecho el presidente Martín Vizcarra para asumir el compromiso de independizar al país del yugo de la corrupción. Razón no le falta, pues si echamos un vistazo a las últimas encuestas sobre los principales problemas que afectan al país, la mayoría de respuestas identificarán a la corrupción. Y la lucha contra esa lacra no es privativa del Gobierno, pues en realidad depende de la decisión firme de todos los ciudadanos. Muchos quizá han olvidado que la corrupción organizada desde el poder, en los años 90, le ha costado al Perú una pérdida de aproximadamente 1,800 millones de dólares.

Para quienes no alcanzan a imaginar la dimensión del daño causado por la corrupción de entonces, estamos hablando de la friolera de 4,600 millones de nuevos soles, al cambio de la época; mejor dicho, de un dinero del erario nacional con el cual se pudo haber construido 36 hospitales de 200 camas cada uno en todo el país, o más de 180 modernos colegios donde se imparta educación de calidad, y crear alrededor de 100 mil puestos de trabajo. Sin embargo, muchos peruanos pensaban que no importaba que las autoridades elegidas roben con tal que hagan obras.

En esa misma línea, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, ha dicho que al margen de nombres, el Gobierno está decidido a luchar contra la corrupción. Estas declaraciones hacen clara alusión a la decisión del Congreso de no incluir a Alan García y Keiko Fujimori en el informe final de la Comisión Lava Jato. “Es una decisión del Congreso, pero, finalmente esto es un juicio político”, dijo. En efecto, corresponde al Ministerio Público determinar si los investiga o no, a la luz de nuevos elementos indiciarios que se están conociendo.

El anuncio del presidente Martín Vizcarra de liderar la lucha contra la corrupción es bien recibido por la población y también por el sector empresarial que viene reclamando garantías en el sistema judicial para las inversiones nacionales y foráneas. Precisamente, el vicepresidente del Grupo Moody’s Investors Service, Jaime Reusche, ha señalado hace poco que el Perú podría ser calificado de economía A1, igual que Chile, si no fuera por el tema institucional, en el que se ve un escándalo tras otro. Hablando en buen romance, el tema de la corrupción puede resultar tanto o más dañino para el Perú como en los años 90”.

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Editorial

Blindaje confirmado

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La sesión del pleno del Congreso de la República que ayer aprobó el informe de la comisión Lava Jato que determina presuntas responsabilidades en distintos exfuncionarios en el pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht, ha servido además para poner al descubierto la actitud de los congresistas de Fuerza Popular y del Apra. Un vergonzoso blindaje a Keiko Fujimori y Alan García, quienes no han sido incluidos en las recomendaciones para que el Ministerio Público los investigue. De ello el país entero ha tomado debida nota.

Por su parte, el expresidente Alan García ha felicitado a los congresistas apristas por la defensa que han hecho de su gobierno. Quizá García no recuerde que ya han pasado más de cinco años desde que terminó su gobierno; es decir, que ya no tiene la prerrogativa del antejuicio y eventualmente podría ser llamado por el Ministerio Público para aclarar cualquier inconsistencia que le encuentre algún acucioso fiscal. Por lo pronto, Keiko Fujimori, en cambio, ya está en manos de la Fiscalía para una exhaustiva investigación.

Volviendo al pleno del Congreso, el informe en minoría del congresista Humberto Morales (Frente Amplio) ha puesto al descubierto el vergonzoso blindaje al exmandatario aprista, pues planteaba incluirlo en el informe que alcanzaría la comisión Lava Jato al Ministerio Público. El congresista Morales destacó ayer que el informe aprobado confirma el blindaje porque Keiko Fujimori ni Alan García fueron incluidos en el informe aprobado ayer.

Ocurre, además, que en año y medio de trabajo, la comisión Lava Jato no ha presentado un informe prolijo porque al parecer ha usado doble rasero. No ha medido a todos con la misma vara. Pero sí se debe reconocer que sin querer el informe final de la comisión ha demostrado el vergonzoso blindaje de apristas y fujimoristas a sus jefes. Así lo mencionan las redes sociales. Señalan que los congresistas no pueden acusar a sus jefes, que es una suerte de conflicto de intereses y que era obvio que el blindaje funcionaría. Ojalá que la Fiscalía siga profundizando sus indagaciones para que ponga a buen recaudo, también, a los peces gordos.

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