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Editorial

Tierra de nadie

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Si bien las graves denuncias de corrupción, crímenes por encargo y abusos de todo tipo denunciados en Ancash deben ser severa y escrupulosamente investigadas y a partir de allí los responsables deben afrontar a la justicia y esta dictaminar su culpabilidad y aplicarles severos castigos; lo que hasta ahora parece estar demostrado plenamente es que en esa región imperaba la barbarie, la ley del más fuerte o, peor aún, la ausencia de la ley.

Eso al menos fue lo que millones de peruanos conocieron ayer muy de cerca, al escuchar por primera vez, en vivo y en directo, los testimonios de los ciudadanos que en Chimbote comparecieron ante la audiencia pública convocada por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Uno a uno, desfilaron ante los visitantes los protagonistas del drama, desde un exalcalde, un sacerdote al que, sin el respeto especial que los peruanos les tienen a los religiosos, le mandaron una partida de matones a darle una paliza, por haberse atrevido a denunciar un caso de corrupción, hasta la hija de la más reciente víctima de los sicarios, que clamaba por justicia para el padre y el hermano asesinados.

La presencia de los congresistas y otras altas autoridades estatales fue un gesto que, aunque tardío para muchos de los presentes, hizo sentir a los ancashinos que el Perú está con ellos y los acompaña en sus anhelos de paz, convivencia democrática y justicia, aunque, seguramente con razón, las intervenciones tuvieron un alto contenido de reproche ante la indiferencia de los mecanismos de seguridad y justicia que parecían haber dejado a esa región librada a su suerte, convertida en tierra de nadie.

La audiencia del grupo legislativo se sumó a la incursión dominical del jefe del Estado en Ancash, para supervisar, sobre el terreno, las operaciones de una fuerza policial investigadora de elite enviada a esa región, así como su llamado a acabar con los crímenes, el sicariato y otras formas de delincuencia, para devolverle la paz a esa sufrida región.

Es de esperar que la atención de las diversas instancias del aparato estatal en el drama de Ancash no sea flor de un día ni quede en un simple gesto, sino que sea permanente, hasta pacificar ese territorio, para tranquilidad de sus habitantes y beneplácito del país entero, que verá entonces que es posible derrotar al crimen, con constancia y con la acción conjunta de todos los recursos que la Nación tiene para imponer la ley y el orden.

La lucha contra la criminalidad y la violencia política en Ancash debe estar acompañada de operaciones en otras regiones donde se han presentado fenómenos similares, aunque de menor magnitud. Avanzar en esa dirección será sin duda marchar hacia el restablecimiento de la seguridad ciudadana, disminuida desde hace décadas por el debilitamiento del Estado y sus instituciones y el abandono de las fuerzas de seguridad, por efecto de políticas de austeridad mal entendidas.

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Editorial

Nadie gana con la informalidad

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Los comerciantes de la zona de Mesa Redonda, en el centro de Lima, aseguran que el cierre por tres semanas, dispuesto por el municipio metropolitano para permitir las inspecciones a los locales comerciales, les ocasionará grandes pérdidas.

Evidentemente que la razón no les asiste porque después del siniestro registrado en el lugar en el año 2001 –en que se perdieron 279 vidas humanas– se han vuelto a registrar por lo menos otros nueve y el último de ellos fue el ocurrido la noche del Viernes Santo, en el que no se registraron daños personales y vaya uno a saber si fue por algún milagro divino.

Efectivamente, en esas galerías comerciales no se respetan las más mínimas normas de seguridad. Lo peor es que muchos de los locales fueron hechos para vivienda y no cuentan con pasillos de alto tránsito y mucho menos para el almacenaje de mercaderías.

Pero aun así hay un alto tránsito de clientes. No se trata solo de la vida de los comerciantes y sus clientes, sino también la de los bomberos y policías que llegan al lugar cuando se ha producido un incendio que se propaga rápidamente por la gran cantidad de materiales altamente inflamables que se almacena en el lugar.

De otro lado, es obligación de las autoridades municipales verificar el fiel cumplimiento de las normas de seguridad para garantizar la integridad física de la gente que concurre al lugar, pues de lo contrario no puede otorgarles licencia de funcionamiento a esos negocios tugurizados.

Lo ideal hubiera sido que primero se construyan las galerías de acuerdo a las normas de seguridad y después se proceda a pedir la licencia de funcionamiento, contando con el visto bueno de Defensa Civil, pero lamentablemente en nuestro país ocurre lo contrario por la informalidad.

Pero si los comerciantes creen que son ellos los únicos que están sufriendo grandes pérdidas, la medición hecha por el Organismo de evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), con información de dos monitores instalados cerca, comprobó que la cantidad de material particulado fino y muy fino triplica la cantidad permitida.

Francisco García, representante de OEFA, confirmó que en la zona del siniestro se halló ayer por la mañana 366.84 microgramos por metro cúbico de PM10 (material particulado fino) y 347.33 de PM2.5 (material particulado muy fino), cuando lo aceptable es 100 y 50 microgramos, respectivamente. Un alto grado de contaminación que enferma a los vecinos. Eso quiere decir que con la informalidad nadie gana.

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Editorial

¡Que la historia lo juzgue!

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Razón no le falta al exprocurador Julio Arbizu al decir que la muerte de Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas declaraciones de Jorge Barata. En efecto, hay muchos personajes involucrados y más de uno quisiera ver fuera a los fiscales del equipo especial que investiga el sonado caso. Sin embargo, ninguna conexión existe entre la autoeliminación del expresidente aprista y la investigación fiscal.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha opinado que la lucha contra la corrupción en el Perú es un proceso que no puede ni debe detenerse, pues de este depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática. Además, ha considerado que sería trágico que “la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

En tanto, un programa periodístico dominical que se emite por Latina ha difundido anoche declaraciones de Ricardo Pinedo, que fue secretario y amigo de Alan García, quien revela que él recibió la carta del mandatario con la consigna de entregársela a sus hijos, en el momento que él le iba a indicar. En todo caso es un elemento más para presumir que fue una decisión muy personal de Alan García, planificada con mucha anticipación. ¿Por qué, entonces, tratar de culpar al Ministerio Público para frenar el combate a la corrupción?

En las próximas horas hablará el exfuncionario de la constructora Odebrecht Jorge Barata, quien tendrá que decir toda la verdad, pues de lo contrario corre el riesgo de perder los beneficios de la confesión premiada a la que se acogió en Brasil. Es por ello que no podrá cambiar su versión cuando declare ante los fiscales peruanos. De lo que declare Barata depende que muchos funcionarios y políticos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala desfilen por el banquillo. A García que la historia lo juzgue.

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Editorial

Otra vez la informalidad

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Más de 200 bomberos voluntarios, apoyados por 350 policías, tuvieron que trabajar toda la noche del Viernes Santo en la zona de Mesa Redonda, donde ardió como tea una galería comercial, ubicada a la altura de la cuadra 7 del jirón Cusco. Milagrosamente no se registraron desgracias personales, pero los daños son considerables. El presidente Martín Vizcarra, quien se hizo presente en el lugar, ha explicado que la presencia de almacenes informales en la zona de Mesa Redonda, con material altamente inflamable, permitió que el incendio se propagara rápidamente.

Desde esta columna, hace casi cinco meses, hemos alertado sobre la situación de riesgo inminente para las personas que acuden a esta zona, pero al parecer las autoridades pertinentes siguen pensando que prevenir no es mejor que lamentar. Quizá por eso es que no se han hecho operaciones de fiscalización en ese lugar para detectar todos los peligros latentes, desde un incendio hasta un sismo de regular intensidad. El Jefe de Estado ha mencionado, también, que los representantes de la Municipalidad de Lima constataron que esa localidad, declarada en su zonificación para vivienda, en realidad era ocupada por almacenes.

Lo más lamentable es que a pesar de la gran cantidad de organismos reguladores y de fiscalización que se han creado la informalidad no puede ser erradicada de nuestro país. ¿Por qué siguen operando sin licencia estos comercios? ¿Por qué se destina a un uso diferente estas viviendas sin que nadie haga algo para que esta situación no continúe así? ¿Acaso no fue suficiente la tragedia ocurrida en Mesa Redonda el 29 de diciembre de 2001, y que costó la vida de 279 personas? ¿Necesitamos otra tragedia de esa magnitud para que nuestras autoridades recién vean la forma de acabar con ese problema de la informalidad? No, claro que no.

Ha llegado, pues, la hora de actuar con firmeza. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha anunciado que toda la zona de Mesa Redonda será cerrada durante tres semanas a fin de realizar una minuciosa fiscalización de los comercios y determinar si se encuentran en condiciones para operar sin ningún riesgo para la ciudadanía. Previo empadronamiento, los vecinos afectados tendrán que ser reubicados, pues según los bomberos hay 23 techos desplomados. Es necesario, entonces, que el burgomaestre capitalino disponga todas las acciones necesarias para acabar con este caos generado otra vez por la informalidad.

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